TA TOL - Sentencia 73001-33-33-009-2022-00149-01 (22-05-2025)

Ibagué, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación Nº. Interno N°: 73001-33-33-009-2022-00149-01 2024/0975

Medio de Control: RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: ALBERTO TRUJILLO

Demandado:

MUNICIPIO DE HONDA Y COLPENSIONES

IASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 243 y 247 del C.P.A.C.A., procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial del extremo activo contra la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el día 19 de julio 2024, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

IIANTECEDENTES

1. Pretensiones1.

“I. Frente al Municipio de Honda.

PRIMERO.- Que se declare que el señor ALBERTO TRUJILLO prestó sus servicios personales para ante el Municipio de Honda durante el período comprendido entre el 02 de julio de 1992 y el 30 de septiembre de 2003, desarrollando la actividad de CELADOR del Colegio Alfon so López Pumarejo y del Estadio David Hughes.

SEGUNDO.- Que se declare que el desarrollo de la actividad de CELADOR de los entes municipales antes anotado s se dio en razón a nombramiento como tal mediante ordenes de prestación de servicios.

TERCERO.- Que concordante con las anteriores declaraciones, se declare que durante el período en el que el señor ALBERTO TRUJILLO desarrolló para el Municipio de Honda de actividades personales como CELADOR del

como tal mediante ordenes de prestación de servicios.

TERCERO.- Que concordante con las anteriores declaraciones, se declare que durante el período en el que el señor ALBERTO TRUJILLO desarrolló para el Municipio de Honda de actividades personales como CELADOR del Colegio Alfonso López Pumarejo y del Estadio David Hug hes, esto es, durante el período comprendido entre el 02 de julio de 1992 y el 30 de septiembre de 2003, el susodicho municipio no hizo aporte alguno a nombre de aquel ante el Sistema de Seguridad Social Integral - Subsistema Pensiones.

1 Expte Juzgado – C.Ppal -Archivo 1fls 7-8Rad. 73001-33-33-009-2022-00149-01)

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CUARTO.- Que, en consonancia con las declaraciones que anteceden, se declare que el ALBERTO TRUJILLO tiene derecho a que el Municipio de Honda le reconozca y pague los salarios y prestaciones sociales adeudas, en especial los aportes al subsistema pensiona l a la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, por el periodo comprendido entre el 02 de julio de 1.992 y el 30 de septiembre de 2.003.

QUINTO.- Que en concordancia con la declaración que antecede, se declare la Nulidad del Oficio calendado 2 de Octubre de 2018 y a través del cual el Municipio de Honda deniega la petición de pago de salarios y prestaciones sociales en desarrollo a contrata ción por órdenes de prestación de servicios para desarrollar la actividad personal de celador del

cual el Municipio de Honda deniega la petición de pago de salarios y prestaciones sociales en desarrollo a contrata ción por órdenes de prestación de servicios para desarrollar la actividad personal de celador del Colegio Alfonso López Pumarejo y del Estadio David Hug hes durante el período comprendido entre el 02 de julio de 1.992 y el 30 de septiembre de 2.003.

SEXTO.- Que, en consonancia con la declaración que antecede, a título indemnizatorio del restablecimiento del derecho, atendiendo la irrenunciabilidad e imprescriptibilidad del derecho pensional, se ordene al accionado MUNICIPIO de HONDA - TOLIMA a pagar a l accionado COLPENSIONES el cálculo actuarial de aportes al Subsistema Pensiones del Sistema de Seguridad Social Integral, por el período julio 2 de 1992 al 30 de septiembre de 2003 y a nombre del accionante, señor ALBERTO

TRUJILLO.

SÉPTIMO.- Se condene a la demandada, en el evento de oponerse a las pretensiones, en Agencias en Derecho y Costas Procesales.

II. Frente a Colpensiones:

PRIMERO.- Que se declare la Nulidad de la Resolución GNR 192891, adiada mayo 29 de 2014 proferida por COLPENSIONES y, por ministerio de ley, y la de todos aquellos actos administrativos, presuntos o no, que resolvieron de los recursos interpuestos contra ella.

SEGUNDO.- Que, como consecuencia de la declaración que antecede, se ordene al accionado COLPENSIONES proferir acto administrativo reconocedor de Pensión al señor ALBERTO TRUJILLO, a partir del ciclo

SEGUNDO.- Que, como consecuencia de la declaración que antecede, se ordene al accionado COLPENSIONES proferir acto administrativo reconocedor de Pensión al señor ALBERTO TRUJILLO, a partir del ciclo pensional marzo de 2009, en monto equivalente al salario mínimo.

