TA TOL - Sentencia 73001-33-33-006-2021-00093-01 (15-05-2025)

2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-006-2021-00093-01

Demandante: Celmira Bonilla de Aya Contra: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

RADICACIÓN NÚMERO: 73001-33-33-006-2021-00093-01

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Celmira Bonilla de Aya

APODERADO: Rubén Darío Giraldo Montoya

DEMANDADO: Nación – Ministerio de Educación Nacional –

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio - Fomag APODERADO: Cristian Andrés Pineda Pamplona REFERENCIA: Apelación sentencia - Sanción moratoria docente de cesantías, Ley 962 de 2005Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 21 de octubre de 2021, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, dentro del proceso promovido por Celmira Bonilla de Aya, en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag.

ANTECEDENTES.

La demanda La demandante por conducto de apoderado judicial instauró medio de control de

en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag.

ANTECEDENTES.

La demanda La demandante por conducto de apoderado judicial instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag, a fin de que se despachen las siguientes: - Declaraciones y condenas (fls. 5 a 7 del documento 03DemandaAnexos, expediente Samai) como pretensiones solicitó: Declarar la existencia y posterior nulidad del acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo respecto a la petición radicada el 5 de noviembre de 2020, bajo el número IBA2020ER020482, en la que se solicitó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

Como consecuencia de lo anterior, se le reconozca y pague la sanción por mora establecida en la s citadas Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, a razón de un día de salario por cada día de retardo , a partir del día siguiente a la fecha en que se vencieron los setenta días hábiles de radicada la solicitud de reconocimiento de las cesantías de la docente -10 de abril de 2019-.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-006-2021-00093-01

Demandante: Celmira Bonilla de Aya

cesantías de la docente -10 de abril de 2019-.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-006-2021-00093-01

Demandante: Celmira Bonilla de Aya Contra: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag

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Que las sumas adeudadas seas ajustadas conforme a lo establecido en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 , q ue se dé cumplimiento a la sentencia en los términos señalados en los artículos 192 y 195 ibidem y q ue se condene en costas a la demandada.

Hechos (fls. 3 a 5 del documento 03DemandaAnexos, expediente Samai). Como circunstancias fácticas destacables, la parte activa de manera sintetizada dispuso:

1. La señora Celmira Bonilla de Aya solicitó el 10 de abril de 2019 el reconocimiento y pago de la cesantía a que tenía derecho como docente en el municipio de Ibagué.

2. Afirmó que mediante la Resolución No. 1700 -00116 del 21 de enero de 2020 se le reconoció la cesantía, la cual se pag ó efectivamente el 19 de febrero de 2020; no obstante que el plazo para ello feneció el 26 de julio de 2019; es decir, transcurrieron 208 días de mora.

3. En petición radicada el 5 de noviembre de 2020 , bajo el número IBA2020ER020482 se solicitó al Fomag el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, requerimiento sobre el cual se configuró un acto ficto o presunto ante el silencio administrativo negativo de la entidad.

IBA2020ER020482 se solicitó al Fomag el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, requerimiento sobre el cual se configuró un acto ficto o presunto ante el silencio administrativo negativo de la entidad.

4. El Fomag, el 15 de enero de 2021 efectuó un pago parcial bajo este concepto por valor de $20.645.275 correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2020 (158 días), actuación que realizó de manera oficiosa y sin resolución.

5. La entidad demandada adeuda un periodo de 50 días, es decir, del 1 de enero de 2020 al 19 de febrero de 2020.

Normas violadas y concepto de la violación (fls. 7 a 10 del documento 03DemandaAnexos, expediente Samai). Adujo como normas quebrantadas los artículos 5, 9 y 15 de la Ley 91 de 1989; 1 y 2 de la Ley 244 de 1995; 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006; el Decreto 2831 de 2005; los artículos 187, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

Como concepto de violación, el apoderado judicial indicó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vulnera las disposiciones normativas que regulan la materia, por cuanto incurrió en mora injustificada al momento de reconocer y cancelar las cesantías reclamadas , dado que excedido el término de setenta días hábiles contados a partir de la fecha en que se radicó la solicitud de reconocimiento -10 de abril de 2019-, situación que configuró la sanción a su cargo.

setenta días hábiles contados a partir de la fecha en que se radicó la solicitud de reconocimiento -10 de abril de 2019-, situación que configuró la sanción a su cargo.

