TA TOL - Sentencia 73001-33-33-009-2022-00112-01 (20-03-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAG. PONENTE: LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

Radicación: 73001-33-33-009-2022-00112-01

Interno: 639-2023

Medio de control: EJECUTIVO

Demandante: JUAN MANUEL CANIZALEZ GAMBOA

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Apoderados: LUISA FERNNADA PÁEZ RAMÍREZ (Demandante)

EDUARDO MOISES BLANCHAR DAZA (Demandado)

Asunto: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

SENTENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecuta da contra la sentencia dictada dentro de la audiencia de que trata los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, llevada a cabo el día 18 de abril de 2023 por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, mediante la cual se decidió declarar no probadas la s excepciones de compensación y prescripción, declaró parcia lmente probada la de pago, y ordenó a seguir adelante con la ejecución.

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA1.

A través de apoderado judicial, la parte actora presentó demanda ejecutiva en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, con el fin de que se libr ara mandamiento ejecutivo por las siguientes sumas de dinero:

la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, con el fin de que se libr ara mandamiento ejecutivo por las siguientes sumas de dinero:

a) Por la suma de $ 9.253.438 por concepto de l excedente del periodo moratorio reconocido en sentencia judicial. b) Por el valor de $113.320 correspondiente los intereses moratorios de acuerdo al DTF, entre el periodo del 16 de enero de 2020 al 15 de abril de 2020, y, 23 de octubre de 2020 hasta el 15 de noviembre de 2020. c) Por el valor de $ 3.263.998 por concepto de intereses moratorios a la tasa comercial a partir del 16 de noviembre de 2020 y hasta la presentación de la demanda, así como, lo se los que se causen hasta el pago total de la obligación.

Lo anterior, en cumplimiento de la sentencia judicial proferida en primera instancia el 9 de diciembre de 2019 por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué dentro del proceso con radicado Nro. 73001-33-33-009-2018-00216-00, mediante la cual se accedió a las pretensiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción moratorio por pago tardía en cesantías parciales al actor, equivalente a un día de salario de retardo desde el 4 de noviembre de 2016 al 6 de diciembre de 2016, y, del 24 de enero de 2017 hasta el 23 de marzo de 2017.

1 Expediente SAMAI; índice 4; carpeta principal; carpeta comprimida “2_ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip)”; carpeta

de 2017 hasta el 23 de marzo de 2017.

1 Expediente SAMAI; índice 4; carpeta principal; carpeta comprimida “2_ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip)”; carpeta “01PrimeraInstancia”; carpeta “01CuadernoPrincipal”; archivo Nro. 001.Radicación: 73001-33-33-009-2022-00112-01 (Int. 639-2023)

Acción: Ejecutivo – Segunda Instancia

Accionante: Juan Manuel Canizalez Gamboa

Accionado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG.

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2. MANDAMIENTO DE PAGO2.

El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, en cumplimiento la sentencia objeto de reclamo ejecutivo calendada el 9 de diciembre de 2019 , libró mandamiento de pago por medio de providencia del 4 de agosto de 2022 , por los siguientes conceptos:

“PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del señor JUAN MANUEL CANIZALES GAMBOA, y en contra de la NaciónMinisterio de EducaciónFondo de Prestaciones Sociales del Magisterio -, con fundamento en lo dis puesto en la sentencia de primera instancia del 09 de diciembre de 2019, por valor de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE $9.253.438,ooMcte correspondiente al saldo insoluto del valor de la sanción moratoria ordenada en la sentencia base de recaudo y de acuerdo a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Por los intereses moratorios a una tasa DTF desde el día siguiente de la

valor de la sanción moratoria ordenada en la sentencia base de recaudo y de acuerdo a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Por los intereses moratorios a una tasa DTF desde el día siguiente de la ejecutoria de la sentencia16 de enero de 2020 - hasta el 15 de abril de 2020, fecha en la que se cumple el término de (3) meses de que habla el Art 192 CPACA; como quiera que se presentó la solicitud de cumplimiento del fallo el 23 de octubre de 2020, se causaran también desde dicha data y hasta el 15 de noviembre de 2020 vencimiento del décimo mes de ejecutoria; luego de lo cual se causaran intereses moratorios a una tasa comercial hasta la fecha de pago efectivo.”

