TA TOL - Sentencia 73001-33-33-009-2023-00109-01 (08-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAGISTRADO PONENTE: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN: 73001-33-33-009-2023-00109-01

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: JESUS EDUARDO GARCÍA - OTROS

APODERADO: FERNANDO HUMBERTO MALTÉS ESCOBAR

DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

APODERADO: HERMILSON CIRO AVILEZ

DEMANDADO: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

APODERADO: SILVANA LUCÍA VEGA

DEMANDADO: MINISTERIO DE TRANSPORTE

APODERADO: LUZ YANETH ZABALA BAHAMÓN

DEMANDADO: INVÍAS

APODERADO: MABEL JULIANA HERNÁNDEZ GALLEGO

DEMANDADO: MUNICIPIO DEL GUAMO

APODERADO: ANDREA PAOLA RICO ROMERO

TEMA: LESIONES POR ACCIDENTE TRÁNSITO

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia del 27 de noviembre de 202 4, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de reparación directa, mediante apoderado, promovió demanda en contra de los demandados , con el fin de que se declaren responsables por los perjuicios morales, materiales a título de daño emergente

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de reparación directa, mediante apoderado, promovió demanda en contra de los demandados , con el fin de que se declaren responsables por los perjuicios morales, materiales a título de daño emergente y lucro cesante, el daño a la vida de relación, que causaron a la parte demandante debido a la muerte de Yerson Eduardo García Guzmán el 11 de febrero de 2021 en accidente de tránsito por mal estado de la vía y falta de señalización.

Que se ordene a las demandadas, reconocer a favor de los demandantes los perjuicios materiales, morales y daño a la vida en relación.

Que se ordene la indexación de las sumas reconocidas y el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos en el CPACA.

2. HECHOS

Los que tienen relevancia jurídica son los siguientes:

2.1 El 11 de febrero de 2021, Yerson Eduardo García Guzmán, se desplazaba en su en su motocicleta de placas JAX97C marca Honda, por la vía Suárez – Espinal, km 13, sobre el puente de la quebrada el salitre, vereda la Isla; zona rural del municipio de Guamo , y sufrió un accidente al caer del puente.Radicación: 73001-33-33-009-2023-00109-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Jesús Eduardo García -otros Demandado: Departamento del Tolima -otros Página 2 de 18

2.2 Que el cuerpo de Yerson Eduardo García Guzmán fue encontrado por la comunidad del sector en la orilla de la quebrada el salitre , debajo de la motocicleta, en proceso de

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2.2 Que el cuerpo de Yerson Eduardo García Guzmán fue encontrado por la comunidad del sector en la orilla de la quebrada el salitre , debajo de la motocicleta, en proceso de descomposición con más de 36 horas de fallecido.

2.3 Que se pudo establecer que el accidente ocurrió en horas nocturnas del 11 de febrero de 2021, y en el lugar del suceso no existe ningún tipo de señalización o de prevención.

2.4 Que mediante informe de Policía Judicial, se indicó que el accidente se dio por un choque con objeto fijo: un árbol; pero la realidad es que el motociclista, cuando se desplazaba en el sentido Suárez – Espinal, presentó un tropiezo con el andén peatonal al inicio del puente del costado derecho; y se salió de la vía impactando contra el muro de la zapata del puente del otro lado y cayendo entre el muro de la aleta del puente y la orilla de la quebrada el salitre desde una altura de 1.50mts, sobre la capa vegetal y húmeda, de la zona seca, quedando en posición final la motocicleta con volcamient os total (con las llantas hacia arriba).

2.5 Que el accidente se dio por la falta de cuidado, mantenimiento, señalización y la ausencia de los barandales a cada lado del puente en la vía a la altura de la zona llamada la quebrada El Salitre, ubicado en la vía Suárez – Espinal, km 13, sobre el puente de la quebrada el salitre, vereda la Isla , zona rural del municipio de Guamo - Tolima, y por la carencia de iluminación, además de la obstrucción, con maleza al borde de l a carretera

quebrada el salitre, vereda la Isla , zona rural del municipio de Guamo - Tolima, y por la carencia de iluminación, además de la obstrucción, con maleza al borde de l a carretera que impedía visualizar el sardinel.

