TA TOL - Sentencia 73001-33-33-006-2019-00187-01 (22-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAGISTRADO PONENTE: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN: 73001-33-33-006-2019-00187-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: JOSÉ OLIVER CÉSPEDES SERRANO – OTROS

APODERADO: ALEXANDER RAMÍREZ OSPINA

DEMANDADO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE

APODERADO: MARY YADIRA GARZÓN REY

DEMANDADO: HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. DE EL ESPINAL

APODERADO: ANDRES FELIPE ÁVILA PEÑA

Llamado en garantía: ALLIANZ SEGUROS S.A

APODERADO: RICARDO VÉLEZ OCHOA

Llamado en garantía: PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Apoderado: MARGARITA SAAVEDRA MAC AUSLAND

TEMA: FALLA MÉDICA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del 23 de enero de 2023, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

1. ANTECEDENTES

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de reparación directa, mediante apoderado, promovió demanda en contra de las entidades demandadas, con el fin de que se declaren administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales, morales y daño a la vida en relación derivados de la falla del servicio médico

apoderado, promovió demanda en contra de las entidades demandadas, con el fin de que se declaren administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales, morales y daño a la vida en relación derivados de la falla del servicio médico en la atención prestada al señor José Oliver Céspedes Serrano, que generó como consecuencia la amputación de su miembro inferior izquierdo.

Que se ordene a las demandadas reconocer los perjuicios materiales, morales y daño a la vida en relación a favor de los demandantes.

Que se ordene a las demandadas ajustar las sumas de dinero reconocidas de acuerdo a lo establecido en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.

2. HECHOS

Los que tienen relevancia jurídica son los siguientes:

2.1 El 11 de febrero de 2017, el José Oliver Céspedes Serrano sufrió accidente derivado de choque de vehículo automóvil con un riel, resultando con múltiples lesiones y traumas, por lo que ingresó a urgencia del Hospital San Rafael del Espinal E.S.E. con el diagnóstico de fracturas múltiples regionales de mie mbro inferior, derivada de accidente como ayudante en construcción, en el cual una viga metálica presiona sobre el fémur izquierdo con posterior dolor intenso, deformidad y sangrado. En la valoración médica seRadicación: 73001-33-33-006-2019-00187-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: José Oliver Céspedes Serrano –otros

Demandado: Hospital Federico Lleras Acosta Página 2 de 23

indicó que se trataba de un paciente con múltiples lesiones por aplastamiento en fémur y

Demandante: José Oliver Céspedes Serrano –otros

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indicó que se trataba de un paciente con múltiples lesiones por aplastamiento en fémur y rodilla izquierda con sangrado profuso, difícil valoración por viabilidad vascular distal clínica con evidentes deformidades y limitación de movimientos.

2.2 El 11 de febrero de 2017, se realiza valoración interconsulta ortopedia – Dr. Hernando Briceño, quien ordena lavado y curetaje, desbridamiento de tejidos profundos en muslo izquierdo y fijación externa con tutor de fémur, solicita autorización y se traslada a salas de cirugías. Ese mismo día es valorado por cirugía general y se indicó valoración fractura abierta y en choque hipovolémico ; por lo que se realizó cirugía por ortopedia, con aplicación de tutores externos en tibia, decorticación o curetaje óseo, lavado y desbridamiento de fractura abierta de f émur, reducción abierta de fémur ; además de exploración de arterias de miembros inferiores, exploración de venas de miembros inferiores, fasciotomía en muslo por una o más incisiones, con tipo de anestesia raquídea, luego del procedimiento quirúrgico orden a el Dr. Ariza, cirugía general, eco doppler dúplex arterial y venoso de femoral superficial y vena poplítea.