TERCERO.- Que al liquidarse la pensión reclamada y reconocida, debe nivelarse y actualizarse el valor de la pensión, para asegurar la nivelación y actualización de las mesadas que se tengan que pagar a futuro; así como que por los valores dejados de pagar se reconozca y pague la pérdida del poder adquisitivo (Indexación), como derecho constitucional.

CUARTO.- Que se condene a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de intereses de mora sobre todas y cada una de las mesadas adeudadas, desde su exigibilidad y hasta su pago, en razón a la denegación antijurídica de derecho.

QUINTO.- Que se ordene a la entidad accionada, ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES (antes ISS), elRad. 73001-33-33-009-2022-00149-01)

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cumplimiento de la sentencia que ponga fin a la presente acción en la forma y términos señalados en los artículos 192 y 195 del C. de P. A. y C. A., aclarándose que la mora aquí a pagar no guarda relación alguna con la ordenada reconocer y pagar en la pretensión anterior.

SEXTO.- Que, en concordancia y concomitancia con las declaraciones que

aclarándose que la mora aquí a pagar no guarda relación alguna con la ordenada reconocer y pagar en la pretensión anterior.

SEXTO.- Que, en concordancia y concomitancia con las declaraciones que anteceden, se declare que los efectos fiscales del reconocimiento pensional lo son a partir del 26 de febrero de 2011, por prescripción trienal; y, en atención a la reclamación del dere cho y la reclamación que COLPENSIONES hace al MUNICIPIO DE HONDA de la documental necesaria para el reconocimiento pensional, resolver del asunto de fondo.

SÉPTIMO.- Que en el evento de oposición a la presente acción, se condene a la accionada COLPENSIONES en costas y agencias en derecho

2.- Fundamentos fácticos2

2.1. Respecto del Municipio de Honda.

Como fundamento de sus pretensiones, la apoderada de la parte accionante expuso los hechos que pueden sintetizarse, así:

1El 05 de enero de 2011, el jefe de Archivo del Municipio de Honda expidió una constancia en donde se indicó que el señor Alberto Trujillo había laborado para dicho municipio a través de ordenes de prestación de servicios como celador del Colegio Alfonso López Pumarejo y del Estadio David Hugues, durante el periodo comprendido entre el 02 de julio de 1992 y el 30 de septiembre de 2003.

2Mediante petición radicada el 24 de septiembre de 2018 el demandante por conducto de su apoderado judicial solicitó al Municipio de Honda el reconocimiento y pago de prestaciones sociales y salariales como consecuencia de la existencia de una relación laboral durante el periodo comprendido entre el 02 de julio de 1992

conducto de su apoderado judicial solicitó al Municipio de Honda el reconocimiento y pago de prestaciones sociales y salariales como consecuencia de la existencia de una relación laboral durante el periodo comprendido entre el 02 de julio de 1992 y el 30 de septiembre de 2003, así como el respectivo pago de aportes a Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

3Mediante oficio de 02 de octubre de 2018 la entidad accionada absolvió desfavorablemente la anterior petición, al señalar que ya le habían prescrito los derechos lábrales.

4En atención a la solicitud pensional deprecada por el aquí demandante ante Colpensiones, dicha entidad reclamó ante el Municipio de Honda los formatos CLEBP 1 y 2 a través de los cuales certificara el tiempo laborado por este, así como el valor de los salarios devengados.

2.2. Respecto de Colpensiones.

1Mediante petición radicada el 26 de febrero de 2014 el demandante solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, petición esta que fue despachada desfavorablemente a través de la Resolución No GNR 192891 de 29 de mayo de 2014, al considerarse que e l mismo no acreditó el tiempo de cotización exigido para dicho reconocimiento.

2 Expdte Jugado –C.Ppal Archivo 1– fls 5-6Rad. 73001-33-33-009-2022-00149-01)

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2Contra la anterior decisión se interpuso el recurso de apelación, indicándose

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2Contra la anterior decisión se interpuso el recurso de apelación, indicándose como sustento de este, que Colpensiones no había tenido en cuenta el tiempo de servicio militar, que desconoció la morosidad en el pago de aportes para el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 1989 a 01 de diciembre de 1991, y que dada la fecha de nacimiento del peticionario este había cumplido la edad para reconocimiento pensional el 11 de febrero de 2014.

