TA TOL - Sentencia 73001-33-33-006-2018-00005-01 (24-04-2025)

Ibagué, veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2.025)

Radicación No. 73001-33-33-006-2018-00005-01

Medio de control: Controversias Contractuales

Demandante: Ismael Antonio Molina Giraldo

Demandado: Tema:

Departamento del Tolima Incumplimiento contractual

I. ASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C. de P.A. y de lo C.A., procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial del extremo activo contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto (6°) Administrativo del Circuito de Ibagué el día 31 de marzo de 2022, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. Pretensiones1.

Como petitum de la demanda, el demandante formuló las siguientes pretensiones: “PRIMERA: Que se declare administrativamente responsable a la Entidad Demandada Departamento del TOLIMA representada por el Gobernador OSCAR BARRETO QUIROGA o quien haga sus veces, por el INCUMPLIMIENTO del contrato de prestación de servicios profesionales No. 0179 del 30 de enero de 2015, al no haber cumplido con una de sus obligaciones pactadas en el mismo (pago).

SEGUNDA: En razón a lo anterior, se CONDENE al Departamento del TOLIMA representada por el Gobernador OSCAR BARRETO QUIROGA o quien haga sus veces, pague a favor de poderdante la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL

por el Gobernador OSCAR BARRETO QUIROGA o quien haga sus veces, pague a favor de poderdante la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($4.461.450.67) MCTE, debida (…) por el pago de la adición del contrato de prestación de servicios profesionales No. 0179 de 2015 con el Departamento del Tolima.

TERCERA: En razón a lo anterior, se CONDENE al Departamento del TOLIMA representado por el Gobernador OSCAR BARRETO QUIROGA o quien haga sus veces, pague a favor de poderdante la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($5’819.665) MCTE, debida (…) como valor asegurado en la póliza No. 480-47-994000026621 del 2 de diciembre de 2015.

1 Índice de descarga 9 folios 185 a 186 expediente SAMAI.Radicado No. 73001-33-33-006-2018-00005-01

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CUARTA: Se declare y condene al Departamento del TOLIMA representad o por el Gobernador OSCAR BARRETO QUIROGA o quien haga sus veces, al reconocimiento y pago de los intereses moratorios, por el no pago oportuno del contrato de prestación de servicios profesionales No. 0179 de conformidad con la tasa máxima permitida, según la certificación expedida por la Superintendencia Financiera.

de los intereses moratorios, por el no pago oportuno del contrato de prestación de servicios profesionales No. 0179 de conformidad con la tasa máxima permitida, según la certificación expedida por la Superintendencia Financiera.

QUINTA: Se declare y condene al Departamento del TOLIMA representado por el Gobernador OSCAR BARRETO QUIROGA o quien haga sus veces, al reconocimiento y pago de las anteriores sumas de dinero, en forma indexada, de acuerdo con los índices de inflación por causa de la depreciación de la moneda [o pérdida de poder adquisitiv o]; en consecuencia, la cantidad de dinero deberá actualizarse mediante la aplicación de la fórmula de las matemáticas financiera; desde la fecha de en la que se liquidó el contrato al contratista hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin a la presente demanda.

SEXTA: Que se declare y condene en costas a la entidad demandada, esto es al Departamento del TOLIMA representada por el Gobernador OSCAR BARRETO QUIROGA o quien haga sus veces”.

2. Fundamentos fácticos2.

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte demandante expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse, así: - Que, el Departamento del Tolima y el señor Ismael Antonio Molina Giraldo el día 30 de enero de 2015 suscribieron el contrato de prestación de servicios No. 0179 de 2015, por el término de 300 días calendario, el cual tuvo por objeto “ contratar la prestación de servicios profesionales de un economista con especialización en población y desarrollo con el fin de brindar apoyo técnico a la secretaría de planeación y tic, para la implementación del proyecto: apoyo al desarrollo e implementación de instrumentos

de servicios profesionales de un economista con especialización en población y desarrollo con el fin de brindar apoyo técnico a la secretaría de planeación y tic, para la implementación del proyecto: apoyo al desarrollo e implementación de instrumentos de ordenamiento territorial en el departamento del Tolima” y cuyo supervisor fue el señor Héctor Eugenio Cervera Botero.