3. LA SENTENCIA APELADA3.

El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, en desarrollo de la audiencia inicial de que trata el artículo 373 del Código General del Proceso efectuada el 18 de abril de 2023, una vez escuchados los argumentos de las partes, decidió de fondo declarar no probadas las excepciones de compensación y prescripción, declarar probada la excepción parcial de pago, y ordenó seguir adelante con la ejecución, al considerar que:

“CASO CONCRETO.

• Excepción pago de la obligación. Marco normativo del pago.

(…) Así las cosas tenemos que, según el mandamiento de pago la obligación perseguida y ejecutada corresponde al capital de $9.253.438 pesos más los intereses moratorios generados a las tasas respectivas, por los interregnos señalados en el mandamiento de pago que data de 04/08/2022; frente a ello, fue aportado por parte de la entidad

generados a las tasas respectivas, por los interregnos señalados en el mandamiento de pago que data de 04/08/2022; frente a ello, fue aportado por parte de la entidad ejecutada memorial visto a archivo No. 16 del expediente digital, en el que da cuenta del “cumplimiento de la obligación” mediante certificación en la que se refiere que se realizó pago al ejecutante por la suma de $6.412.841 de fecha 21/11/2022, lo que sumado a la afirmación del apoderado actor, quien confirma según memoriales vistos en archivos No. 20 y 26, que dicho monto fue efectivamente pagado en la fecha señalada, permite corroborar que efectivamente, existe un pago parcial que no total, como lo pregona la pasiva, de la obligación ejecutiva reclamada, encontrándose aún pendiente un saldo insoluto a favor del ejecutante que según las ponderaciones aritméticas del Despacho y conforme a liquidación practicada por el profesional que apoya esta audiencia, (QUE SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA) corresponden a las siguientes sumas:

2 Expediente SAMAI; índice 4; carpeta principal; carpeta comprimida “2_ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip)”; carpeta “01PrimeraInstancia”; carpeta “01CuadernoPrincipal”; archivo Nro. 006. 3 Expediente SAMAI; índice 4; carpeta principal; carpeta comprimida “2_ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip)”; carpeta “01PrimeraInstancia”; carpeta “01CuadernoPrincipal”; archivo Nro. 029.Radicación: 73001-33-33-009-2022-00112-01 (Int. 639-2023)

Acción: Ejecutivo – Segunda Instancia

Accionante: Juan Manuel Canizalez Gamboa

Acción: Ejecutivo – Segunda Instancia

Accionante: Juan Manuel Canizalez Gamboa

Accionado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG.

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Para un gran total de $8.834.451,94.

De tal cuenta, contrastadas las operaciones y los cálculos correspondientes, es claro para el Despacho que no puede predicarse el pago total de la obligación, como lo pregona la ejecutada en su contestación, sino que, debe declararse la prosperidad parcial de la excepción, dado que dicho pago realizado no cubre l a totalidad de la obligación perseguida.

• Excepción de compensación.

Dispone el artículo 1715 del C.C. que “Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a explicarse.”; así, es claro que la compensación, comporta una especie de relación en doble vía entre deudor y acreedor, que implica aquella doble connotación para ambos, esto es, deudor y a la vez acreedor de su contraparte. Señala a su vez el artículo 1717 ibídem que “Para que haya lugar a la compensación es preciso que las dos partes sean recíprocamente deudoras.”

Así las cosas, para desatar este pedimento no merece mayor consideración, si se toman los argumentos, por demás escasos, vertidos por la pasiv a en el escrito de contestación, donde se propone un alea en el que se alega la compensación frente a cualquier suma que haya sido pagada por la ejecutada a favor de la parte ejecutante, empero, como respaldo de ello, ciertamente no se arrima ninguno

contestación, donde se propone un alea en el que se alega la compensación frente a cualquier suma que haya sido pagada por la ejecutada a favor de la parte ejecutante, empero, como respaldo de ello, ciertamente no se arrima ninguno elemento de juicio o convicción que dé cuenta de tal hecho; además nótese que la norma con claridad exige para efectos de que se configure la compensación, que entre las partes – en este caso en litigio – exista esa doble connotación de acreedor y deudor, o lo que es lo mismo, que sean deudoras recíprocamente, empero lo que se observa en este asunto, es que la ejecutada es deudora de la ejecutante y no así la ejecutante en relación con esta, de manera que, de su propio peso cae, no puede predicarse en manera alg una la configuración de este modo de extinción de la obligación que ha sido propuesto por la pasiva.

Por tanto, se declarará no probada la excepción de pago propuesta por la entidad accionada.

• Excepción prescripción.