De igual manera, reprochó que la entidad demandada realizó un pago parcial que no cubre la totalidad de la sanción moratoria a la que tiene derecho la docente.

Contestación de la demanda De conformidad con el auto del 30 de abril de 2021 (fls. 3 al 17 del documento 04AutoAdmiteDemanda20210430, expediente Samai) el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, admitió la demanda; surtido el traslado al Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag, término que corrió del 28 de mayo al 13 de julio de 2021 (documentos2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-006-2021-00093-01

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11ConstanciaIniciaTrasladoContestacion, Reforma20210526 y 13VenceTrasladoContestacionDemandaYReforma20210728, expediente Samai ), la entidad demandada contestó.

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag La entidad por intermedio de apoderado judicial se opuso a la prosperidad de las declaraciones y condenas reclamadas por la demandante.

Explicó con lujo de detalles las incidencias normativas de la Ley 91 de 1989, que crea

La entidad por intermedio de apoderado judicial se opuso a la prosperidad de las declaraciones y condenas reclamadas por la demandante.

Explicó con lujo de detalles las incidencias normativas de la Ley 91 de 1989, que crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como un régimen especial que regula lo concerniente a las cesantías del personal docente oficial; por otra parte, las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 que son las normas que regulan el pago de las cesantías y la sanción moratoria por el pago tardío a los servidores públicos a nivel general ; sin embargo s eñaló que, si bien el artículo 5 de la 1071 de 2006 establece un término máximo de 45 días, en el cual la entidad pública pagadora deberá cancelar las cesantías definitivas o parciales del servidor público una vez se cuente con el acto administrativo que ordena su liquidación; en asuntos como el presente, debe aplicarse de manera prevalente y preferencial el Decreto 2831 de 2005, pues esta norma de carácter especial consagra el procedimiento para el reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Explicó también que las secretarías de educación son las que expiden el acto administrativo de reconocimiento prestacional y, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es el que efectúa su pago cuando cuente con la disponibilidad presupuestal proveniente de los recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito, en estricto orden cronológico de aprobación y recepción de las resoluciones; por consiguiente, aseveró que el pago tardío de las cesantías que aduce la demandante se debe al cumplimiento de los trámites administrativos dispuestos

y Crédito, en estricto orden cronológico de aprobación y recepción de las resoluciones; por consiguiente, aseveró que el pago tardío de las cesantías que aduce la demandante se debe al cumplimiento de los trámites administrativos dispuestos para tal fin.

Finalmente propuso como excepciones de mérito: i) legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad, por cuanto fueron emitidos conforme a las normas aplicables al caso de la accionante; ii) improcedencia de la indexación de las condenas, en vista que la entidad pagó la obligación en tiempo oportuno, de acuerdo a los preceptos legales vigentes al momento del reconocimiento de la prestación principal, razón por la cual el pago efectivo extingue cualquier obligación accesoria; iii) litisconsorcio nec esario por pasiva, al considerar que debe vincularse a la Secretaría de Educación de Ibagué por ser esta entidad la que superó los plazos establecidos para resolver en acto administrativo la solicitud elevada por la peticionaria; iv) falta de legitimación por pasiva, debido a que es la Secretaría de Educación de Ibagué la llamada a responder por los pagos correspondientes a la sanción moratoria derivada del pago tardío de las cesantías parciales solicitadas por la docente, a causa de la demora en el cumplim iento de sus deberes legales; v) Compensación, de cualquier suma de dinero que haya sido pagada por la entidad en favor de la demandante y que resulte acreditada; vi) sostenibilidad financiera y vii) genérica.

La sentencia apelada (Documento 22Sentencia20211021, expediente Samai). A través del fallo proferido el 21 de octubre de 2021, el Juzgado Sexto Administrativo

1. genérica.

