TA TOL - Sentencia 73001-33-33-006-2019-00139-01 (22-05-2025)

Sentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-006-2019-00139-01

Nro. interno: 1009-2021

Demandante: Jacob Cardoso Sánchez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-006-2019-00139-01

No. interno: 1009-2021

Demandante: Jacob Cardoso Sánchez, y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y Fiscalía General de la Nación Tema: Responsabilidad del Estado por p rivación de la libertad – Ley 906 de 2004.

La Sala de Decisión resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 26 de octubre de 2021 por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué , mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES La demanda Los señores Jacob Cardoso Sánchez como víctima directa actuando en nombre propio y en representación de Laura Valentina Cardoso Perdomo y de Martha Cecilia Perdomo Varón ; Yury Fernanda Cardoso Perdomo, quien actúa en su nombre, y en representación de Alexandra Cardoso Calderón, Sara Sofía Cardoso

propio y en representación de Laura Valentina Cardoso Perdomo y de Martha Cecilia Perdomo Varón ; Yury Fernanda Cardoso Perdomo, quien actúa en su nombre, y en representación de Alexandra Cardoso Calderón, Sara Sofía Cardoso Valle y Valery Cardoso Calderón; Lina Katerin Cardoso Perdomo, quien actúa en su nombre y en representación de Ashley Xiomara Neira Cardoso , Ingri Dayana Cardoso Perdomo; Pedro Enrique Cardoso Sánchez, quien actúa en su nombre y en representación de Leydi Natalia Cardoso Puentes, Yajaira Cardoso Puentes y Pedro Enrique Cardoso Fuentes; Roberth Cardoso Sánchez, quien actúa en su nombre y en representación de Nicolás Esteban Cardoso Barandica, Carolina Marcela Cardoso Barandica y Juan Pablo Cardoso Barandica; Eber Cardoso Sánchez , quien actúa en su nombre y representación de Juan José Cardoso Quintero ; Yeimen Cardoso Sánchez, quien actúa en su nombre y representación de Johan Esteban Cardoso Montealegre; Over Andrés Cardoso Perilla, Brandon Fabián Cardoso Perilla y Andrés Felipe Cardoso Quintero, por conducto de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de Reparación Directa previsto en el artículo 140 del C. de P.A. y de lo C.A. promovieron demanda contra la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , y Fiscalía General de la Nación , con el fin de obtener una decisión favorable sobre las siguientes,

Pretensiones:

1. Declarar administrativamente responsable a la parte demandada por el daño antijurídico causado a los demandantes, como consecuencia de la privación de laSentencia 2ª Instancia

Medio de control: Reparación Directa

Pretensiones:

1. Declarar administrativamente responsable a la parte demandada por el daño antijurídico causado a los demandantes, como consecuencia de la privación de laSentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-006-2019-00139-01

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Demandante: Jacob Cardoso Sánchez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros

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libertad de la que fue objeto Jacob Cardoso Sánchez , entre el 28 de noviembre de 2014 y el 31 de marzo de 2016.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la parte demandada

al pago de los siguientes conceptos y montos:

• Perjuicios inmateriales:

a. Perjuicios morales: Demandante Parentesco Monto Jacob Cardoso Sánchez Víctima directa 90 s.m.l.m.v. Yury Fernanda Cardoso Perdomo Hija 90 s.m.l.m.v. Oscar Orlando Cardoso Perdomo Hijo 90 s.m.l.m.v. Lina Katerin Cardoso Perdomo Hija 90 s.m.l.m.v. Ingri Dayana Cardoso Perdomo Hija 90 s.m.l.m.v. Laura Valentina Cardoso Perdomo Hija 90 s.m.l.m.v. Martha Cecilia Perdomo Varon Compañera permanente 90 s.m.l.m.v. Pedro Enrique Cardoso Sánchez Hermano 45 s.m.l.m.v. Roberth Cardoso Sánchez Hermano 45 s.m.l.m.v. Eber Cardoso Sánchez Hermano 45 s.m.l.m.v. Yeimen Cardoso Sánchez Hermano 45 s.m.l.m.v. David Santiago Leal Cardoso Nieto 45 s.m.l.m.v.

