TA TOL - Sentencia 73001-33-33-010-2018-00347-01 (29-05-2025)

2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-010-2018-00347-01

Demandante: Marino Javier Prada Cabezas

Contra: Municipio de Flandes

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

RADICACIÓN: 73001-33-33-010-2018-00347-01

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Marino Javier Prada Cabezas

DEMANDADO: Municipio de Flandes REFERENCIA: Apelación sentencia -reintegro

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia del 13 de septiembre de 2 021, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué , dentro del proceso promovido por Marino Javier Prada Cabezas en contra del Municipio de Flandes, mediante la cual denegó las súplicas de la demanda.

ANTECEDENTES.

La demanda. El señor Marino Javier Prada Cabezas, por conducto de apoderado judicial instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Municipio de Flandes, con el fin de que se despachen las siguientes:

Declaraciones y condenas (fl. 4 del documento 2_ALDESPACHO_CPRINCIPA_01, expediente Samai). Como pretensiones principales solicitó:

de Flandes, con el fin de que se despachen las siguientes:

Declaraciones y condenas (fl. 4 del documento 2_ALDESPACHO_CPRINCIPA_01, expediente Samai). Como pretensiones principales solicitó: • Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 205 del 27 de febrero de 2018, expedida por el alcalde municipal de Flandes.

A título de restablecimiento del derecho. • Ordenar al municipio de Flandes, reintegrar al señor Marino Javier Prada Cabezas en el mismo cargo que desempeñaba antes de su desvinculación o a otro de igual o superior categoría o funciones similares.

• Condenar al municipio de Flandes a que se paguen los salarios, primas, reajustes o aumento de sueldos, vacaciones, cesantías y demás emolumentos e indemnizaciones que dejó de percibir el demandante des de la fecha de su2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-010-2018-00347-01

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Contra: Municipio de Flandes

Página 2 de 19 desvinculación hasta que se produzca su reintegro al municipio de Flandes.

• Declarar que no existió solución de continuidad de la relación laboral con el municipio de Flandes, y se condene en costas y agencias en derecho a la entidad territorial demandada.

Hechos (fls. 4 a 6 del documento 2_ALDESPACHO_CPRINCIPA_01, expediente Samai). Como circunstancias fácticas expuestas en la demanda , de manera sintetizada se establecen:

Hechos (fls. 4 a 6 del documento 2_ALDESPACHO_CPRINCIPA_01, expediente Samai). Como circunstancias fácticas expuestas en la demanda , de manera sintetizada se establecen:

1. El demandante fue nombrado a través de Resolución No. 450 del 19 de junio de 2015 en el cargo de técnico administrativo código 367 grado 08 en el municipio de Flandes.

2. Que mediante Resolución No. 205 del 27 de febrero de 2018, al alcalde municipal de Flandes, dispuso dar por terminado su nombramiento. Afirmó que la entidad , previo al retiro del trabajador , omitió solicitar permiso al Ministerio del Trabajo respecto del demandante, pese a que el mismo había notificado previamente la existencia de una patología consistente en Hipoacusia Súbita “Sordera súbita”.

3. Aduce el apoderado judicial que la entidad territorial expidió el acto acusado con expreso quebranto del parágrafo único del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, el cual consagra la prohibición de modificar la nómina de la entidad dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular.

4. El acto administrativo acusado tuvo como fundamento para dar por terminado el nombramiento del demandante una sentencia del Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué, por medio de la cual se declaró la nulidad del Decreto 086 del 10 de septiembre de 2013 que establecía la planta de personal del municipio de Flande s; no obstante y a juicio del demandante , aquella consideración se qued ó sin asidero legal ya que en virtud de la

del Decreto 086 del 10 de septiembre de 2013 que establecía la planta de personal del municipio de Flande s; no obstante y a juicio del demandante , aquella consideración se qued ó sin asidero legal ya que en virtud de la sentencia de tutela proferida el 12 de julio de 2018 por el Consejo de Estado en radicación 11001 -03-15-000-2018-00924-00, el proceso tramitado por el Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué quedó sin efectos, y por consiguiente, el Decreto en mención gozaba de presunción de legalidad.

5. En sentir del apoderado del extremo activo, el municipio de Flandes quebrantó además el contenido del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, como quiera que la administración debió contar con el consentimiento previo, expreso y escrito del demandante para dar por terminado su vínculo, o en su defecto haber solicitado la nulidad del acto administrativo de nombramiento.

