TA TOL - Sentencia 73001-33-33-008-2019-00092-01 (27-02-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAGISTRADO PONENTE: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN: 73001-33-33-008-2019-00092-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: CARLOS GONZALO ALVARADO GAITÁN - OTROS

APODERADA DEMANDANTE: MARÍA DE LOS ÁNGELES MORALES CORREA

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

APODERADO DEMANDADO: RENUNCIÓ

DEMANDADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

APODERADO: CLAUDIA PATRICIA ACEVEDO VÁSQUEZ

Tema: ERROR JUDICIAL Y DEFECTUOSO

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACÓN DE

JUSTICIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del 30 de junio de 2023, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, por medio de la cu al se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de reparación directa, mediante apoderado, promovió demanda en contra de la Nación - Rama judicial – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se declaren administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios morales y materiales ocasionados a Carlos Gonzalo Alvarado, por un proceso penal seguido en su contra en el que se profirió sentencia condenatoria, cuando existía prescripción de la acción penal.

responsables por los perjuicios morales y materiales ocasionados a Carlos Gonzalo Alvarado, por un proceso penal seguido en su contra en el que se profirió sentencia condenatoria, cuando existía prescripción de la acción penal.

Que se condene a las demandadas a reconocer los perjuicios morales y materiales a favor de los demandantes.

2. HECHOS

Los que tienen relevancia jurídica son los siguientes:

2.1 Que en contra del demandante se adelantó un proceso penal por los delitos de injuria y calumnia, en el que se realizó imputación de los mismos el 18 de septiembre de 2013, cuando era evidente que la acción se encontraba prescrita, en razón a tratarse de hechos ocurridos el 1° de enero de 2008.

2.2 Que la Fiscalía 57 Local de lbagué, mediante oficio No. 1830 del 11 de diciembre de 2012, dirigido a la Secretaría Centro de Servicios Judiciales S.P.A , advirtió que el 31 de diciembre de 2012 opera ría la prescripción; por lo que , en audiencia de imputación de cargos, el abogado defensor solicitó la prescripción por el delito de injuria.

2.3 El 21 de julio de 2016, el Juzgado Doce Penal Municipal de Ibagué, profirió sentencia condenatoria dentro del proceso radi cado No. 110016000102201100258 contra Carlos Gonzalo Alvarado Gaitán, por el delito de calumnia en concurso homogéneo, sin ningún sustento probatorio, e inclusive fundada en hechos que no fueron materia de la acusación, violándose además el principio de congruencia.Radicación: 73001-33-33-008-2019-00092-01

Acción: Reparación Directa

sustento probatorio, e inclusive fundada en hechos que no fueron materia de la acusación, violándose además el principio de congruencia.Radicación: 73001-33-33-008-2019-00092-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Carlos Gonzalo Alvarado – otros Demandado: Nación – Rama Judicial Página 2 de 23

2.4 El 16 de septiembre de 2016, el Tribunal resolvió el recurso de apelación y consideró que el delito de calumnia en concurso homogéneo no se tipificó; pero en su lugar condenó por el delito de injuria, con lo cual se continuó con la afectación de la situación del actor, al avalar las irregularidades cometidas por el fallador de instancia.

2.5 Que el demandante interpuso recurso extraordinario de casación, habiendo presentado la respectiva demanda, y conjuntamente solicitó la prescripción de la acción penal y la interrupción de los términos procesales mientras se decidía esa petición.

2.6 El 29 de noviembre de 2016, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué decretó la prescripción de la acción penal, la cual quedo ejecutoriada el 9 de diciembre de 2016.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1 NACIÒN – RAMA JUDICIAL

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda.

