TA TOL - Sentencia 73001-33-33-006-2019-00127-01 (27-03-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAGISTRADO PONENTE: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN: 73001-33-33-006-2019-00127-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: YINEY ANDREA GARAVITO TORO - OTROS

APODERADO: LEONIDAS TORRES LUGO

DEMANDADO: MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA

APODERADO: JOHAN DAVID AVILA SEPULVEDA

DEMANDADO: EDGAR GIOVANNY MONTEALEGRE GARCÍA

APODERADA: ANGELA MARÍA RONDON DUARTE

DEMANDADO: PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

APODERADO: YEZID GARCÍA ARENAS

TEMA: MUERTE POR VEHÍCULO OFICIAL – CULPA EXCLUSIVA

DE LA VÍCTIMA

CUESTIÓN PREVIA

El presente asunto fue puesto en consideración de la Sala; sin embargo, el Magistrado Carlos Arturo Mendieta Rodríguez presentó impedimento para conocerlo; por lo que se resolverá con fundamento en lo dispuesto en el artículo 131 del C.P.A.C.A, previo a emitir el pronunciamiento de fondo. El Magistrado Dr. Carlos Arturo Mendieta Rodríguez sustenta el impedimento en el numeral 5° del artículo 141 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 130 del C.P.A.C.A, que señala: “(…) 5. Ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios.”

C.P.A.C.A, que señala: “(…) 5. Ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios.” En virtud de lo anterior, sostiene como sustento del impedimento “…como quiera que el profesional del derecho Dr. LEÓNIDAS TORRES LUGO, quien actúa como apoderado judicial de la parte demandante en estas diligencias, es el mismo a quien he otorgado poder para que en mi nombre y representación inicie proceso judicial, configurándose la causal de impedimento indicada en el numeral 5 del artículo 141 del Código General del Proceso”. A juicio de la Sala el impedimento presentado por el el Dr. Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, fundado en la causal 5° del artículo 141 del CGP, puede afectar la imparcialidad del Magistrado al momento de resolver de fondo el asunto ; por lo que se declarará fundado el mismo.

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia del 11 de julio de 2022, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, mediante el cual se negaron las pretensiones.

2. ANTECEDENTESRadicación: 73001-33-33-006-2019-00127-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Yiney Andrea Garavito - otros Demandado: Municipio de Garzón Página 2 de 20

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de reparación directa, mediante apoderado, promovió demanda en contra del Municipio De Garzón – Huila y el señor

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La parte demandante, en ejercicio del medio de control de reparación directa, mediante apoderado, promovió demanda en contra del Municipio De Garzón – Huila y el señor Edgar Giovanni Montealegre García, para que se declaren administrativa, patrimonial y solidariamente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales causados a los demandantes con ocasión de la muerte de Efraín Garavito Carvajal.

Que se ordene a las demandadas reconocer a los demandantes por los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes por la muerte de Efraín Garavito Carvajal.

Que sobre las sumas reconocidas se ordene la respectiva actualización, desde la fecha de ocurrencia de los hechos y hasta el momento de la sentencia y, de ahí en adelante se reconozcan intereses de mora hasta que se realice el pago total de la condena.

3. HECHOS

Los que tienen relevancia jurídica son los siguientes:

3.1 Efraín Garavito Carvajal nació el 16 de mayo de 1955, era una persona muy activa, mecánico de profesión y, el día de los hechos se dirigía a laborar en un taller de montallantas ubicado en la Estación de Servicio de Combustibles “Terpel”; y tenía como ingresos un salario mínimo mensual vigente.

3.2 El 25 de septiembre de 2014, en la vereda Patio Bonito del Municipio de El Espinal, siendo aproximadamente, las 2.30 horas de la tarde, se presentó un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados los siguientes vehículos, un vehículos marca Jeep, línea