6. Aunado a lo ya descrito, adujo la parte demandante que el nombramiento sólo podía terminarse por la provisión definitiva del cargo, la imposición de sanciones disciplinarias, calificación insatisfactoria u otras razones semejantes, pero no por las consideraciones expuestas por la entidad, máxime cuando se quebrantó el derecho al debido proceso al no permitirse la interposición del recurso de reposición que legalmente procedía.2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-010-2018-00347-01

Demandante: Marino Javier Prada Cabezas

Contra: Municipio de Flandes

Página 3 de 19 Normas violadas y concepto de la violación (fls. 6 a 15 del documento

Demandante: Marino Javier Prada Cabezas

Contra: Municipio de Flandes

Página 3 de 19 Normas violadas y concepto de la violación (fls. 6 a 15 del documento 2_ALDESPACHO_CPRINCIPA_01, expediente Samai). Señaló los artículos 1,2,5,13,25,26,29,42,44, de la Constitución Política, así como el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, artículo 2.2.5.3.4. del Decreto 1083 de 2015, artículo 38 de la Ley 996 de 2005, artículo 12 y 13 del Decreto 190 de 2003

En cuanto al concepto de violación, expresó que el despido violó la garantía fundamental al debido proceso, dignidad humana . Que la decisión del alcalde se aparta de los fines esenciales del Estado, ello amparado en un fallo que a su turno no lo facultaba para terminar el vínculo laboral administrativo existente.

Refirió que la entidad violó el derecho de constituir una familia, pues su desvinculación afectó su entorno, independientemente del escogido por el demandante en su vida personal. Que no se le permitió el derecho de contradicción, no hubo respeto por la Ley de garantías, la prohibición de desvincular personal con la existencia de circunstancias particulares como el fuero de estabilidad laboral reforzada por su condición de prepensionado y discapacitado.

Añadió que, con la expedición del acto, se dejó al demandante sin el mínimo vital y móvil. Resaltó que se vulneró el trámite de revocación de actos particulares contenido en el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, así como al no haber solicitado el

móvil. Resaltó que se vulneró el trámite de revocación de actos particulares contenido en el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, así como al no haber solicitado el permiso previo ante el Ministerio del Trabajo de un trabajador en situación de discapacidad.

A su turno, enfatizó que tanto el Decreto 1083 de 2015 como la sentencia SU -917 de 2010 proferida por la Corte Constitucional prevén que la terminación del nombramiento provisional o de su prórroga proceden, siempre por acto motivado y solo es admisible cu ando la insubsistencia invoque causales como la provisión definitiva del cargo, imposición de sanciones disciplinarias, calificación insatisfactoria, entre otras.

Del trámite procesal. De conformidad con el auto del 22 de agosto de 2018 (fls. 63 a 66, del documento 2_ALDESPACHO_CPRINCIPA_01, expediente Samai ), el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué, admitió la demanda, y ordenó la notificación del ente demandado. Corrido el traslado de la demanda al Municipio de FlandesTolima, de conformidad con lo ordenado en el auto mencionado, el t érmino corrió del 12 de octubre al 27 de noviembre de 2018 (fls. 74 y 213 del documento 2_ALDESPACHO_CPRINCIPA_01, expediente Samai); y ello discurrió así:

Contestación de la demanda Municipio de Flandes (fls. 75 a 94 del documento 2_ALDESPACHO_CPRINCIPA_01, expediente Samai). A través de apoderado judicial, el ente territorial demandado se opuso a la

Contestación de la demanda Municipio de Flandes (fls. 75 a 94 del documento 2_ALDESPACHO_CPRINCIPA_01, expediente Samai). A través de apoderado judicial, el ente territorial demandado se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas, argumentando que el acto administrativo demandado tuvo su génesis en el cumplimiento del Decreto No. 021 del 21 de febrero de 2018, expedi do como consecuencia de la sentencia del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué que declaró la nulidad del Decreto No. 086 del 10 de septiembre de 2013, norma que establecía la planta de personal del2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-010-2018-00347-01

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Página 4 de 19 municipio de Flandes.

Como consecuencia de ello, al desaparecer del ordenamiento jurídico la norma que preveía la planta de personal y suprimirse automáticamente el cargo desempeñado por el señor Marino Javier Prada Cabeza, la terminación de su nombramiento provisional no requirió trámite previo de autorización y se amparó en lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política y en el artículo 28 del Decreto 2400 de 1968.

Adicionalmente, sostuvo que el acto administrativo acusado se expidió con observancia de las normas en que debía fundarse y estuvo motivado en hechos reales y verificables, pues al declararse la nulidad del Decreto 086 de 2013 la administración municipal se vio compelida a adoptar la planta anterior prevista en

observancia de las normas en que debía fundarse y estuvo motivado en hechos reales y verificables, pues al declararse la nulidad del Decreto 086 de 2013 la administración municipal se vio compelida a adoptar la planta anterior prevista en el Decreto No. 173 de 31 de diciembre de 2008, ordenando una reorganización administrativa como consecuencia lógica de una decisión judicial que intrínsecamente dispuso la supresión de cargos .

Se precisó que no resultaba aplicable la presunción legal de desvinculación discriminatoria derivada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, toda vez que la terminación del servicio no se fundamentó en la condición de salud descrita, sino en la supresión objetiva del empleo al quedar sin vigencia la norma que lo sustentaba.