En cuanto a la excepción de prescripción, que se evoca, correspondiente al art. 2536 del C.C. efectivamente consigna en cuanto a la acción ejecutiva que aquella prescribe en un lapso de 5 años.

Asimismo, para el trámite contencioso administrativo el art. 164, se establece, la caducidad del medio de control ejecutivo que pregona: “k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudosRadicación: 73001-33-33-009-2022-00112-01 (Int. 639-2023)

Acción: Ejecutivo – Segunda Instancia

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudosRadicación: 73001-33-33-009-2022-00112-01 (Int. 639-2023)

Acción: Ejecutivo – Segunda Instancia

Accionante: Juan Manuel Canizalez Gamboa

Accionado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG.

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arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida”.

Con fundamento en lo anterior, encontramos que le presente causa tiene origen en el fallo judici al que reconoció un derecho a favor de la causante, el cual cobró ejecutoria el 15 de enero de 2020, siendo que el plazo de 10 meses con que tocaba la entidad para dar cumplimiento a tales fallos, según el art. 192 del CPACA, se cumplían el 16 de noviembre de 2020, y a partir del día siguiente corren los 5 años de que tratan las normas arriba mencionadas, por lo que tal interregno se cumpliría el 16 de noviembre de 2025; de manera que, sin mayor hesitación despunta efectivamente, dicho lapso de 5 años, no l lego a surtir sus estragos y en consecuencia, esta excepción también debe declararse infundada.

Bajo los anteriores lineamientos, al no mediar elemento de juicio que permita establecer que la parte ejecutada ha adoptado medidas necesarias para el pago del crédito insoluto aquí ejecutado, será del caso, seguir adelante con la ejecución. En consecuencia, se dispondrá continuar con el trámite respectivo.

(…)

R E S U E L V E

crédito insoluto aquí ejecutado, será del caso, seguir adelante con la ejecución. En consecuencia, se dispondrá continuar con el trámite respectivo.

(…)

R E S U E L V E

PRIMERO. Declarar no probadas las excepciones de compensación y prescripción, propuestas por la entidad ejecutada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. DECLARAR PARCIALMENTE probada la excepción de pago, propuesta por la ejecutada, de consuno con las consideraciones esbozadas.

TERCERO. Ordenar seguir adelante con la ejecución, acorde con lo discurrido en esta providencia, por las siguientes sumas:

• Por el saldo de capital pendiente de pago, correspondiente a $ 7.694.899,00. - Por los intereses moratorios, equivalentes a la suma de $1.139.552,94, generados desde el 22/11/2022 al 18 de abril de 2023; más los que, de ahí en adelante, se continúen causando hasta cuando se verifique el pago total de la obligación ejecutada.

TERCERO. Liquídese el crédito en la forma indicada en el artículo 446 del C.G.P.

CUARTO. CONDENAR en costas a la parte ejecutada. Fíjense como agencias en derecho la suma de $350.000 pesos. Por secretaria practíquese la liquidación de costas.”

4. APELACIÓN4.

Inconforme con la decisión adoptada, la parte ejecutada formuló apelación en la audiencia, solicitando se revoque la decisión de primera instancia, procediéndose con el análisis de la liquidación del crédito efectuada por la entidad demandada en el of icio

Inconforme con la decisión adoptada, la parte ejecutada formuló apelación en la audiencia, solicitando se revoque la decisión de primera instancia, procediéndose con el análisis de la liquidación del crédito efectuada por la entidad demandada en el of icio SMDP16 en virtud de la resolución del 16 de octubre de 2018, en el cual se reconoció la sanción moratoria por el valor de $5.308.150, así como también, la liquidación efectuada consecuencia del presente proceso ejecutivo conforme el oficio E J4366 en v irtud de la Resolución 29 de diciembre de 2016, suma que también se puso a disposición del actor Juan Manuel González Gamboa y fue retirada efectivamente el 21 de noviembre de 2022, mediante el cual se reconoció la suma de $6.412.841.

4 Expediente SAMAI; índice 4; carpeta principal; carpeta comprimida “2_ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip)”; carpeta “01PrimeraInstancia”; carpeta “01CuadernoPrincipal”; archivo Nro. 029.Radicación: 73001-33-33-009-2022-00112-01 (Int. 639-2023)

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Accionante: Juan Manuel Canizalez Gamboa

Accionado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG.