Roberth Cardoso Sánchez Hermano 45 s.m.l.m.v. Eber Cardoso Sánchez Hermano 45 s.m.l.m.v. Yeimen Cardoso Sánchez Hermano 45 s.m.l.m.v. David Santiago Leal Cardoso Nieto 45 s.m.l.m.v. Alexandra Cardoso Calderón Nieta 45 s.m.l.m.v. Sara Sofía Cardoso Valle Nieta 45 s.m.l.m.v. Valery Cardoso Calderón Nieta 45 s.m.l.m.v. Ashley Xiomara Neira Cardoso Nieta 45 s.m.l.m.v. Leidy Natalia Cardoso Puentes Sobrina 31.5 s.m.l.m.v. Yajaira Cardoso Puentes Sobrina 31.5 s.m.l.m.v. Pedro Enrique Cardoso Fuentes Sobrina 31.5 s.m.l.m.v. Over Andrés Cardoso Perilla Sobrino 31.5 s.m.l.m.v. Brandon Fabian Cardoso Perilla Sobrino 31.5 s.m.l.m.v. Nicolas Esteban Cardoso Barandica Sobrino 31.5 s.m.l.m.v. Carolina Marcela Cardoso Barandica Sobrina 31.5 s.m.l.m.v. Juan Pablo Cardoso Barandica Sobrino 31.5 s.m.l.m.v. Andrés Felipe Cardoso Quintero Sobrino 31.5 s.m.l.m.v. Juan José Cardoso Quintero Sobrino 31.5 s.m.l.m.v. Johan Esteban Cardoso Montealegre Sobrino 31.5 s.m.l.m.v.

b. Daño a la vida de relación: El reconocimiento y pago a favor de Jacob Cardoso Sánchez, en el equivalente a 90 s.m.l.m.v.

-Perjuicios materiales: a. Lucro cesante: El reconocimiento y pago en favor de Jacob Cardoso Sánchez de

El reconocimiento y pago a favor de Jacob Cardoso Sánchez, en el equivalente a 90 s.m.l.m.v.

-Perjuicios materiales: a. Lucro cesante: El reconocimiento y pago en favor de Jacob Cardoso Sánchez de los dineros dejados de percibir por el tiempo que estuvo detenido , debidamente indexados, partiendo de que antes de ser privado de la libertad se desempeñaba como agricultor devengando un salario mensual de $781.242 pesos, dicha suma incrementada en un 25% por concepto de prestaciones sociales y actualizada de acuerdo con las fórmulas de la matemática financiera empl eado por el Consejo de Estado para estos casos , para un total d e $976.552 pesos, adicionalmente, 10 meses de perjuicio material por el tiempo total que el señor Jacob Cardoso Sánchez permaneció sin poder adelantar alguna actividad económica , para un total de 26 meses y 3 días, que en razón de $976.552 mensuales, corresponde a $25488.007 pesos por ese concepto.

b. Daño emergente: El reconocimiento y pago en favor de Jacob Cardoso Sánchez de la suma de $23187.248 de pesos, por la defensa técnica que empleó en el proceso penal.Sentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-006-2019-00139-01

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3. Condenar en costas a la parte demandada (Archivo pdf 6_730013333006201900139011EXPEDIENTEDIGI20220317153901, páginas 174 a 176,

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3. Condenar en costas a la parte demandada (Archivo pdf 6_730013333006201900139011EXPEDIENTEDIGI20220317153901, páginas 174 a 176, del expediente digital).

Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante expuso los siguientes

Hechos relevantes:

1. Contra e l señor Jacob Cardoso Sánchez se adelantó un proceso penal por la presunta comisión del delito de receptación. El 30 de marzo de 2016 el Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento del Guamo -Tolima profirió sentencia absolutoria de primera instancia , la cual fue confirmada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de l Distrito Judicial de Ibagué, mediante sentencia del 25 de abril de 2018.

2. El señor Jacob Cardoso Sánchez estuvo privado de la libertad bajo detención domiciliaria desde el 28 de noviembre del 2014 hasta el 31 de marzo de 2016, es decir, por 16 meses y 3 días.

3. La víctima directa se desempeñaba como agricultor , y por esa actividad devengaba un salario mensual de $781.242 pesos, el cual dejó de percibir desde el momento en que fue privado de la libertad, y por los siguientes 10 meses, tiempo que permaneció desempleado mientras encontraba un trabajo una vez fue puesto en libertad (Archivo pdf 6_730013333006201900139011EXPEDIENTEDIGI20220317153901, páginas 167 a 174 , del expediente digital).

Trámite procesal La demanda se presentó el 12 de marzo de 2019 y por reparto le correspondió su conocimiento al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, que por

del expediente digital).