3El 01 de diciembre de 2016 Colpensiones expide el reporte de semanas cotizadas del señor Alberto Trujillo, acreditándose para el 28 de febrero de 2009 806.74 semanas de cotización, fecha para la cual se produjo la desvinculación de éste al sistema pensi onal, cuando el Consorcio Prosperar comunica no seguir subsidiando los aportes pensionales por cumplimiento de los 65 años de edad.

3.- Contestación de la demanda.

3.1. Municipio de Honda3.

Por conducto de su apoderado judicial la entidad territorial accionada contestó el libelo introductorio oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, por carecer de fundamentos de hecho y de hecho y de derecho.

Manifestó que el contrato de prestación de servicios estaba debidamente reglamentado en la ley y que al momento de suscribirse estos cada una de las partes adquieren obligaciones, sin que ello signifique subordinación, pues dichas obligaciones se desarrollan en pro de prestar un servicio eficiente, que permite al contratista desarrollar sus actividades de la mejor manera, y teniendo el municipio

partes adquieren obligaciones, sin que ello signifique subordinación, pues dichas obligaciones se desarrollan en pro de prestar un servicio eficiente, que permite al contratista desarrollar sus actividades de la mejor manera, y teniendo el municipio por intermedio de su supervisor la obligación de ejercer una comunicación constante que conduzca a que las actividades a realizar se encuentren acordes a las necesidades de la entidad.

Señaló que no estaba n demostrado en el plenario los tres elementos fundamentales para la configuración del contrato realidad, pues si bien obraba en el plenario una constancia de prestación de servicios del dem andante, en ella se mencionan dos lugares donde se prestó, esto es, el Colegio Alfonso López y el Estadio David Hughes, pero no estableció con exactitud el periodo que laboró en cada uno de esos lugares; igualmente indicó, que tampoco se determinó con exactitud cuál era el horario de trabajo o las pruebas que determine n que efectivamente se cumplía dicho horario.

Dijo que no estaba acreditado en el plenario que efectivamente el demandante prestara su servicio de manera directa, como tampoco con las probanzas allegadas se pudo determinar cuál era el valor del salario percibido; así mismo, indicó, que no existía obligación de la entidad territorial para hacer reconocimiento de prestaciones sociales y pagos de aportes pensionales peticionados, al no haberse demostrado la existencia de una verdadera relación laboral.

Finalmente propuso los siguientes medios exceptivos: i) Inexistencia de pruebas que determine la responsabilidad de la entidad territorial; ii) Prescripción de los derechos prestacionales y mesadas pensionales; iii) Caducidad de la acción; iv) Falta de integración del litisconsorte necesario por pasiva.

que determine la responsabilidad de la entidad territorial; ii) Prescripción de los derechos prestacionales y mesadas pensionales; iii) Caducidad de la acción; iv) Falta de integración del litisconsorte necesario por pasiva.

3 Ver Expte Juzgado – C.Ppal – Archivo 12Rad. 73001-33-33-009-2022-00149-01)

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3.2. Colpensiones4.

Dentro del término legal conferido el apoderado de Colpensiones descorrió traslado de la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, al señalar que las mismas carecían de sustento factico y jurídico.

Señaló que el dem andante era beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, pues para la fecha de entrada en vigencia de esta el mismo tenía 50 años de edad, y en tal razón para efectos de su reconocimiento pensional era procedente dar aplicación a las disposiciones normativas anteriores, esto es la Ley 71 de 1989 (pensión o por aportes) y la Ley 33 de 1985.

Expresó que la Ley 71 de 1989 estableció como requisitos para acceder al reconocimiento pensional, la acreditación de 55 años y 20 años de servicios en el sector público o privado, demostrando el demandante el primero de ellos y no el tiempo de servicios e xigido, pues solo acreditó 800.71 semanas de cotización de las 1.029 exigidas.

Adujo que la Ley 33 de 1985 exige para el reconocimiento pensional el

tiempo de servicios e xigido, pues solo acreditó 800.71 semanas de cotización de las 1.029 exigidas.

Adujo que la Ley 33 de 1985 exige para el reconocimiento pensional el cumplimiento de 20 años de servicio en el sector oficial y 55 años de edad, no cumpliendo tampoco el demandante con el tiempo de servicios exigido en dicha normativa, pues solo alcanzó cotizaciones en el sector público equivalentes a 94 semanas, que fueron durante la época en que el actor prestó el servicio militar obligatorio.

