TA TOL - Sentencia 73001-33-33-007-2018-00163-03 (29-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué – Tolima, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

EXPEDIENTE: 73001-33-33-007-2018-00163-03

INTERNO: 0935/2024

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO

DEMANDANTE: LAUREANO HERNÁN LOZANO

FERREIRA

DEMANDADO: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE

LA NACIÓN

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte dema ndada, contra la sentencia proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva el 28 de ju nio de 202 4, qu e accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

El señor Laureano Hernán Lozano Ferreira , por intermedio de apoderad o judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, present ó demanda con la finalidad de obtener mediante sentencia judicial, un pronunciamiento favorable sobre las siguientes:

1. Declaraciones y Condenas1

Que se inaplique el artículo 1 del Decreto 0382 de 2013, modificado por el Decreto 022 de 2014, párrafos finales, que establecen “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema

Que se inaplique el artículo 1 del Decreto 0382 de 2013, modificado por el Decreto 022 de 2014, párrafos finales, que establecen “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” por ser visiblemente ilegal e inconstitucional.

Que se extienda el valor de la bonificación judicial establecida en el Decreto 0382 de 2013, modificado por el Decreto 022 de 2014, para que sea incluida como factor prestacional para la liquidación de la prima de servicios, prima de navidad, prima de vaca ciones, cesantías e intereses a las cesantías, primas de productividad, bonificación por servicios prestados y derechos laborales que por disposición legal o constitucional, tiene derecho el convocante, teniendo en cuenta que es pagada de manera periódica y se recibe de forma habitual.

1 Fls. 33-34 – Expediente Digital – 008ED001CUADERNOPRINCIPALPDF.pdfMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2

Demandante: LAUREANO HERNÁN LOZANO FERREIRA Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-007-2018-00163-03 - Interno: 0935/2024

Que se declare la nulidad de los actos administrativos; Oficio N. 31500 -2625 de fecha 22 de noviembre de 2017 y Resolución N. 20103 del 17 de enero de 2018, por medio del cual se resolvió recurso de apelación contra el previamente mencionado Oficio.

Que se ordene a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a reliquidar las

por medio del cual se resolvió recurso de apelación contra el previamente mencionado Oficio.

Que se ordene a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a reliquidar las prestaciones sociales, tales como primas de servicio, prima de navidad, prima de vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, prima de productividad, bonificación por servicios, y demás derechos laborales o constitucionales, desde el 1 de enero del año 2013 hasta cuando se haga efectivo el pago, con la inclusión de la bonificación judicial en las prestaciones sociales del demandante.

Que se condene a las entidades demandadas a que se pague el ajuste del valor sobre las sumas adeudadas al demandante, conforme al índice de precios al consumidor.

Que se ordene a las entidades demandadas a reconocer y pagar los intereses moratorios, conforme al fallo 188 de 1999, proferido por la Corte Constitucional, si a ello hubiere lugar.

Que se condene en costas y agencias en derecho a las entidades demandadas.

2. Hechos2

Como sustento fáctico de las anteriores declaraciones y condenas, la parte actora manifestó:

Que el señor Laureano Hernán Lozano Ferreira prestó sus servicios en la Fiscalía General de la Nación, Seccional Tolima, de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur , ocupando el cargo de Fiscal Delegado ante los jueces del Circuito.

Que el demandante ha permanecido vinculado a la Nación – Fiscalía General de la Nación, de manera continua y permanente durante todo este lapso, desempeñando las labores con los más altos estándares de calidad, mostrando un desempeño ejemplar y eficiente.

de la Nación, de manera continua y permanente durante todo este lapso, desempeñando las labores con los más altos estándares de calidad, mostrando un desempeño ejemplar y eficiente.

Que el señor Laureano Hernán Lozano Ferreira fue favorecido por el Decreto 0382 del 2013, modificado por el Decreto 022 de 2014, por el cual se creó una bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otra s disposiciones, y desde el 1 de enero del año 2013, se inició el pago de las bonificaciones establecido en el mencionado Decreto, sin embargo, esta bonificación no ha sido tenido en cuenta como factor prestacional salvo en lo que respecta al Sistema de Se guridad Social en Salud y Pensión.

