TA TOL - Sentencia 73001-33-33-008-2022-00163-02 (29-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué – Tolima, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

EXPEDIENTE: 73001-33-33-008-2022-00163-02

INTERNO: 0207/2024

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO

DEMANDANTE: CLAUDIA ALEXANDRA RIVERA

CIFUENTES

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL –

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte dema ndada, contra la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué el 23 de enero de 2024, que accedió a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

La señora Claudia Alexandra Rivera Cifuentes, por intermedio de apoderad a judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda con la finalidad de obtener mediante sentencia judicial, un pronunciamiento favorable sobre las siguientes:

1. Declaraciones y condenas1

La demandante refiere lo siguiente:

“PRIMERA.- Se declare la ocurrencia del fenómeno jurídico del silencio administrativo negativo por cuanto NACION - RAMA JUDICIAL – CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA DE

“PRIMERA.- Se declare la ocurrencia del fenómeno jurídico del silencio administrativo negativo por cuanto NACION - RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL no desató el recurso de apelación presentado el 26 de agosto de 2020 interpuesto contra el acto administrativo DSAJIBO20 – 439 del 4 de marzo de 2020 proferido por el director seccional de administración judicial.

1 Folios 2 a 3 del 3_EXPEDIENTEDIGITAL_03DOCUMENTODEMANDAP.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2

Demandante: CLAUDIA ALEXANDRA RIVERA CIFUENTES Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Radicación: 73001-33-33-008-2022-00163-02

Interno: 0207/2024

SEGUNDA.- Que se inaplique el decreto 383 de 2013 y Se declare la nulidad del acto administrativo DSAJIBO20 - 439 del 4 de marzo de 2020 proferido por el director seccional de administración judicial, declarándose la nulidad, acto expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de esta capital, por medio del cual negó a mi mandante el reconocimiento y pago de la reliquidación de sus prestaciones sociales teniendo la bonificación judicial como factor salarial en concordancia con lo preceptuado en la ley 4 de 1992 nivelación salarial a la que tiene derecho el demandante de conformidad con el

reliquidación de sus prestaciones sociales teniendo la bonificación judicial como factor salarial en concordancia con lo preceptuado en la ley 4 de 1992 nivelación salarial a la que tiene derecho el demandante de conformidad con el artículo 3º. de la Ley 4ª. de 1992 correspondiente a los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 tal como lo solicitó a través de la suscrita abogada mediante escrito presentado el día 28 de febrero de 2020 a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de esta capital.

TERCERA; Que como consecuencia de las declaraciones a que se refieren los numerales precedentes, se CONDENE a LA NACION - RAMA JUDICIAL – DIRECCION EJECUITVA DE ADMINITRACION JUDICIAL, a ordenar el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional a que tiene derecho mi mandante como servidor de la Rama Judicial, teniendo en cuenta para ello lo establecido por el artículo 3°. de la Ley 4ª. de 1992, y que consiste en la cancelación de las diferencias prestacionales dejadas de percibir por concepto de prestaciones económicas tales como Primas de Servicios, Vacacional, de Navidad, de Productividad, Bonificación por Servicios Prestados, Cesantías y demás, adeudados por los años 2013,2014,2015, 2016,2017,2018,2019 y los año s futuros, con fundamento en lo establecido en el artículo 3°. de la Ley 4ª. de 1992, la cual se encuentra vigente para su aplicación; SUMA ESTA QUE RESULTA DE LA DIFERENCIA DE LO PAGADO ACTUALMENTE y el aumento que se haga con base en dicha normativa, la que

artículo 3°. de la Ley 4ª. de 1992, la cual se encuentra vigente para su aplicación; SUMA ESTA QUE RESULTA DE LA DIFERENCIA DE LO PAGADO ACTUALMENTE y el aumento que se haga con base en dicha normativa, la que deberá hacerse efectiva a partir del 1°. De enero de 2013, fecha en que adquirió el derecho a la nivelación salarial y prestacional y hasta el día que se presenta esta demanda.