2.6 Que Yerson Eduardo García Guzmán no se encontraba en estado de embriaguez, tal como se observa en el proceso llevado ante la Fiscalía 46 Seccional del Guamo y el informe pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal de Ibagué.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1 INVIAS

Sostuvo que se opone a todas las pretensiones de la demanda.

Que no obra material probatorio que acredite que el accidente y posterior deceso tuvo ocasión por la presunta falla del servicio, por falta de diligencia en el mantenimiento de la vía, por la debida falta de sostenimiento, mantenimiento, y la previsión en cuanto al cuidado, en dejar la vía sin la debida señalización, por omisión del Instituto Nacional de

Vías – INVIAS.

Propuso la falta de legitimación por pasiva.

3.2 MINISTERIO DE TRANSPORTE

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento jurídico, fáctico y probatorio.

Que hay deficiencia probatoria por parte de los actores, en orden a establecer un nexo de causalidad adecuado entre el daño y la conductas u omisiones endilgadas a la pasiva; destacando que, de consuno con el acervo probatorio con el cual acompaña la demanda se advierte que no confluyen los elementos configurantes de la responsabilidad Estatal, por parte del Ministerio de Transporte.

destacando que, de consuno con el acervo probatorio con el cual acompaña la demanda se advierte que no confluyen los elementos configurantes de la responsabilidad Estatal, por parte del Ministerio de Transporte.

Que no logra demostrar la responsabilidad en cabeza de la Nación -Ministerio de Transporte, toda vez que no tiene la función con base en la normatividad citada, paraRadicación: 73001-33-33-009-2023-00109-01

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ejecutar la construcción, conservación y mantenimiento de las vías nacionales, no es la encargada de la señalización de vías, ni tampoco de celebrar los contratos para cumplir con las funciones asignadas a cada una de las mencionadas entidades adscritas.

Propuso a excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de transporte, ausencia de responsabilidad por inexistencia de acciones y omisiones del demandado Ministerio de Transporte y hecho de la víctima.

3.3 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Que, el vehículo motocicleta de placa JAX97C objeto del accidente, era conducido en horas de la noche por Yerson Eduardo García Guzmán, quien al parecer conducía con exceso de velocidad; pues de otra manera sería imposible la ocurrencia del accidente, si hubiera manejado con precaución; máxime si la vía hubiera estado en precarias condiciones de transitabilidad como se expone en la demanda (huecos, resaltos, grietas, etc).

Que el hecho de que en la vía no exista total señalización y la misma no se encuentre en

condiciones de transitabilidad como se expone en la demanda (huecos, resaltos, grietas, etc).

Que el hecho de que en la vía no exista total señalización y la misma no se encuentre en perfecto estado de conservación y llegare a presentarse un daño en accidente de tránsito no significa siempre que el Estado, en este caso el Departamento del Tolima y las otras entidades accionadas, tengan que responder por ello, sin más reparos, como se pretende con esta demanda.

Que el accidente ocurrió por la falta de pericia, exceso de velocidad para esa vía, un aparente descuido o desatención al conducir por parte de Yerson Eduardo García, quien conducía la motocicleta sin respetar los límites de velocidad para carreteras rurales, sin los elementos de protección, etc); desvirtuándose de manera concreta la responsabilidad del Departamento del Tolima, por efecto de la culpa exclusiva de la víctima; sin dar lugar ni siquiera a pensar en una compensación de culpas.

Concluyó que, el accidente no se debió a la ausencia de señales de tránsito ni al estado de la vía, pues ésta como se ve en las fotos aparece en buen estado de conservación y mantenimiento, es un terreno plano y la vía recta; sino a la inexperiencia y poca pericia e irresponsabilidad del conductor Yerson Eduardo García Guzmán, por no respetar el límite de velocidad en zona rural.

Propone las excepciones denominadas: el hecho de culpa exclusiva de la víctima e inepta demanda por falta de requisitos esenciales que configuren responsabilidad alguna.

3.4 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI

Sostuvo que el lugar donde ocurrió el accidente es una vía con código 45TL05,

demanda por falta de requisitos esenciales que configuren responsabilidad alguna.