2 Fls. 34-35 – Expediente Digital – 008ED001CUADERNOPRINCIPALPDF.pdfMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 3

Demandante: LAUREANO HERNÁN LOZANO FERREIRA Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-007-2018-00163-03 - Interno: 0935/2024

Que la bonificación judicial es recibida de forma mensual por parte del señor Laureano Hernán Lozano Ferreira, por lo cual considera que es habitual, y de acuerdo con los últimos pronunciamientos del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, Sala L aboral, han indicado que todo lo que reciba el trabajador de forma permanente o habitual constituye salario y hace parte integral del mismo, por lo que dicha bonificación debe incluirse en la liquidación de todas las prestaciones sociales.

Suprema de Justicia, Sala L aboral, han indicado que todo lo que reciba el trabajador de forma permanente o habitual constituye salario y hace parte integral del mismo, por lo que dicha bonificación debe incluirse en la liquidación de todas las prestaciones sociales.

Que el demandante presentó reclamación administrativa ante la Fiscalía General de la Nación – Talento Humano, con el fin de que se le reconociera y pagara la reliquidación de las prestaciones sociales por la no inclusión en la liquidación de la bonificación judicial.

Que la entidad demandada dio respuesta mediante el Oficio N. 31500 -2625 de fecha 22 de noviembre de 2017, decisión contra la cual se interpuso recurso de apelación ante la Subdirección Nacional de Talento Humano.

Que mediante Resolución N. 20663 del 1 de marzo de 2018, la Subdirección Nacional de Talento Humano confirmó el acto administrativo recurrido.

Que se llevó a cabo la audiencia de conciliación en la Procuraduría 216 Judicial I, Asuntos Administrativos, en la ciudad de Ibagué, el día 25 de mayo de 2018, en la cual las entidades convocadas manifestaron su interés de no conciliar el presente asunto, quedando en firme mediante acta No. 184.

3. Normas violadas y Concepto de Violación3

La parte actora invocó como fundamentos de derecho el Decreto 0 382 de 2013, que fue modificado por el Decreto 022 de 2014 , el artículo 138 del C.P.A.C.A. el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, así como las demás normas que fueran concordantes y el artículo 53 de la Constitución Política.

En cuanto al concepto de violación, solicitó que se tuviera en consideración lo

artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, así como las demás normas que fueran concordantes y el artículo 53 de la Constitución Política.

En cuanto al concepto de violación, solicitó que se tuviera en consideración lo dispuesto en los decretos antes relacionados, calificando como ilegal e inconstitucional la expresión contenida en estos que reza "constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud", arguyendo que los derechos laborales tenían la connotación de irrenunciables, lo cual fue desconocido por la entidad demandad, además de que dichas normas no podrían ser contrarias a la jurisprudencia del Órgano de Cierre de lo Contencioso Administrativo relativa a que aquello que perciba un empleado de forma habitual se debía incluir cuando se hiciera la liquidación de sus prestaciones sociales.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA4

Guardó silencio.

3 Folio 36 – Expediente Digital – 008ED001CUADERNOPRINCIPALPDF.pdf 4 Folio 95 – Expediente Digital – Documento 001.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 4

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5. Sentencia Recurrida5

El Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva, mediante sentencia proferida el 28 de junio de 2024, resolvió:

5. Sentencia Recurrida5

El Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva, mediante sentencia proferida el 28 de junio de 2024, resolvió:

“PRIMERO.- DECLARAR probada de oficio parcialmente la excepción de prescripción de los derechos laborales sobre las diferencias en las prestaciones causadas con anterioridad al 30 de octubre de 2014, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO.- INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL E ILEGAL la expresión “ y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en la disposición normativa del inciso 1° del artículo 1º del decreto 382 de 2013, sus decretos modificatorios y demás normas que lo modifiquen o sustituyen, por cuanto la bonificación judicial si constituye factor salarial para la base de liquidación de todas las prestaciones sociales, conforme se expresa en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO.– DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio 31500-2625 del 22 de noviembre de 2017 y en la Resolución 20663 del 1 de marzo de 2018, como se esbozó en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO.- Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en virtud de la Ley 4 de 1992, reliquidar y pagar a favor del señor LAUREANO HERNÁN LOZANO FERREIRA, identificado con cédula de ciudadanía N°

virtud de la Ley 4 de 1992, reliquidar y pagar a favor del señor LAUREANO HERNÁN LOZANO FERREIRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 93.378.764, todas las prestaciones sociales desde el 1 de enero de 2013, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial, pero con efectos fiscales a partir del 30 de octubre de 2014 (por prescripción trienal) y mientras perdure su vinculación laboral con la Fiscalía General de la Nación. Desde luego, cancelando las diferencias que se hayan generado como consecuencia de la reliquidación.

Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte motiva de esta providencia.

Las diferencias en los aportes pensionales que se generen con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial desde el 1° de enero de 2013, deberán ser canceladas por la fiscalía general de la Nación al fondo pensional correspondiente; y, de las sumas que resulten a favor de las demandantes, realícense los descuentos para el mismo efecto. Lo anterior, en razón a que dichos aportes son irrenunciables e imprescriptibles.

QUINTO.- Negar las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO.- NO CONDENAR en costas a la parte demandada, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

5 Expediente Digital – 046Sentencia de Pr_72018163LaureanoHern.pdf.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 5

Demandante: LAUREANO HERNÁN LOZANO FERREIRA

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Demandante: LAUREANO HERNÁN LOZANO FERREIRA Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-007-2018-00163-03 - Interno: 0935/2024

SÉPTIMO.- La demandada dará cumplimiento a esta providencia en los términos previstos en el artículo 192 del CPACA.

OCTAVO.- Ejecutoriada esta providencia, sino fuere apelada, archívese el expediente, previa anotación en el software de gestión.

NOVENO.- Advertir a las partes que los memoriales se recepcionarán únicamente a través de la ventanilla virtual de SAMAI.”

Para llegar a tales determinaciones, el A quo circunscribió el problema jurídico a resolverse a determinar la legalidad del acto administrativo demandado, de manera que hubiera lugar a disponer el reajuste de prestaciones sociales de l accionante, incluyendo e n estas la bonificación judicial como factor salarial desde el 01 de enero de 2013 , para lo cual se refirió a la excepción de constitucionalidad y de ilegalidad, así como al marco tanto normativo como jurisprudencial de la bonificación judicial.

En cuanto al caso concreto, sostuvo que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, no había restringido ni limitado el carácter prestacional para la bonificación judicial que percibían los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación desd e el año 2013, por lo que determinó que el ejecutivo actuó excediendo su facultad reglamentaria, puesto que fue más allá de lo que reglamentó esa Ley excluyendo tal emolumento para la liquidación de

de la Nación desd e el año 2013, por lo que determinó que el ejecutivo actuó excediendo su facultad reglamentaria, puesto que fue más allá de lo que reglamentó esa Ley excluyendo tal emolumento para la liquidación de prestaciones sociales , pues no se tuvo en cuenta que la n ivelación debía observar criterios de equidad, más no desmejorar los salarios y las prestaciones sociales, con lo cual se vulneraron los derechos fundamentales y principios mínimos fundamentales de los trabajadores.

Determinó que, en virtud de lo anterior, la norma era inconstitucional e ilegal , puesto que la bonificación judicial sí era factor salarial para liquidar prestaciones sociales, concluyendo que se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados, siendo procedente acoger favorablemente las pretensiones de la demanda.

Por último, al pronunciarse sobre la prescripción, determinó que la reliquidación ordenada tendría efectos fiscales desde el 30 de octubre de 2015 y mientras perdure su vinculación laboral con la Fiscalía General de la Nación, así como que esta debía asumir el pago de las diferencias por concepto de aportes pensionales y efectuarse los respectivos descuentos.

6. Recurso de Apelación6

Frente a la anterior decisión, el apoderado de la entidad demandada interpuso recurso de apelación, en el cual se opuso a todas y cada una de las pretensiones, argumentando que carecen de fundamentos fácticos y jurídicos , pues señaló que los actos demandados se limitaron a señalar el cumplimiento de un deber

recurso de apelación, en el cual se opuso a todas y cada una de las pretensiones, argumentando que carecen de fundamentos fácticos y jurídicos , pues señaló que los actos demandados se limitaron a señalar el cumplimiento de un deber

6 Expediente Digital – 053_MemorialWeb_Recurso_LAUREANOHERNANLOZA.pdf.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 6

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legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación, a través del Decreto 0382 de 2013, el cual cuenta con plena validez y vigencia jurídica, por lo cual, solicitó que se revocara integralmente la sentencia de primera instancia y se resuelva negar la totalidad de las pretensiones de la parte demandante.