2.3 Que luego de los procedimientos quirúrgicos, se ordena traslado a UCI intermedios, transfusión de 2 unidades de sangre, permanece desde el dí a 11 de febrero de 2017

2.3 Que luego de los procedimientos quirúrgicos, se ordena traslado a UCI intermedios, transfusión de 2 unidades de sangre, permanece desde el dí a 11 de febrero de 2017 hasta el día 13 de febrero de 2017 en Hospital San Rafael de El Espinal, derivado del trauma severo de miembro inferior izquierdo con sospecha de lesión vascular, requiere monitorización cardiovascular, hemodinámica, respiratoria, e lectrocardiográfica, neurológica y metabólica continua, paciente con alto riesgo de complicación hemodinámica, cardiovascular, respiratorias, falla ventilatoria, arritmia maligna, infarto coronario, infarto agudo de miocardio, choque multifactorial, muerte súbita, además de su lesión vascular asociada, anemia aguda post - hemorrágica, con indicación de nuevos tiempos quirúrgicos y poder definir extensión de lesión vascular.

2.4 El 13 de febrero de 2017, a las 18:24, ingresó al Hospital Federico Lleras Acosta, con diagnósticos de lesión por aplastamiento de pierna izquierda, con fractura expuesta de tercio distal de fémur, siendo hospitalizado con tratamiento antibiótico trinconjugado, con manejo integral.

2.5 El día 15 de febrero de 2017, fue valorado por cirugía vascular y angiología, atención inoportuna de la cual deriva la posterior amputación de miembro inferior, pues, desde que sufrió el accidente pasaron 39 horas para ser valorado por esta especialidad, lo cual pudo generar la posterior amputación.

2.6 El día 22, en valoración por ortopedia, el Dr. Zamir Segura manifiesta que hay una

sufrió el accidente pasaron 39 horas para ser valorado por esta especialidad, lo cual pudo generar la posterior amputación.

2.6 El día 22, en valoración por ortopedia, el Dr. Zamir Segura manifiesta que hay una evolución irregular con extremidad que tiene necrosis y continúan a espera de evolución favorable para segundo tiempo quirúrgico. Y solo hasta el 23 de febrero de 2017, e l cirujano vascular indica que hay mionecrosis segmentaria izquierda y viabilidad dudosa de miembro inferior, por lo tanto, debe continuar en UCI y no realizar procedimiento quirúrgico por ortopedia , sin que al día siguiente se efectuara valoración por esa especialidad lo cual generó un daño mayor.

2.7 El día 25 de febrero de 2017, se realizó a cirugía donde se realizó amputación de miembro inferior izquierdo, dándole la salida el 4 de marzo de 2017.

2.8 Que desde el día 4 de marzo de 2017 y hasta la fech a, se ha debido realizar tratamiento por psiquiatría por el trastorno mental y del comportamiento asociado a causa orgánica, pérdida del miembro inferior, manejo por clínica del dolor por dolor crónico.

2.9 Que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima, determinó una pérdida de capacidad laboral con fecha de estructuración del día 11 de febrero de 2017, en un 64.39%.Radicación: 73001-33-33-006-2019-00187-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: José Oliver Céspedes Serrano –otros

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3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Acción: Reparación Directa

Demandante: José Oliver Céspedes Serrano –otros

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3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1 HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentos de hecho y de derecho.

Que el procedimiento médico se ajustó al deber de protección de la vida del actor al dársele el tratamiento idóneo de acuerdo a la sintomatología y signos del paciente, y que la amputación supracondílea del miembro izquierdo fue consecuencia del aplastamiento que sufrió, traumatismo el cual no fue atendido dentro de los tiempos determinados en la literatura médica, ya que el procedimiento vascular se debe realizar dentro de las 8 horas siguientes al mismo.

Reitera que los servicios se prestaron con oportunidad, calidad y eficiencia, pero que el lapso transcurrido lastimosamente influyó, por lo que al momento de explicar el procedimiento a realizar, y las complicaciones que se podían presentar para q ue el paciente firmara el consentimiento informado, el cirujano vascular le hizo saber la posibilidad de fracaso quirúrgico dado el tiempo prolongado de evolución de la lesión.

Propuso la excepción de: Ausencia de nexo de causalidad, Ausencia de culpa profesional y la genérica.