• Que, el valor pactado de dicho contrato fue de $53.555.200 M/CTE, pagaderos en diez pagos por periodos de 30 días calendario.

• Que, el 1 de diciembre de 2015, el contrato 0179 de 2015 fue adicionado por 26 días y, la suma de $4.641.450.67, para un total de 326 días y un valor total del contrato de $58.196.650.67. Dicha adición en su cláusula segunda estableció que el departamento se compromete a “ pagar el gasto que ocasione la presente adición con cargo a la imputación presupuestal”; no obstante, una vez finalizado el plazo y la ejecución del mismo, no le fue cancelado al contratista el valor adicionado.

• Que, el día 22 de septiembre de 2016 se celebró audiencia de conciliación judicial ante la Procuraduría 27 delegada para asuntos administrativos, en la cual el Departamento del Tolima presentó fórmula de arreglo en la cual determinó que “a la fecha respecto de dicho contrato no se ha cancelado el adicional suscrito el 1 de diciembre de 2015, por un valor de $4.641.450.67, razón que lleva al Departamento a presentar formula de arreglo, pero solo este valor sin los intereses solicitados toda vez que el no pago se dio por falta de legalización de la cuenta”.

por un valor de $4.641.450.67, razón que lleva al Departamento a presentar formula de arreglo, pero solo este valor sin los intereses solicitados toda vez que el no pago se dio por falta de legalización de la cuenta”.

• Que, por medio de providencia del 2 de diciembre de 2016, el Juzgado Noveno (9) Administrativo Oral de Ibagué, improbó la conciliación bajo el argumento que “faltan pruebas para aprobarla ya que cuenta con detrimento al patrimonio público”.

2 Índice de descarga 9 folios 164 a 166 expediente SAMAI.Radicado No. 73001-33-33-006-2018-00005-01

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• Que, ante la inconformidad se interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, frente a los cuales el Juzgado decidió confirmar su decisión y conceder la apelación; no obstante, este último fue rechazado por el Tribunal Administrativo del Tolima al ser improcedente.

3. Contestación de la demanda.

• Departamento del Tolima3.

A través de su apoderado judicial, la entidad territorial descorrió el traslado de la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones al considerar que, si bien ante la procuraduría administrativa se llevó una fórmula de arreglo, también lo es que en efecto en el mes de diciembre de 2015 al momento de la presentación de la cuenta esta no fue cancelada por la falta de uno de sus requisitos fundamentales, el cual era la certificación del cumplimiento de las actividades que debía emitir el superviso r del contrato, pues revisado el expediente y

mes de diciembre de 2015 al momento de la presentación de la cuenta esta no fue cancelada por la falta de uno de sus requisitos fundamentales, el cual era la certificación del cumplimiento de las actividades que debía emitir el superviso r del contrato, pues revisado el expediente y las pruebas aportadas no se evidencia el citado documento y pese a querer cumplir con su parte obligacional de pago es el actor quien debe demostrar el cumplimiento de sus obligaciones y presentar la cuenta en debida forma. El anterior razonamiento lo encontró fundado en las excepciones (i) improcedencia de la acción por falta de prueba; (ii) falta de requisitos formales para el cumplimiento de la obligación y la (iii) genérica. Respecto de la primera de ellas, señaló que en la actividad contractual existen obligaciones reciprocas las cuales además de ser ejecutadas, también deben ser abaladas por un supervisor, sin embargo, en el presente caso el contratista no acreditó el cumplimiento de las actividades encomendadas y descritas en la minuta ya que no se cuenta con la certificación del supervisor de las mismas. Con relación a la segunda excepción, manifestó que, la administración para realizar cualquier tipo de pago a los contratistas tiene un protocolo que debe de seguir con riguridad y, que al no haberse aportado con la cuenta de cobro la certificación por parte del supervisor donde diera cuenta del cumplimiento de las actividades contratadas no era procedente el pago por parte de la administración al contratista.