CUARTA.-De igual modo, se ordenará la actualización de las condenas en los términos del artículo 195 del C. C. A. dando aplicación a la siguiente fórmula:

R= R. H. INDICE FINAL

INDICE INICIAL

En la que el valor presente ® se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto del no pago de sus prestaciones, desde cuando debieron pagarse hasta la fecha de ejecutoría de esta sentencia por el guarismo que resulte de dividir el Índice Final de Precios al Consumidor certificado por el DANE vigente en la fecha firmeza de esta providencia por el Índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho lapso.”

2. Hechos2

2 Folios 5 a 10 del 3_EXPEDIENTEDIGITAL_03DOCUMENTODEMANDAP.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 3

Demandante: CLAUDIA ALEXANDRA RIVERA CIFUENTES Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Demandante: CLAUDIA ALEXANDRA RIVERA CIFUENTES Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Radicación: 73001-33-33-008-2022-00163-02

Interno: 0207/2024

La apoderada de la parte demandante refirió como sustento factico del anterior petitum, el siguiente:

Que la demandante estuvo vinculada ante la entidad accionada a partir del 15 de noviembre de 2002 y hasta el 31 de enero de 2019, desempeñ ando como último cargo el de Juez Tercera de Pequeñas Causas de Ibagué, de forma continua e ininterrumpida, tiempo en el cual le fue pagada una remuneración tanto salarial como prestacional acorde a los Decretos que cada año emitía el Gobierno Nacional, atendiendo a lo previsto en la Ley 53 de 1997.

Refirió que con fundamento en la Ley 4 de 1992, anualmente el gobierno nacional haría las modificaciones en el sistema salarial de los empl eados ahí relacionados, señalando los objetivos y criterios para ello, facultándolo también para regular lo relativo a viáticos, gastos de representación y comisiones de aquéllos, de manera que, en virtud de este, se determinó la remuneración mensual y salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial.

Sostuvo que, en razón al cargo desempeñado por la actora y al derecho a la igualdad, tenía derecho a que se le reconociera la bonificación judicial como una nivelación de tipo salarial y prestacional creada con el Decreto 383 de 2012,

Sostuvo que, en razón al cargo desempeñado por la actora y al derecho a la igualdad, tenía derecho a que se le reconociera la bonificación judicial como una nivelación de tipo salarial y prestacional creada con el Decreto 383 de 2012, dictado en desarrollo de la Ley 4 de 1992, explicando en q ué consiste tal emolumento, al cual no se le otorgó carácter salarial, por lo que no se puede tomar para liquidar los derechos salariales y prestacionales de los servidores de la Rama Judicial , cuando debía considerarse para tal efecto , desconociendo además lo acordado sobre la nivelación de los mismos y lo dispuesto en dicha Ley, destacando que la remuneración comprendía todos los pagos que percibía el trabajador por su labor y afirmó que la entidad demandada estaba ignorando el concepto de salario.

Puso de presente que el día 28 de febrero de 2020, había agotado la vía gubernativa a través de petición que fue resuelta con el oficio No. DESAJOBO20-439 del 04 de marzo de 2020, el cual se notificó el 25 de agosto de 2020, pronunciamiento contra el que el día 26 de agosto de ese año se interpuso recurso de apelación, el cual no fue decidido, configurándose un silencio administrativo, aduciendo que la parte accionada estaba desconociendo derechos laborales de la demandante.

3. Normas violadas y Concepto de Violación3

Como normas violadas se relacionaron el preámbulo y los artículos 2, 6, 13, 25, 53, 54, 84 y 209 de la Norma Superior, el artículo 8 del Decreto 1950 de 1973, el

Como normas violadas se relacionaron el preámbulo y los artículos 2, 6, 13, 25, 53, 54, 84 y 209 de la Norma Superior, el artículo 8 del Decreto 1950 de 1973, el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, el parágrafo único del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996 , el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, así como las normas que tuvieran relación con el asunto planteado.

3Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 4

Demandante: CLAUDIA ALEXANDRA RIVERA CIFUENTES Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Radicación: 73001-33-33-008-2022-00163-02

Interno: 0207/2024

Explicó que la Constitución Política había asignado las competencias para establecer y fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos al Congreso y al Gobierno Nacional, lo que llevó a que el primero expidiera la Ley 4 de 1992, indicando aquellos aspectos que debía observar el ejecutivo para determinar ello , enfatizando en que en el parágrafo del artículo 14 de esta norma se dispuso que debía revisarse el sistema de remuneración de los servidores de la Rama Judicial adelantando su nivelación o reclasificación con base a criterios de equidad.

Puso de presente que en reglamentación de dicha Ley, el Gobierno ha emitido distintos decretos y que la negativa de la entidad demandada en acceder a lo

base a criterios de equidad.

Puso de presente que en reglamentación de dicha Ley, el Gobierno ha emitido distintos decretos y que la negativa de la entidad demandada en acceder a lo solicitado por la accionante era un desmejoramiento y una reducción tanto en su salario como en sus prestaciones, inobservando principios de raigambre constitucional en materia la laboral , desprotegiendo sus garantías mínimas e incluso derechos humanos reconocidos en convenios y tratados internacionales, que vinculaban a Colombia y además prevalecían en el ordenamiento jurídico , mencionando cuál era el alcance del concepto de remuneración según la OIT y lo determinado al respecto por el Consejo de Estado y por normas internas.

Mencionó que las altas cortes comprendían la bonificación contemplada en el Decreto 383 de 201 3, como de naturaleza salarial y que con base en que fue creada para realizar la nivelación de los servidores de la Rama Judicial, siendo un incremento salarial, era que se peticionaba que se tuviera esta como factor salarial para todos los efectos y no solo para las cotizaciones de salud y pensión y, por último, c omo cargo de nulidad, propuso la falsa motivación del acto demandado.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR LA NACIÓN – RAMA

JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL 4

Mediante su apoderado judicial, la parte demandada presentó escrito de contestación de la demanda, en la cual, en primer lugar, manifestó que se oponía a la totalidad de las pretensiones y condenas perseguidas, pidiendo que se declararan probadas las excepciones que se encontraran acreditadas, para lo

contestación de la demanda, en la cual, en primer lugar, manifestó que se oponía a la totalidad de las pretensiones y condenas perseguidas, pidiendo que se declararan probadas las excepciones que se encontraran acreditadas, para lo cual arguyó que su representada no podía ignorar la legalidad del Decreto ni su aplicación, por lo que lo pretendido era improcedente por ser contrario a la Constitución y al ordenamiento jurídico, debiendo observar sujeción a la ley.

Agregó que no era posible lo peticionado respecto de la bonificación salarial, puesto que esta no era un factor salarial, en tanto que así lo disponían los decretos que lo contemplaban, normas que contaban con presunción de legalidad y que estaban vigentes , además de que su actuar dependía de lo que autorizara el nivel central siguiendo los lineamientos del gobierno nacio nal, solicitando que no se emitiera una decisión ultra o extra petita.

4 Folios 3 a 11 del Documento 18_RECEPCIONMEMORIAL_RAMAJUDICIALCONTESTA.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 5

Demandante: CLAUDIA ALEXANDRA RIVERA CIFUENTES Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Radicación: 73001-33-33-008-2022-00163-02

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Con relación a los hechos, manifestó que aceptaba los relacionados a los cargos en que laboró la actora y las actuaciones presentadas en sede administrativa, de manera que se atendría a lo que se probara en el proceso y que en estos había apreciaciones subjetivas.

en que laboró la actora y las actuaciones presentadas en sede administrativa, de manera que se atendría a lo que se probara en el proceso y que en estos había apreciaciones subjetivas.