3.2 HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. DE EL ESPINAL

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda.

Que según reposa en la historia clínica, durante el ingreso del paciente al servicio de urgencias del Hospital San Rafael de El Espinal fue atendido y se le prestaron los

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda.

Que según reposa en la historia clínica, durante el ingreso del paciente al servicio de urgencias del Hospital San Rafael de El Espinal fue atendido y se le prestaron los servicios médicos que requería de acuerdo a su motivo de consulta, se la realizaron exámenes de laboratorio, se ordenaron radiografías por diagnóstico y se le efectuaron los procedimientos pertinentes (cirugía -ortopedia), de acuerdo a su competencia; y que una vez se tuvo conocimiento que el paciente requería atención por la especialidad de cirugía vascular, se ordenó de forma inmediata su remisión a un hospital de III nivel, toda vez que el Hospital San Rafael no cuenta con dicha especialidad.

Que cumplió con los protocolos médicos requeridos por el paciente.

3.3 LLAMADA EN GARANTÍA COMPAÑÍ A DE SEGUROS ALLIANZ SEGUROS S.A.

(HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA).

Sostuvo que se opone a todas las pretensiones de la demanda, por cuanto se evidencia que el paciente llegó al Hospital Federico Lleras Acosta en regulares condiciones generales, y se le dio inmediato tratamiento con antibiótico triconjugado, segundo tiempo quirúrgico según estabilización dada por CX vascular en donde le hicieron reconstrucción de la arteria poplítea izquierda y que desafortunadamente el paciente no respondió favorablemente al tratamiento, dada la complejidad de las lesiones, por lo que el pie izquierdo se le necrosó y como consecuencia hubo que amputárselo; por tanto, no existe omisión o negligencia alguna en la atención brindada por el llamante en garantía.Radicación: 73001-33-33-006-2019-00187-01

Acción: Reparación Directa

omisión o negligencia alguna en la atención brindada por el llamante en garantía.Radicación: 73001-33-33-006-2019-00187-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: José Oliver Céspedes Serrano –otros

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Que la póliza de responsabilidad civil profesional Clínicas y Hospitales No. 022198072, cuyo tomador - asegurado es el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. tampoco se encontraba vigente para la fecha de la audiencia prejudicial. En cambio asevera que la póliza RC Profesional Clínicas Y Hospitales No. 022381458/0, expedida por Allianz Seguros S.A el día 21 de diciembre de 2018, siendo tomador el Hospital Federico Lleras Acosta sí sería procedente para la vigencia desde las 00:00 horas del 11/12/2018 hasta las 24:00 horas del 10/12/2019 cuyo ámbito temporal contratado en la citada póliza es la modalidad Claims Made, por lo que en el evento de una condena contra el asegurado únicamente responderá hasta el límite máximo del valor asegurado por evento y previa deducción del correspondiente deducible pactado.

3.4 . LLAMADA EN GARANTÍA LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

(HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. DE EL ESPINAL)

Indicó que se opone a las pretensiones.

Que el Hospital San Rafael de El Espinal no incurrió en una f alla en la prestación del servicio médico, toda vez que para comprometer la responsabilidad por medio de dicho título de imputación, debe demostrarse la existencia del daño ocasionado por el hecho

Que el Hospital San Rafael de El Espinal no incurrió en una f alla en la prestación del servicio médico, toda vez que para comprometer la responsabilidad por medio de dicho título de imputación, debe demostrarse la existencia del daño ocasionado por el hecho de no prestarse la atención médica con los estándares de calidad exigidos por la lex artis, circunstancia que bajo ningún aspecto se presentó por parte de la entidad hospitalaria mencionada, pues, prestó el servicio médico conforme a la lex artis.

Que de conformidad con las condiciones generales de la Póliza 1001 936 tomada por el Hospital San Rafael de El Espinal, con la Previsora Compañía de Seguros S.A., se expidió bajo la modalidad de delimitación temporal de cobertura denominado por reclamación, con arreglo a lo consignado en el primer inciso del artículo 4º d e la ley 389 de 1997 (Claims Made).