• Aseguradora Solidaria de Colombia4.

Por medio de su vocera judicial, la entidad aseguradora contestó la demanda solicitando se profiriera sentencia absolutoria, toda vez que no existe el incumplimiento alegado por el accionante pues, no se encuentra acreditado el cumplimiento de las funciones contratadas en el adicional del contrato No. 179 de enero de 2015.

profiriera sentencia absolutoria, toda vez que no existe el incumplimiento alegado por el accionante pues, no se encuentra acreditado el cumplimiento de las funciones contratadas en el adicional del contrato No. 179 de enero de 2015. En ese sentido, precisó que al demandante le corresponde demostrar no solo la existencia del adicional del contrato de prestación de servicios que solicita, sino el cumplimiento de su parte que lo legitimar ía para cobrar el excedente pendiente, más aún cuando el Departamento siempre ha obrado de buena fe, en todo lo concerniente al desarrollo, ejecución y terminación del contrato. Por otro lado, respecto de su vinculación señaló una intención inequívoca sobre el objeto de la póliza, pues es claro que lo asegurado por dicha póliza es el cumplimiento y calidad del servicio del contratista, por lo tanto, el amparo opera frente al incumplimiento imputable al contratista y por los perjuicios que se ocasionen a la entidad contratante, de mo do que no es viable que el Departamento pretenda beneficiarse de una indemnización cuando en este caso

3 Índice de descarga 10 folios 2 a 6 expediente SAMAI. 4 Índice de descarga 10 folios 266 a 279 expediente SAMAI.Radicado No. 73001-33-33-006-2018-00005-01

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el incumplimiento está siendo imputado al Departamento y quien reclama los perjuicios es el contratista.

4. Sentencia apelada5.

Lo es la proferida el 31 de marzo de 2022 por el Juzgado Sexto (6°) Administrativo Oral del

contratista.

4. Sentencia apelada5.

Lo es la proferida el 31 de marzo de 2022 por el Juzgado Sexto (6°) Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. Luego de encontrar acreditado que en efecto entre el señor Ismael Antonio Molina Giraldo y el Departamento del Tolima se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 0179 del 30 de enero de 2015 por el valor de $53.555.200, el cual durante el plazo contractual se adicionó y prorrogó, a través del acta No. 001 del 1 de diciembre de 2015, por valor de $4.461.450.67 y 26 días calendario, procedió a estudiar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo y sometidas a controversia dentro del sub lite pues en sede judicial y extrajudicial contratante y contratista reconocieron el objeto contractual y el cumplimiento de lo pactado. En lo que atañe al pago, indicó que la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No. 0179 de 2015 estableció que era requisito presentar los siguientes documentos “1. Informe de supervisión y sus anexos, 2. Factura o documento equivalente, y, 3. Acreditar el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral” , requisitos estos que fueron debidamente cumplidos por el contratista durante el periodo inicialmente pactado; no obstante, frente al término que fue adicionado advirtió que , no existe evidencia de soportes físicos y/o digitales que acrediten el cumplimiento de las actividades realizadas por el contratista, así como tampoco, lo relativo al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ni al informe del supervisor.

digitales que acrediten el cumplimiento de las actividades realizadas por el contratista, así como tampoco, lo relativo al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ni al informe del supervisor. A partir de lo anterior, consideró que al ser un mismo contrato, le correspondía al contratista presentar los documentos exigidos en la cláusula cuarta, pues, en virtud del deber de vigilancia la entidad demandada a través del supervisor y previo a pagar, debía verificar el cumplimiento de la actividad contratada, situación que no s e presentó en tanto, no se acreditó que el contratista hubiese presentado el informe de actividades referido al mes de diciembre de 2015. Por otro lado, respecto a la cláusula quinta del acta de adición y prorroga No.1 de 2015 la cual establecía que, se debía cumplir con la constitución o ampliación de las garantías, el pago de estampillas y, la posterior aprobación por parte de la dirección de contratación del departamento, determinó que al haberse presentado la modificación y aclaración de las vigencias y los valores asegurados a la Póliza 480 -994000026621, no existe certeza de la fecha en que la dirección de contratación del Departamento la aprobó la garantía y, por ende del inicio en la ejecución de las actividades. En consecuencia, al encontrar que en efecto, el contratista no cumplió con la obligación de presentar el informe de actividades del periodo adicionado toda vez que, dentro del proceso no existe certificación de supervisor, informe de actividades, ni el pag o de los aportes a Seguridad Social, entre otros, documentos esenciales que se requerían para el pago, procedió a negar las pretensiones incoadas por la parte demandada concluyendo que, no es suficiente aludir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, sino que corresponde