3.4 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI

Sostuvo que el lugar donde ocurrió el accidente es una vía con código 45TL05, clasificación de segundo orden y con una longitud de 14.12 kilómetros, por lo que está a cargo del Departamento del Tolima, por lo tanto, la vía donde ocurrieron los hechos no hace parte de las vías concesionadas a cargo de la ANI.

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa de la ANI.

3.5 MUNICIPIO DE GUAMO

Indicó que no se encuentra probada la causa de la muerte de García Guzmán (QEPD), tanto así que, tanto el reporte de policía judicial como el informe de necropsia No. 2021010173001000059 emitido por Medicina Legal, son claros en señalar que no es posible determinar una hipótesis para el accidente, específicamente, la nota del Informe de Policía Judicial indica que no es posible determinar la hipótesis del accidente “puestoRadicación: 73001-33-33-009-2023-00109-01

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que no se tiene certeza de las causas probables que llevaron a la comisión de siniestro vial”.

Que no debe dejarse de lado la posibilidad de que el señor García Guzmán (QEPD) hubiere consumido algún tipo de sustancia que alterara sus sentidos, pues, teniendo en cuenta su lugar de residencia, es fácil concluir que conocía la vía y, por supuesto la existencia del puente.

hubiere consumido algún tipo de sustancia que alterara sus sentidos, pues, teniendo en cuenta su lugar de residencia, es fácil concluir que conocía la vía y, por supuesto la existencia del puente.

Que los demandantes adjuntan el informe pericial No. 00109 emitido por el doctor Nelson Enrique Carrillo Guzmán en el que se asegura que la causa del accidente tiene que ver con las condiciones de la vía y la falta de la señalización del puente, no es menos cierto que dicho informe fue llevado a cabo el 24 de enero de 2023, esto es dos (2) años y ocho (8) días después del accidente, tiempo en el que es muy posible que las condiciones de la vía hayan cambiado o que la iluminación se haya deteriorado, averiado o retirado.

Que existe un daño con ocasión al fallecimiento del señor García Guzmán (QEPD), sin embargo, los demandantes no prueban la antijuricidad del daño; no prueban que el accidente haya sido ocasionado por las condiciones de la vía, o por la falta de señalización o por la falta de iluminación de esta, tan solo se limitan a hacer suposiciones sin aportar prueba alguna que corrobore la afirmación que usan de responsabilidad, dejando de lado la posibilidad de que le occiso hubiere consumido cualquier tipo de sustancia que haya hecho que perdiera el control de la moto.

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Municipio del Guamo.

4. SENTENCIA APELADA

El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, el día 27 de noviembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que no se llegó a probar,

4. SENTENCIA APELADA

El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, el día 27 de noviembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que no se llegó a probar, que existiera por parte de las demandadas una verdadera falla del servicio como la alegada, pues dentro del cartulario no aparecen pruebas que acrediten que la falta de señalización o falta de mantenimiento de la vía hubiera sido la causa eficiente del accidente de tránsito, pues no hubo testigos del mismo y tampoco hay una prueba técnica que permita establecer, la velocidad a la que se desplazaba la motocicleta o la incidencia de tales condiciones en el resultado.

Y declaró probadas las excepciones denominadas falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Transporte y ausencia de responsabilidad por inexistencia de acciones y omisiones del demandado Ministerio de Transporte propuestas por la Nación Ministerio de Transporte; así como la de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS; también la falta de legitimación en la causa de la ANI invocada por la Agencia Nacional de Infraestructura; igualmente, la falta de requisitos esenciales que configuren responsabilidad alguna incoada por el Departamento del Tolima; finalmente, la de falt a de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Municipio del Guamo.Radicación: 73001-33-33-009-2023-00109-01

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5. RECURSO DE APELACIÓN

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5. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante en el recurso de apelación indicó que el dictamen pericial es un análisis científico y técnico que reconstruye los hechos del accidente ocurrido el 11 de febrero de 2021, sobre el puente de la quebrada El Salitre, en la vía Suárez – Espinal.