Trámite procesal La demanda se presentó el 12 de marzo de 2019 y por reparto le correspondió su conocimiento al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, que por auto del 23 de abril de 2019 la admitió, ordenó la notificación a la parte demandada, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público (Archivo pdf 6_730013333006201900139011EXPEDIENTEDIGI20220317153901, páginas 2, 185 a 186, del expediente digital).

Contestación de la demanda NaciónRama JudicialDirección Seccional de Administración Judicial La entidad, por conducto de apoderado judicial s e opuso a las pretensiones de la demanda. Frente a los hechos manifestó que se atiene a lo que resulte probado en el proceso, y que efectivamente correspondan a la privación de la libertad. Manifestó que no hay responsabilidad de la Rama Judicial por ausencia de nexo causal ; así, aseguró que es evidente que la privación de la libertad del demandante Jacob Cardoso Sánchez fue producto de la actuación del ente investigador, lo que rompe el nexo de causalidad entre el acto jurisdiccional de privación de la libertad como medida de aseguramiento , y el daño que se alega como causado. Aunado a esto, aseguró que el juez de control de garantías cumplió con las funciones que le asigna la Ley 906 de 2004 porque trabaja con elementos probatorios , evidencia física e información legalmente obtenida , medios que no constituyen plena prueba y que son insuficientes para discutir la responsabilidad, por lo que concluyó que la medida

la Ley 906 de 2004 porque trabaja con elementos probatorios , evidencia física e información legalmente obtenida , medios que no constituyen plena prueba y que son insuficientes para discutir la responsabilidad, por lo que concluyó que la medida de aseguramiento impuesta al accionante obedeció a principios de razonabilidad, proporcionalidad y ponderación. Expuso que cuando el ente investigador incumple sus deberes probatorios y el juez debe absolver al procesado, como en el caso concreto, no surge la responsabilidad del Estado respecto de la Nación - Rama Judicial, debido a que la privación preventiva de la libertad tuvo origen en el acervo probatorio allegado por la Fiscalía,Sentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-006-2019-00139-01

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que en el asunto bajo análisis no reunió los requisitos para convertirse en plena prueba. Por lo anterior, aseguró que la teoría presentada por la Fiscalía General de la Nación en el juicio oral no tuvo respaldo en las pruebas recaudadas legalmente y allegadas al proceso; evidencia de la cual no se tuvo certeza suficiente para impartir condena. Por último, propuso las excepciones que denominó i. Inexistencia de perjuicios, argumentando que la privación de la liberta d se ajustó a l marco constitucional y legal; ii. Ausencia de nexo causal , porque la Fiscalía fue deficiente en su ejercicio probatorio, lo que a su turno fue la única causa del daño; iii. Falta de

perjuicios, argumentando que la privación de la liberta d se ajustó a l marco constitucional y legal; ii. Ausencia de nexo causal , porque la Fiscalía fue deficiente en su ejercicio probatorio, lo que a su turno fue la única causa del daño; iii. Falta de legitimación en la causa por pasiva, porque el juez de control de garantías solo realiza el control de legalidad y ordena la captura con base en los medios de prueba que le aporta la fiscalía, y no determina si la persona cometió o no la conducta pues esta actividad le corresponde al juez de conocimiento (Archivo pdf 6_730013333006201900139011EXPEDIENTEDIGI20220317153901, páginas 221 a 235 , del expediente digital).

Nación – Fiscalía General de la Nación Obrando por intermedio de apoderad a judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que no es posible declarar la responsabilidad de la entidad porque no se evidenció un error judicial, una actuación arbitraria o un defectuoso funcionamiento de la administración como sostiene el demandante. Seguidamente, objetó la cuantía respecto de los perjuicios morales y su tasación, argumentando que se ha establecido el máximo de 100 s.m.l.m.v. como tope frente al daño moral; de la misma manera se pronunció frente al daño en la vida en relación, y agregó que no obra prueba que acredite alteración alguna a la vida del señor Jacob Cardoso Sánchez.