Seguridad Social, entre otros, documentos esenciales que se requerían para el pago, procedió a negar las pretensiones incoadas por la parte demandada concluyendo que, no es suficiente aludir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, sino que corresponde acreditar la observancia efectiva de las mismas.

5. Recurso de apelación6.

Inconforme con la decisión precedente, el apoderado del extremo activo interpuso recurso de apelación por considerar que, contrario a lo señalado por el Juzgado, con el material probatorio

5 Índice de descarga 23 expediente SAMAI. 6 Índice de descarga 27 expediente SAMAI.Radicado No. 73001-33-33-006-2018-00005-01

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se demostró el cabal cumplimiento de las obligaciones pactadas por el demandante mediante el contrato inicial y su prorroga. Fundamentó sus argumentos de disenso, indicando que no se tuvo en cuenta que tanto en la contestación de la demanda como en etapa prejudicial, el Departamento admitió que el demandante cumplió a cabalidad con el objeto del contrato e incluso accedió al pago de los honorarios debidos, así como tampoco, que mediante oficio del 31 de octubre de 2016 el Director de Planeación para el desarrollo y TIC, certificó que de acuerdo con el informe de actividades No.11 y el comprobante de pago al Sistema de Seguridad S ocial correspondiente al mes de diciembre de 2015, se dio cabal cumplimiento al contrato en mención. Aunado a lo anterior, advirtió que no se dio aplicación al principio de prevalencia de la realidad

actividades No.11 y el comprobante de pago al Sistema de Seguridad S ocial correspondiente al mes de diciembre de 2015, se dio cabal cumplimiento al contrato en mención. Aunado a lo anterior, advirtió que no se dio aplicación al principio de prevalencia de la realidad sobre las formas pues, no fueron tenidos en cuenta los documentos emanados por el director de planeación el Dr. Oscar Andrés Gutiérrez Ramírez en los que se constaba el cumplimiento del contrato por parte del demandante , más aún cuando, frente al requerimiento del informe de actividades la entidad demandada fue reacia a presentarlo señalando que “no existe” , ignorando lo establecido por el funcionario en mención, situación que implica que, aun cuando la prueba fue decretada de oficio no se practicó. Bajo tal supuesto, de conformidad con el principio de responsabilidad contractual aludió que el director de planeación es persona idónea para determinar cumplido el contrato pues, al no ser el supervisor o el interventor quien se encuentre presente para dar fe del cumplimien to, lo puede hacer también el superior jerárquico quien reiteró es para el caso el Director de Planeación para el Desarrollo Secretaría de Planeación y Tic, mismo que, dentro de su libertad y autonomía ha reconocido que el demandante ha presentado todos los documentos y aprueba la labor por él realizada dando como resultado que no hace falta sino el pago solicitado. Ahora bien, frente al análisis probatorio realizado por el Juzgado consideró que, no se impartió valor probatorio alguno a los documentos que fueron allegados en el escrito de oposición a las excepciones mediante los cuales se demostraba el cumplimiento del contrato, pese a que, fueron aportados según lo dispuesto en el artículo 212 del C. de P.A. y de lo C.A. Respecto a la prueba de los pagos a la Seguridad Social, señaló que, de conformidad con el