La sentencia apelada (Documento 22Sentencia20211021, expediente Samai). A través del fallo proferido el 21 de octubre de 2021, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, resolvió, 1. declarar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto resultante del silencio administrativo negativo respecto de la solicitud2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-006-2021-00093-01

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radicada el 5 de noviembre de 2020 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; 2. condenó al Ministerio de Educación Nacional – Fomag, a pagar a la señora Celmira Bonilla de Aya, un día de salario por cada día de retardo en el pago de la cesantía parcial solicitada, contado desde el 26 de julio de 2019 y hasta el 18 de febrero de 2020, es decir, por 208 días que equivale a $27’178.528, 3. suma a la cual se le resta el valor de $20.645.275 correspondiente al pago realizado por la entidad el 15 de enero de 2021, 4. quedando un saldo por pagar de $6.533.253, 5. monto que deberá ajustarse en los términos del artículo 187 del C. de P.A. y de lo C.A. desde el 26 de julio de 2019 y hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia.

Para llegar a la anterior conclusión, como primera medida señaló que en el presente

C.A. desde el 26 de julio de 2019 y hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia.

Para llegar a la anterior conclusión, como primera medida señaló que en el presente asunto no se hacía necesario vincular a la Secretaría de Educación de Ibagué, por cuanto la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías se rige bajo el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y los artículos 3, 4 y 5 del Decreto 2831 del mismo año, toda vez que la docente reclamó el derecho antes del 25 de mayo de 2019, fecha en que cobró vigencia de la Ley 1955 de 2019, norma que estableció que los entes territoriales a los cuales se encuentra afiliado el personal docente están legitimados en la causa, tanto procesal como materialmente, en los casos en que se reclame el pago del auxilio de cesantías.

Aclarado lo anterior, evidenció que el 10 de abril de 2019 la señora Celmira Bonilla de Aya elevó solicitud de reconocimiento de cesantías parciales, de ahí que la demandada únicamente contaba con 15 días hábiles para expedir la resolución de reconocimiento, término que venció el 6 de mayo de 2019 sin pronunciamiento alguno. Advirtió que transcurridos ocho meses de haberse configurado el vencimiento del plazo legal, el Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio mediante Resolución No. 00116 del 21 de enero de 2020 concedió las cesantías parciales reclamadas, no obstante lo cual, su pago se efectuó el 19 de febrero de 2020.

Verificada la demora en que incurrió la entidad demandada al momento de proferir

de 2020 concedió las cesantías parciales reclamadas, no obstante lo cual, su pago se efectuó el 19 de febrero de 2020.

Verificada la demora en que incurrió la entidad demandada al momento de proferir el acto administrativo, indicó que el término para contar el día a partir del cual se generó la indemnización moratoria es de 70 días hábiles, así: 15 días hábiles que tenía la entidad para expedir la resolución (6 de mayo de 2019), más 10 días hábiles que correspondían a la ejecutoria de la resolución (20 de mayo de 2019), más 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución cuando debió efectuarse el pago (25 de julio de 2019).

Bajo ese entendido, afirmó que la entidad demandada desde el 26 de julio de 2019, día siguiente al vencimiento del plazo de ley para pagar la cesantía solicitada, hasta el 18 de febrero de 2020, día anterior al pago efectivo, incumplió la obligación legal que le correspondía ; configurándose así una mora de 208 días de salario, esto es, $27.178.528 (asignación básica del año 2019: $3.919.989. Salario diario 2019: $130.666 x 208 días de salario = $27.178.528).

Como quiera que en la demanda se manifestó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio realizó un pago parcial de la sanción por mora por valor de $20.645.275 y se aportó el respectivo certificado de pago expedido por la Fiduprevisora, la Juez determinó que debía descontarse del valor antes reconocido como adeudado la suma ya cancelada, así las cosas, concluyó que lo debido a la fecha

$20.645.275 y se aportó el respectivo certificado de pago expedido por la Fiduprevisora, la Juez determinó que debía descontarse del valor antes reconocido como adeudado la suma ya cancelada, así las cosas, concluyó que lo debido a la fecha por el Fomag a título de sanción moratoria corresponde a $6.533.253, monto que deberá reajustarse desde el 26 de julio de 2019 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia conforme lo señala el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-006-2021-00093-01

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Finalmente, teniendo en cuenta la fecha de la reclamación administrativa, determinó que no aplicaba el fenómeno de prescripción en el caso concreto.

