TA TOL - Sentencia 73001-33-33-007-2020-00196-01 (05-06-2025)

Ibagué, cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2.025).

Radicación Nº.: 73001-33-33-007-2020-00196-01

Número Interno: 1158-2024

Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA

Demandante: RICARDO AGUIRRE CIFUENTES Y

OTROS

Demandado: Asunto:

MUNICIPIO DE IBAGUE -TOLIMA Accidente transito

IASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C.P.A.C.A., procede la Sala Oral de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 22 de agosto de 2.024, por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte accionante.

IIANTECEDENTES

1. Pretensiones de la demanda

“(…)

PRIMERADECLARAR que el MUNICIPIO DE IBAGUÉ es administrativamente responsables de la totalidad de los perjuicios extra patrimoniales causados a mi representado señor RICARDO AGUIRRE CIFUENTES, como consecuencia de los daños ocasionados, perjuicios morales, materiales y daño vida relación, en virtud al accidente de tránsito sufrido por mi representado el día 19 de mayo de 2018, por tratar de esquivar un hueco en el asfalto de la vía, ubicado en el barrio El Jardín de esta ciudad a la altura de la carrera tercera con calle 92.

sufrido por mi representado el día 19 de mayo de 2018, por tratar de esquivar un hueco en el asfalto de la vía, ubicado en el barrio El Jardín de esta ciudad a la altura de la carrera tercera con calle 92.

SEGUNDAQue como consecuencia de la declaración de responsabilidad a que se refiere el numeral anterior, se condene al MUNICIPIO DE IBAGUÉ a pagar a mis representados las siguientes cantidades de dinero:

2.1. DAÑOS MORALES

El equivalente en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, a la fecha de ejecutoría de la sentencia y/o conciliación si la hubiere, de: a Cien (100) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, para el señor RICARDO AGUIRRE CIFUENTES, en calidad de demandante principal quien sufriera el perjuicio antes citado.Rad.73001-33-33-007-2020-00196-01 (Interno: 1158-2024)

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b. Cincuenta (50) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, para cada una de las siguientes personas: MERCEDES CIFUENTES DE AGUIRRE madre del perjudicado, SORANGELA AGURIRRE CIFUENTES. MARTHA LILIANA AGUIRRE CIFUENTES, RUBEN DARIO AGURIRRE CIFUENTES, ORFA NELLY AGUIRRE CIFUENTES en su calidad de hermanos del perjudicado.

2.3. DAÑOS MATERIALES (Lucro Cesante, daño emergente)

ORFA NELLY AGUIRRE CIFUENTES en su calidad de hermanos del perjudicado.

2.3. DAÑOS MATERIALES (Lucro Cesante, daño emergente)

a. Se condene a el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, al pago de los perjuicios materiales a que tiene derecho el señor RICARDO AGUIRRE CIFUENTES como consecuencia de los daños y perjuicios causados, en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, estimando por tanto este daño en la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000.oo) M/Cte. aproximadamente, o cuanto más se estableciere de acuerdo a la liquidación efectuada conforme a las matemáticas financieras que rigen la materia como también de las pautas que al respecto a determinado la jurisprudencia de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado.

Estos valores indemnizatorios deberán ser actualizados al momento de la conciliación y posterior reconocimiento y pago, para compensar la pérdida del valor del poder adquisitivo constante de la Moneda Colombiana conforme a la Ley y la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado.

TERCERA. - Se condene a el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, al pago de los perjuicios materiales a que tiene derecho el señor RICARDO AGUIRRE CIFUENTES como consecuencia de los daños y perjuicios causados, en la modalidad de daño vida relación y perjuicio fisiológico, en una su ma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para la fecha de ejecutoria que la providencia disponga.

CUARTA - Que el MUNICIPIO DE IBAGUÉ darán cumplimiento a la

equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para la fecha de ejecutoria que la providencia disponga.

CUARTA - Que el MUNICIPIO DE IBAGUÉ darán cumplimiento a la conciliación si la hubiere, en los términos establecidos en los artículos 195 del nuevo Código Contencioso Administrativo.

QUINTA - Se condene al pago de costas a la entidad demandada.