fueron aportados según lo dispuesto en el artículo 212 del C. de P.A. y de lo C.A. Respecto a la prueba de los pagos a la Seguridad Social, señaló que, de conformidad con el artículo 282 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 114 del Decreto 2150 de 1995, las personas naturales que se vinculan con el Estado mediante prestación de servicios no están obligadas a demostrarlos, siempre que el término de contrato sea inferior a tres meses, por lo que el juzgado yerra en su juicio sometiendo al demandante a una carga que aun cuando no está en la obligación de cumplirla y demostrada, s í se probó conforme a la documental puesta de presente. Finalmente, en aplicación del numeral 2 del artículo 212 del C. de P.A. y de lo C.A., solicitó se (i) tome en cuenta la prueba documental aportada en la oposición de las excepciones; (ii) oficie al Juzgado Noveno (9) Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, la USB con documentos contentivos respecto del expediente administrativo con radicado 2016 -00297 que fue entregado a medias, según oficio del 31 de octubre de 2016 firmado por el Dr. Oscar Andrés Gutiérrez, Director de Planeación para el Desarrollo y TIC donde certifica la labor encomendada del contrato y su adición objeto del presente litigio y; (iii) practique la prueba solicitada y aportada en términos correspondientes en la etapa adecuada de la que en las consideraciones nunca se mencionó.

III. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIARadicado No. 73001-33-33-006-2018-00005-01

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III. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIARadicado No. 73001-33-33-006-2018-00005-01

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Por auto del 8 de marzo de 2023 7, se admitió el recurso interpuesto por el apoderado del extremo accionante, de conformidad con lo disp uesto en el artículo 247 de la L ey 1437 de 2011 modificado por el artículo 67 de la ley 2080 de 2021, frente al cual dentro del término de ejecutoria se pronunció la parte demandante8. Asimismo, respecto de la petición de pruebas allegada por medio de la alzada en la misma providencia se decidió darle el valor probatorio que en derecho corresponde a las allegadas con la contestación de las excepciones formuladas y negar la referida a ofi ciar al Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué. Por lo anterior en vista de que no se requirió la práctica de pruebas, el 24 de abril de 2023 en los términos del numeral 5º del artículo 247 del CPACA modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, ingresó el expediente al Despacho para proferir sentencia. - Pronunciamiento sobre el recurso9. En esta oportunidad, el apoderado de la parte demandante, reiteró que en el expediente obra el material probatorio a través del cual se demuestra que el contratista Ismael Molina Giraldo, dio cabal cumplimiento al contrato y, a su respectiva adición, ya que conforme al folio 215 del tomo II, del cuaderno principal, el director de planeación para el desarrollo el Dr. Oscar Andrés

dio cabal cumplimiento al contrato y, a su respectiva adición, ya que conforme al folio 215 del tomo II, del cuaderno principal, el director de planeación para el desarrollo el Dr. Oscar Andrés Gutiérrez Ramírez el 31 de octubre de 2016, certificó el cumplimiento del contrato No. 0179 y el acta de adición No. 01. Sumado a lo anterior, indicó que en la cláusula primera - obligaciones, se pactó “ presentar informes al Departamento del Tolima cuando le sean solicitados por el supervisor del contrato”, sin embargo, en ningún momento se requirió al demandante por parte del supervisor de aportar informe alguno, por lo que el argumento planteado de la juez para negar las pretensiones al supuestamente no existir informe de gestión por ese periodo, no puede ser de recibo. Bajo ese entendido, aludió que aun cuando no existió requerimiento alguno por parte del supervisor, el a-quo realizó una indebida valoración de la prueba pues, en la sentencia en ningún momento se hace alusión al certificado de fecha 31 de octubre de 2016 en donde el director de planeación al momento de emitir certificación de cumplimiento de actividades en sus consideraciones hace alusión al informe de actividades No. 11, documento que según el director, obra dentro de la carpeta No. 0179 del demandante. Por otro lado, frente al argumento absolutorio referido a que no existe certeza de la fecha en que se inició la ejecución del contrato, señaló que el juzgado adopto una decisión bajo un excesivo ritual manifiesto.

IV. CONSIDERACIONES

1. Sobre la competencia.

Es competente esta colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia proferida el

excesivo ritual manifiesto.