Que este informe concluy ó que las condiciones de la vía fueron determinantes en el accidente, señalando esencialmente las siguientes falencias: i) Falta de señalización: La vía al momento de los hechos en que perdió la vida el señor Yerson Eduardo García Guzmán, no contaba con señales preventivas que indicaran la presencia del puente, violando los estándares establecidos en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, situación que desafortunadamente fue detonante del accidente de tránsito que causó el insuceso; ii) Mal estado de la vía: El tramo presentaba lodo, material de arrastre y charcos, lo que aumentaba significativamente el rie sgo de accidentes ; iii) Ausencia de barandas de protección: El puente carecía de elementos esenciales para evitar que los vehículos se salieran de la vía, lo que constituye una falla evidente en el servicio de mantenimiento.

Que el perito concluyó que el accidente fue causado por las condiciones deficientes de la vía y el puente, siendo estos factores determinantes en el siniestro , la ausencia de mantenimiento adecuado y la falta de elementos de seguridad vial constituyen una falla

Que el perito concluyó que el accidente fue causado por las condiciones deficientes de la vía y el puente, siendo estos factores determinantes en el siniestro , la ausencia de mantenimiento adecuado y la falta de elementos de seguridad vial constituyen una falla en el servicio de las en tidades responsables. Además, contrariamente a lo señalado en la sentencia, sí existen pruebas contemporáneas al accidente que fueron utilizadas por el perito como base para su análisis y corroboración periférica en consonancia con su experticio.

Que e l dictamen establece que el accidente fue causado por las deficiencias en la infraestructura vial, refutando la hipótesis de culpa exclusiva de la víctima planteada por las entidades demandadas , la reconstrucción de la dinámica del accidente demuestra que el conductor, pese a cumplir con las normas de tránsito, no pudo evitar el siniestro debido a la falta de señalización y protección en el puente.

Que en el caso específico, la existencia del daño antijurídico está claramente probada por el fallecimiento de Yerson Eduardo García Guzmán , e ste daño, que no debía soportar, se originó por la omisión de las entidades responsables en cumplir con las medidas mínimas de mantenimiento y seguridad. La relación de causalidad directa entre la omisión de las entidades y e l accidente está demostrada en el dictamen pericial y corroborada por las pruebas documentales, fotográficas y técnicas.

Que todas las demandadas están legitimados en la causa por pasivas para actuar en el presente asunto y para responder por el daño anti jurídico irrogado, teniendo en cuenta que son responsables del estado y mantenimiento de la vía en cuestión.

Que todas las demandadas están legitimados en la causa por pasivas para actuar en el presente asunto y para responder por el daño anti jurídico irrogado, teniendo en cuenta que son responsables del estado y mantenimiento de la vía en cuestión.

Por lo anterior, solicitó se revoque la sentencia apelada y se acceda a las pretensiones.

6. TRÁMITE PROCESAL

El proceso fue radicado en esta Co rporación el 30 de enero de 2025. Mediante auto del día 28 de febrero de 2025 , se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

El trámite del recurso de apelación se surtió, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.Radicación: 73001-33-33-009-2023-00109-01

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7. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

7.1. COMPETENCIA

Es competente el Tribunal Administrativo del Tolima para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 y siguientes de la Ley 270 de 1996 y por los artículos 153 y 243 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el art. 328 del CGP.

7.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde determinar, si

1. Se encuentra acreditado el daño antijurídico alegado por la parte demandante con ocasión a un accidente de tránsito;

7.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde determinar, si

1. Se encuentra acreditado el daño antijurídico alegado por la parte demandante con ocasión a un accidente de tránsito; ii) Si se demostraron las causas que originaron el accidente de tránsito, y en caso afirmativo, iii) si las demandadas son responsables administrativa y patrimonialmente del daño sufrido por los demandantes, con ocasión a un accidente, o, si por el contrario, no existe prueba que permita endilgar responsabilidad alguna.

7.3. TESIS DE LA SALA

La sala confirmará la sentencia apelada, en el sentido de negar las pretensiones.

En este asunto, la demandante no logró demostrar que la causa determinante del accidente fue la falta de señalización o barandas en el puente donde ocurrió el accidente . Conforme a lo anterior, no todas las circunstancias que anteceden a la producción del daño son causas directas del mismo, es decir, que en este caso era necesario que el demandante demostrara que la falta de señalización y barandas sobre en el puente, fueron las causas determinantes, adecuadas o eficientes que produjeron el perjuicio alegado, sin que obre en el proceso prueba que conlleve a esa conclusión. Cabe precisar, que el accidente sufrido por Yerson Eduardo García Guzmán, pudo ocurrir por varias causas, pues la conducción de vehículos ha sido considerada una actividad peligrosa, lo cual lleva implícito un alto riesgo1. En este sentido, se advierte que a la parte actora no le bastaba con acreditar la existencia de un daño, sino que le correspondía, a partir del empleo de todos los medios de

peligrosa, lo cual lleva implícito un alto riesgo1. En este sentido, se advierte que a la parte actora no le bastaba con acreditar la existencia de un daño, sino que le correspondía, a partir del empleo de todos los medios de convicción a su disposición, acreditar que el accidente fue producto de la acción u omisión de la entidad demandada, lo cual, como se indicó en precedencia, no ocurrió.

7.4. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A partir de la Constitución Política de 1991, las entidades públicas deben responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que causen por acción u omisión siempre que les sean imputables 2, y no es que anteriormente no respondieran, es sólo que con su vigencia, ella dispuso en un articulado ese sentido.

1 Ver sentencia Consejo de Estado del 2 de marzo de 2017, radicación No. 47001-23-31-000-2007-00414-01. 2 La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades,Radicación: 73001-33-33-009-2023-00109-01

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Nuestro órgano de cierre3 aduce que “Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1

Nuestro órgano de cierre3 aduce que “Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1 superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. De igual forma, con ponencia de Jaime Orlando Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31000-1994-08654-01(19976), expresó:

“Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión. Dicha imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar: i) la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional), y; adicionalmente a lo anterior, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.

(…)

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación d el principio de imputabilidad, según el cual, la

responsabilidad patrimonial del Estado.

(…)

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación d el principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”.

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisio nes”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico -jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”.

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia

por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen

en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia

por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C -333 de 1996. Postura que fue seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, sentencia C-892 de 2001. 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Olga Mélida Valle De La Hoz, en sentencia del 30 de enero de 2013, radicación No.: 25000-23-26-000-2001-01156-01(25573).Radicación: 73001-33-33-009-2023-00109-01

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de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no.”

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de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no.”

En consecuencia, se hace necesario dilucidar en el caso concreto si se configuran los elementos legales para que surja el deber del Estado de responder, esto es, el daño antijurídico, la imputabilidad del mismo al demandado y el nexo causal entre uno y otro.

7.4.1 El daño ha sido tradicionalmente entendido como aquel menoscabo o detrimento que sufre una persona y que puede ser patrimonial o extrapatrimonial; sin embargo, para que genere responsabilidad debe ser: cierto, personal y antijurídico. Es cierto cuando efectivamente ocurre de tal suerte que el hipotético no puede ser indemnizado . Así mismo, cuando se menciona que sea personal, se refiere que sólo su víctima está legitimada para la reclamación. El Consejo de Estado4 ha señalado: “El concepto del daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la Constitución ni en la ley, sino en la doctrina española, particularmente en la del profesor Eduardo García de Enterría, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991 hasta épocas más recientes, como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.”

En otro fallo 5 indicó: “ En cuanto al daño antijurídico, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho”, y

concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho”, y que la “Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los p rincipios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”.

El precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución ”6. En efecto, el daño antijurídico se concibe como aquel que la víctima no está obligada a soportar y por tanto, resulta jurídico si se constituye en una carga pública, o, antijurídico si es consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del d erecho legalmente protegido, dando como resultado el no tener el deber legal de soportarlo.

7.4.2. De la imputación. Al respecto se ha distinguido entre la imputación fáctica (imputatio facti) y la imputación jurídica (imputatio iure) con el objeto de determinar quién debe entrar a resarcir el daño causado. Así, Enrique Gil Botero, en el salvamento de voto que hace a la sentencia del 26 de mayo de 20107 expresó:

“Ahora bien, en materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más

debe entrar a resarcir el daño causado. Así, Enrique Gil Botero, en el salvamento de voto que hace a la sentencia del 26 de mayo de 20107 expresó:

“Ahora bien, en materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un