Las sumas anteriormente mencionadas deberán ajustarse a las cantidades expuestas o en su defecto a lo máximo establecido por la jurisprudencia al momento de la conciliación o fallo.

(…)”

2. Fundamentos fácticos

Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante expuso los hechos relevantes que se sintetizan así:

1. Que e l 19 de mayo de 2018, en la vía principal del barrio el Jardín

Atolsure, subiendo en sentido norte sur, por la carrera 3 calle 92, de la ciudad de Ibagué, aproximadamente a las 5:50 a.m., el señor RICARDO AGUIRRE CIFUENTES sufrió una violenta caída, mientras conducía la motocicleta de su propiedad, por esquivar un hueco grande que se encontraba al lado derecho de la vía, en el pavimento del sector.Rad.73001-33-33-007-2020-00196-01 (Interno: 1158-2024)

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2. Que como consecuencia del accidente, tuvo una f ractura de clavícula, por lo que se procedió a practicar una cirugía lo que generó una

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2. Que como consecuencia del accidente, tuvo una f ractura de clavícula, por lo que se procedió a practicar una cirugía lo que generó una incapacidad de 30 días.

3. Que vencida la incapacidad, no se obtuvo una mejoría, por lo que se realizó una nueva cirugía, generándose una nueva incapacidad por treinta (30) días más.

4. Que el día 13 de junio de 2018 le fueron insertados en su humanidad placas y tomillos metálicos, en un procedimiento denominado osteosíntesis de la fractura; con los que vivió por más de un año y medio, toda vez que en el mes de enero de 2020, le fueron removi dos de su cuerpo por medio de un nuevo procedimiento quirúrgico, luego del cual le dieron incapacidad por quince (15) días más.

5. Que desde la fecha del accidente el señor Ricardo Aguirre Cifuentes no ha podido volver a trabajar constantemente ni desempeñarme en ningún oficio dado que su permanencia en clínicas y hospitales se lo ha impedido.

6. Que desde a ntes del accidente el señor Agurirre se desempeñaba en oficios como mensajero en su motocicleta, transportaba personas en la misma y hacía recorridos constantes, a vecinos y amigos con lo que se procuraba un ingreso digno para sí y su familia, oficio que intercalaba con sus estudios en la Universidad del Tolima en el programa de

Politología.

7. Que la motocicleta en que se movilizaba el día de los hechos tras el violento choque, quedó en estado prácticamente inservible por lo que

con sus estudios en la Universidad del Tolima en el programa de Politología.

7. Que la motocicleta en que se movilizaba el día de los hechos tras el violento choque, quedó en estado prácticamente inservible por lo que tuvo que venderla por un precio irrisorio, sufriendo un menoscabo en su patrimonio.

3. Contestación de la demanda

Municipio de Ibagué

Manifestó que en el caso subexamine, no existe un informe de policía de tránsito que determine la ocurrencia del accidente y los factores para que este se produjera, por esto es necesario que se tengan presente más circunstancias, como el caso fortuito o fuerza mayor y culpa exclusiva de la víctima, pues se deben tener en cuenta, las condiciones climáticas de lluvia, las causas extrañas y los límites de velocidad permitidos sobre esta vía.

Indicó que, de los documentos probatorios aportados en el plenario por la parte demandante, (copias simples - registro fotográfico) no se evidencia que los perjuicios por este alegados, sean producto de una falla en el servicio por parte del municipio de Ibagué, pues, solo se le limitó a hacer manifestaciones y plasmarlas en el acápite de los hechos, sobre situaciones aparentemente sufridas por el señor RICARDO AGUIRRE CIFUENTES, con ocasión a un presunto hueco en una vía , sin que allegare material probatorio que evidenciara claramente dicha falla y más aún la responsabilidad directa del ente territorial.

Por último, propuso como excepciones las que denominó: Inexistencia del nexo causal, falta de prueba e inexistencia de los perjuicios reclamados e inexistencia

aún la responsabilidad directa del ente territorial.