4. SENTENCIA IMPUGNADA

El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, el día 2 3 de enero de 2023, negó las pretensiones, tras considerar que no se demostró que por causa de falencias en la atención médica brindada por las entidades hospitalarias accionadas se hubiese generado el daño acaecido, siendo que la mencionada atención estuvo enmarcada dentro de los parámetros previstos en la lex artis, sin que se haya establecido la ocurrencia de una falla en el servicio médico prestado.

5. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante en su apelación indicó que se observan elementos probatorios que desvirtúan la postura judicial, y por el contrario, se encuentran elementos probatorios que

5. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante en su apelación indicó que se observan elementos probatorios que desvirtúan la postura judicial, y por el contrario, se encuentran elementos probatorios que respaldan la presencia de una falla del servicio, pues al cotejar la historia clínica, en armonía con el peritazgo de la U niversidad CES, permiten concluir que el evento causante de la amputación de la extremidad del señor CÉSPEDES CERRANO, fue un daño vascular de miembro inferior izquierdo, en concreto, la amputación traumática de la arteria poplitea izquierda, con la cual llegó al servicio de salud, pero no fue diagnosticadaRadicación: 73001-33-33-006-2019-00187-01

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Demandante: José Oliver Céspedes Serrano –otros

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en las primeras horas del evento, lo cual le hubiese permitido la oportunidad de salvar la extremidad.

Que a pesar de que el hospital del Espinal (San Rafaél) contaba con los medios logísticos y tecnológicos necesarios para hacer un diagnóstico oportuno, y, en especial, a que se realizó una exploración quirúrgica arteria del miembro inferior, por parte de cirujano general, en las primeras 6 horas del evento, acto en el cual, el médico no diagnosticó la amputación de la arteria poplitea, y en su lugar aseveró, de manera errónea:

Que el cirujano, con su diagnóstico errado, condenó al paciente José Oliver a la pérdida en la extremidad, pues entre otros aspectos, es el único miembro del equipo de salud que

Que el cirujano, con su diagnóstico errado, condenó al paciente José Oliver a la pérdida en la extremidad, pues entre otros aspectos, es el único miembro del equipo de salud que encuentra pulsos adecuados, cuando en toda la historia clínica siempre se mencionó ausencia de pulsos distales en la extremidad.

Que se acreditó que hubo amputación de la arteria poplitea, y que el cirujano en la exploración quirúrgica no la diagnosticó, lo cual fue la causa última de la perdida de la extremidad, pues indujo a los demás tratantes a que se concentraran en otros aspectos derivados del trauma, pasando por alto la atención arterial requerida, perdiendo tiempo alioso y necesario para una intervención oportuna, que le permitiera al paciente salvar su miembro inferior.

Que el a -quo le otorga todo el peso probatorio al dictamen de medicina legal, sin embargo, este informe no tiene en cuenta que hubo un diagnóstico errado en el procedimiento quirúrgico realizado, tal como se ha descrito anteriormente, pues el perito concluye que se actuó de manera correcta al remitir al paciente a un nivel superior, pero no menciona que dicha remisión fue tardía por el error diagnostico presentado anotado, pues adicionalmente el despacho inobserva que que dicho informe pericial indica que

Que omitió el peritaje de la dra. EUGENIA LOPEZ SALAZAR medica cirujana vascular (ver los primeros tres folios), que concluye que la atención en el hospital del Espinal fue inoportuna y tuvo un diagnóstico tardío. el paciente es remitido para manejo por cirugía vascular 48 horas luego del trauma, cuando la extremidad tenía ya muy mal pronóstico, lo que permite colegir que faltó oportunidad de identificación temprana de la lesión

inoportuna y tuvo un diagnóstico tardío. el paciente es remitido para manejo por cirugía vascular 48 horas luego del trauma, cuando la extremidad tenía ya muy mal pronóstico, lo que permite colegir que faltó oportunidad de identificación temprana de la lesión arterial, pues enfática es la conclusión que indica:

Que si se hubiera diagnosticado en su debida oportunidad la lesión arterial que padecía el señor CESPEDES CERRANO, muy seguramente, se habrían tomado otras decisiones clínicas que habrían permitido salvar su miembro inferior izquierdo.