La apelación (documento 26RecursoApelacionYPoderMENFOMAG20211102, expediente Samai). Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando se revoque la decisión recurrida con base en los siguientes argumentos: Expuso que en el parágrafo primero del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 se establece que, las entidades territoriales serán las responsables de cancelar la sanción por mora en el pago de las cesantías, cuando la extemporaneidad se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación

por mora en el pago de las cesantías, cuando la extemporaneidad se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Asimismo, señaló que el inciso cuarto de la norma en comento preceptúa que, no podrá decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, r esaltó que el parágrafo transitorio de esa Ley advierte que la financiación del pago de las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a diciembre de 2019, estaría a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Recordó que el reconocimiento de las prestaciones sociales económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterios se rige por un procedimiento administrativo especial contenido en las Leyes 91 de 1989, 962 de 2005 y en el Decreto 2831 de 2005, trámite que dispone términos específicos para el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías definitivas e, igualmente conlleva la participación conjunta de diferentes actores, tales como el ente nominador o la entidad territorial, la F iduprevisora S.A. en su calidad de vocera y administradora del fondo. En ese orden de ideas, afirmó que el Fondo tenía la responsabilidad del pago de la sanción mora únicamente de los días causados desde el 27 de julio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.

administradora del fondo. En ese orden de ideas, afirmó que el Fondo tenía la responsabilidad del pago de la sanción mora únicamente de los días causados desde el 27 de julio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.

Lo anterior, teniendo en cuenta que frente a la solicitud de las cesantías realizada por la docente el 10 de abril de 2019, la Secretaría de Educación expidió el acto administrativo de reconocimiento y pago No. 116 del 21 de enero de 2020 (fuera del término) y la orden de pago se envió a la fiduciaria solo hasta el 12 de febrero de

2020. Así las cosas, adujo que ante la transgresión de los términos legales evidenciada, e s la entidad territorial la llamada a responder dentro del presente proceso, y no el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Finalmente, afirmó que la indexación de la condena es incompatible con la sanción por mora; de ahí que lo dispuesto en el artículo 187 del C. de P.A. y de lo C.A. en su inciso final, no es aplicable al caso en concreto.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto de sustanciación del 7 de febrero de 2022 (documento 006_AUTO ADMITE APELACION, expediente Samai) se admitió el recurso de apelación; y se ordenó que una vez esté ejecutoriada la decisión, ingresara el proceso para proferir sentencia.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-006-2021-00093-01

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Alegatos de conclusión. De la parte demandante. Guardó silencio.

De la parte demandada. Guardó silencio.

Ministerio público. No presentó concepto.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL La competencia. Este tribunal es competente para conocer de la presente apelación de conformidad con los artículos 104 -Inc. 1º.-, 153 y 243 de la Ley 1437 de 2011 C . de P. A. y de lo C.A; pues se cuestiona una sentencia proferida por un Juez del Circuito Administrativo de Ibagué en la que es parte una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Considera la Sala que el medio de control de Nulidad y restablecimiento del derecho instaurado (artículo 138 ibidem) es el procedente, toda vez que por esta vía se pretende la declaratoria de nulidad de un acto administrativo ficto o presunto surgido como consecuencia de la omisión de responder su petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por el no pago oportuno de una cesantía, por cuya ilegalidad aboga y a consecuencia de el lo, impreca el restablecimiento de sus derechos conculcados por el proceder de la entidad demandada.

Problema jurídico.

y a consecuencia de el lo, impreca el restablecimiento de sus derechos conculcados por el proceder de la entidad demandada.