Propuso las excepciones que denominó i. Falta de legitimación en la causa por pasiva, indicando que con el Estatuto de Procedimiento Penal vigente no le incumbe a la Fiscalía General de la Nación la imposición de la medida de aseguramiento . Su

Propuso las excepciones que denominó i. Falta de legitimación en la causa por pasiva, indicando que con el Estatuto de Procedimiento Penal vigente no le incumbe a la Fiscalía General de la Nación la imposición de la medida de aseguramiento . Su labor se enfoca en el trabajo de investigación, para que con las pruebas obrantes se pueda solicitar como medida pr ovisional la privación preventiva de la libertad del individuo, en caso de que se considere conveniente. Así, argumentó que es labor del Juez de Control de Garantías estudiar esa solicitud mediante el análisis de las pruebas recopiladas por la Fiscalía para decidir si decreta o no las medidas de aseguramiento solicitadas, por lo que la entidad al tener la titularidad de la acción penal buscó con la solicitud de la imposición de la medida de aseguramiento que el presunto infractor de la ley penal no pudiera obstruir la justicia o que en su defecto representara un peligro para la sociedad ; ii. Ausencia del daño antijurídico e imputabilidad del mismo a la Fiscalía General de la Nación, afirmó que la entidad no está legitimada para responder por los daños presuntamente causados al demandante, y que la entidad, por el hecho de tener la titularidad de la acción penal, propendió a evitar que los presuntos infractores de la ley penal pudieran obstruir la justicia o presentaran un peligro para la sociedad; además, el daño debe acreditarse y no partir de una mera conjetura; iii. Inexistencia del nexo de causalidad , porque no se probó el daño, ni tampoco la responsabilidad patrimonial y administrativa de la entidad; iv. Genérica.

Finalmente, afirmó que la entidad obró conforme a los presupuestos fácticos, jurídicos y probatorios, ajena a un actuar arbitrario y violatori o al derecho de

la entidad; iv. Genérica.

Finalmente, afirmó que la entidad obró conforme a los presupuestos fácticos, jurídicos y probatorios, ajena a un actuar arbitrario y violatori o al derecho de defensa, y aseguró que al sindicado se le brindaron plenas garantías procesales durante el proceso ; razón por la cual solicitó denegar todas las pretensiones de la demanda, al no haberse configurado ningún daño antijurídico, ni falla en el servicio atribuible a la Fiscalía General de la Nación (Archivo pdf 8_730013333006201900139013EXPEDIENTEDIGI20220317153901, páginas 2 a 21, del expediente digital).Sentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-006-2019-00139-01

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Providencia apelada Es la sentencia proferida el 26 de octubre de 2021 por el Juzgado S exto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda.

Inicialmente, indicó que el daño se acreditó y consistió en la privación de la libertad del demandante entre el 28 de noviembre de 2014 y el 31 de marzo de 2016 , con ocasión de la medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia con permiso para trabajar que se le impuso por parte de la autoridad judicial.

A continuación, expuso respecto de la calificación de la conducta del demandante ,

ocasión de la medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia con permiso para trabajar que se le impuso por parte de la autoridad judicial.

A continuación, expuso respecto de la calificación de la conducta del demandante , que la actuación penal se inici ó en su contra con la captura en flagrancia en el momento en que tenía en su poder un vehículo reportado como hurtado, al que le habían sido alterados sus códigos de identificación, y cambiado la placa. Así, señaló que de acuerdo con las decisiones de los jueces penales que lo absolvieron, la ausencia de su responsabilidad por el delito imputado no era palmaria, porque su compromiso penal estaba en duda y existía un alto grado de probabilidad de que la acusación hubiera prosperado, si no fuera porque la fiscalía no logró demostrar que aquél hubiera tenido un conocimiento previo del origen ilícito del vehículo adquirido.

Agregó que pese a que el demandante era comerciante de ganado y frutas, adquirió un vehículo automotor sin mayores reservas, como exigir la suscripción de un contrato de compraventa que respaldara su compra y los documentos del bien adquirido, lo que configuró una falta al deber de cuidado que le debe asistir a toda persona. En ese orden, su actitud frente a la negociación dio lugar a su vinculación al proceso penal, pues su obrar generó que se iniciara investigación en su contra y que se decretara la medid a de aseguramiento, en tanto su captura ocurrió en flagrancia al hallarse en posesión del vehículo que figuraba como hurtad o, sin que para ese momento demostrara documento de compraventa o tarjeta de propiedad.

Respecto de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, adujo

flagrancia al hallarse en posesión del vehículo que figuraba como hurtad o, sin que para ese momento demostrara documento de compraventa o tarjeta de propiedad.

Respecto de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, adujo que su imposición estuvo precedida de todas las exigencias formales, procesales, y sustanciales requeridas por la ley penal para ello, sumado a que las actuaciones procesales y probatorias se ejecutaron con ajuste a la ley, con el lleno de los requisitos para ese propósito, por lo que fue razonable, proporcional y necesaria.