Aseveró que la Ley 758 de 1990 estableció como requisitos para acceder a la pensión de vejez, cumplir con 60 años de edad o más si es hombre o 55 años de edad o más si es mujer y 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al c umplimiento de las edades mínimas, o acreditar 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo; requisitos estos que tampoco demostró el accionante, pues durante los 20 años previos al cumplimento de la edad (11 de febrero de 1984 al 11 de febrero de 2004) no acreditó las 500 semanas exigidas, y tampoco logró demostrar las 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo.

Adujo que ley 797 de 2003, exige como requisitos para acceder a la pensión de vejez, acreditar para el 01 de enero de 2014 57 años de edad o más si es mujer y 62 años de edad o más si es hombre, y haber cotizado 1000 semanas en cualquier tiempo, las cuales se incrementan a partir del 01 de enero de 2005 en 50 y del 01 de enero de 2006 en 25 por cada año hasta llegar a 1300 en el 2015; requisito

tiempo, las cuales se incrementan a partir del 01 de enero de 2005 en 50 y del 01 de enero de 2006 en 25 por cada año hasta llegar a 1300 en el 2015; requisito de semanas de cotización que no se cumplió, pues como el mismo demandante lo señaló sólo cotizó 800.71 semanas.

Sostuvo que el actor pretendía el reconocimiento del contrato realidad durante el periodo que prestó sus servicios como contratista del Municipio de Honda, y que en el evento de probarse dicho vínculo laboral era deber del empleador realizar los aportes a la seguridad social, sin que Colpensiones contara con responsabilidad alguna frente al cobro de cotizaciones si este omite la obligación de afiliación al sistema.

4 Ver Expte Juzgado – C.Ppal – Archivo 13Rad. 73001-33-33-009-2022-00149-01)

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Dijo que existían dos figuras diferentes que podían regular la anterior situación, la primera era el cálculo actuarial, que procedía cuando el empleador no había realizado afiliación a fondo alguno y que por orden de sentencia judicial debe pagar el tiempo omiso, y el Fondo pensional no estaba obligado a realizar cobro coactivo al no asistir afiliación y dichos periodos sólo serán sumados a la historia laboral del trabajador una vez se cancele el valor señalado por el Fondo.

Expresó que la otra figura era lo referente a los intereses moratorios por pago extemporáneo de cotizaciones, que procedía cuando el empleado no pagaba oportunamente el aporte pensional y se generaba una sanción mora por pago

Expresó que la otra figura era lo referente a los intereses moratorios por pago extemporáneo de cotizaciones, que procedía cuando el empleado no pagaba oportunamente el aporte pensional y se generaba una sanción mora por pago extemporáneo.

Finalmente, propuso los siguientes medios exceptivos: i) Improcedencia de la pensión de vejez del actor; ii) En caso de reconocer la relación laboral entre el actor y el Municipio de Honda se deberá pagar el cálculo actuarial; iii) Improcedencia de intereses moratorios; iv) Buena fe; y v) Prescripción.

4.- La sentencia apelada5.

El 19 de julio 2024 el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, procedió a dictar sentencia, en la que negó las pretensiones de la demanda, resolviendo de manera primigenia la excepción de caducidad propuesta el apoderado judicial del Municipio de Honda y denegando la misma, al señalar que conforme al criterio reciente del Consejo de Estado para efectos de la declaratoria de la existencia del contrato realidad no era aplicable el termino de caducidad.

Manifestó que la única prueba documental que obraba en el plenario sobre la prestación del servicio del demandante como contratista, era una certificación expedida por el Jefe de Archivo y Correspondencia del Departamento del Tolima, en donde se indica que este prestó sus servicios para el Municipio de Honda como celador del Colegio Alfonso López Pumarejo y del Estadio David Hughes, a través de ordenes de prestación de servicios desde el 02 de julio de 1992 hasta el 20 de septiembre de 2003.

Sostuvo que se había solicitado al Municipio de Honda para que se allegara copia

de ordenes de prestación de servicios desde el 02 de julio de 1992 hasta el 20 de septiembre de 2003.

Sostuvo que se había solicitado al Municipio de Honda para que se allegara copia de los contratos u ordenes de prestación de servicios suscritos con el demandante y que dicha entidad había allegado certificación de 13 de marzo de 2023 indicando que no reposaban los expedientes físicos de las ordenes u contratos de prestación de servicios, porque el archivo histórico de la entidad fue destruido producto de una creciente súbita del rio Gualí el 06 de noviembre de 2010.

Refirió que existía un elemento indicativo de que el señor Alberto Trujillo había prestado sus servicios personales al Municipio de Honda como vigilante de las citadas entidades, sin que existiera otro elemento de juicio en apoyo de dicha afirmación, por lo que sin demeritar el valor probatorio de la aludida certificación, la misma era insuficiente para acreditar de facto la prestación personal del servicio, máxime cuando la misma comporta más allá del elemento físico la concreción de una actividad permane nte con visos de presencialidad del sujeto que presta la labor y su carácter irremplazable, elemento este que no podía derivarse con la sola certificación allegada.

5 Expdte Jugado –C.PpalArchivo 54Rad. 73001-33-33-009-2022-00149-01)

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Afirmó que no existía medio probatorio alguno que otorg ara certeza frente a la acreditación del elemento subordinación, lo que impedía establecer que el señor

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Afirmó que no existía medio probatorio alguno que otorg ara certeza frente a la acreditación del elemento subordinación, lo que impedía establecer que el señor Trujillo efectivamente hubiese recibido una contraprestación por el servicio prestado para el Municipio de Honda.

Precisó que no se evidenciaba en el dosier elementos indicativos ni demostrativos que dieran cuenta del carácter del servicio prestado por el señor Alberto Trujillo, ordenes de algún tipo en cuanto al modo, tiempo y calidad de trabajo, pues a falta de documental de soporte objetivo y las funciones desempeñadas por el actor, se carece además de prueba declarativa que permita demostrar las circunstancias en las que ocurrió el vínculo reclamado y s í concurrió efectivamente el elemento subordinación.

Concluyó que la actividad desplegada por la parte actora era insuficiente y no superaba el examen probatorio exigido por nuestro Órgano de Cierre Jurisdiccional para desvirtuar la legalidad del acto administrativo objeto de anulabilidad.

Respecto del reconocimiento pensional pretendido señaló que dicha pretensión estaba íntimamente ligada al reconocimiento de la relación laboral peticionada, con el consecuente pago de aportes a la Seguridad Social en Pensiones, empero, como el pedimento del contrato realidad había sido denegado , de contera la pretensión pensional también lo sería, como quiera que el actor no acreditó el grueso de semanas requerida para el reconocimiento de la pensión de jubilación.

5.- El recurso de apelación6

Interpuesto oportunamente por la apoderada del accionante, quien solicita la revocatoria del fallo de primer grado y en consecuencia se acceda a las

5.- El recurso de apelación6

Interpuesto oportunamente por la apoderada del accionante, quien solicita la revocatoria del fallo de primer grado y en consecuencia se acceda a las pretensiones de la demanda.

Manifestó que la decisión adoptada por la Juez de instancia era abiertamente inconstitucional, pues atentaba contra los principio de la buena fe y la confianza legitima, pues su decisión la apoyó restándole credibilidad a la constancia expedida por la accionada y que daba fe que el señor Alberto Trujillo prestó sus servicios para el Municipio de Honda como celador de la institución Educativa Alfonso López Pumarejo y del Estadio David H ughes durante el periodo comprendido entre el 02 de julio de 1992 y el 30 de septiembre de 2003.

Cuestionó que la juez de instancia le dio validez al oficio expedido el 13 de marzo de 2023, en donde se indica que no reposaban en dicha entidad los contratos suscritos por el demandante en razón a que el archivo había desaparecido producto de crecida del Rio Gualí en el año 2010, cuestionando, que tal como lo había indicado el Agente del Ministerio Público, si la creciente fue en el año 2010 por que había expedido la constancia de prestación de servicios en el año 2011; a su vez indicó que la intenció n de la accionada era inducir en error al operador judicial y seguir evadiendo la responsabilidad de reconocer el derecho reclamado.

Dijo que existía pruebas suficientes para demostrar la realidad laboral reclamada y ordenarse como consecuencia de ello el pago de los aportes pensionales ante Colpensiones para que dicha entidad ordenara el reconocimiento pensional del

Dijo que existía pruebas suficientes para demostrar la realidad laboral reclamada y ordenarse como consecuencia de ello el pago de los aportes pensionales ante Colpensiones para que dicha entidad ordenara el reconocimiento pensional del accionante

6 Ver Expedte Juzgado – C.ppal – Archivo 56Rad. 73001-33-33-009-2022-00149-01)

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IIITRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del 21 de octubre de 2024 se admitió el recurso interpuesto por la apoderada judicial de la parte actora, sin que ninguno de los sujetos procesales se hubiese manifestado sobre el mismo, y como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, y que dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de alzada no se presentaron alegatos de cierre, se ordenó dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 76 de la Ley 2081 de 2021.

VICONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1.- Sobre la competencia

Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los arts. 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir en su orden que corresponde a los Tribunales Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces; asimismo, que son apelables las sentencias de primera instancia de los jueces administrativos.

corresponde a los Tribunales Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces; asimismo, que son apelables las sentencias de primera instancia de los jueces administrativos.

2.- La impugnación

Para el vocero judicial de la parte accionante, la decisión censurada debe ser revocada, habida cuenta que el actor demostró con las probanzas allegadas al plenario los elementos estructurales de la relación laboral.

3.- Problema Jurídico.

El problema jurídico que aquí se plantea consiste en determinar, si los actos administrativos que negaron el reconocimiento de una relación laboral, el pago de prestaciones sociales derivadas del mismo y el reconocimiento de la pensión de jubilación se ajustó a derecho, o si, por el contrario, se debe reconocer que entre el accionante ALBERTO TRUJILLO y Municipio de Honda, existió una relación de hecho de carácter laboral y, por ende, si el citado señor, tiene derecho a que se le reconozcan y pague n las prestaciones sociales dejadas de percibir como consecuencia de dicha relación simulada mediante contratos de prestación de servicios, incluido el pago de aportes pensionales; y si como consecuencia de estos últimos, el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.

4. Análisis de la Sala

El efecto normativo y garantizador del principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, contenido en el artículo 53 de la Carta Política, está dirigido a proteger los derechos de primera y segunda generación, es decir, el derecho al trabajo y garantías

sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, contenido en el artículo 53 de la Carta Política, está dirigido a proteger los derechos de primera y segunda generación, es decir, el derecho al trabajo y garantías laborales, indistintamente del sujetos (llámese Estado y/o particular) y vínculo contractual en sentido formal, toda vez que su función va dirigida a hacer valer laRad. 73001-33-33-009-2022-00149-01)

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relación laboral sobre sobre cualquier otra figura en la que se enrostra. Punto de partida inherente al pensamiento unificador de nuestros órganos de cierre constitucional y jurisdiccional en sus diferentes providencias.

El tratamiento jurisprudencial de los contratos realidad, de donde se concluye -en cuanto a su configuración -, que constituye un requisito indispensable para demostrar la existencia de una relación de trabajo, que el interesado acredite en forma incontrove rtible los tres elementos de la relación laboral, esto es, i) la prestación personal del servicio (de manera permanente), ii) la continuada dependencia y subordinación y iii) una remuneración en contraprestación por la labor realizada, de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor público.7

Al tenor, el Decreto 2400 de 1968, régimen de administración de personal de la Rama Ejecutiva, en la parte final del artículo 2º dice que “para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y, en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el

Rama Ejecutiva, en la parte final del artículo 2º dice que “para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y, en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.”

Tal Decreto fue modificado y adicionado, mediante el artículo 7° del Decreto 1950 de 1973, y por el artículo 1º del Decreto 3074 de 2008, que expresaron:

“Artículo 7º. Salvo lo que dispone la ley para los trabajadores oficiales, en ningún caso podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones públicas de carácter permanente, en cuyo caso se crearán los empleos correspondientes mediante el procedimiento que se señala en el presente Decreto Nacional.

La función pública que implique el ejercicio de la autoridad administrativa no podrá ser objeto de contrato ni delegarse en el personal vinculado mediante esta modalidad”

Y el artículo 1º del Decreto 3074 de 2008:

“Articulo1o. Modificase y adicionase el Decreto número 2400 de 1968, en los siguientes términos:

El artículo 2º quedará así:

(…)

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones”

En sentencia de fecha 5 de junio de 2014, el Honorable Consejo de Estado, a través de un esfuerzo interpretativo, recurr ió a los criterios consignados por la Corte Constitucional (funcional, igualdad, temporal, excepcional, continuidad), para así

de un esfuerzo interpretativo, recurr ió a los criterios consignados por la Corte Constitucional (funcional, igualdad, temporal, excepcional, continuidad), para así

7 CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”-Consejero Ponent