Como razones de defensa, hizo alusión a la Ley 4 de 1992, que autorizó al Gobierno Nacional para determinar el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos, dentro de los que se encuentran la Rama Judicial, siguiendo para ello unos objetivos y criterios , dando lugar tal facultad a que se dictara el Decreto 57 de 1993, por lo que desde el 01 de enero de 1993, en la Rama Judicial había un régimen ordinario (acogidos) y uno especial (no acogidos), relacionando la normatividad aplicable en este asunto , advirtiendo que la bonificación judicial solo era factor salarial para ser base de cotización del sistema general de pensiones y de salud, para lo cual trajo a colación sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre emolumentos que constituían tal factor, lo que era potestativo determinarse por el legislador.

Respecto de lo pretendido por la demandante, afirmó que la entidad ha aplicado debidamente lo dispuesto en la normatividad aplicable, motivo por el que no accedería a ello, pues podrían generarse consecuencias de índole penal, fiscal y disciplinario.

Propuso como excepciones las que denominó “Inexistencia de perjuicios ”, “De la imposibilidad material y presupuestal de reconocer las pretensiones del demandante ”, “prescripción trienal” e “innominada o genérica”.

5. Sentencia5

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante

imposibilidad material y presupuestal de reconocer las pretensiones del demandante ”, “prescripción trienal” e “innominada o genérica”.

5. Sentencia5

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 23 de enero de 2024, resolvió:

“PRIMERO: Avocar conocimiento del presente medio de control.

SEGUNDO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de PRESCRIPCIÓN, de acuerdo con lo expuesto.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del oficio No. DESAJIB020-439 del 04 de marzo de 2020, expedido por la RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento de derecho, CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a reconocer, reliquidar, reajustar y pagar a CLAUDIA ALEXANDRA RIVERA CIFUENTES, a partir del 28 de febrero de 2017 hasta el 31 de enero de 2019, y/o mientras permanezca vinculado a la administración, en los cargos en que se tenga derecho al pago de la BONIFICACIÓN JUDICIAL, como nivelación salarial y prestacional teniendo en cuenta para ello lo establecido en el artículo 3 de la ley 4ª d e 1992 y que consiste

5 Documento 026_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 6

Demandante: CLAUDIA ALEXANDRA RIVERA CIFUENTES Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Demandante: CLAUDIA ALEXANDRA RIVERA CIFUENTES Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Radicación: 73001-33-33-008-2022-00163-02

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en la cancelación de la reliquidación de las prestacionales sociales, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial y prestacional.

QUINTO: Las sumas que sean reconocidas como consecuencia de esta sentencia, serán actualizadas de acuerdo con el índice de Precios al Consumidor, según la fórmula anteriormente expuesta.

SEXTO: A esta sentencia se le dará cumplimiento en los términos señalados por los artículos 187, 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría y aplíquese el procedimiento establecido en el artículo 366 del Código General del

Proceso.

OCTAVO: Fíjese como agencias en derecho la suma de $4.064.630, que corresponde al 7% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de demanda.

NOVENO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 114 del Código General del Proceso y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995.”

Para llegar a tales determinaciones, el A quo circunscribió el problema jurídico a que la actora tenía derecho a que la entidad demandada le reliquidara sus prestaciones sociales, tomando como factor salarial la bonificación judicial,

de 1995.”

Para llegar a tales determinaciones, el A quo circunscribió el problema jurídico a que la actora tenía derecho a que la entidad demandada le reliquidara sus prestaciones sociales, tomando como factor salarial la bonificación judicial, debiendo cancelarse las diferencias que dejó de recibir por tales prestaciones a partir del año 2013 , precisando que no había operado el fenómeno de la caducidad en el presente asunto y procediendo a pronunciarse sobre las excepciones propuestas por la parte accionada , precisa ndo, con relación a la prescripción, que se reconocerían los derechos generados desde el 28 de febrero de 2017.