Reiteró que el demandante realizó acciones concretas , y las circunstancias que rodearon su captura, daban un alto grado de probabilidad de su compromiso penal, que generaron su vinculación al proceso penal y la privación de su libertad. De este modo, la sentencia de primera instancia consideró que el demandante tuvo un comportamiento altamente reprochable que hace que el daño, le sea atribuible porque quebrantó deberes de comportamiento y legales que estaba obligado a observar, con mayor razón atendiendo a su experiencia como comerciante y a que de forma previa había adquirido otros vehículos.

En síntesis, expuso que las actuaciones de las entidades demandadas se ajustaron en derecho porque respetaron todas las etapas procesales dispuestas por la norma penal vigente, además que fueron precedidas del análisis fáctico y jurídico requerido. La decisión de imponer la medida de aseguramiento no fue arbitraria ni caprichosa, sino acorde al procedimiento del caso para su imposición . Aun existiendo decisión absolutoria por duda acerca de su conocimiento frente al origen

requerido. La decisión de imponer la medida de aseguramiento no fue arbitraria ni caprichosa, sino acorde al procedimiento del caso para su imposición . Aun existiendo decisión absolutoria por duda acerca de su conocimiento frente al origen ilícito de la camioneta, la actuación de los jueces penales se ciñó a la Constitución ySentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-006-2019-00139-01

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la ley, y fue el actuar del demandante el que dio lugar a ser investigado y privado de la libertad; en este orden de ideas, la responsabilidad por el daño no es atribuible a la parte demandada, porque el demandante ocasionó que se impusiera la medida de aseguramiento que lo privó de la libertad (Archivo pdf 021Sentencia20211026, del expediente digital).

Recurso de apelación – Parte demandante La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida el 26 de octubre de 2021 por el Juzgado S exto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué para que se revoque, y en su lugar se acceda a las pre tensiones de la demanda.

Expuso que las circunstancias en que se dio la captura del demandante , no pueden ser causal para ordenar la captura, porque no se podría suponer que había adquirido el vehículo de manera ilícita, encubriendo su hurto . Por el contrario, lo que logró acreditarse con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recolectada

ser causal para ordenar la captura, porque no se podría suponer que había adquirido el vehículo de manera ilícita, encubriendo su hurto . Por el contrario, lo que logró acreditarse con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recolectada es que había comprado la camioneta presumiendo de buena fe su origen, sin que existiera la posibilidad de que pudiese distinguir la procedencia ilícita del bien, mostrándose desde su captura colaborador con las autoridades. La privación injusta del demandante se dio por la falencia probatoria por parte de la Fiscalía General de la Nación, tal y como lo explicitaron los jueces penales en sus providencias.

En este sentido, la actuación de la Fiscalía General de la Nación fue negligente al momento de solicitar la medida de aseguramiento de detención intramural, porque no presentó ante e l juez de conocimiento el más mínimo respaldo probatorio que acreditara una medida de aseguramiento de tal magnitud, y que el afectado no estaba en la obligación jurídica de soportar. La medida de aseguramiento no cumplió con el requisito de proporcionalidad, pues estuvo detenido por un lapso de 16 meses , sin que obre en el proceso prueba que justifique toso ese tiempo de privación de la libertad.

Adujo que la medida de aseguramiento impuesta no cumplió con los requisitos establecidos en la ley para su imposición, y fue injusta y desproporcionada , pues la fiscalía no tenía pruebas para endilgar responsabilidad penal al demandante. A la fiscalía le asiste un deber mínimo de corroborar la información aportada por los organismos de inteligencia , y cotejarlos con otros medios de prueba previo a restringir la libertad de los particulares, de lo contario la privación se torna injusta y

fiscalía le asiste un deber mínimo de corroborar la información aportada por los organismos de inteligencia , y cotejarlos con otros medios de prueba previo a restringir la libertad de los particulares, de lo contario la privación se torna injusta y procede la reparación. Para la imposición de una medida de aseguramiento debe respetarse la prevalencia del derecho fundamental a la libertad, y tener en cuenta que la procedencia de tales medidas es de carácter excepcional (Archivo pdf 025RecursoApelacionParteDemandante20211109, del expediente digital).

Trámite de segunda instancia Mediante auto de 7 de febrero de 2022 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, el cual se tramitó según lo previsto en el artículo 247, numeral 5, de la ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 (Archivo pdf 2_AUTOADMITERECURSOAPELACIÓN, del expediente digital).

Pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación frente al recurso de apelación La entidad se pronunció respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, argumentando que de lo probado en este proceso, no se acredita una privación injusta de la libertad porque la actuación de la entidad se sujetó a losSentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-006-2019-00139-01

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requisitos establecidos en la Constitución Política y en el Código de Procedimiento

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requisitos establecidos en la Constitución Política y en el Código de Procedimiento Penal - Ley 906 de 2004. Aseguró que la investigación adelantada en contra del demandante es una carga publica que estaba obligado a soportar, pues era un deber de la fiscalía adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación conforme se lo impone el artículo 250 de la Constitución Política.

Mencionó que no hubo una falla o falta en la prestación del servicio por parte de la entidad, teniendo en cuenta que para imputar responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación deben presentarse las circunstancias previstas en el artículo 90 de la Constitución, esto es, una acción u omisión donde participe activamente uno de sus agentes; un daño como consecuencia de lo anterior, y un nexo causal entre el hecho, la omisión y el daño , nexo que no se configuró en el presente caso e impide que prosperen las pretensiones de la demanda.

Finalmente, alegó la existencia de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación, porque desde la perspectiva de la Ley 906 de 2004 las decisiones que involucran afectación de derecho fundamentales corresponden a entidades distintas a la Fiscalía General de la Nación ; luego, no existe una relación de causalidad entre los perjuicios que aduce el demandante y las actuaciones de la entidad, por lo que solicitó se confirme l a sentencia de primera instancia, negando las pretensiones (Archivo pdf 006_Fiscalía General Solicita Confirmar Sentencia Recurrida, del expediente digital).

Alegatos de conclusión a. Parte demandante

las pretensiones (Archivo pdf 006_Fiscalía General Solicita Confirmar Sentencia Recurrida, del expediente digital).

Alegatos de conclusión a. Parte demandante No presentó alegatos de conclusión.

b. Parte demandada – Nación – Rama Judicial No presentó alegatos de conclusión.

c. Ministerio Público No presentó concepto.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Competencia El artículo 153 de la Ley 1437 de 2011 establece que los tribunales administrativos conocen en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos; según el artículo 125 Ib., en concordancia con el artículo 243 Ib., la decisión que resuelva el recurso de apelación respecto de la sentencia de primera instancia debe ser adoptada por la Sala de

Decisión.

El medio de control de Reparación Directa instaurado (artículo 140 del C. de P.A. y de lo C.A. ) es el procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Fiscalía General de la Nación, como consecuencia de la presunta privación injusta de la libertad de la que fue objeto Jacob Cardoso Sánchez entre el 28 de noviembre de 2014 y el 31 de marzo de 2016.

En consecuencia, la Sala de Decisión profiere sentencia de segunda instancia, teniendo en cuenta,

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Corresponde a la Sala de Decisión determinar si , de acuerdo con lo probado, la medida de aseguramiento proferida contra el señor Jacob Cardoso Sánchez fue apropiada, razonable y proporcionada, como primer paso para determinar si la privación de la libertad fue o no en injusta, según lo actuado por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Fiscalía General de la Nación, como demandadas.

Hechos probados - Estipulaciones probatorias1 Como circunstancias fácticas, esta Sala se atendrá a la información contenida documentalmente en el expediente, la cual no fue tachada de falsa por las partes contra las que se adujo y porque, precisa y excluyentemente, a. nada se contraprobó en la oportunidad para cuestionar los hechos y fundamentos de la contestación de la demanda y la proposición de sus excepciones 2 “…una de las oportunidades probatorias en primera instancia se presenta cuando se descorre el traslado de las excepciones propuestas, lo cual tiene su razón de ser en el derecho de defensa y debido proceso. No obstante, tal y como lo ha sostenido esta Corporación 3, esa solicitud de pruebas debe aludir, restrictivamente, a la demostración de los hechos relacionados con las excepciones; por tanto, el solicitante no puede pretender acreditar hechos que no se relacionen con ellas, para

restrictivamente, a la demostración de los hechos relacionados con las excepciones; por tanto, el solicitante no puede pretender acreditar hechos que no se relacionen con ellas, para enervarlos total o parcialmente. En consecuencia, no puede pretender mejorar la prueba de

1 Las estipulaciones o postulaciones probatorias se identifican con la conducta que los abogados litigantes asumen, expresa o tácitamente ante el juez que preside el juicio, con el propósito de que este funcionario estime acreditados ciertos hechos y sus ci rcunstancias; son instituciones inherentes al moderno model