TA TOL - Sentencia 73001-33-33-007-2022-00021-01 (02-05-2025)

Ibagué, dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2.025)

Radicación N°.: Interno: 73001-33-33-007-2022-00021-01 0893 - 2024

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: AMELIA SANDOVAL SANCHEZ

Demandado:

Tema:

NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FOMAG Y

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Sanción Moratoria.

I. ASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C.P.A.C.A. procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial del Departamento del Tolima en contra la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué el día 24 de junio de 2024, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. Pretensiones1.

1. Declarar la nulidad del oficio No TOL2021EE026062 de 29 de julio de 2021, a través del cual la Nación – Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, negó a mi mandante la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 1071 de 2006 radicada ante esa entidad el 15 de junio de 2021.

2. Se declare la nulidad del acto ficto o presunto configurado el día 15 de septiembre de 2021 por el Departamento del Tolima, al dar respuesta negativa en forma ficta al

15 de junio de 2021.

2. Se declare la nulidad del acto ficto o presunto configurado el día 15 de septiembre de 2021 por el Departamento del Tolima, al dar respuesta negativa en forma ficta al derecho de petición radicado el 15 de junio de 2021 ante la entidad, en donde le solicitó el pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

3. Declarar a nulidad del oficio No 20211072014271 del 17 de agosto de 2021, a través el cual la Fiduprevisora S.A, da respuesta en forma negativa al derecho de petición radicado el día 15 de junio de 2021 , contemplado en el artículo 5 de la Ley 1071 de

2006.

4. Reconocer, liquidar y pagar la sanción moratoria por no haberse cancelado a tiempo el valor reconocido por concepto de cesantías en la Resolución No 1940 de 01 de junio de 2020.

Como consecuencia de la declaración anterior y título de restablecimiento del derecho:

1. Condenar a las demandadas Nación -Ministerio de Educación nacional - FOMAGDepartamento del Tolima y Fiduciaria la Previsora, a reconocer, liquidar y pagar a favor de mi poderdante, la sanción moratoria establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 por no haber cancelado a tiempo el valor reconocido por cesantías en la Resolución No 1940 de 01 de junio de 2020, mora que ocurrió desde el 05 de junio de 2020 hasta la fecha de pago que fue el día 04 de febrero de 2021.

2. Condenar a las entidades demandadas a reconocer, liquidar y pagar la indexación

2020 hasta la fecha de pago que fue el día 04 de febrero de 2021.

2. Condenar a las entidades demandadas a reconocer, liquidar y pagar la indexación de la suma solicitada en el numeral anterior, desde la fecha de pago de las cesantías y hasta la fecha de pago efectivo de la sanción moratoria.

1 Ver Expte Jugado -Archivo 6fls 2-3Radicación N°.: 73001-33-33-007-2022-00021-01

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandante: AMELIA SANDOVAL SANCHEZ Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FOMAG y DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

3. Condenar a las demandadas a reconocer, Liquidar y pagar los intereses de mora, sobre las sumas adeudadas, conforme lo establecido en el artículo192 del C.P.A.C.A.

4. Condenar a las demandadas a que dé cumplimiento a la sentencia conforme lo dispone el artículo 181 y 192 del C.P.A.C.A.

5. Condenar en costas a las demandadas tal y como lo dispone el artículo 188 del C.P.A.C.A. y lo regulado en el Codito general del proceso.

2. Fundamentos fácticos2.

Como fundamento de sus pretensiones, el vocero judicial de la parte actora expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse, así:

1Mediante petición radicada el 24 de febrero de 2020 la demandante solicitó ante las entidades accionadas el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales.

2Por medio de la Resolución N° 1940 de 01 de junio de 2020 , el Fondo Nacional de

entidades accionadas el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales.

2Por medio de la Resolución N° 1940 de 01 de junio de 2020 , el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima reconoció en favor la señora Amelia de febrero de 2021 las cesantías solicitadas.

3Mediante peticiones radicadas el 15 de junio de 2021 el apoderado de la demandante solicitó ante las accionadas el reconocimiento y pago de la sanción mora establecida en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, peticiones que fueron despachadas desfavorablemente a través de los actos administrativos demandados.

2. Contestación de la demanda.

2.1. Departamento del Tolima.

Contestó de manera extemporánea 3

2.2. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio3.

Dentro del término legal conferido la apoderada del FOMAG contestó el líbelo introductorio oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, al señalar que carecían de fundamentos de hecho y de derecho.