Que para que se configure el error judicial se deben acreditar los siguientes presupuestos: i) Que el error estuviera contenido en una providencia judicial en firme; ii) Que se incurriera en error fáctico o normativo; iii) se causara un daño cierto y antijurídico y, que

1. Que el error estuviera contenido en una providencia judicial en firme; ii) Que se incurriera en error fáctico o normativo; iii) se causara un daño cierto y antijurídico y, que iv) el error incidiera en la decisión judicial en firme; para afirmar que en el caso particular no se configura el error alegado, en razón a que la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del distrito Judicial de Ibagué, por medio de la cual condena al señor Carlos Gonzalo Alvarado Gaitán a la pena de 23 meses de prisión no se encuentra ejecutoriada, pues ese alto Tribunal mediante decisión del 29 de noviembre de 2016 declaró la prescripción de la acción penal dentro del proceso seguido por el actor.

Que las decisiones adoptadas dentro de la actuación penal con tra Carlos Gonzalo Alvarado Gaitán, se dieron con aplicación de criterios de interpretación válidos y sin desconocer las decisiones emitidas por los superiores jerárquicos.

Propuso las excepciones de: Inexistencia de perjuicios; Culpa exclusiva de la víctima e Inexistencia de los presupuestos de error jurisdiccional.

3.2 NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda.

Que en el caso en concreto, la Fiscalía General de la Nación no está legitimada para responder por los daños presuntamente causados a los demandantes.

Que no se evidenció falla en el servicio y, en consecuencia, no existe el daño expresado por los demandante s respecto de la Fiscalía, toda vez que dentro del plenario no se aportan las pruebas que conlleven a la responsabilidad patrimonial y administrativa del ente investigativo.

por los demandante s respecto de la Fiscalía, toda vez que dentro del plenario no se aportan las pruebas que conlleven a la responsabilidad patrimonial y administrativa del ente investigativo.

Propuso las excepciones de: Falta de legitimación en la causa por pasiva, Ausenci a del daño antijuridico e imputabilidad del mismo a la Fiscalía General de la Nación; e Inexistencia del Nexo de Causalidad.Radicación: 73001-33-33-008-2019-00092-01

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4. SENTENCIA APELADA

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, el día 30 de junio de 202 3, negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que se profirió una condena fundada en los mismos hechos que sustentaron la acusación de la Fiscalía General de la Nación solo que de forma atenuada o degradada, lo que descarta la trasgresión de garan tías fundamentales y del principio de congruencia como límite a la facultad del Estado para condenar.

Indicó que aunque de forma “adicional” el inculpado se haya beneficiado de una declaratoria interlocutoria de cesación de procedimiento por haber acaecid o la prescripción de la acción penal – en contra del Estado y a favor del inculpado, no genera en manera alguna una responsabilidad patrimonial automática del Estado, quien, por haber perdido la competencia para seguir ejerciendo su facultad punitiva, perdió también la oportunidad de culminar la persecución de una conducta delictiva que sí se realizó, en

en manera alguna una responsabilidad patrimonial automática del Estado, quien, por haber perdido la competencia para seguir ejerciendo su facultad punitiva, perdió también la oportunidad de culminar la persecución de una conducta delictiva que sí se realizó, en desmedro de los derechos de las víctimas de la conducta, no del inculpado.

Afirmó que la prescripción que cobijó la calificación definitiva de la conducta punible en sentencia de segunda instancia solo podía verificarse con posterioridad a la variación al tipo penal de injuria así hubiere acaecido en la etapa de investigación, en consecuencia, no podía exigirse a los jueces la anticipación del benef icio procesal de la prescripción como se sugiere en la demanda, dado que la declaración se hace retroactivamente y no se sospecha anormal o irracional que la decisión interlocutoria sobre extinción de la acción se hubiera emitido con posterioridad – el 29 de noviembre de 2016a la sentencia condenatoria de segunda instancia – el 16 de septiembre de 2016 -, sin que se advierta ninguna actuación trasgresora de los límites que el ordenamiento dispone e impone a la decisión judicial.

5. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante indicó en su apelación que si bien es cierto que uno de los requisitos que ha establecido el Consejo de Estado, para que se configure el título de imputación de error jurisdiccional es que el mismo conste en una providencia judicial respecto de la cual se hayan agotado los recursos ordinarios legalmente procedentes; y que en el caso en concreto no se logró agotar la casación por decisión de último minuto del Tribunal, no es menos cierto, que el recurso se interpuso en término, y que e stando en el último de

en concreto no se logró agotar la casación por decisión de último minuto del Tribunal, no es menos cierto, que el recurso se interpuso en término, y que e stando en el último de los 30 días para interponer la demanda de casación, el Tribunal mediante auto declaró la prescripción de la acción de la acción y consecuente preclusión.

Que no se puede acudir a una exuberante ritualidad, para desconocer el principio de la realidad sobre las formas, y pretender que por haber declarado la preclusión el último día de término de presentación de la demanda de casación, no se generó un daño al demandante, que debe ser reconocido bien sea bajo el título de imputaci ón de error jurisdiccional, o residualmente como defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Pues, resulta evidente, que no sólo se causó un daño material como es el costo de los honorarios del abogado que presentó la demanda de casación, sino que se afectó el bienestar emocional de los demandantes, al haber proferido una sentencia condenatoria por un delito cuya acción penal estaba prescrita, por lo que resultaba totalmente injusta y arbitraria, y lo que les hizo víctimas de una justicia caprichosa y defectuosa, que amenazada la libertad y reputación del señor Alvarado

Que no se cuestionó con este medio de control de reparación directa la competencia para variar la calificación de la conducta, o si quiera de declarar la prescripción de la acción penal, sino que cuestiona es cómo el Tribunal utilizó esta herramienta jurídica de forma arbitraria y caprichosa a fin de condenar al hoy demandante, llegando a la instancia deRadicación: 73001-33-33-008-2019-00092-01

penal, sino que cuestiona es cómo el Tribunal utilizó esta herramienta jurídica de forma arbitraria y caprichosa a fin de condenar al hoy demandante, llegando a la instancia deRadicación: 73001-33-33-008-2019-00092-01

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conceder el término para presentar una demanda de casación, y al observ ar en la presentación de esta su inexorable prosperidad reversar toda actuación con un auto interlocutorio, habiendo ya producido en el actor perjuicios irremediables no sólo económicos sino inmateriales.

Que no puede pretender la administración de justic ia hacer ver que ante la falta de un fallo ejecutoriado no se produjo perjuicio al demandante, cuando el mismo estuvo 30 días condenado por un delito que no cometió y cuya acción penal se encontraba prescrita, y no sólo sufrió durante ese tiempo el peso emocional y en su salud de una condena injusta, sino que además tuvo que asumir el costo de los honorarios de un abogado de casación ante el apremio de esta última instancia. Los demandantes sufrieron 30 días de angustias graves que fueron relatadas por su médico tratante y demás testigos, con afecciones directas en su salud mental y física; además del perjuicio económico, todo esto debidamente probado en el curso del proceso.

Que no puede el juzgado de lo contencioso administrativo asegurar que la conducta delictiva por la que se investigó y procesó al demandante sí se realizó, cuando precisamente nunca se pudo condenar al aquí demandante por tales delitos pese a las

Que no puede el juzgado de lo contencioso administrativo asegurar que la conducta delictiva por la que se investigó y procesó al demandante sí se realizó, cuando precisamente nunca se pudo condenar al aquí demandante por tales delitos pese a las muchas arbitrarias decisiones de la administración de justicia, y la clara persecución de la que fue víctima. Dichas declaraciones donde la jurisdicción de lo contencioso administrativo pretende determinar la existencia de delitos, sólo demuestran el gran perjuicio que ese proceso penal le produjo y le sigue produciendo al señor Alvarado, pues no encuentra si quiera en un nuevo operador judicial el respeto a sus derechos y garantías fundamentales como la presunción de inocencia.