Continuó refiriéndose a lo probado en el proceso y a la cuestión de fondo, para en esta hacer alusión de los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, a la Ley 4 de 1992 , que previó la nivelación de todos los servidores de la Rama Judicial y no solo a unos como lo hacía el Gobierno Nacional, a la Ley 270 de 1996 y al Decreto 383 de 2013, norma que respondió a tal nivelación, creando una bonificación mensual para los empleados judiciales como factor salarial solo para la base de cotización del sistema general de pensiones y salud, debiendo la misma ser acorde a los fines del Estado.

Explicó cuándo un acto administrativo de temas laborales se consideraba ilegal, lo que daba lugar a que pudiera ser controlado judicialmente para darle prevalencia a la Norma Superior y a la Ley y abordó el concepto de salario según lo determinado por el Consejo de Estado , concluyendo que la bonificación judicial no podía ser parcialmente salarial, puesto que lo era de forma completa,

prevalencia a la Norma Superior y a la Ley y abordó el concepto de salario según lo determinado por el Consejo de Estado , concluyendo que la bonificación judicial no podía ser parcialmente salarial, puesto que lo era de forma completa, según lo expresado por la Corte Constitucional , precisando que el artículo primero del Decreto 383 de 2013 , estaba viciado de ilegalidad y era contrario a la Constitución Política al violar los principios de esta , además de que debíaMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 7

Demandante: CLAUDIA ALEXANDRA RIVERA CIFUENTES Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Radicación: 73001-33-33-008-2022-00163-02

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observarse lo establecido en convenios internacionales del trabajo que se hayan ratificado y aceptado en Colombia.

Sostuvo que la aludida bonificación era restrictiva del concepto de salario, de las normas internacionales y de la jurisprudencia, poniendo de presente que aquélla no se consideró como salario para la actora , a quien la parte accionada no le ha pagado todas sus acreencias laborales desde el año 2013, afectando sus prestaciones, más aún cuando la misma era un incentivo o incremento cuyo fin era generar un estímulo en e l trabajador y tratarse de un derecho adquirido , advirtiendo que el acto acusado y los dere chos del Gobierno sobre la bonificación judicial eran contrarios al ordenamiento superior.

6. Recurso de Apelación6

El apoderado judicial de la parte deman dada, inconforme con la anterior

advirtiendo que el acto acusado y los dere chos del Gobierno sobre la bonificación judicial eran contrarios al ordenamiento superior.

6. Recurso de Apelación6

El apoderado judicial de la parte deman dada, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación en el que manifestó que el hecho de considerar que la bonificación salarial contaba con carácter salarial, era contrario a la Ley, en tanto que lo determinado por el Juzgado de Instancia no era acorde a lo preceptuado en el Decreto 383 de 2013, destacando que el acto demandado tenía concordancia con el ordenamiento jurídico, advirtiendo que tal emolumento no constituía factor salarial y que los decretos expedidos sobre esta eran legales y estaban vigentes, por lo que pedía que se revocara o modificara el fallo recurrido, el cual reconocía aspectos ultra y extra petita.

Reiteró algunos argumentos de la contestación de la demanda y pidió que se negaran todas las pretensiones incoadas en esta.

III. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

Por medio de auto de fecha 09 de mayo de 2024 , la Sala Plena de esta Corporación, se declaró impedid a para conocer del asunto que ocupa y, en consecuencia, se envió el expediente a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – Sección Segunda, de conformidad con lo dispuesto en el numera l 5 del artículo 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mediante auto del 04 de abril de 2025, se obedeció y cumplió lo resuelto por el Consejo de Estado en la providencia del 26 de septiembre de 2024 y, por reunir

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mediante auto del 04 de abril de 2025, se obedeció y cumplió lo resuelto por el Consejo de Estado en la providencia del 26 de septiembre de 2024 y, por reunir los requisitos legales, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 23 de enero de 2024.

En los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del C .P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que dentro del término comprendido entre la notificación del auto que concedió la apelación y la

6 Documento 028_MemorialWeb_Recurso.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8

Demandante: CLAUDIA ALEXANDRA RIVERA CIFUENTES Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Radicación: 73001-33-33-008-2022-00163-02

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ejecutoria de la providencia que admitió el recurso, no hubo pronunciamiento alguno de las partes.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 153 del C.P.A .C.A., esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte demanda da, contra la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, el 23 de enero de 2024.

competente para resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte demanda da, contra la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, el 23 de enero de 2024.

Adicionalmente, precisa esta Colegiatura, que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación: 73001 33 33 005 2016 00238 01 (1958 -2024) en auto del veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), decidió declarar infundado el impedimento formulado por esta Corporación en casos con similares como al que aquí se analiza.

2. Problema jurídico

En el sub judice consiste en determinar si, el acto administrativo acusado infringió las normas Constitucionales y legales invocadas en el libelo introductorio, en cuanto negó a la accionante el reconocimiento y pago de l reajuste de sus prestaciones sociales a partir del 01 de enero de 2013 y hasta el 30 de enero de 2019, con la inclusión de la bonificación judicial en la liquidación, o si, por el contrario, aquél fue expedido conforme a derecho.

3. Tesis de la Sala

La tesis que sostendrá la Sala, consiste en afirmar que corresponde confirmar la decisión de primera instancia, comoquiera que se desestiman los argumentos de la parte recurrente comoquiera que no controvierten los fundamentos facticos en que fue reconocida a la demandante la bonificación judicial de que trata el Decreto 38 3 de 2013 y teniendo en cuenta que, los propuestos no

de la parte recurrente comoquiera que no controvierten los fundamentos facticos en que fue reconocida a la demandante la bonificación judicial de que trata el Decreto 38 3 de 2013 y teniendo en cuenta que, los propuestos no lograron desvirtuar lo decidido por el juez de primera instancia, más aún, cuando existe precedente vertical de obligatorio cumplimiento.

4. Marco jurídico y jurisprudencial

4.1 Régimen Salarial y Prestacional de los empleados de la Rama JudicialMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 9

Demandante: CLAUDIA ALEXANDRA RIVERA CIFUENTES Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Radicación: 73001-33-33-008-2022-00163-02

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La ley 4 de 19927, expedida en virtud de lo dispuesto en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política 8, en su artículo 1° , dispuso que correspondía al Gobierno Nacional, dentro de los marcos establecidos en esa ley, fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Gobierno Nacional, entre ellos, los de la Rama Judicial.

En virtud de ello, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 57 de 1993 “Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones”, y en sus artículos 1 y 2 dispuso:

“ARTÍCULO 1º. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con

disposiciones”, y en sus artículos 1 y 2 dispuso:

“ARTÍCULO 1º. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remunera ción de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del Poder Público, organismos o instituciones del Sector Público.

ARTÍCULO 2º. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podrán optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto. Los servidores públicos que no opten por el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha.”.

Del anterior precepto normativo se infiere que para los empleados de la Rama Judicial existen dos sistemas de remuneración, a saber:

1. El primero, hace referencia al sistema de acogidos y se aplica para todos aquellos que se vincularon a partir de la entrada en vigor del referido decreto, esto es a partir del 07 de enero de 1993 y también para aquellos funcionarios que ya venían vinculados y que decidieron acogerse a dicho régimen antes del 28 de febrero del mismo año;

1. Un segundo régimen correspondiente al de no acogidos, que aplica para aquellos que se encontraban vinculados con anterioridad a la vigencia de dicha norma y no manifestaron optar por es ta últim a, razón por la cual dichos servidores continuaron bajo el amparo de las disposiciones anteriores.

para aquellos que se encontraban vinculados con anterioridad a la vigencia de dicha norma y no manifestaron optar por es ta últim a, razón por la cual dichos servidores continuaron bajo el amparo de las disposiciones anteriores.

Ahora, la Ley 4 de 1992, en su artículo 14, estableció:

7 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.” 8 “ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)

9. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: (…) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública; (…)”Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 10

Demandante: CLAUDIA ALEXANDRA RIVERA CIFUENTES Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Radicación: 73001-33-33-008-2022-00163-02

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“ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni

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