Por último, propuso como excepciones las que denominó: Inexistencia del nexo causal, falta de prueba e inexistencia de los perjuicios reclamados e inexistencia de responsabilidad frente al ente territorial.Rad.73001-33-33-007-2020-00196-01 (Interno: 1158-2024)

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4. La sentencia apelada

El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, a través de la sentencia proferida el 22 de agosto de 2.024 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el material aportado resulta insuficiente para imputar el daño a la entidad demandada, puesto que las afirmaciones contenidas en la demanda, son muy generales, no se acreditan los elementos de la vía, y cuál de tales elementos provocó la caída de la víctim a ya que el daño antijurídico para que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado.

Por lo anterior concluyó que la parte demandante no cumplió su carga procesal en materia probatoria, ya que no acreditó en el caso bajo estudio, la responsabilidad del municipio de Ibagué.

5. El recurso de apelación

Oportunamente el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, argumentando que, las pruebas aportadas sí satisfacen las pretensiones, ya que obra certificado de atención médica de la empresa UNIDAD MEDICA DE ENFERMERÍA Y TRANSPORTE

apelación contra la sentencia de primera instancia, argumentando que, las pruebas aportadas sí satisfacen las pretensiones, ya que obra certificado de atención médica de la empresa UNIDAD MEDICA DE ENFERMERÍA Y TRANSPORTE UMET S.A.S en el que se indica que el señor Ricardo Aguirre sufrió accidente de tránsito en calidad de conductor, por lo que cuestionar este documento sería incurrir en un error de valoración de la prueba y de la prueba indiciaria.

Insistió en que está sola prueba tiene que llevar al convencimiento que el accidente de tránsito se presentó en la forma y manera que se narró en los hechos de la demanda y que fue ocasionado por un hueco en la vía de aquel sector de la ciudad, por lo tanto, cualquie r conclusión distinta sería ir en contravía de las pruebas obrantes en el plenario ante la contundencia de la prueba que milita en la demanda, que nunca fue tachada ni cuestionada por la parte pasiva en este proceso.

De otra parte, señaló que deben ser valorados los registros fotográficos aportados referente a la imagen del lugar de ocurrencia de los hechos, por cuanto son ratificados con la prueba testimonial recaudada y el informe de la UNIDAD MEDICA DE ENFERMERÍA Y TRANSPORTE UMET S.A.S, en donde existe registro de la dirección y lugar del siniestro, a partir de las cuales puede n corroborarse las especificas circunstancias en las que se encontraba la malla vial para el momento del accidente.

Concluyó afirmando que s e encuentran acreditados los presupuestos de responsabilidad en el caso concreto, pues no solo se concretó el daño antijuridico, esto es, las lesiones de que fue objeto RICARDO AGUIRRE CIFUENTES a

Concluyó afirmando que s e encuentran acreditados los presupuestos de responsabilidad en el caso concreto, pues no solo se concretó el daño antijuridico, esto es, las lesiones de que fue objeto RICARDO AGUIRRE CIFUENTES a consecuencia del accidente de tránsito, sino la falla en el servicio en la que incurrió la entidad, esto es, la infracción al deber de mantenimiento y señalización la vía a la altura de la carrera 3 con calle 91 B/ Jardín Atolsure de la ciudad de Ibagué, lugar de los acontecimientos.

IIITRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del 31 de octubre 2024 se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del extremo activo, y en aplicación al numeral 5º del artículo 247 del CPACA modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, ingresó el expediente al Despacho el 27 de enero de 2.025, para proferir sentencia, sin que las partes seRad.73001-33-33-007-2020-00196-01 (Interno: 1158-2024)

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hubieran pronunciado respecto del recurso de apelación, ni formulado alegatos de cierre.

IVCONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. Competencia.

Es competente esta colegiatura para desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora en contra de la sentencia proferida el 22 de agosto de 2.024 por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué,

Es competente esta colegiatura para desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora en contra de la sentencia proferida el 22 de agosto de 2.024 por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué, según voces del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces administrativos.

2. Problema jurídico.

Atendiendo lo expuesto en el recurso de alzada, corresponde a la Sala establecer si el Municipio de Ibagué debe o no ser declarado patrimonial y administrativamente responsable por los daños y perjuicios causados a los demandantes, como consecuencia de la presunta falla del servicio que ocasionó el accidente de tránsito ocurrido el pasado 19 de mayo de 2018, donde resultó lesionado el señor Ricardo Aguirre Cifuentes.

3. Tesis que resuelven el problema jurídico propuesto.

3.1. Tesis de la parte demandante.

Sostuvo que el MUNICIPIO DE IBAGUÉ debe ser declarado administrativamente responsable de los daños y perjuicios causados a los demandantes, por haber incurrido en falla del servicio ante la omisión de mantenimiento y de la vía donde ocurrió el accidente que le produjo serias lesiones a la salud del señor RICARDO

AGUIRRE CIFUENTES.

3.2. Tesis de la parte demandada – Municipio de Ibagué

Afirmó que el ente territorial no puede ser declarado responsable de los daños aludidos en la demanda, como quiera que las presuntas afectaciones en la vía

3.2. Tesis de la parte demandada – Municipio de Ibagué

Afirmó que el ente territorial no puede ser declarado responsable de los daños aludidos en la demanda, como quiera que las presuntas afectaciones en la vía donde ocurrieron los hechos, no se encuentran probadas, ni tampoco su origen, toda vez que, de las escasas pruebas obrantes en el proceso, no se desprende y ni siquiera vislumbra, que fue un hueco en la vía lo que generó el accidente de tránsito donde resultó lesionado el señor Ricardo Aguirre Cifuentes.

3.3. Tesis del Juzgado de instancia.

Advirtió que la entidad demandada no es responsable por los perjuicios generados al demandante en el accidente sufrido el 19 de mayo de 2018 , en razón a la ausencia de material probatorio que ponga de presente la falla del servicio alegada como generadora del daño, por lo que no se puede identificar con certeza el nexo causal entre el daño y la actuación irregular del ente demandado.

4. Tesis del Tribunal

De conformidad con el material probatorio allegado al expediente, la Sala considera que el MUNICIPIO DE IBAGUÉ no puede ser declarado administrativa y patrimonialmente responsable por falla del servicio, con ocasión del presuntoRad.73001-33-33-007-2020-00196-01 (Interno: 1158-2024)

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accidente en el que resultó lesionado el señor RICARDO AGUIRRE CIFUENTES, pues la parte actora no logró demostrar que efectivamente el accidente hubiera

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accidente en el que resultó lesionado el señor RICARDO AGUIRRE CIFUENTES, pues la parte actora no logró demostrar que efectivamente el accidente hubiera tenido como causa directa la falta de mantenimiento y conservación de la vía pública, o el deterioro de la malla vial.

Por lo anterior, la Sala CONFIRMARA la sentencia recurrida que negó las pretensiones de la demanda.

5. Desarrollo de la Tesis del Tribunal.

En el asunto bajo examen, pretende la parte recurrente que se revoque la sentencia de primera instancia, y en su lugar se declare la responsabilidad administrativa por falla en el servicio de la entidad demandada, por la presunta omisión de mantenimiento d e la malla vial y vía pública donde ocurrió el accidente que le produjo serias lesiones a la salud del accionante señor Ricardo Aguirre Cifuentes.

Consideró la parte recurrente, que el A quo no valoró íntegramente el acervo probatorio.

5.1. Responsabilidad Patrimonial del Estado – Accidentes de Tránsito.

El asunto sometido a consideración de la Sala debe ser estudiado bajo la égida del artículo 90 de la Carta Política, según el cual, el Estado es responsable únicamente de los daños antijurídicos que le sean imputables por la acción u omisión de las autoridades públicas, constituyéndose de esta forma en el fundamento y marco general de la responsabilidad patrimonial estatal.

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que es necesario que en cada caso particular se estudien las circunstancias en que ocurrieron los hechos, con miras a determinar si el Estado es o no responsable del daño sufrido

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que es necesario que en cada caso particular se estudien las circunstancias en que ocurrieron los hechos, con miras a determinar si el Estado es o no responsable del daño sufrido por los demandantes, pues esa responsabilidad puede surgir en virtud de diversos títulos de imputación, tales como la falla del servicio, el daño especial o la teoría del riesgo excepcional, que obedecen a diferentes situaciones en las cuales la entidad demandada est a llamada a responder por la producción de un daño antijurídico. Pero si en determinado caso no se invocó correctamente el título de imputación, el juez administrativo, en virtud del principio iura novit curia y partiendo de los hechos demostrados, puede descartar el título jurídico invocado por la parte actora y aplicar el apropiado.

6. El caso concreto

En el presente evento, la responsabilidad que se le imputa a la administración municipal deriva de las lesiones que, según la demanda, sufrió el señor RICARDO AGUIRRE CIFUENTES como consecuencia del accidente que sufrió el día 19 de mayo de 2018, en la vía principal del barrio Jardín Atolsure de esta ciudad, en sentido norte sur, a la altura de la carrera 3 con calle 92 , narración esta, que indefectiblemente nos ubica dentro del campo de responsabilidad por falla del servicio.

Conforme a lo anterior el demandante, con el fin de obtener un resultado favorable a sus pretensiones, debe acreditar que se presentó falla en el servicio y el demandado tiene la posibilidad de exonerarse de cualquier responsabilidad demostrando que su act uación no constituyó un quebrantamiento del contenido

a sus pretensiones, debe acreditar que se presentó falla en el servicio y el demandado tiene la posibilidad de exonerarse de cualquier responsabilidad demostrando que su act uación no constituyó un quebrantamiento del contenido obligacional que le era exigible, es decir, que actuó bajo los parámetros a los cuales estaba obligada, o acreditando que el nexo causal no le es imputable, probandoRad.73001-33-33-007-2020-00196-01 (Interno: 1158-2024)

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que el resultado dañoso o perjudicial fue causado por fuerza mayor, o por el hecho exclusivo y determinante de la víctima o de un tercero.

Así, en casos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, el contenido obligacional a que se ha hecho referencia se encuentra establecido en el literal a) del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, el cual establece como principio fundamental que los usuarios puedan acceder a los sistemas de transporte a través del medio y modo que estos escojan, en buenas condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad.

A su vez, el artículo 11, literal c) de la misma disposición prescribe que el perímetro de transporte distrital y municipal comprende las áreas urbanas, suburbanas y rurales y los distritos territoriales indígenas de la respectiva jurisdicción. Lo anterior, en concordancia con lo señalado por el artículo 17 ibídem, el cual indica que tales vías son de propiedad del Municipio.

De otro lado, por mandato del artículo 3° de la Ley 769 de 2002, los alcaldes

en concordancia con lo señalado por el artículo 17 ibídem, el cual indica que tales vías son de propiedad del Municipio.

De otro lado, por mandato del artículo 3° de la Ley 769 de 2002, los alcaldes municipales ejercen funciones de autoridad de transporte y el artículo 6º de la misma codificación establece que son organismos de tránsito en la respectiva jurisdicción los depa rtamentos administrativos y los institutos municipales y/o distritales de tránsito. El artículo 7º ordena que las autoridades velen por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privada abierta al público, cumpliendo para tal fin funcion es de carácter regulatorio y sancionatorio, orientando sus acciones a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías. Así mismo, el artículo 2º de la referida ley define carretera como la vía cuya finalidad es permitir la circula ción de vehículos, con niveles adecuados de seguridad y comodidad. Por ende, existe para los municipios el deber de brindar todas las condiciones de seguridad en la vía y en el evento en que incumplan con este imperativo, los perjuicios que se ocasionen co mo consecuencia de ello deben ser resarcidos bajo el régimen de falla en el servicio, pues es evidente que se obró por fuera de la ley, desconociendo el mandato del artículo 6° de la Constitución Política.

En ese entendido, el H. Consejo de Estado en providencia como la proferida el 03 de febrero de 2010, por la Sección Tercera, dentro del expediente 17500, ha insistido en el deber que le asiste a las autoridades competentes en la implementación de señales de prevención, así como en garantizar el tráns ito

de febrero de 2010, por la Sección Tercera, dentro del expediente 17500, ha insistido en el deber que le asiste a las autoridades competentes en la implementación de señales de prevención, así como en garantizar el tráns ito adecuado y seguro en las vías, pues la administración además de construir vías adecuadas a los requerimientos del tráfico y mantenerlas en buen estado, tiene la obligación de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización.

6.1 Pruebas allegadas al proceso.

Con relación al asunto objeto del recurso de alzada se presentó el siguiente material probatorio relevante:

• Registros civiles de nacimiento de los señores, SORANGELA AGUIRRE

CIFUENTES, MARTHA LILIANA AGUIRRE CIFUENTES, ORFA NELLY

AGUIRRE CIFUENTES, RUBEN DARIO AGUIRRE CIFUENTES y

RICARDO ALFONSO AGUIRRE CIFUENTES.1

1 Folio 25 a 29 del archivo 6_ED_003DEMANDAANEXOS del índice 60 SAMAIRad.73001-33-33-007-2020-00196-01 (Interno: 1158-2024)

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• Certificado de atención médica al señor Ricardo Alfonso Aguirre Cifuentes, expedido por la Unidad Médica de Enfermería y Transporte UMET SAS de fecha 19 de mayo de 2018.2

• Registro fotográfico de un hueco en la malla vial.3

expedido por la Unidad Médica de Enfermería y Transporte UMET SAS de fecha 19 de mayo de 2018.2

• Registro fotográfico de un hueco en la malla vial.3

• Copia de la Historia Clínica del señor Ricardo Alfonso Aguirre en donde se evidencia todas las intervenciones realizadas en la clínica Asotrauma de la ciudad de Ibagué luego del accidente de tránsito.4

• Dictamen pericial de daños y perjuicios elaborado por el perito avaluador LUÍS ORLANDO AVILA HERNANDEZ, en el cual se concluyó:5

“El total del daño económico al solicitante demandante RICARDO ALFONSO AGUIRRE CIFUENTES, por los hechos según el dicho del apoderado de ésta, en anexo en cita, es la suma de $98’542.580,00

(NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS) a la fecha de este dictamen”

• Testimonial

• CARLOS JAVIER ACOSTA FLOREZ

“(…) PREGUNTADO: MANIFIÉSTENOS LO QUE LE CONSTE.

CONTESTÓ: LA FAMILIA DE ÉL, COMO YO SOY CERCANO, ME

LLAMARON PARA CONTARME QUE ÉL HABÍA SUFRIDO UN ACCIDENTE.

YO FUI AL LUGAR DE LOS HECHOS Y ÉL SE HABÍA CAÍDO EN UN HUECO, YO LE RECOGÍ LA MOTO, ESPERÉ A QUE LLEGARA LA AMBULANCIA, AHÍ ESTABA LA POLICÍA DE VIGILANCIA Y ESTUVE PRÁCTICAMENTE EN TODO EL PROCESO DE EL DE LOS SUCESOS (…)

AMBULANCIA, AHÍ ESTABA LA POLICÍA DE VIGILANCIA Y ESTUVE PRÁCTICAMENTE EN TODO EL PROCESO DE EL DE LOS SUCESOS (…)

PREGUNTADO: USTED NOS DIJO QUE COMO ERA CERCANO A LA

FAMILIALO HABÍAN LLAMADO CON OCASIÓN AL ACCIDENTE, ¿QUIÉN

LO LLMÓ? CONTESTÓ: LA HERMANA DE ÉL SORANGELA.

PREGUNTADO: ¿A QUÉ HORA LO LLAMÓ?. CONTESTÓ: ERAN LAS 5:40

AM. PREGUNTADO: ¿SABE USTED CUÁL FUE LA CAUSA DEL

ACCIDENTE? CONTESTÓ: UN HUECO QUE HABÍA AHÍ, MÁS ABAJITO DE

LA IGLESIA SAN JOAQUÍN EN ATOLSURE. PREGUNTADO: ¿POR QUÉ AFIRMA USTED ESO? CONTESTÓ: PORQUE ESTABA LA MOTO AHÍ, AL PIE DEL HUECO Y ÉL ESTABA TIRADO AL PIE DEL HUECO.

PREGUNTADO: ¿USTED SUPONE QUE FUE ESO O RICARDO LE DIJO QUE FUE POR ESO? CONTESTÓ: NO SEÑORA, ES EL HUECO .