Manifestó que a través de la Ley 1955 de 2019 se expidió el Plan Nacional de Desarrollo y en su artículo 57 se estableció la eficiencia de la administración de los recursos del FOMAG, norma esta que había cambiado las reglas del juego en materia de reconocimiento, liquidación y pago de la sanción mora docente, puesto que prohibió que los recursos del Fondo fueran destinados al pago de otras cosas que no fuesen las prestaciones sociales de los docentes.

Dijo que a partir de la vigencia de la citada ley, el reconocimiento y pago de

que los recursos del Fondo fueran destinados al pago de otras cosas que no fuesen las prestaciones sociales de los docentes.

Dijo que a partir de la vigencia de la citada ley, el reconocimiento y pago de prestaciones sociales a los docentes era un trámite que se encontraba en cabeza de dos entidades, esto es, de las Secretarías de Educación, quienes tienen la competencia funcional de expedir el acto administrativo de reconocimiento de la prestación, y la sociedad fiduciaria -Fiduprevisora S.A.- que tiene la obligación legal y contractual de pagar la prestación.

Solicitó la desvinculación del proceso de dicha entidad al señalar que una eventual condena contra esta sería una violación directa de la ley y una lesión severa al patrimonio económico

Precisó que la demandante solicitó las cesantías el 24 de febrero de 2020, por lo que la Secretaría de Educación del Departamento de Tolima contaba con 15 días para la expedición del acto administrativo los cuales vencían el 16 de marzo de 2020, sin embargo, la resolución fue expedida de f orma extemporánea el 1° de junio de 2020,

2 Ver Expte Juzgado – Archivo 6 3 Ver Expte Juzgado – Archivo 32Radicación N°.: 73001-33-33-007-2022-00021-01

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circunstancia que permitía arribar a la conclusión que la entidad territorial era la responsable del pago de la sanción mora de la Ley 1955 de 2019.

circunstancia que permitía arribar a la conclusión que la entidad territorial era la responsable del pago de la sanción mora de la Ley 1955 de 2019.

Por último, propuso los siguientes medios exceptivos: i) Ineptitud sustancial de la demanda por no agotamiento de la reclamación administrativa; ii) Ineptitud sustancial de la demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva del FOMAG para el pago de la Sanción moratoria; III) Legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad; iv) Ausencia actual de presupuestos materiales; v) Improcedencia de la Indexación de las condenas;

2.3. Fiduprevisora4.

Oportunamente el procurador judicial de la Fiduprevisora descorrió traslado de la demanda oponiéndose la prosperidad de estas por carecer de fundamentos de hecho y de derecho.

Dijo que dicha entidad había realizado el pago de las cesantías de la docente dentro de los 45 días hábiles establecidos en el artículo 45 de la Ley 1071 de 2006, por lo que no podía imputársele responsabilidad en el pago de la sanción mora.

Como sustento de su defe nsa propuso los siguientes medios exceptivos: i) Cobro de lo no debido; ii) Enriquecimiento sin causa; iii) Indebida composición de la parte pasivaFiduprevisora; y iv) Cobro de lo no debido.

4.- La sentencia apelada.6

Lo es la proferida el pasado 24 de junio de 2024, por el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

Lo es la proferida el pasado 24 de junio de 2024, por el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

Luego de citar las disposiciones normativas relacionadas con la sanción moratoria, indicó que la demandante el 24 de febrero de 2020 había radicado solicitud de pago de cesantías parciales, la cual fue reconocida mediante Resolución 1940 de 01 de junio de 2020.

Advirtió que , contrario a lo manifestado por el apoderado del Departamento no resultaba aplicable la ampliación de términos para resolver peticiones establecida en el Decreto 491 de 2020, con ocasión de la pandemia del COVID 19, por cuanto dicho decreto había entrado a regir el 28 de marzo de 2020, fecha en la cual ya había vencido el termino de 15 para dar respuesta a la petición de reconocimiento de cesantías.

El Juez de instancia procedió a realizar el estudio del caso, señalando que las cesantías habían sido solicitadas el 24 de febrero de 2020, por lo que el termino para expedir la resolución de reconocimiento vencía el 16 de marzo de 2020, sin embargo, dicho acto no fue expedido en término, por cuanto sólo fue proferido hasta el 01 de junio de 2020, y los 10 días de ejecutoria vencieron el 31 de marzo de la misma anualidad, quedando 45 días hábiles para el correspondiente pago que precluyeron el 08 de junio de 2020 y como las cesantías sólo fueron puestas a disposición de la actora 04 de febrero de 2021 era evidente que se había presentado un retardo en el pago de las mismas durante 235 días.