Problema jurídico. El quid del asunto de conformidad con la sentencia apelada y el recurso impetrado se centra en determinar i. si en el presente caso la docente demandante le asiste el derecho a que se le reconozca y pague la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, tal como lo determinó la juez de primera instancia, o si por el contrario, como lo aduce el apoderado judicial de la entidad apelante - Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el sub examine se acreditó el pago por concepto de sanción moratoria en sede administrativa; ii. si es procedente la aplicación de la Ley 1955 de 2019, iii. si procede la indexación de las sumas adeudadas en caso de establecerse que la sanción moratoria no ha sido cancelada en su totalidad.

Límites de la apelación. Pasa la Sala, a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del 21 de octubre de 2021 , proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, en tanto solo le está dado al ad quem pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos al fallo, sin que se pueda infiltrar en el estudio de tópicos que no fueron debatidos por el o los recurrentes, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado1:

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero

dicho de manera reiterada el Consejo de Estado1:

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Demandante: Ana Grego ria López Laya y Otra,2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-006-2021-00093-01

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Así las cosas, es claro que la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (esto último, en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jur ídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.

Aunado a lo anterior, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa3 reiteró que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera

indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ant e la segunda instancia. Finalmente, estableció que, como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista congruencia entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so

Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la administración de justicia / Error

Jurisdiccional.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 17001 -2331000-2002-01526-01(37533), Demandante: Luis Alfonso Galle go Morales Y Otro, Demandado: NaciónMinisterio de Defensa - Ejercito Nacional, Asunto: Recurso de apelación – Limites y competencia del juez de segunda instancia.

Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación

número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Demandante: José Euge nio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Asunto: Recurso de apelación – procedencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO; Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Radicación número 25000 -23-27-000-200700024-01 (17272), Demandante: Hospital Universitario Clínica San Rafael, Demandado: Dirección Distrital de Impuestos – Secretaría de Hacienda Distrital, Asunto: Recurso de apelación – Objeto / Sustentación del recurso de apelación – Sirve al ad quem para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de primera instancia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ; Sentencia del 26 de enero de 2011, Radicación número: 25000 -23-26-000-1997-13804 (19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demand ado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, Asunto: Recluso – Muerte en centro penitenciario / Detención preventiva – Presunción de inocencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: HERNANDO

SÁNCHEZ; Sentencia del 7 de diciembre de 2017, Radicación número: 08001 -2331-000-2009-01122-01, Demandante: Seguros del Estado S.A Dirección de Impuest os y Aduanas Nacionales – Dian, Demandado: Seguros del Estado S.A, Asunto: Recurso de apelación – Límites.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; Sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 - 2324-000-2007-90177-01, Demandante: Alexander Méndez Mendoza, Demandado : Concejo de Bogotá D.C., Asunto: Acto que ha perdido fuerza ejecutoria.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN; Sentencia del 16 de agosto de 2022, Radicación número 73001 -23-00000-2008-00587-01 (52803), Demandante: Esperanza Beltrán I báñez, Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué, Referencia: Reparación directa – apelación de sentencia, Asunto: Responsabilidad del Estado / Error Judicial -Carga de sustentación material para que pueda habilitarse la competencia del superior / Teoría general de los recursos.2ª Instancia N/R Radicado 73001-33-33-006-2021-00093-01

Demandante: Celmira Bonilla de Aya Contra: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag

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pena de que no se pueda analizar la alzada”.

Demandante: Celmira Bonilla de Aya Contra: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag

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pena de que no se pueda analizar la alzada”.

Marco Normativo. I. Del término para computar la mora en el pago de las cesantías de los docentes. El Consejo de Estado4 en sentencia de unificación por importancia jurídica, concluyó dada la divergencia en la aplicación del cómputo para establecer la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías , fijó la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivaso lo haga de manera tardía, el término par el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011 6) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Consejera

discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ; Sentencia CE -SUJ-SII-012-2018, SUJ-012-S2 de unificación por importancia jurídica del 18 de julio de 2018, radicación número: 73001-23-33-000-2014-00580-01 (int.: 4961-2015, Demandante: Jorge Luis Ospina Cardona, Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo