TA TOL - Sentencia 73001-33-33-006-2023-00008-01 (22-05-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAG. PONENTE: DR. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS

Ibagué, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN: 73001-33-33-006-2023-00008-01

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN

DEMANDANTE: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

– FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES

DEL MAGISTERIO

DEMANDADO: JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA

TEMA: INEXISTENCIA DOLO Y CULPA GRAVE

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado Judicial de la entidad accionante contra el fallo proferido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, el día 30 de septiembre de 2024, mediante el cual negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FOMAG actuando a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de Control de REPETICIÓN, instaura demanda en contra del Ex Secretario de Educación de l Departamento del Tolima, señor JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA , con el fin que se le acceda a las siguientes:

PRETENSIONES1

“PRIMERA: Que se declare civilmente a JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA, identificado con la C.C. No. 5.886.953, quien fungió como SECRETARIA DE TOLIMA para la fecha de los hechos, de los perjuicios

“PRIMERA: Que se declare civilmente a JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA, identificado con la C.C. No. 5.886.953, quien fungió como SECRETARIA DE TOLIMA para la fecha de los hechos, de los perjuicios ocasionados a LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NAC IONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO FOMAG, quien asumió el pago de la sanción moratoria causada a favor del docente GLORIA NANCY VELASQUEZ DE ORJUELA identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 28.721.725, la cual fue reconocida por sentencia, conciliación o vía administrativa.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se condene al señor JAIRO

ALBERTO CARDONA BONILLA, identificado con la C.C. No. 5.886.953, a

1 Ver Índice No. 00002, Reparto del Proceso, del Expediente Digital de Samai.RADICACIÓN: 73001-33-33-006-2023-00008-01

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN DEMANDANTE: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

DEMANDADO: JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA

2

pagar el valor de la sanción moratoria reconocida y pagada al docente GLORIA NANCY VELASQUEZ DE ORJUELA, del pago de la sanción moratoria. El valor cancelado por sanción moratoria asciende a ($21.115.674).

TERCERA: Que se ordene al demandado, a pagar la suma equivalente a la respectiva indexación y los intereses comerciales o moratorios que

moratoria. El valor cancelado por sanción moratoria asciende a ($21.115.674).

TERCERA: Que se ordene al demandado, a pagar la suma equivalente a la respectiva indexación y los intereses comerciales o moratorios que correspondan, desde la fecha de pago de la sanción moratoria al docente de la (sentencia, conciliación o vía administrativa acto administrativo) hasta la fecha efectiva de pago a la entidad.

CUARTA: Que se condene en costas y agencias en derecho al demandado.”

Las anteriores pretensiones las sustenta en los siguientes:

HECHOS

“PRIMERO: El día 27/11/2018 el docente perteneciente al ente territorial de la SECRETARIA DE TOLIMA realizó solicitud de pago de cesantías.

SEGUNDO: Conforme a lo dispuesto en la Ley 1071 de 2006, el trámite de reconocimiento y pago de las cesantías deben surtirse dentro de los 70 días hábiles siguientes a la solicitud, otorgándose por ley un plazo al ente territorial de 15 días hábiles para el reconocimiento de las mismas a través de acto administrativo reconociendo 10 días hábiles para su ejecutoria y a la FIDUPREVISORA SA 45 días hábiles para el pago; plazo que para la entidad SECRETARIA DE TOLIMA de conformidad con la fecha de la solicitud venció el día 18/12/2018.

TERCERO: Desde el día siguiente al vencimiento de los 15 días otorgados por la Ley a la entidad territorial para el trámite de las cesantías, transcurrieron 180 días o más para la expedición del acto administrativo de las cesantías solicitadas, reconocimiento q ue finalmente se realizó el

por la Ley a la entidad territorial para el trámite de las cesantías, transcurrieron 180 días o más para la expedición del acto administrativo de las cesantías solicitadas, reconocimiento q ue finalmente se realizó el día 18/07/2019 y fue enviado a la FIDUPREVISORA SA el día 11/09/2019.

CUARTO: El incumplimiento de los términos legales para el trámite de las cesantías, generó que GLORIA NANCY VELASQUEZ DE ORJUELA demandara bien ante jueces, por vía administrativa o conciliación, el reconocimiento de esa sanción moratoria, la cual fue pagada el día 06/01/2021 de acuerdo a certificado otorgado por el FOMAG el cual se anexa.