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Así mismo, alegó qu e no comparte la condena en costas, debido a que la entidad demandada ha venido actuando de buena fe al dar estricto cumplimiento a la sentencia objeto de ejecución, realizando todas las gestiones necesarias al demostrarse que se efectuaron dos pagos dentro del presente asunto.

5. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

objeto de ejecución, realizando todas las gestiones necesarias al demostrarse que se efectuaron dos pagos dentro del presente asunto.

5. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El expediente fue radicado en esta Corporación el 8 de abril de 2022 y mediante providencia del día 18 de agosto del mismo año, se admitió la apelación impetrada, dentro de la ejecutoria de esta providencia y hasta antes de ingresar al despacho, ninguna de las partes se manifestó, así como, tampoco el Ministerio Público, ingresando el proceso al despacho el 16 de septiembre de 2022.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA.

Le asiste competencia al Tribunal, para resolver el recurso de apelación interpuesto, con fundamento en lo preceptuado en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

Asimismo, esta Sala se ceñirá a lo preceptuado en el artículo 328 del Código General del Proceso, por remisión del artículo 306 del CPACA; en cuanto a que se hará pronunciamiento únicamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin dejar de lado las decisiones que se deban adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

2. PROBLEMAS JURÍDICOS.

Al analizar la demanda ejecutiva, la sentencia y el recurso de apelación, es viable concluir que esta Corporación deberá resolver el siguiente problema jurídico:

a) Determinar si deberá confirmarse la providencia apelada, mediante la cual declaró no probadas las excepciones de compensación y prescripción, declaró probada parcialmente la de pago de la obligación , y ordenó seguir adelan te con la

a) Determinar si deberá confirmarse la providencia apelada, mediante la cual declaró no probadas las excepciones de compensación y prescripción, declaró probada parcialmente la de pago de la obligación , y ordenó seguir adelan te con la ejecución, o, por el contrario, deberá revocarse al encontrarse acreditado el pago total de la obligación.

3. RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS.

En el sub lite la ejecutada efectuó dos censuras a la sentencia de primera instancia correspondiente a que : i) se pagó en su totalidad el crédito adeudado conforme lo ordenado en la sentencia del 9 de diciembre de 2019, atendiendo los dos pagos demostrados: el primero, en el mes de febrero de 2019 por la suma de $5.308.150, y , el segundo, en el mes de noviembre de 2022 por el valor de $6.412.841; y, que ii) no debe condenarse en costas a la demandada ante la conducta de buena fe demostrada a través de los pagos efectuados dentro del presente asunto.

En ese orden, se analizará el primer punto de la controversia que, tiene relación directa con la excepción de pago, para ello, debe resaltarse que el título ejecutivo está contenido en sentencia calendada 9 de diciembre de 2019 en la cual el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué consideró y ordenó, lo siquiente:

“(…) De esta manera tenemos que la sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías parciales por parte del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a JUAN MANUEL CANIZALES GAMBOA, se generó desde el 4 de noviembre de 2016, esto es,

cesantías parciales por parte del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a JUAN MANUEL CANIZALES GAMBOA, se generó desde el 4 de noviembre de 2016, esto es, un día después del vencimiento de los 70 días y hasta el 23 de marzo de 2017, es decir,Radicación: 73001-33-33-009-2022-00112-01 (Int. 639-2023)

Acción: Ejecutivo – Segunda Instancia

Accionante: Juan Manuel Canizalez Gamboa

Accionado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG.

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un día antes de la fecha en que se realizó pago de las cesantías, conforme se acreditó en certificado expedido por la Fiduprevisora.

Ahora bien, como quiera que, según lo afirmado por el apoderado judicial de la parte actora, la entidad canceló por concepto de sanción moratoria, lo correspondientes al periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2016 al 23 de enero de 2017, se ordenará descontar dicho pago, indicándose en consecue ncia que deberá pagarse desde el 4 de noviembre de 2016 al 6 de diciembre de 2016, y del 24 de enero de 2017 hasta el 23 de marzo de 2017.

(…)

RESUELVE:

(…) CUARTO: A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERCHO se CONDENA a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a reconocer y pagar la sanción moratoria a JUAN MANUEL CANIZALEZ GAMBOA por el pago tardío de sus ces antías parciales en el

NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a reconocer y pagar la sanción moratoria a JUAN MANUEL CANIZALEZ GAMBOA por el pago tardío de sus ces antías parciales en el equivalente a un día de salario por cada día de retardo desde el 4 de noviembre de 2016 al 6 de diciembre de 2016, y del 24 de enero de 2017 hasta el 23 de marzo de 2017, conforme los parámetros señalados en la parte motiva de esta providencia.