Que aunque la atención fue prestada, la misma no fue pertinente ni integral, de allí la falla para determinar el diagnóstico oportuno que requieria el paciente, por lo que se omite la obligación que le impone la lex artis al médico, pues en el presente caso no solo era posible, sino su deber, establecer, al ingreso al servicio médico, que el paciente sufrió AMPUTACIÓN DE LA ARTERIA POPLITEA IZQUIERDA, lo que no ocurrió; por lo que las fallas en la fijación del diagnóstico pro dujo una inadecuada atención médica que desencadenó en la perdida anatómica del miembro inferior izquierdo del paciente, lo que no lleva a concluir que la amputación no fue originada en la severidad del trauma sufrido sino en la deficiente atención prestada por la entidad, por lo que el fallo incurre en defecto fáctico negativo, al no valorar integralmente el dictamen pericial de la Universidad CES, y, a diferencia de lo apreciado por el a-quo, en el presente caso si existió daño antijurídico.

Que frente a la atención médica, cuando se acude ante una institución que cuenta con

y, a diferencia de lo apreciado por el a-quo, en el presente caso si existió daño antijurídico.

Que frente a la atención médica, cuando se acude ante una institución que cuenta con los recursos humanos, logísticos, técnicos, tecnológicos, debidamente habilitada y acreditada por la autoridad estatal, lo que se espera no es que simplemente sea cumplida, sino que además, sea efectiva, claro está, dentro del marco de su competencia. De allíRadicación: 73001-33-33-006-2019-00187-01

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que para ser efectiva, aparece una primera actuación, la cual es desarrollada por un profesional de la medicina, que se preparó para ello, que se dedica a ello, que tiene el deber de seguir la metodología técnica para ello, que cuenta con el respaldo de un grupo de institucional para ello y que cuenta con los recursos técnicos y tecnológicos para ello, como lo es el diagnostico acertado.

Que debido a la falta de oportunidad y las fallas en la fijación del diagnóstico, se produjo la inadecuada atención médica que a la postre incidió en la p érdida anatómica del miembro inferior izquierdo del paciente. Ello, pues si bien es cierto presentaba un estado complejo, con los elementos de prueba se logró evidenciar el inadecuado manejo clínico por parte de la entidad hospitalaria cuando el Cirujano General incurrió en errores inexcusables, en especial, indicar que no había compromiso del sistema arterial ni venoso, cuando sí lo había, por lo que la atención médica se concentró en la fractura pero

por parte de la entidad hospitalaria cuando el Cirujano General incurrió en errores inexcusables, en especial, indicar que no había compromiso del sistema arterial ni venoso, cuando sí lo había, por lo que la atención médica se concentró en la fractura pero se desatendió el compromiso vascular que presentaba el paciente, perdiéndose la oportunidad de actuar dentro del denominado “tiempo crítico” con relación a la lesión vascular como la que aquejaba el paciente.

Que de la prueba se colige que el tiempo de isquemia fue muy prolongado, 48 horas, esto es, desde el momento del trauma hasta el momento en el que se interviene al paciente, para lo cual, en el presente caso, no puede contarse la intervención de la cirugía recibida en el Hospital San Rafael, puesto porque esa cirugía no identificó la lesión arterial, en esa cirugía no se le realizo ninguna revascularización, “eso suma tiempo de isquemia”, lo que significa que en lugar de haberse intervenido la les ión que lo llevaría a la pérdida de la extremidad, las actuaciones médicas se orientaron hacia otro aspecto que finalmente representaban menos riesgo para el paciente, perdiéndose tiempo valioso, para realizar la intervención que realmente requería el paciente para salvar su pierna.