siendo aproximadamente, las 2.30 horas de la tarde, se presentó un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados los siguientes vehículos, un vehículos marca Jeep, línea Cherokee Limited, color negro, de placas OXB 175, modelo 2008, tipo de carrocería WAGÓN, número de chasis 8Y4GK58K38110011, de servicio oficial, propiedad del Municipio de Garzón – Huila, conducida por Isaac Ospina Quintero; un vehículo tipo camioneta de placa KEZ 216, marca Chevrolet, línea LUT DIMAX, modelo 2013, color gris ocaso, numero de motor 254087, número de chasis 8LBETF3E6D0175060, la cual era conducida por Edgar Giovanni Montealegre García y, una bicicleta tipo TURISMERA, color NEGRO, serie 83900, la cual era conducida por el señor EFRAÍN GARAVITO CARVAJAL. 3.3 Que el vehículo de placas OXB 175, transitaba en sentido Girardot – El Espinal y, atropelló al ciclista Garavito Carvajal cuando pr etendía cruzar la vía para llegar a la estación de servicio “Terpel”, ubicada frente al Establecimiento de Comercio “La auténtica Mona”, y, lo arrastró 150 metros hasta una acequia o desagüe donde finalmente frenó. 3.4 Que el vehículo de placas OXB 175 sufrió daños en tercio medio anterior, tercio derecho, tercio izquierdo anterior y, destrucción del panorámico delantero lo que demuestra el exceso de velocidad que llevaba al momento del impacto.

3.5 Que, de acuerdo con el informe policial de accidente de tránsito, el conductor del

derecho, tercio izquierdo anterior y, destrucción del panorámico delantero lo que demuestra el exceso de velocidad que llevaba al momento del impacto.

3.5 Que, de acuerdo con el informe policial de accidente de tránsito, el conductor del vehículo KEZ 216, al momento de los hechos tenía la licencia de conducción vencida.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

4.1 MUNICIPIO DE GARZÓN

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda, porque no se configuran los elementos para declarar la responsabilidad del Estado.Radicación: 73001-33-33-006-2019-00127-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Yiney Andrea Garavito - otros Demandado: Municipio de Garzón Página 3 de 20

Que si bien es cierto Efraín Garavito Carvajal fue arrollado por el vehículo de placas OXB 175, se debe tener en cuenta que el suceso ocurrió por la imprudencia e impericia de aquel que trató de cruzar la vía nacional Panamericana para llegar a la Estación de Servicio de “Terpel”, haciendo un giro de forma imprevista y sin precaución hacia el carril por el cual transitaba el vehículo de propiedad del municipio, atravesándosele al mismo sin que el conductor pudiera reaccionar. Aseguró que, el vehículo automotor de propiedad del municipio no iba con exceso de velocidad, sino que lo hacía a 60 Km/h.

Propuso las excepciones de: i) Inexistencia de responsabilidad, ii) Culpa Exclusiva de la Víctima como factor de interrupción del nexo causal; iii) Inexistencia de perjuicios

Propuso las excepciones de: i) Inexistencia de responsabilidad, ii) Culpa Exclusiva de la Víctima como factor de interrupción del nexo causal; iii) Inexistencia de perjuicios alegados, iv) Falta de Legitimación en la causa por activa respecto del señor Alexander

Toro”

4.2 EDGAR GIOVANNI MONTEALEGRE GARCÍA

Indicó que se opone a las pretensiones, y que el vehículo que conducía, si bien estuvo involucrado en los hechos, no tuvo participación activa en los mismos.

Que el día de los hechos se encontraba en Insumos Roa, ubicado en la vía Castilla – Girardot, y que al salir de dicho lugar, en su camioneta de placas KEZ 216, tomó la vía en sentido Girardot y, observó que delante de él se desplazaba un señor en bicicleta que cruzó hacia la izquierda con el fin dirigirse a la estación de servicio que se encontraba sobre el costado izquierdo de la vía ; y que en el momento en que el ciclista estaba pasando sobre el carril izquierdo fue impactado violentamente por la camioneta Jeep Cherokee placas OXB 175, siendo arrastrado por ésta 72 metros.

Que su vehiculó nunca tuvo contacto ni con la víctima ni con la bicicleta, sino que a raíz del choque del vehículo de placas OXB 175 con la bicicleta, un maletín con herramientas que llevaba esta última, por la fuerza del golpe salió expelido e impactó fuertemente contra su vehículo y en primer lugar le pegó al capo, luego a la zona izquierda inferior del parabrisas y finalmente a la llanta izquierda trasera.

que llevaba esta última, por la fuerza del golpe salió expelido e impactó fuertemente contra su vehículo y en primer lugar le pegó al capo, luego a la zona izquierda inferior del parabrisas y finalmente a la llanta izquierda trasera.

4.3 ALLIANZ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - LLAMADA EN GARANTÍA

Sostuvo que se opone a la prosperidad de las pretensiones.

Que el hecho que motivó del deceso de Efra ín Garavito Carvajal no es imputable al conductor asegurado, Edgar Giovanni Montealegre García, sino que fue causado por el actuar de un tercero en concurrencia con la actividad desplegada por la víctima.