Adviértase que el pago de la sanción ordenada, lo será siempre y cuando se corrobore que no se ha realizado pago al demandante por este concepto.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: DAR cumplimiento a la sentencia de los términos dispuestos en el Art. 192 del

C.P.A.C.A.

(…)”

De acuerdo a lo anterior, tenemos en forma evidente que el título ejecutivo determina dos tipos de obligaciones, una de hacer frente al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío en las cesantías parcial del actor Juan Manuel Canizales Gamboa, y otra de dar, consistente en la entrega de una suma dineraria correspondiente a l pago de la sanción antes aludida y los intereses moratorios ante la demora en el pago del título ejecutivo.

Sumado a lo anterior, es importante también resaltar que desde la sentencia objeto de ejecución, se advirtió la existencia de un pago que cubría el periodo 7 de diciembre de 2016 al 23 de enero de 2017 , el cual precisamente corresponde al pago que alude la demandada debe imputarse a esta obligación por la suma de $5.308.150.

2016 al 23 de enero de 2017 , el cual precisamente corresponde al pago que alude la demandada debe imputarse a esta obligación por la suma de $5.308.150.

Atendiendo esa circunstancia tenemos que probatoriamente se allegaron los siguientes documentos:

➢ Sentencia de primera instancia del 9 de diciembre de 20195. ➢ Constancia secretarial de ejecutoria de la providencia objeto de ejecución , por medio de la cual se registró ejecutoria del 15 de enero de 20206. ➢ Petición de adopción y cumplimiento de la sentencia radicada ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , Departamento del Tolima – Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima de fecha 23 de octubre de 20207.

5 Expediente SAMAI; índice 4; carpeta principal; carpeta comprimida “2_ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip)”; carpeta “01PrimeraInstancia”; carpeta “01CuadernoPrincipal”; archivo Nro. 001 folios 33 al 49. 6 Ibidem folio 56 7 Misma ubicación a folios 28 al 29.Radicación: 73001-33-33-009-2022-00112-01 (Int. 639-2023)

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Accionante: Juan Manuel Canizalez Gamboa

Accionado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG.

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➢ Certificado de la Secretaría de Educación de Ibagué del 28 de noviembre de 2017, por medio del cual se relacionan que el actor es docente de la Institución Educativa Juan Lozano Lozano y percibió en los años 2016 y 2017 los siguientes conceptos8:

(…)

por medio del cual se relacionan que el actor es docente de la Institución Educativa Juan Lozano Lozano y percibió en los años 2016 y 2017 los siguientes conceptos8:

(…)

(…)”

➢ Certificado de pago Nro. CPC2022101208262484812 expedido por la Fiduprevisora S.A. – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales - FOMAG, calendado el 12 de octubre de 2022 9, por medio del cual se registr ó pago por sanción moratoria a favor de Juan Manuel Canizalez Gamboa conforme a acto administrativo Nro. SMDP16 del 16 de octubre de 2018, por la suma de $5.308.130 que fue reiterada efectivamente el 12 de febrero de 2019 , sumado que, precisamente, este pago fue admitido por la parte actora desde la presentación de la petición de cumplimiento de la sentencia objeto de ejecución, así como, en la demanda del presente proceso ejecutivo. El comprobante es el siguiente:

8 Expediente SAMAI; índice 4; carpeta principal; carpeta comprimida “2_ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip)”; carpeta “01PrimeraInstancia”; carpeta “01CuadernoPrincipal”; archivo Nro. 001 folios 25 al 26. 9 Expediente SAMAI; índice 4; carpeta principal; carpeta comprimida “2_ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip)”; carpeta “01PrimeraInstancia”; carpeta “01CuadernoPrincipal”; archivo Nro. 011 folios 44 al 45.Radicación: 73001-33-33-009-2022-00112-01 (Int. 639-2023)

Acción: Ejecutivo – Segunda Instancia

Accionante: Juan Manuel Canizalez Gamboa

Acción: Ejecutivo – Segunda Instancia

Accionante: Juan Manuel Canizalez Gamboa

Accionado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG.