Que no sólo el Juzgado de primera instancia desdibujó la fijación del litigio y el problema jurídico, conduciendo la argumentación de la sentencia en presupuestos equívocos, sino que, además, insiste en la persecución judicial de la que ha sido víctima el hoy demandante al aseverar que sí cometió los delitos por los cuales se investigó, pese a no existir sentencia condenatoria en su contra proferida por juez competente, demostrando una vez más como la fatídica ocurrencia de una investigación y proceso penal arbitrario pueden incidir en la vida de una persona que goza de presunción de inocencia

Por último, solicitó se re voque la sentencia apelada, y en su lugar se accedan a las pretensiones.

6. TRÁMITE PROCESAL

El proceso fue radicado en esta Corporación el 18 de agosto de 2023.

Mediante auto del día 26 de septiembre de 2023, se admitió el recurso de apelación.

6. TRÁMITE PROCESAL

El proceso fue radicado en esta Corporación el 18 de agosto de 2023.

Mediante auto del día 26 de septiembre de 2023, se admitió el recurso de apelación.

El recurso de apelación se tramitó en los términos del numeral 5° del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Sin embargo, la parte demandada y demandante, en esta instancia reiteraron los argumentos expuestos en sus respectivos escritos.

7. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

7.1. COMPETENCIA

Es competente el Tribunal Administrativo del Tolima para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 y siguientes de la Ley 270 de 1996 y por los artículos 153 y 243 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el art. 328 del CGP.Radicación: 73001-33-33-008-2019-00092-01

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7.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde determinar, si

1. Se encuentra acreditado el daño alegado. ii) Existe error judicial en la sentencia condenatoria emitidas dentro del pro ceso penal. iii) Si con la declaratoria de prescripción de la acción penal, se acredita el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y se puede endilgar responsabilidad a la demandada.

7.3. TESIS DE LA SALA

penal. iii) Si con la declaratoria de prescripción de la acción penal, se acredita el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y se puede endilgar responsabilidad a la demandada.

7.3. TESIS DE LA SALA

La Sala confirmará la sentencia apelada en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.

Que conforme a lo transcrito es evidente que existió valoración probatoria para llegar a la conclusión emitida en cada una de las sentencias; sin que se aprecie de manera específica el error judicial alegado, y aunque existió en segunda instancia una variación en el tipo penal imputado, lo cierto es que el operador judicial tenía esa facultad conforme a lo probado, la cual debía estar soportada en material probatorio, tal y como se transcribió anteriormente.

En el caso concreto, pese a que se evidencia que el proceso penal finalizó por prescripción de la acción penal, por el paso del tiempo existió, ese solo hecho no resulta suficiente para concluir que se presentó una mora judicial injustificada, y que esa fue la causa del daño alegado.

Está probado que el demandante fue condenado en primera y segunda instancia por unos hechos que se tipificaron inicialmente como calumnia y luego con la variación jurídica del tipo penal efectuada en la segunda instancia se adecuó a injuria, lo cual resultó más beneficioso para el procesado, porque la pena era menor, pero ambas condenas se emitieron bajo el análisis de los mismos hechos y pruebas aportadas, pues, así quedó expuesta en las providencias, además de las razones jurídicas consignadas en ellas.

7.4 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A partir de la Constitución Política de 1991, las entidades públicas deben responder

expuesta en las providencias, además de las razones jurídicas consignadas en ellas.

7.4 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A partir de la Constitución Política de 1991, las entidades públicas deben responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que causen por acción u omisión siempre que les sean imputables 1, y no es que anteriormente no respondieran, es sólo que con su vigencia, ella dispuso en un articulado ese sentido. Nuestro órgano de cierre2 aduce que “Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1

1 La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C -333 de 1996. Postura que fue seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un

víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C -333 de 1996. Postura que fue seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, sentencia C-892 de 2001. 2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Olga Mélida Valle De La Hoz, en sentencia del 30 de enero de 2013, radicación No.: 25000-23-26-000-2001-01156-01(25573).Radicación: 73001-33-33-008-2019-00092-01

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superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. De igual forma, con ponencia de Jaime Orlando Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31000-1994-08654-01(19976), expresó:

“Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitució n, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión. Dicha

extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión. Dicha imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar: i) la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: fal la o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional), y; adicionalmente a lo anterior, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.