Que si bien el vehiculó de placas KEZ 216, se vio implicado en los hechos, lo cierto es que no tuvo participación directa en los mismos, por tanto, al no existir nexo de causalidad entre el hecho dañoso y su actuar, no es posible declarar la responsabilidad del asegurado y, mucho menos ordenarle a la compañía aseguradora indemnizaciones que no proceden.

Propuso las excepciones: Sujeción a los términos del contrato de seguro al valor asegurado y al riesgo amparado; responsabilidad limitada – hasta el monto máximo del valor asegurado y, la excepción genérica o innominada.

4.4 PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Indicó que el ente territorial no ocasionó los hechos, sino que fue la culpa exclusiva de la víctima la causa eficiente del daño.Radicación: 73001-33-33-006-2019-00127-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Yiney Andrea Garavito - otros

víctima la causa eficiente del daño.Radicación: 73001-33-33-006-2019-00127-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Yiney Andrea Garavito - otros Demandado: Municipio de Garzón Página 4 de 20

Que aceptó el accidente, aclarando que no existe prueba que acredite que el vehículo de placas OXB 175 iba con exceso de velocidad y, que es irrefutable que la víctima estaba cruzando la vía por donde se desplazaba el automotor para llegar a la estación de servicio Terpel ubicada al otro lado.

Propuso como excepciones de mérito: límite del valor asegurado, riesgos no asumidos y, las exclusiones de amparo expresamente previstas en las condiciones generales de la póliza de responsabilidad civil que sirvió de fundamento para el llamamiento en garantía.

5. SENTENCIA IMPUGNADA

El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, el día 11 de julio de 2022, negó las pretensiones, tras considerar que no se dan los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado por los hechos en los que perdió la vida el señor Efraín Garavito Carvajal, en razón a que el accidente de tránsito se originó por el actuar imprudente e intempestivo de la víctima en la conducción de la bicicleta en que se transportaba y por lo tanto no es imputable a la entidad territorial demandada.

6. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante en su escrito de apelación, indicó que tal y como quedó demostrado en el curso del proceso, el señor Isaac Ospina Quintero, el día 25 de septiembre de 2014,

6. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante en su escrito de apelación, indicó que tal y como quedó demostrado en el curso del proceso, el señor Isaac Ospina Quintero, el día 25 de septiembre de 2014, conducía el vehículo oficial de placa No. OXB175, a gran exceso de velocidad, tanto que no alcanzó a ver ni a frenar, ante la presencia del señor Efraín Garavito Carvajal, a pesar de ser la carretera una recta, ser de día, existir buena visibilidad y encontrarse señalizada la velocidad máxima para transitar sobre el sector, la cual es de 60 km/h.; y contrario a lo sostenido en el fallo impugnado, existe certeza sobre el exceso de velocidad en que manejaba el conductor del vehículo oficial, tal como se aprecia en la medición realizada en el bosquejo fotográfico, el carro de placa No. OXB175, dejó una huella de frenado de longitud de 7.1 metros.

Que de haberse respetado por parte del agente oficial del Municipio de Garzón – Huila, los límites establecidos de velocidad y manejar de manera prudente, no habría impactado de la forma violenta en que sucedió al señor Garavito Carvajal, quedando claro, que fue tal conducta ilegal, la determinante en el hecho luctuoso.

Que al momento en que ocurrieron los hechos, el conductor del vehículo oficial, conducía con la licencia de conducción vencida y, la sentencia apelada da plena credibilidad a la declaración rendida por el señor Isaac Ospina Quintero, respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos, no obstante, haber sido tachado

declaración rendida por el señor Isaac Ospina Quintero, respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos, no obstante, haber sido tachado por tener interés directo en las resultas del proceso.

Que de lo probado en el proceso se deduce sin lugar a dudas, que la causa eficiente de la muerte de Efraín Garavito Carvajal, fue el impacto que sobre su humanidad propinó el vehículo de propiedad del Estado que se desplazaba a alta e incontrolada velocidad, causando el deceso instantáneo de la víctima, cuyo cadáver fue levantado en el mismo sitio del in suceso, máxime cuando se probó que el occiso, transitaba de manera regular esa vía, para dirigirse a su lugar de trabajo.

Que en este caso la responsabilidad del Estado es objetiva, en razón a que la muerte del señor Efraín Garavito Carvajal, se causó en ejercicio de actividades peligrosas que crean un riesgo excepcional y excesivo para las personas, como es la conducción de vehículos automotores, tal como lo ha desarrollado la jurisprudencia del Consejo de Estado.Radicación: 73001-33-33-006-2019-00127-01

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Demandante: Yiney Andrea Garavito - otros Demandado: Municipio de Garzón Página 5 de 20

Que el daño infligido a los demandantes, se produjo como consecuencia de la muerte de Efraín Garavito Carvajal, causada por la envestida que le propinó el vehículo automotor del Estado cuando el extinto se desplazaba en bicicleta, esta actividad del Estado a través de los demandados se ejerció excediendo el riego a que habitualmente están expuestos

del Estado cuando el extinto se desplazaba en bicicleta, esta actividad del Estado a través de los demandados se ejerció excediendo el riego a que habitualmente están expuestos los ciudadanos y que exceden notoriamente a las cargas públicas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de la actividad o servicios que presta el Estado.

Que los vehículos causantes del accidente de propiedad estatal y particular, son camionetas y el occiso se desplazaba en una bicicleta , es decir, que los vehículos de propiedad de los demandados, representan un mayor grado de peligrosidad por su tamaño y potencia, lo que lleva a concluir que se sigue aplicando el régimen de responsabilidad objetiva.

Que no está debidamente probada la causal exonerativa de responsabilidad del estado, consistente en la culpa exclusiva de la víctima, pues si bien, el fallador de instancia se sustentó en las versiones testificales de los conductores Isaac Ospina Quintero Y Edgar Giovanni Montealegre y el testimonio del señor Ismari Calderón Barrios , de estos no se puede deducir claramente la responsabilidad exclusiva de la víctima.

Que el testimonio de los señores Isaac Ospina Quintero y Edgar Giovanni Montealegre , es sospechoso, no se les puede dar plena credibilidad, toda vez que tienen interés directo en el asunto, como quiera que son los conductores de los vehículos comprometidos en el accidente, particularmente el señor Isaac Ospina Quintero, conductor del vehículo de la entidad territorial, que chocó con la humanidad de la víctima hasta causarle la muerte. Estos testimonios que tratan de derivar imprudencia en la víctima, nada distinto pueden

la entidad territorial, que chocó con la humanidad de la víctima hasta causarle la muerte. Estos testimonios que tratan de derivar imprudencia en la víctima, nada distinto pueden pretender a exonerarse de responsabilidad, y con su versión procura hacer recaer toda la imprudencia en el occiso, situación que es esperable, por cuanto son los directos gestores del in suceso, y en caso de ser condenada la entidad territorial, en el evento del señor Ospina Quintero , la responsabilidad puede terminar en él, si tuación que igual ocurre directamente con el señor Montealegre, conductor particular.

Desde la misma diligencia de recepción de testimonios se advirtió de la circunstancia anteriormente mencionada, de existir interés en el conductor del vehículo oficial, planteándose la tacha del testimonio para que se tuviera en cuenta al momento del fallo, insistiéndose en la existencia de circunstancia que afecta su credibilidad e imparcialidad, en razón de tener interés en las resultas del asunto.

Que en el evento en que se aceptara que hubo alguna imprudencia de la víctima, en el caso presente estaría acreditada de manera incuestionable la concurrencia de culpas, por el exceso de velocidad en que se desplazaba el conductor del vehículo oficial causante de la muerte, c ircunstancia que está debidamente comprobado con su confesión como lo acepta el juzgado, y por el testimonio ático plenamente creíble sin cuestionamiento alguno e imparcial del señor Ismary Calderón Barrios, quien vive y labora en su negocio frente al luga r de los hechos, y quien ha referido el manifiesto exceso de velocidad y la violencia en que se desplazaba el señor Isaac Ospina Quintero.

labora en su negocio frente al luga r de los hechos, y quien ha referido el manifiesto exceso de velocidad y la violencia en que se desplazaba el señor Isaac Ospina Quintero.

Que no fue la posible imprudencia de Efraín Garavito Carvajal, la causante del accidente, sino que la causa determinante de los hechos, puesto que fue la imprudencia del conductor del vehículo oficial, al manejar en exceso de velocidad, el que ocasiono el hecho dañoso.

Por lo anterior, solicitó se revoque la sentencia apelada y se accedan a las pretensiones.Radicación: 73001-33-33-006-2019-00127-01

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7. TRÁMITE PROCESAL

El proceso fue radicado en esta Corporación el 22 de agosto de 2022. Mediante auto del día 6 de octubre de 2022, se admitió el recurso de apelación.