QUINTO: De acuerdo con el manual de funciones, el demandado JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA como secretario (a) de la SECRETARIA DE TOLIMA, incumplió por omisión con sus deberes funcionales y legales, concretamente con aquellas relacionadas con la suscripción de los actos administrativos que reconocen prestaciones sociales a favor de losRADICACIÓN: 73001-33-33-006-2023-00008-01

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN DEMANDANTE: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

DEMANDADO: JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA

3

docentes y de las direcciones adscritas a la entidad territorial entre ellas la administrativa y financiera.

SEXTO: EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN y DEFENSA JUDICIAL del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, en Acuerdo No. 002 del 03 de

docentes y de las direcciones adscritas a la entidad territorial entre ellas la administrativa y financiera.

SEXTO: EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN y DEFENSA JUDICIAL del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, en Acuerdo No. 002 del 03 de diciembre de 2020, expidió los lineamientos para el estudio de procedencia de la acción de repetición de las condenas u otras formas de terminación de conflictos generados por el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías de los docentes afiliado s al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual fue modificado parcialmente por el Acuerdo No. 002 del 08 de julio de 2022 y posteriormente ambos modificados por el acuerdo 003 del 29 de diciembre de 2022.

{SÉPTIMO: El COMITÉ DE CONC ILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, en sesión celebrada en el mes de enero de 2023 conforme a la certificación suscrita por el secretario del comité y adjunta a esta demanda determinó la procedencia de “iniciar acción de repet ición” en contra del agente o exagente estatal JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA, quien en su calidad de secretario (a) de la SECRETARIA DE TOLIMA intervino en el trámite de reconocimiento de las cesantías de GLORIA NANCY VELASQUEZ DE ORJUELA identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 28.721.725.

OCTAVO: La NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO FOMAG, se encuentra dentro del término legal, para ejercer la Acción de

OCTAVO: La NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO FOMAG, se encuentra dentro del término legal, para ejercer la Acción de Repetición en contra del demandado.”

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2

Dentro del término de traslado, se pronunció la parte demandada oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, argumentando que, su actuar fue conforme al procedimiento el proyecto de acto administrativo remitido por el profesional universitario exclusivamente designado para ello, siendo firmado de manera pronta, ya que se radicó el 16 de julio de 2019 y el 18 de julio de 2019 ya había sido suscrito, afirmando, que no se encuentra configurada ninguna de las modalidades exigidas en la Ley 678 de 2001, al no estar probado el dolo ni la culpa grave.

Sostiene que, atendiendo su calidad de Secretario de Educación, no le correspondía controlar los términos par a contestar las solicitudes que se recibían, ni le asistía funcionalmente la proyección del acto administrativo que resolviera las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales, ni remitir el expediente administrativo a la Fiduprevisora, así como tampoco le

2 Ver Índice No. 00019 Demandado Contesta Demanda de la Carpeta Juzgado del Expediente Digital de Samai.RADICACIÓN: 73001-33-33-006-2023-00008-01

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN DEMANDANTE: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

DEMANDADO: JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN DEMANDANTE: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

DEMANDADO: JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA

4

correspondía el visto bueno de la misma , puesto que dicha función la tenía asignada e ra responsabilidad exclusiva del Dr. Ismael Enrique Barrera Castellanos, profesional universitario del Fondo Prestacional.

Aunado a ello, refiere que mediante oficio 2019EE51 del 8 de enero de 2019, se remitió a la Fiduprevisora el proyecto de acto administrativo de varios solicitantes, entre ellos el de la señora Velásquez de Orjuela, por lo que desde esa fecha hasta el 12 de julio de 2019 estuvo en manos de la Fiduprevisora revisar, estudiar y aprobar, sin que dicha responsabilidad como lo es la mora causada, se le puede atribuir al demandado, al no haber sido funciones asignadas para el cargo que ostentaba.

Finalmente, pro puso como excepciones de mérito: “INEXISTENCIA DEL

DAÑO ANTIJURÍDICO PARA DECLARAR LA RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DE JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA”, “AUSENCIA DE

CAUSAL CONCRETA DE CULPA GRAVE”, “DILIGENCIA Y CUIDADO”,

“AUSENCIA DE NEXO CAUSALIDAD INICIAL DE LA TARDANZA DEL

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS CESANTÍAS” y la “EXCEPCIÓN

GENÉRICA”.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante sentencia

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS CESANTÍAS” y la “EXCEPCIÓN

GENÉRICA”.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el día 30 de septiembre de 2024 , NEGÓ las pretensiones de la demanda, para lo cual sostuvo la siguiente tesis:

“(…)

Considera el despacho que deben negarse las pretensiones de la demanda, toda vez que la entidad accionada no cumplió con la carga probatoria establecida en el artículo 167 del CGP, dado que no se acreditó el elemento subjetivo de responsabilidad atinente al incumplimiento a título de dolo o culpa grave de los deberes legales por parte del accionado, ni que ello hubiese sido la causa eficiente que dio origen al pago de la sanción moratoria de la cual hoy se reclama su devolución. (…)”

La anterior tesis la argumento así, el A Quo:

“De la anterior relación se colige claramente que la intervención directa de los secretarios de educación en cuanto al trámite de reconocimiento de las cesantías de los docentes adscritos al ente territorial, se circunscribe a la firma del respectivo acto administrativo. Por otra parte, en este caso tampoco se evidencia que el accionado como jefe de la secretaría de educación hubiese omitido llevar a cabo e l control de la labor de los funcionarios a su cargo, de la cual hubiese derivado el pago de la sanción

3 Ver índice 00069, documento Sentencia de Primera Instancia, del expediente digital Sami.RADICACIÓN: 73001-33-33-006-2023-00008-01

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN

3 Ver índice 00069, documento Sentencia de Primera Instancia, del expediente digital Sami.RADICACIÓN: 73001-33-33-006-2023-00008-01

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN DEMANDANTE: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

DEMANDADO: JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA

5

moratoria conciliada, dado que no existe sustento probatorio alguno en este sentido.

Así las cosas, bajo la perspectiva que arrojan estas declaraciones y a la luz de la responsabilidad subjetiva, resulta indebido endilgar responsabilidad patrimonial al demandado exclusivamente con base en la normatividad general y en el manual de funciones y competencias laborales -tal como pretende la parte actora-, sin tener en consideración las condiciones particulares del caso, las cuales permiten inferir que el accionado tuvo una actuación diligente en relación con la función que le había sido endilgada frente al reconocimiento de la cesantía parcial en mención, sin que se hubiese acreditado retraso alguno atribuible a dicho servidor público, tratándose el trámite de cesantías de una actuación compleja en la que intervienen varias entidades y funcionarios.

En virtud del análisis antes mencionado y como quiera que no se demostró por parte de la entidad accionante que la actuación del ex funcionario hoy demandado, haya sido contraria a la ley a título de culpa grave (o dolo), y que sus tareas u omisiones hayan sido las generadoras del pago de la sanción moratoria por parte de la Nación -Ministerio de Educación de acuerdo a la conciliación celebrada, deben negarse las pretensiones de la demanda.

del pago de la sanción moratoria por parte de la Nación -Ministerio de Educación de acuerdo a la conciliación celebrada, deben negarse las pretensiones de la demanda.

RECAPITULACIÓN

Teniendo en cuenta que no se acreditó el elemento subjetivo de responsabilidad, atinente al incumplimiento de deberes legales por parte del accionado a título de culpa grave, ni que su conducta hubiese sido la causa eficiente o determinante que dio origen al pago de la conciliación celebrada, se negará lo pretendido a través del presente medio de control.

(…)

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en COSTAS en esta instancia a la parte actora, para tal efecto fíjese la suma correspondiente al 4% de lo pedido a favor del demandado.

TERCERO: Para efectos de la notificación de la presente sentencia, se ordena que por Secretaría se realice conforme lo disponen los artículos 203 y 205 del C.P.A.C.A. modificado por la ley 2080 de 2021. (…)”RADICACIÓN: 73001-33-33-006-2023-00008-01

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN DEMANDANTE: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

DEMANDADO: JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA

6

RECURSO DE APELACIÓN4

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado judicial de la entidad demandante interpuso recurso de apelación, solicitando que se revoque la

6

RECURSO DE APELACIÓN4

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado judicial de la entidad demandante interpuso recurso de apelación, solicitando que se revoque la providencia del 30 de septiembre del 2024 y se absuelva de la condena en costas a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO , al no cumplir los criterios establecidos en la norma, ni en la jurisprudencia.

Como sustento del recurso, indicó que , la inconformidad con la decisión proferida radica principalmente en la indebida valoración probatoria y en la errónea interpretación de la norma.

Adicionalmente indica que, el hoy demandado JAIRO CARDONA, como Secretario de Educación de la ETC DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, al Suscribir la Resolución 4163 del 18 de julio de 2019 estructura la presunción legal de la culpa grave, y era su deber, desvirtuarla, pero tal carga probatoria no fue interpuesta por el juez de instancia, asumiendo la misma solo por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, lo que es contrario a derecho y a las actuaciones justas dentro de este trámite, pues el ente ministerial probó en debida forma que en primera medida ostentaba un cargo público, suscribió resolución por la cual a través de proceso judicial se condenó al Estado el reconocimiento de una indemnización que perjudica sus fines propios.

Por otro lado, menciona que el funcionario no desvirtuó acertadamente la presunción legal de culpa grave de su actuación reiterando que la misma puede derivarse de la ley, ayudando a probar la verdad conectando hechos

Por otro lado, menciona que el funcionario no desvirtuó acertadamente la presunción legal de culpa grave de su actuación reiterando que la misma puede derivarse de la ley, ayudando a probar la verdad conectando hechos relacionados, afirmando, que el demandante debe demostrar que el hecho presunto es cierto, mientras que el accionado tiene que probar que no es así para evitar responsabilidad.

Así mismo, recurre la condena en costas solicitando que esta no deba ser aplicada de manera automática o sin un análisis previo detallado de las circunstancias del proceso, aludiendo, que en este caso no es precedente su condena, al no estar demostrado de manera fehaciente que haya existido un uso indebido de los recursos judiciales por parte de la entidad demandante, pues el único fin que persigue este ente ministerial es de acuerdo al estudio previo de la procedencia de la acción la recuperación patrimonial impuesta al Estado por el actuar injustificado de sus servidores.. En este sentido, el principio de no repetición y la protección de los intereses públicos deben prevalecer, evitando que el Estado asuma una carga adicional sin que haya razones objetivas que justifiquen dicha sanción.

4 Ver índice 0007, documento Recibe Memoriales Online, carpeta del tribunal, del expediente digital Samai.RADICACIÓN: 73001-33-33-006-2023-00008-01

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN DEMANDANTE: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

DEMANDADO: JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA

7

Por lo que no es dable que se excuse arbitrariamente el no cumplimiento de

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

DEMANDADO: JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA

7

Por lo que no es dable que se excuse arbitrariamente el no cumplimiento de sus funciones a los funcionarios públicos como se hace en el presente caso, razones en las que se funda para solicitar que se revoque la s entencia por cuanto se configura los presupuestos de la acción de repetición , y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA5

Mediante Auto del 13 de diciembre de 2024 , se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la entidad accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el día 30 de septiembre de 2024, mediante la cual, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué negó las pretensiones de la demanda. Igualmente, se indicó que, el recurso se tramitará de acuerdo con lo previsto en el artículo 247 del CPACA modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

CONCEPTO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 6

Dentro del término de traslado, el Agente del Ministerio Público rindió concepto argumentando que, la mora no se generó por el demandado, ya que no era el responsable de todo el flujo administrativo desde la recepción de la solicitud hasta el envío del expediente a la Fiduprevisora para el pago, tal como lo indica la providencia impugnada, aludiendo, que la función que le correspondía era la firma del acto administrativo, el cual se efectuó en el término de 2 días.

Adicionalmente, indica que, a la fecha d e envío del expediente a la

le correspondía era la firma del acto administrativo, el cual se efectuó en el término de 2 días.

Adicionalmente, indica que, a la fecha d e envío del expediente a la Fiduciaria, La Previsora S.A, aún no se habían vencido los términos para el reconocimiento y pago de la prestación. El vencimiento tiene ocurrencia en el transcurso de los lagos 5 meses que tomó la Fiduprevisora para aprobar el proyecto del acto administrativo.

Argumenta que, los más de 5 meses que tuvo la Fiduprevisora el expediente para la aprobación o no del proyecto de acto administrativo, no se le puede endilgar al demandado, máxime, cuando él como Secretario de Educación, no tenía injerencia alguna en dicha entidad; además de que no se allegan pruebas al expediente de que la actuación del señor Jairo Cardona haya sido precedida de culpa grave.

Respecto a la condena de costas, expone que, es evidente que el demandado debió acudir al proceso a través de apoderado, por lo cual, si se encuentran

5 Ver índice 0004, documento Auto Admite Recurso Apelación , carpeta del tribunal, del expediente digital Samai. 6 Ver índice 00010 documento Recibe Memoriales Online, carpeta del tribunal, del expediente digital Samai.RADICACIÓN: 73001-33-33-006-2023-00008-01

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN DEMANDANTE: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

DEMANDADO: JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA

8

probadas, es procedente ordenar su pag o, por lo que solicita que se

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

DEMANDADO: JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA

8

probadas, es procedente ordenar su pag o, por lo que solicita que se confirme la sentencia que resolvió negar las pretensiones de la demanda.

CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

De confor midad con lo establecido en el artículo 153 del C.P.A.C.A., es competente esta Corporación para conocer en segunda instancia de las apelaciones a sentencias proferidas en primera instancia por los jueces administrativos.

PROBLEMA JURÍDICO

Ateniendo el re curso de apelación, a la Sala le corresponde dirimir dos problemas jurídicos, así:

En primer lugar, le corresponde a la Corporación analizar si el señor JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA , tiene la obligación de reintegrar la suma pagada por la conciliación derivada de un proceso laboral, que se adelantó en contra del NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO , o si, por el contrario, se debe confirmar la sentencia recurrida que negó las pretensiones de la demanda, al no evidenciarse la existencia de dolo o culpa grave por parte del Ex secretario de Educación Departamental de la época.

Dado el caso de no prosperar el problema jurídico planteado en precedencia, surge un segundo problema el cual consiste en determinar si estuvo acertada la condena en costas impuesta en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO , o si por el contrario se debe abstener a la condena.

acertada la condena en costas impuesta en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO , o si por el contrario se debe abstener a la condena.

PARTE SUSTANCIAL

Para tal efecto, se analizará, en primer término, algunas generalidades de la Acción de Repetición y los presupuestos para su interposición y prosperidad. En segundo lugar, se hará referencia a lo demostrado en el presente proceso y , finalmente se adoptará la decisión frente al caso en concreto.

ALCANCE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN

La acción de repetición es un mecanismo judicial que la Constitución y la ley otorgan al Estado, y tiene como propósito el reintegro de los dineros que,RADICACIÓN: 73001-33-33-006-2023-00008-01

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN DEMANDANTE: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

DEMANDADO: JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA

9

por los daños antijurídicos causados, como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor público, e incluso del particular investido de una función pública, hayan salido del patrimonio estatal, para el reconocimiento de la respectiva indemnización. Como una manifestación del principio de responsabilidad, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que:

“En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o

Como una manifestación del principio de responsabilidad, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que:

“En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

Frente a la competencia propia de esta jurisdicción, el Medio de Control de repetición fue desarrollado por el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como un mecanismo para que la entidad condenada judicialmente, debido a una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo, pueda solicitar de éste, el reintegro de lo que ha pagado en una decisión judicial en su contra.

Por su parte, mediante la Ley 678 de agosto 3 de 2001, el legislador reglamentó la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.

El artículo 2 ibidem define la acción de repetición en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 2o. ACCIÓN DE REPETICIÓN. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminaci ón de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma <dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial. (…)

forma de terminaci ón de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma <dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial. (…) PARÁGRAFO 3o. La acción de repetición también se ejercerá en contra de los funcionarios de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y en las normas que sobre la materia se contemplan en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia”.

El aparte subraya do fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-484 del 25 de junio de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.RADICACIÓN: 73001-33-33-006-2023-00008-01

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN DEMANDANTE: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

DEMANDADO: JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA

10

De la norma previamente transcrita, es posible derivar que la acción de repetición es un deber de la e ntidad que resulte condenada, entre otros, como consecuencia del actuar doloso o gravemente culposo de uno de sus agentes o exagentes.

La misma Ley 678 de 2001, define cuándo la conducta es dolosa o gravemente culposa, y establece en qué casos se presume así:

“ARTÍCULO 5o. DOLO. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado.

gravemente culposa, y establece en qué casos se presume así:

“ARTÍCULO 5o. DOLO. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado.

Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

1. Obrar con desviación de poder.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

ARTÍCULO 6o. CULPA GRAVE. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error ­inexcusable.RADICACIÓN: 73001-33-33-006-2023-00008-01

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN DEMANDANTE: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

DEMANDADO: JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA

11

4. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal. Sentencia C -455 del 12 de junio de 2002”.

En estas condiciones, para que la entidad pública pueda ejercitar la acción de repetición se requiere: 1) Que se condene a una entidad pública a reparar los daños antijurídicos causados a un particular, o de una conciliación u otra forma de terminación de un conflicto;

1. Que dicha condena, conciliación o forma de terminar el conflicto debe ser consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o ex funcionario público, o del particular que ejerce funciones públicas.

También ha dicho el Consejo de Estado que existen tres posibles escenarios en los cuales la entidad estatal demandante puede imputar una conducta dolosa o gravemente culposa a un agente estatal, con la finali dad de comprometer su responsabilidad:

“(…) i) El primer evento, y el más común, se presenta cuan