De manera específica sobre la bonificación judicial, comentó que en el Decreto 382 de 2013 se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico, puesto que sus disposiciones son producto de la facultad legal que le es otorgada al Gobierno Nacional desde la Constitución Política en su artículo 150, regidas por los criterios señalados por el Congreso de la República en la Ley 4 de 1992, para la fijación del Régimen Salarial y Prestacional de los servidores públicos y, de manera formal, esta disposición goza de pl ena validez y eficacia jurídica al no haber sido objeto de derogación o declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad, por lo que a la entidad demandada no le es posible modificar la

manera formal, esta disposición goza de pl ena validez y eficacia jurídica al no haber sido objeto de derogación o declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad, por lo que a la entidad demandada no le es posible modificar la norma, la interpretación o la aplicación de la misma.

Argumentó que el A Quo desconoció la definición de salario, señalando que no existe una normativa nacional o internacional que obligue a incluir todo lo devengado por un trabajador en la base de liquidación de factores salariales y prestacionales. Indicó que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 15 de marzo de 2017 (Radicación No. 48001), limit ó el alcance de la definición internacional de salario del Convenio 095 de la OIT exclusivamente a las disposiciones de dicho convenio. Además, señaló que los Arts. 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo delimitan el concepto de salario, lo que significa que la habitualidad de un pago no implica automáticamente que sea base de liquidación, pues el legislador tiene la facultad de determinar qué pagos se incluyen o no en dichas bases.

Por otro lado, precisó que la Corte Constitucional (C -521-1995; C-279-1996; C052 de 1999; C-681-2003; C-244-13) como el Consejo de Estado (R.I0867-06; R.I - 0984-06; R.I - 0845-15; R.I - 3458-14; R.I - 3568-15; Sentencia de Unificación 28 de agosto de 2018) ha ratificado la discrecionalidad del legislador o del Gobierno Nacional para determinar qué factores salariales deben ser incluidos en la base de liquidación de prestaciones sociales y otros conceptos laborales. Arguyó que,

de agosto de 2018) ha ratificado la discrecionalidad del legislador o del Gobierno Nacional para determinar qué factores salariales deben ser incluidos en la base de liquidación de prestaciones sociales y otros conceptos laborales. Arguyó que, lo anterior implica que tienen la facultad de restringir el carácter salarial de un emolumento, sin que esto se considere una extralimitación o una afectación a derechos constitucionales o convenios internacionales. En este sentido, coligió que, aunque la bonificación judicial creada por el Decreto 0382 de 2013 podría encuadrarse en la definición de "salario", esto no implica automáticamente que deba ser base de liquidación, ya que la Ley 4ª de 1992 otorga al legislador y al Gobierno la potestad de decidir libremente si un rubro for mará parte de dicha base, como ocurre con el mencionado decreto, sin que esto vulnere los derechos laborales de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

Arguyó que el Decreto 0382 de 2013 surgió de una negociación colectiva que involucró a representantes de los trabajadores de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, así como al Gobierno Nacional. Apuntó que, e n esta negociación, las partes acordaron que la bonificación judicial tendría efectos salariales restringidos, específicamente para las contribuciones de pensiones yMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 7

Demandante: LAUREANO HERNÁN LOZANO FERREIRA Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-007-2018-00163-03 - Interno: 0935/2024

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-007-2018-00163-03 - Interno: 0935/2024

salud, tal como se consignó en el Acta No. 25 del 8 de enero de 2013. Este acuerdo buscó asegurar una nivelación equitativa y retribución igualitaria de acuerdo con la jerarquía y complejidad de los cargos, y una ampliación posterior del carácter salarial de esta bonificación para casos particulares rompería esa igualdad y generaría una mayor retribución para algunos funcionarios.

Señaló que el Decreto 0382 de 2013 y la bonificación judicial que de él se deriva fueron diseñados con recursos específicos y limitados por el Gobierno Nacional, en cumplimiento del principio de sostenibilidad fiscal , por lo tanto, s i se ampliaran los efectos salariales de esta bonificación para que sirva como base de liquidación de todas las prestaciones sociales y emolumentos, se generarían costos no presupuestados, lo que podría afectar la estabilidad fiscal del Estado. Además, indicó que esto alteraría las normativas específicas que rigen la liquidación de cada prestación social, al añadir un factor no previsto originalmente.

Adujo que la excepción de inconstitucionalidad solo procede ante una contradicción evidente y palmaria entre una norma y la Constitución, exigiendo a las autoridades judiciales una argumentación suficiente para evitar decisiones arbitrarias y la vulneración del debido proceso. En este caso, argumentó que la Fiscalía General de la Nación actuó en cumplimiento de un deber legal al aplicar estrictamente el Decreto 0382 de 2013 y normas concordantes, ya que este

arbitrarias y la vulneración del debido proceso. En este caso, argumentó que la Fiscalía General de la Nación actuó en cumplimiento de un deber legal al aplicar estrictamente el Decreto 0382 de 2013 y normas concordantes, ya que este decreto es considerado totalmente legal y constitucional tan to en su forma como en su contenido.

III. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante auto del 26 de septiembre de 2024, por reunir los requisitos legales, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva el 28 de junio de 2024.

En los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del C .P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que dentro del término comprendido entre la notificación del auto que concedió la apelación y la ejecutoria de la providencia que admitió el recurso, no hubo pronunciamiento alguno de las partes.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 153 del C.P.A .C.A., esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por la apoderada de la parte demanda da, contra la sentencia proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva el 28 de junio de 2024.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8

Demandante: LAUREANO HERNÁN LOZANO FERREIRA

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Demandante: LAUREANO HERNÁN LOZANO FERREIRA Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-007-2018-00163-03 - Interno: 0935/2024

Adicionalmente, precisa esta Colegiatura, que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación: 73001 33 33 005 2016 00238 01 (1958 -2024) en auto del veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), decidió declarar infundado el impedimento formulado por esta Corporación en casos con similares como al que aquí se analiza.

2. Problema jurídico

En el sub judice consiste en determinar si, el acto administrativo acusado, infringió las normas Constitucionales y legales invocadas en el libelo introductorio, en cuanto negó a las demandantes el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales liquidadas incluyendo la bonificación judicial devengada a partir del 01 de enero de 2013, o si, por el contrario, aquél fue expedido conforme a derecho.

3. Tesis de la Sala

La tesis que sostendrá la Sala, consiste en afirmar que corresponde confirmar la decisión de primera instancia, comoquiera que se desestiman los argumentos de la parte recurrente en razón a que no controvierten los fundamentos fácticos en que fue reconocida a las accionantes la bonificación judicial de que trata el Decreto 382 de 2013 y teniendo en cuenta que, los propuestos no lograron desvirtuar lo decidido por el juez de primera instancia, más aún, cuando existe

en que fue reconocida a las accionantes la bonificación judicial de que trata el Decreto 382 de 2013 y teniendo en cuenta que, los propuestos no lograron desvirtuar lo decidido por el juez de primera instancia, más aún, cuando existe precedente vertical de obligatorio cumplimiento.

4. Marco jurídico y jurisprudencial

4.1 Régimen Salarial y Prestacional de los empleados de la Fiscalía General de la Nación

La ley 4 de 19927, expedida en virtud de lo dispuesto en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política 8, en su artículo 1° , dispuso que correspondía al Gobierno Nacional, dentro de los marcos establecidos en esa ley, fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Gobierno Nacional, entre ellos, los de la Fiscalía General de la Nación.

En virtud de ello, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 53 de 1993 "Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores

7 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.” 8 “ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)

9. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: (…)

funciones: (…)

9. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: (…) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública; (…)”Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 9

Demandante: LAUREANO HERNÁN LOZANO FERREIRA Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-007-2018-00163-03 - Interno: 0935/2024

públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.", y en sus artículos 1 y 2 dispuso:

"ARTICULO 1º. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remunera ción de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del poder público, organismos o instituciones del sector público, en especial el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

ARTICULO 2º. Los servidores públicos vinculados a la Fiscalía General de la Nación podrán optar por una sola vez antes del 28 de febrero de 1993 por el régimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto. Los servidores públicos que no opte n por el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha.”.

Del anterior precepto normativo se infiere que para los empleados de la Fiscalía

que no opte n por el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha.”.

Del anterior precepto normativo se infiere que para los empleados de la Fiscalía General de la Nación existen dos sistemas de remuneración, a saber:

1. El primero, hace referencia al sistema de acogidos y se aplica para todos aquellos que se vincularon a partir de la entrada en vigor del referido decreto, esto es a partir del 07 de enero de 1993 y también para aquellos funcionarios que ya venían vinculados y que decidieron acogerse a dicho régimen antes del 28 de febrero del mismo año;

1. Un segundo régimen correspondiente al de no acogidos, que aplica para aquellos que se encontraban vinculados con anterioridad a la vigencia de dicha norma y no manifestaron optar por esta última, razón por la cual dichos servidores continuaron bajo el amparo de las disposiciones anteriores.

Ahora, la Ley 4 de 1992, en su artículo 14, estableció:

“ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.”Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 10

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Con base en la ant