El trámite del recurso de apelación se surtió, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

8. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

8.1. COMPETENCIA

Es competente el Tribunal Administrativo del Tolima para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 y siguientes de la Ley 270 de 1996 y por los artículos 153 y 243 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el art. 328 del CGP.

conforme a lo dispuesto por el artículo 73 y siguientes de la Ley 270 de 1996 y por los artículos 153 y 243 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el art. 328 del CGP.

8.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde determinar, si

1. Se encuentra acreditado el daño antijurídico alegado por la parte demandante; y en caso afirmativo, ii) Este daño antijurídico se puede atribuir a la institución demandada, o por el contrario, no es posible endilgar responsabilidad patrimonial al Estado. iii) En este asunto, se encuentra configur ado la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

8.3 TESIS SALA

La sala confirmará la sentencia apelada mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

En este asunto se encuentra acreditado el daño que originó el presente medio de control, esto es, la muerte de Efraín Garavito Carvajal el 25 de septiembre de 2014.

Por otra parte, de la prueba aportada al proceso, se puede concluir que se encuentra plenamente acreditada la configuración de la eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de la víctima, circunstancia que impide estructurar la imputación jurídica del daño causado en contra de la entidad pública demandada, elemento indispensable para poder deducir responsabilidad extracontractual respecto del Estado.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el accidente en el que falleció Efraín Garavito Carvajal se dio cuando este decidió girar para atravesar la vía por donde transitaba el vehículo oficial de propiedad de la demandada, asumiendo el riesgo, lo que condujo a que se diera

se dio cuando este decidió girar para atravesar la vía por donde transitaba el vehículo oficial de propiedad de la demandada, asumiendo el riesgo, lo que condujo a que se diera el resultado fatal; siendo la causa eficiente y determinante para la configuración del daño el actuar de la víctima.

8.4. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A partir de la Constitución Política de 1991, las entidades públicas deben responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que causen por acción u omisión siempreRadicación: 73001-33-33-006-2019-00127-01

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que les sean imputables 1, y no es que anteriormente no respondieran, es sólo que con su vigencia, ella dispuso en un articulado ese sentido.

Nuestro órgano de cierre2 aduce que “Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1 superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. De igual forma, con ponencia de Jaime Orlando Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31000-1994-08654-01(19976), expresó:

“Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño

000-1994-08654-01(19976), expresó:

“Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto p or la acción, como por la omisión. Dicha imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar: i) la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de i mputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional), y; adicionalmente a lo anterior, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.

(…)

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputa bilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”.

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de

las mismas”.

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico -jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay l ugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”.

1 La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnizac ión”. Corte Constitucional, Sentencia C -333 de 1996. Postura que fue seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un

víctima por medio del deber de indemnizac ión”. Corte Constitucional, Sentencia C -333 de 1996. Postura que fue seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, sentencia C-892 de 2001. 2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Olga Mélida Valle De La Hoz, en sentencia del 30 de enero de 2013, radicación No.: 25000-23-26-000-2001-01156-01(25573).Radicación: 73001-33-33-006-2019-00127-01

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Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo conside rado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no.”

En consecuencia, se hace necesario dilucidar en el caso concreto si se configuran los

correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no.”

En consecuencia, se hace necesario dilucidar en el caso concreto si se configuran los elementos legales para que surja el deber del Estado de responder, esto es, el daño antijurídico, la imputabilidad del mismo al demandado y el nexo causal entre uno y otro.

8.4.1 El daño ha sido tradicionalmente entendido como aquel menoscabo o detrimento que sufre una persona y que puede ser patrimonial o extrapatrimonial; sin embargo, para que genere responsabilidad debe ser: cierto, personal y antijurídico. Es c ierto cuando efectivamente ocurre de tal suerte que el hipotético no puede ser indemnizado . Así mismo, cuando se menciona que sea personal, se refiere que sólo su víctima está legitimada para la reclamación. El Consejo de Estado3 ha señalado: “El concepto del daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la Constitución ni en la ley, sino en la doctrina española, particularmente en la del profesor Eduardo García de Enterría, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991 hasta épocas más recientes, como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.”

En otro fallo 4 indicó: “ En cuanto al daño antijurídico, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho”, y que la “Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armon iza plenamente con los principios y

de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho”, y que la “Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armon iza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”.

El precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artíc ulos 2º y 58 de la Constitución ”5. En efecto, el daño antijurídico se concibe como aquel que la víctima no está obligada a soportar y por tanto, resulta jurídico si se constituye en una carga pública, o, antijurídico si es consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, dando como resultado el no tener el deber legal de soportarlo.

8.4.2. De