IV. CONSIDERACIONES

1. Sobre la competencia.

Es competente esta colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia proferida el día 31 de marzo de 2022, por el Juzgado Sexto (6°) Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, según voces de los artículos 153 y 243 del Código de Procedimiento A dministrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces administrativos.

2. Problema jurídico.

7 Índice de descarga 35 expediente SAMAI. 8 Índice de descarga 41 expediente SAMAI. 9 Índice de descarga 38 expediente SAMAI.Radicado No. 73001-33-33-006-2018-00005-01

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En término de la apelación, el problema jurídico se contrae en establecer si, la ausencia de pago del Departamento del Tolima respecto de la adición No. 1 del contrato 0179 del 30 de enero de 2015, es una consecuencia de la omisión del contratista de presentar los documentos requeridos para el pago, o si , por el contrario se encuentra debidamente acreditado que este último cumplió con todas y cada una de las obligaciones que se encontraban a su cargo y por lo tanto, se debe declarar el incumplimiento contractual.

3. Marco normativo y jurisprudencial.

• Del medio de control de controversias contractuales.

El medio de control de la referencia se encuentra normativamente establecido en el artículo

lo tanto, se debe declarar el incumplimiento contractual.

3. Marco normativo y jurisprudencial.

• Del medio de control de controversias contractuales.

El medio de control de la referencia se encuentra normativamente establecido en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así:

“ARTÍCULO 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley.

Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso.

El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”.

Sobre el particular, es preciso recoger la siguiente precisión teórica y conceptual:

“(…) es una acción, por regla general, de naturaleza subjetiva, individual, temporal, desistible

partes contratantes o sus causahabientes”.

Sobre el particular, es preciso recoger la siguiente precisión teórica y conceptual:

“(…) es una acción, por regla general, de naturaleza subjetiva, individual, temporal, desistible y pluripretensional a través de la cual cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia y que se hagan las declaraciones, condenaciones o restituciones consecuenciales; que se orden su revisión; que se declare su incumplimiento y que se condene al contratante responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan las demás declaraciones y condenaciones que sean pertinent es; así mismo, la nulidad de los actos administrativos contractuales y los restablecimientos a que haya lugar ; como también las reparaciones e indemnizaciones relacionadas con los hechos, omisiones u operaciones propias de la ejecución del contrato10”.

Bajo esta misma línea, el Consejo de Estado en providencia con ponencia del Consejero Nicolás Yepes Corrales sobre la aplicación de esta figura, adujo que “(…) resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos dentro del desarrollo de éste. Así, p uede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contra to estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare

10 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III. Contencioso Administrativo. Bogotá,

condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare

10 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III. Contencioso Administrativo. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 227-230.Radicado No. 73001-33-33-006-2018-00005-01

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su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas 11”.

Así las cosas, es claro que en eventos en los que se pretenda la declaratoria de incumplimiento de un contrato celebrado con una entidad de derecho público, el medio de control idóneo para acceder a la jurisdicción será el de controversias contractuales pues, como se indicó en líneas anteriores, es la vía procesal que cobija los contradictorios que puedan surgir con ocasión al negocio jurídico estatal.

4. Caso concreto.

En primer lugar, la Sala debe recordar, que el recurso de apelación tiene un objeto específico y concreto definido ya no por el legislador sino por el propio recurrente, y en ese propósito de dar contornos al “objeto del recurso”, establece la necesidad de sustentar la inconformidad, pues de ese modo se confía y se ordena a la parte fijar el objeto del recurso de apelación. En tal sentido, debe señalarse que la exigencia legal de sustentar el recurso de apelación reserva al recurrente la tarea de denunciar explícitamente los aspectos de la decisión de

En tal sentido, debe señalarse que la exigencia legal de sustentar el recurso de apelación reserva al recurrente la tarea de denunciar explícitamente los aspectos de la decisión de primera instancia que le resultan desfavorables con el único propósito de q ue esos aspectos sean abordados por la segunda instancia, pero si algo no se decidió consecuentemente tampoco puede ser revocado; es así como la apelación resulta ser un recurso ordinario previsto en la legislación procesal, que tiene como objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Bajo tales premisas, se encuentra que