08 de junio de 2020 y como las cesantías sólo fueron puestas a disposición de la actora 04 de febrero de 2021 era evidente que se había presentado un retardo en el pago de las mismas durante 235 días.

Dijo que como quiera que la mora se había causado con posterioridad a la vigencia de la Ley 1955 de 2019 y que el Departamento del Tolima había incumplido los plazos previstos para la expedición, notificación y entrega del acto administrativo al FOMAG le correspondía a dicha entidad territorial efectuar el pago de la sanción mora; a su vez señaló que el FOMAG no había incurrido en retardo alguno por cuanto recibió el acto administrativo por parte de la Secretaría de Educación del Departamento el 21 de enero de 2021 y realizó el pago el 04 de febrero del mismo año, es decir, dentro de los 45 días contemplados en la norma.

4 Ver Expte Juzgado – Archivo 111Radicación N°.: 73001-33-33-007-2022-00021-01

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A su vez ordenó el reconocimiento de la indexación de la sanción moratoria a partir del 04 de febrero de 2021, fecha en que se puso a disposición de la demandante el valor de sus cesantías, y hasta la ejecutoria de la sentencia.

Por último, condenó en costas al Departamento del Tolima sobre el 4% del valor de las pretensiones.

5.- El recurso de apelación5

de sus cesantías, y hasta la ejecutoria de la sentencia.

Por último, condenó en costas al Departamento del Tolima sobre el 4% del valor de las pretensiones.

5.- El recurso de apelación5

Inconforme con la precedente decisión, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación, expresando su inconformidad contra el fallo proferido por el Juez de instancia, solicitando que el mismo se a revocado, para que en su lugar se denieguen las pretensiones de la demanda

Manifestó que antes de la Ley 1955 de 2019 no estaba regulando un pagador distinto al FOMAG de la sanción mora, y no era necesario establecer demoras administrativas por parte de la entidad territorial, pero con la entrada en vigencia de dicha normativa era imperativo verificar la entidad que incumplió los plazos establecidos en la Ley; a su vez señaló, que era distinta la posición en que el ente territorial asumía su actuar en la expedición del acto de reconocimiento y la responsabilidad que se endilgaba del incumplimiento de los plazos legales que derivan en la sanción mora, pues en el primer escenario funge como delegado del FOMAG, en tanto en el segundo actúa y responde como autoridad autónoma.

Precisó que la demandante no había agotado la reclamación administrativa ante el Departamento del Tolima, ya que se había aportado una solicitud dirigida a la Secretaría de Educación del Departamento, es decir , para que se pronunciara en ejercicio de la función de delegación dada por el Ministerio de Educación y no cómo una función propia, pues dichas secretarias no gozan de autonomía para el reconocimiento de derechos; de acuerdo a lo anterior, señaló que como no se había

ejercicio de la función de delegación dada por el Ministerio de Educación y no cómo una función propia, pues dichas secretarias no gozan de autonomía para el reconocimiento de derechos; de acuerdo a lo anterior, señaló que como no se había agotado la reclamación administr ativa ante el Departamento se debía revocar la decisión impugnada.

Adujo que el Departamento del Tolima en virtud de la pandemia del Covid 19 y los decretos que lo regularon había ordenado la suspensión de términos , por lo que los términos administrativos, recursos y demás actuaciones administrativas estuvieron suspendidas en el marco de dicha emergencia sanitaria desde el 17 de maro de marzo de 2020 hasta el 08 de abril de 2021.

Expuso que la reclamación administrativa de reconocimiento de cesantías se había radicado el 24 de febrero de 2020 por lo que los 70 días hábiles siguientes sin suspensión de términos fenecían el 09 de junio del mismo año, y con suspensión de términos como debe ordenarse, empezaron a correr desde el 25 de febrero de 2024 hasta el 16 de marzo de 2020, ya que se encontraban suspendidos desde el 17 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio de 2022, y como quiera que las cesantías reclamadas se cancelaron el 04 de febrero de 2021 era evidente que no se pr esentó sanción mora alguna. .

III. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto de 15 de octubre de 2024 se admitió el recurso interpuesto por la apoderada judicial del Departamento del Tolima, sin que ninguno de los sujetos procesales se

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III. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto de 15 de octubre de 2024 se admitió el recurso interpuesto por la apoderada judicial del Departamento del Tolima, sin que ninguno de los sujetos procesales se hubiese manifestado sobre el mismo, y como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, y que dentro del tér mino de ejecutoria del auto que admitió el recurso de alzada no se presentaron alegatos de cierre, se ordenó dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. Sobre la competencia

5 Ver Epte Juzgado – Archivo 115Radicación N°.: 73001-33-33-007-2022-00021-01

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Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los arts. 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir en su orden que corresponde a los T ribunales Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces administrativos.

2. Problema Jurídico.

En los términos de la apelación, el problema jurídico se contrae a establecer, si el Departamento del Tolima es el responsable del pago de la mora por la cancelación

administrativos.

2. Problema Jurídico.

En los términos de la apelación, el problema jurídico se contrae a establecer, si el Departamento del Tolima es el responsable del pago de la mora por la cancelación tardía de las cesantías de todos los demandantes, tal como se indicó la sentencia censurada, o si, como lo sostiene el apelante, el mismo no respon sable de dicha sanción en razón a que el Departamento cumplió con todos los trámites para a expedición de las cesantías y las mismas fueron canceladas de manera oportuna en razón a la suspensión de términos que se produjo con ocasión de la pandemia del Covid 19.

3. Marco legal y Jurisprudencial:

La Ley 91 de 1989, "Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio", reguló lo concerniente a las prestaciones sociales tanto de los docentes nacionalizados como de los docentes nacionales. En tal sentido en su artículo 1°, distingue a los docentes nacionales de los nacionalizados, señalando que los primeros son los que se vincul an por nombramiento del Gobierno Nacional, y los segundos, son los que se vinculan por nombramiento de la entidad territorial antes del 1° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 43 de 19756.

Por su parte, el numeral 1° del artículo 15 establece, que a partir de su vigencia, el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990, se regirá de la siguiente manera:

• Los docentes nacionalizados o territoriales que figuren vinculados hasta el 31 de

personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990, se regirá de la siguiente manera:

• Los docentes nacionalizados o territoriales que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

• Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990, para los mismos efectos, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 o que se expidan en el futuro con las excepciones consagradas en esta ley.

Puntualmente, frente a lo relacionado con las cesantías de los docentes de carácter nacional y vinculado a partir del 1 de enero de 1990, el numeral 3° ibídem, dispuso:

“3.- Cesantías:

Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial

cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial

6 Ley 43 del 11 de diciembre de 1975 "Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarias; y se distribuye u na participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones". Artículo 10°. - "En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional".Radicación N°.: 73001-33-33-007-2022-00021-01

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promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a la s normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional."

Sobre el particular el Honorable Consejo de Estado, en sentencia del 25 de marzo de

pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a la s normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional."

Sobre el particular el Honorable Consejo de Estado, en sentencia del 25 de marzo de 2010, dictada dentro del proceso con radicación No. 63001 -23-31-000-2003-0112501(0620-09), Consejero Ponente Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, señaló:

"De manera particular, en lo que a las cesantías hace referencia, el numeral 3° de este mismo artículo señala que, a partir de su vigencia, para docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, dicho Fondo pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado sobre el último salario devengado si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario, sobre el salario promedio del último año. Y para los docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero solo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1° de enero de 1990, el Fondo reconocerá y pagará un interés anu al sobre saldo de estas cesantías existentes a 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad , equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial de captación del sistema financiero durante el mismo período.

Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo continuarán sometidas a las normas generales vigentes para

durante el mismo período.

Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

Se deduce entonces, que la Ley 91 de 1989 estableció un régimen que reguló la situación de los docentes, en atención al proceso de nacionalización de la educación previsto en la Ley 43 de 1975 y que implicaba la existencia tanto de docentes vinculados por la Nación como de docentes que habiendo sido vinculados por una entidad territorial, serían nacionalizados.

Los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial y los docentes nacionales y los vinculados a partir del 1° de enero de 1990, se les aplic arán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

En lo que atañe a las cesantías de los docentes nacionalizados, se conservó el sistema de retroactividad para los vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 , de conformidad con la normativa vigente en la entidad territorial, y a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1° de enero de 1990, se les aplicaría un sistema anualizado de cesantías sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses". (Negrilla y Subrayado de la Sala).

No obstante lo anterior, y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Ley 91 de 1989 no reguló el derecho de los docentes al reconocimiento y pago de esta prestación, y en esa perspectiva la sanción por mora en el pago de las cesantías

la Ley 91 de 1989 no reguló el derecho de los docentes al reconocimiento y pago de esta prestación, y en esa perspectiva la sanción por mora en el pago de las cesantías es una figura creada por la Ley 244 de 1995, cuyo objetivo es proteger el pago oportuno de las cesantías, pues a través del establecimiento de una sanción pecuniaria para las entidades públicas por la demora en el pago de esta prestación, se buscaba que estas expidieran la resolución de reconocimiento y pago en forma oportuna y expedita para evitar corrupción, favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores.7

En este sentido, la Ley 244 de 1995 se ocupó de determinar los destinatarios de la sanción, fijar los términos para la liquidación; reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de los servidores públicos de los órganos y entidades del Estado; y establecer el término para que opere la respectiva sanción y su valor.8

Así, respecto al procedimiento y los términos para el reconocimiento y pago de las cesantías, la norma indica que la administración tiene 45 días para pagar la prestación

7 Consejo de Estado, Sentencia del 27 de marzo de 2007, Rad. 2000-02513-01 (IJ) C.P. Jesús María Lemus Bustamante. 8 Artículo 1º Ley 244 de 1995.Radicación N°.: 73001-33-33-007-2022-00021-01

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solicitada. El término comienza a correr una vez han transcurrido 15 días desde la radicación de la petición, periodo en el que la administración debe emitir un pronunciamiento de fondo en el que reconozca o niegue el pago del auxilio de cesantía. A esos 60 días se suman 5 días más correspondientes al término de ejecutoria del acto de reconocimiento y liquidación, cuyo trámite debe agotarse en 65 días hábiles, y a partir del día 66, se reconocerá y pagará al beneficiario un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías.

De otra parte, la Ley 1071 de 2006 modificó la Ley 244 de 1995, y precisó su ámbito de aplicación, pues mientras en la Ley 244 de 1995 establecía que los destinatarios de la norma eran los servidores públicos de todos los órdenes, en la nueva disposición se dijo que lo eran los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, y agregó que para los mismos efectos, se aplicará a los miembros de la Fuerza Pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma transitoria o permanente, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional del Ahorro.

Igualmente, extendió los efectos de la sanción a la demora en el trámite del retiro

funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional del Ahorro.

Igualmente, extendió los efectos de la sanción a la demora en el trámite del retiro parcial de las cesantías, pues la Ley 244 de 1995 solo se refería a las cesantías definitivas, y mantuvo los mismos términos para el trámite de reconocimiento y pago del auxilio de cesantía, así como el valor de la sanción moratoria por retardo en su pago.

Debe advertirse igualmente que con la expedición del Decreto 1272 de 2018 expedido por el Ministerio de Educación Nacional, se reglamentó el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de los docentes con el propósito de agilizar esos trámites y cumplir los acuerdos suscritos con FECODE el 16 de junio de 2017.

El referido decreto definió el procedimiento, los plazos y responsabilidades de los actores que intervienen en el reconocimiento de las prestaciones, esto es, las entidades territoriales certificadas en educación y la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del FOMAG, señalando que las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas a cargo de dicho Fondo deben ser resueltas sin exceder 15 días hábiles contados desde la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario.9

Con respecto al pago de las cesantías, indicó que dentro de los 45 días hábiles siguientes a la notificación y ejecutoria del acto administrativo que reconoce las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la sociedad fiduciaria debe efectuar los pagos correspondientes.10

siguientes a la notificación y ejecutoria del acto administrativo que reconoce las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la sociedad fiduciaria debe efectuar los pagos correspondientes.10

Huelga recordar que en relación con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes, el Consejo de Estado profirió múltiples decisiones contradictorias, pues de un lado sostuvo que los docentes no son destinatarios de la norma que consagra la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, señalando que el legislador no señaló expresamente que los mismos fueran beneficiarios de esta disposición, y que los docentes están cobijados por un régimen especial que no consagró la sanción moratoria por pago tardío de cesantías a su favor.

En otras providencias, nuestro órgano de cierre reconoció que la sanción por mora en el pago de las cesantías sí procede