(…)

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antij urídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”.

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisio nes”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico -jurídico una prescripción, más

adoptar las decisio nes”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico -jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”.

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no.”

En consecuencia, se hace necesario dilucidar en el caso concreto si se configuran los elementos legales para que surja el deber del Estado de responder, esto es, el daño antijurídico, la imputabilidad del mismo al demandado y el nexo causal entre uno y otro.

7.4.1. El daño ha sido tradicionalmente entendido como aquel menoscabo o detrimento que sufre una persona y que puede ser patrimonial o extrapatrimonial; sin embargo, para que genere responsabilidad debe ser: cierto, personal y antijurídico. Es cierto cuando efectivamente ocurre de tal suerte que el hipotético no puede ser indemnizado . Así

que sufre una persona y que puede ser patrimonial o extrapatrimonial; sin embargo, para que genere responsabilidad debe ser: cierto, personal y antijurídico. Es cierto cuando efectivamente ocurre de tal suerte que el hipotético no puede ser indemnizado . Así mismo, cuando se menciona que sea personal, se refiere que sólo su víctima estáRadicación: 73001-33-33-008-2019-00092-01

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legitimada para la reclamación. El Consejo de Estado3 ha señalado: “El concepto del daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la Constitución ni en la ley, sino en la doctrina española, particularmente en la del profesor Eduardo García de Enterría, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991 hasta épocas más recientes, como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.”

En otro fallo 4 indicó: “ En cuanto al daño antijurídico, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho”, y que la “Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armon iza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”.

El precedente jurisprudencial constitu cional considera que el daño antijurídico se

valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”.

El precedente jurisprudencial constitu cional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución ”5. En efecto, el daño antijurídico se concibe como aquel que la víctima no está obligada a soportar y por tanto, resulta jurídico si se constituye en una carga pública, o, antijurídico si es consecuencia del desconocimiento por part e del mismo Estado del derecho legalmente protegido, dando como resultado el no tener el deber legal de soportarlo.

7.4.2. De la imputación. Al respecto se ha distinguido entre la imputación fáctica (imputatio facti) y la imputación jurídica (imputatio iure) con el objeto de determinar quién debe entrar a resarcir el daño causado. Así, Enrique Gil Botero, en el salvamento de voto que hace a la sentencia del 26 de mayo de 20106 expresó:

“Ahora bien, en materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar –

cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar – acción u omisión-, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure) supone el establecer el fundamento o razón de l a obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas o regímenes de responsabilidad que tienen ca bida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política7.”

3 Sección Tercera, Subsección A, C. P.: Hernan Andrade Rincón, en sentencia del 26 de mayo 2011, radicación No.: 19001-23-31-000-1998-03400-01(20097), 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Jaime Orlando Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31-000-1994-08654-01(19976). 5 Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. 6 Radicación No. 05001-23-26-000-1994-02405-01(18590) C.P.: Dr. Mauricio Fajardo Gómez,

5 Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. 6 Radicación No. 05001-23-26-000-1994-02405-01(18590) C.P.: Dr. Mauricio Fajardo Gómez, 7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, expediente 7622, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.Radicación: 73001-33-33-008-2019-00092-01

Acción: Reparación Directa

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El Estado, entonces, es responsable extracontractualmente una vez se haya configurado la existencia de un daño antijurídico y la imputación del mismo desde el punto de vista fáctico y jurídico y, siempre y cuando se predique el nexo de causalidad entre estos.

7.4.3 DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El artículo 69 de la Ley 270 de 1996 , define el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en los siguientes términos:

“(…) ARTÍCULO 69. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

El Consejo de Estado ha diferenciado el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia del error jurisdiccional, así:

“(…) En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de

consiguiente reparación”.

El Consejo de Estado ha diferenciado el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia del error jurisdiccional, así:

“(…) En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habría que decir que éste, a diferencia del error judicial, se produce en las demás actuaciones judiciales neces