PREGUNTADO: ¿USTED SUPONE QUE FUE POR EL HUECO O

RICARDO LE MANIFESTÓ QUE HABÍA SIDO POR ESO? CONTESTÓ: ES

POR EL HUECO. PREGUNTADO: ¿USTED SUPONE ENTONCES QUE

FUE POR ESO?, CONTESTÓ: SI SEÑORA.

• YERALDIN CHAVARRO OLAYA Y JORGE HARRISON CAICEDO MOSQUERA declararon en relación con los perjuicios sufridos por los demandantes con ocasión del accidente de tránsito

2 Fol.30 archivo 006 ED_003 DEMANDAANEXOS

MOSQUERA declararon en relación con los perjuicios sufridos por los demandantes con ocasión del accidente de tránsito

2 Fol.30 archivo 006 ED_003 DEMANDAANEXOS 3 Archivo 7_ED_004ANEXOSFOTOGRAFIAS del índice 60 SAMAI. 4 Folio 9 y s.s. del archivo 8_ED_005ANEXOSDEMANDARICA del índice ibidem. 5 Archivo 077_memorailweb_otroRad.73001-33-33-007-2020-00196-01 (Interno: 1158-2024)

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6.2 Análisis sustancial

Luego de verificar el material probatorio allegado el expediente, y realizar las anteriores precisiones normativas, fácticas y jurisprudenciales sobre el tema, corresponde al Tribunal analizar si en el presente caso se encuentran o no acreditados los presu puestos necesarios para poder declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado.

6.2.1 El daño antijurídico.

El daño se hace consistir en las lesiones corporales ocasionadas al señor RICARDO AGUIRRE CIFUENTES , las cuales se encuentran debidamente acreditadas dentro del plenario a través de la historia clínica del paciente, en la que se le e como enfermedad actual: “paciente víctima de accidente de tránsito en calidad de conductor de moto que pierde el control del vehículo y cae, sufre trauma en columna cervical con posterior dolor y limitación, ingresa inmovilizado en ambulancia con collar de filadelfia y tabla rígida, se evalúa retiro del collar pero

calidad de conductor de moto que pierde el control del vehículo y cae, sufre trauma en columna cervical con posterior dolor y limitación, ingresa inmovilizado en ambulancia con collar de filadelfia y tabla rígida, se evalúa retiro del collar pero manifiesta intenso dolor cervical por lo que se deja puesto”

Igualmente se encuentra acreditado, que el día 19 de mayo de 2019, el médico tratante adscrito a la Clínica ASOTRAUMA le otorgó al señor Aguirre Alfonso incapacidad médica inicial de 30 días con ocasión del diagnóstico de fractura de clavícula.

6.2.2 Nexo causal.

En la demanda se afirmó que, el 19 de mayo de 2.018, Ricardo Aguirre Cifuentes, se cayó de una motocicleta en la que se movilizaba como conductor, por la supuesta presencia de un hueco en la vía principal del barrio Jardín Atolsure de esta ciudad, en sentido norte sur, a la altura de la carrera 3 con calle 92, lo que le ocasionó, una serie de lesiones en su humanidad.

A juicio de la Sala, dicho accidente, como hecho generador del daño, no le resulta atribuible al Municipio de Ibagué, porque no se acreditó la falla en el servicio alegada por los demandantes. En este caso, si bien se probó que el señor Ricardo Aguirre Cifuentes sufrió unas lesiones el 19 de mayo de 2.018 por un accidente en su motocicleta, lo cierto es que se desconoce por completo cuál fue la causa del accidente en mención, por las siguientes razones: i) la historia clínica no proporciona claridad acerca de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos;

su motocicleta, lo cierto es que se desconoce por completo cuál fue la causa del accidente en mención, por las siguientes razones: i) la historia clínica no proporciona claridad acerca de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos; ii) las fotografías aportadas al proceso no cuentan con eficacia probatoria y iii) no hay testigos del accidente iv ) la Sala no cuenta con otro elemento probatorio que le permita determinar cuál fue la causa eficiente del daño.

La parte actora, en su recurso de apelación, cuestionó la valoración probatoria realizada por el juzgado a quo, pues, en su sentir, no analizó, de forma armónica, las pruebas recaudadas en el proceso. En línea con lo anterior, señaló que la responsabilidad del ente territorial demandado se podía fundamentar en el análisis