Que se acreditó que en la atención médica prestada, no se cumplió en debida forma la lex artis, como quiera que no se prestó un servicio pertinente e integral a través del cual se haya podido establecer el diagnóstico real del paciente, especialmente, que se encontraba con un trauma vascular.

Por lo anterior, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda.

6. TRÁMITE PROCESAL

El proceso fue radicado en esta Corporación el 7 de marzo de 2023 . Mediante auto del

pretensiones de la demanda.

6. TRÁMITE PROCESAL

El proceso fue radicado en esta Corporación el 7 de marzo de 2023 . Mediante auto del día 30 de marzo del mismo año, se admitió el recurso de apelación.

El trámite del recurso de apelación se surtió, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

7. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

7.1. COMPETENCIA

Es competente el Trib unal Administrativo del Tolima para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 y siguientes de la Ley 270 de 1996 y por los artículos 153 y 243 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el art. 328 del CGP.Radicación: 73001-33-33-006-2019-00187-01

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7.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde determinar, si

1. Se encuentra acreditado el daño antijurídico alegado por la parte demandante con ocasión a la amputación transfemoral derecha sufrida por Oscar Andrés Bolaños Bolaños, como consecuencia de alguna falla médica de la demandada.

1. En caso afirmativo, se acredito alguna acción u omisión de la demandada que constituya falla médica y que diera lugar al daño alegado; o por el contrario, no se acreditó tal circunstancia.

demandada.

1. En caso afirmativo, se acredito alguna acción u omisión de la demandada que constituya falla médica y que diera lugar al daño alegado; o por el contrario, no se acreditó tal circunstancia.

7.3. TESIS DE LA SALA

La sala confirmará la sentencia apelada, en el sentido negar las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que tal y como lo ha señalado el Consejo de Estado para declarar la responsabilidad del Estado por fallas en la prestación del servicio de salud, el régimen general aplicable es el de falla probada, en el que se requiere la acreditación de todos los elementos que la estructuran, esto es, el daño y su imputación por razón de la actividad médica. En este asunto por tratarse de un régimen de falla probada, es decir, que la parte actora logre acreditar todos los elementos que la estructuran, esto es, el daño y su imputación por razón de la actividad médica , pues, esa es su carga procesal, demostrar las imputaciones en las que basó sus pretensiones, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política; sin que en este caso lo haya hecho.

Por lo anterior, se debe concluir que no puede atribuirse responsabilidad a la demandada, ya que se probó de manera fehaciente que la prestación del servicio médico por parte de esta fue oportuna y adecuada conforme al cuadro clínico que presentó el actor.

7.4 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A partir de la Constitución Política de 1991, las entidades públicas deben responder patrimonialmente por los daños antijurídic os que causen por acción u omisión siempre que les sean imputables 1, y no es que anteriormente no respondieran, es sólo que con

A partir de la Constitución Política de 1991, las entidades públicas deben responder patrimonialmente por los daños antijurídic os que causen por acción u omisión siempre que les sean imputables 1, y no es que anteriormente no respondieran, es sólo que con su vigencia, ella dispuso en un articulado ese sentido.

Nuestro órgano de cierre2 aduce que “Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1

1 La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnizac ión”. Corte Constitucional, Sentencia C -333 de 1996. Postura que fue seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos

seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, sentencia C-892 de 2001. 2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Olga Mélida Valle De La Hoz, en sentencia del 30 de enero de 2013, radicación No.: 25000-23-26-000-2001-01156-01(25573).Radicación: 73001-33-33-006-2019-00187-01

Acción: Reparación Directa

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superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidari dad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. De igual forma, con ponencia de Jaime Orlando Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31000-1994-08654-01(19976), expresó:

“Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión. Dicha imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar: i) la atribución conforme a un deber

administración pública tanto por la acción, como por la omisión. Dicha imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar: i) la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolida dos en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional), y; adicionalmente a lo anterior, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.

(…)

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el c ual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”.

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las deci siones”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico -jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicació n, es la de rechazar la simple

“atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico -jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicació n, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”.