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➢ Certificado de pago Nro. CPC2022 112903402599965 expedido por la Fiduprevisora S.A. – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales - FOMAG, calendado el 29 de noviembre de 202210, por medio del cual se registró pago por sanción moratoria a favor de Juan Manuel Canizalez Gamboa conforme acto administrativo Nro. EJEC4366 del 29 de diciembre de 2016 , por la suma de $6.412.841, lo cual fue retirado por el actor el 21 de noviembre de 2022 , circunstancia que fue corroborada ante el juzgado de primera instancia por el extremo activo en memoriales del 19 de enero de 202311 y 30 de marzo de 202312:

De acuerdo a lo anterior, es evidente que contrario a lo expuesto por la demandada, la sentencia objeto de ejecución únicamente determinó que debían ser objeto de pago a favor de la ejecutante, los periodos de l 4 de novie mbre de 2016 al 6 de diciembre de 2016, y del 24 de enero de 2017 hasta el 23 de marzo de 2017 , debido a que, no se reconoció judicialmente el periodo que previamente había sido pagado o cancelado por

10 Expediente SAMAI; índice 4; carpeta principal; carpeta comprimida “2_ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip)”; carpeta “01PrimeraInstancia”; carpeta “01CuadernoPrincipal”; archivo Nro. 011 folios 44 al 45.

10 Expediente SAMAI; índice 4; carpeta principal; carpeta comprimida “2_ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip)”; carpeta “01PrimeraInstancia”; carpeta “01CuadernoPrincipal”; archivo Nro. 011 folios 44 al 45. 11 Expediente SAMAI; índice 4; carpeta principal; carpeta comprimida “2_ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip)”; carpeta “01PrimeraInstancia”; carpeta “01CuadernoPrincipal”; archivo Nro. 020. 12 Expediente SAMAI; índice 4; carpeta principal; carpeta comprimida “2_ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip)”; carpeta “01PrimeraInstancia”; carpeta “01CuadernoPrincipal”; archivo Nro. 026.Radicación: 73001-33-33-009-2022-00112-01 (Int. 639-2023)

Acción: Ejecutivo – Segunda Instancia

Accionante: Juan Manuel Canizalez Gamboa

Accionado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG.

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FOMAG por concepto de sanción moratoria por la suma de $5.308.150 el 12 de febrero de 2019 , lo que significa que, como consecuencia del presente título ejecutivo únicamente se puede concluir la existencia de un pago efectuado por la suma de $6.412.841, es más, es tan clara esta circunstancia que el primer pago realizado según se evidencia fue cancelado previo a emitirse la sentencia judicial del 9 de diciembre de 2019, y precisamente fue objeto de análisis en esa decisión, reconociéndose solo una parte del periodo de mora.

En ese orden, al no existir controve rsia respecto a ese pago que debe imputarse a la

2019, y precisamente fue objeto de análisis en esa decisión, reconociéndose solo una parte del periodo de mora.

En ese orden, al no existir controve rsia respecto a ese pago que debe imputarse a la obligación aquí reclamada , la única forma de establecer si efectivamente debe continuarse con la ejecución, o, por el contrario, dar por terminado el proceso por pago, es proceder con la liquidación del presente crédito e imputar el pago respectivo.

Para determinar la base de la obligación hay que tener en cuenta lo siguiente:

• La sanción por mora en el pago tardí o de las cesantías corresponde conforme al título judicial a los periodos del 4 de noviembre d e 2016 al 6 de diciembre de 2016, y del 24 de enero de 2017 hasta el 23 de marzo de 2017, la Sala considera importante recordar que dicha sanción se configuró ante el reclamo del actor en el pago de sus cesantías parciales que fueron reconocidas a través de la Resolución Nro. 1053-00004366 del 29 de diciembre de 2016, por medio del cual el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio –, reconoció y ordenó el pago de las cesantías parciales, lo cual aconteció efectivamente el 24 de marzo de 2017.

• Dentro del plenario fue allegado el Certificado de Salarios del actor correspondiente al año 2016 y 2017, tal como se resaltó previamente, a través de cual se observa que la asignación del docente para el año 2016 era de $3.120.336, y del año 2017 $3.397.579.

Ahora, para la liquidación de la sanción por mora ante el pago tardío de las cesantías

cual se observa que la asignación del docente para el año 2016 era de $3.120.336, y del año 2017 $3.397.579.

Ahora, para la liquidación de la sanción por mora ante el pago tardío de las cesantías parciales solicitadas, debemos recordar que el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, establece claramente que la sanción debe liquidarse con el salario devengado por el trabajador al momento de la causacion de la mora, y así lo prescribió:

“ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO . La entidad pública pagadora te ndrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se d emuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.”

Lo anterior ha sido interpretado por el