Finalmente, como excepciones de fondo propuso i) la expedición regular del acto administrativo, ii) la conservación de la presunción de legalidad del mismo, y iii) la improcedencia del medio de control frente a la Resolución No. 205 del 27 de febrero de 2018 por tratarse de un acto de ejecución.

La sentencia apelada (Documento 7_ALDESPACHO_06SENTENCIA, expediente Samai) El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué, en sentencia del 13 de septiembre de 2021, denegó las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte activa.

Como fundamento de su decisión expresó que del análisis de las pruebas se colige que, mediante Decreto 086 el municipio de Flandes estableció la planta de personal del ente territorial e incorporó nuevos empleos, entre ellos el de técnico administrativo 367 grado 8, en el cual se nombraron en provisionalidad entre otros

que, mediante Decreto 086 el municipio de Flandes estableció la planta de personal del ente territorial e incorporó nuevos empleos, entre ellos el de técnico administrativo 367 grado 8, en el cual se nombraron en provisionalidad entre otros al demandante, tomando como base un estudio técnico; sin embargo, el decreto fue declarado nulo por el Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué, providencia que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima

Que como resultado de la nulidad del acto, la administración adoptó la providencia y expidió los actos administrativos necesarios para dar cumplimiento a la decisión, declarando insubsistentes los cargos de libre nombramiento y remoción y, dando por terminados los nombramientos en provisionalidad efectuados con posterioridad a la aprobación de la planta de personal, adoptada mediante el acto administrativo declarado nulo, entre ellos, el desempeñado por Marino Javier Prada Cabezas.

Por último, determinó que dentro de los argumentos esbozados por el demandante, quien pretende se le reintegre al cargo desempeñado se violó el debido proceso, la Ley de garantías y ser objeto de discriminación en razón a tener una patología -2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-010-2018-00347-01

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Página 5 de 19 hipocausia súbica o sordera -, sin embargo en el transcurrir del proceso no se demostró que la discapacidad fuere el motivo o móvil predominante para la terminación del nombramiento sino el cumplimiento de un deber legal por parte de la administración en cumplir una orden judicial, que generó la supresión del empleo desempeñado por el actor.

La apelación.

terminación del nombramiento sino el cumplimiento de un deber legal por parte de la administración en cumplir una orden judicial, que generó la supresión del empleo desempeñado por el actor.

La apelación. Parte demandante. (documento 18. 2018 -00281 Recurso de apelación demandante , expediente Samai). Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación solicitando se revoque la decisión de primera instancia, y se acceda a las pretensiones de la demanda.

Como fundamento, inició recordando que la Resolución 205 de 2018 se expidió para dar por terminado el nombramiento provisional del demandante en cumplimiento —según el municipio — de la sentencia que anuló el Decreto 086 de 2013; subrayó que esa sentencia no ordenó suprimir cargos ni desvincular funcionarios y que, por tanto, el acto demandado carece de verdadero sustento jurídico. Con esa premisa atribuye al municipio y al fallo de primera instancia cuatro violaciones principales: primero, la infracción del artículo 97 del C . de P.A. y de lo C.A., porque la terminación del nombramiento implicó la revocación de un acto particular sin el consentimiento expreso del titular ni la correspondiente demanda ante la jurisdicción contenciosa, lo que a su juicio quebrantó el debido proceso; segundo, la contravención del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, pues la modificación de la nómina se produjo dentro del período de garantías electorales y no encaja en las excepciones autorizadas por la norma; tercero, la vulneración del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 , al omitirse la autorización del Ministerio de Trabajo para

nómina se produjo dentro del período de garantías electorales y no encaja en las excepciones autorizadas por la norma; tercero, la vulneración del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 , al omitirse la autorización del Ministerio de Trabajo para desvincular a un trabajador con discapacidad; y cuarto, la falsa motivación y desviación de poder, ya que —afirma— la administración utilizó la nulidad del Decreto 086 como pretexto para reemplaz ar personal por razones políticas, sin estudio técnico ni acto expreso de supresión y sin permitir a los afectados ejercer su defensa.

A fin de sostener esas infracciones, el escrito reproduce extensamente jurisprudencia de la Corte Constitucional -SU-917 de 2010, T-943 de 1999y del Consejo de Estado sobre deber de motivación, estabilidad reforzada y teoría del decaimiento, así como las transcripciones íntegras de los artículos citados. Como matiz adicional, reprochó el desconocimiento del precedente sobre los efectos ex tunc de la nulidad de actos generales y la excepción aplicable a actos particulares, argumentando que el decaimiento no procede respecto de situaciones jurídicas consolidadas , recalcando que la administración debió demandar o revocar con consentimiento.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto de sustanciación del 7 de febrero de 202 2 (15_AUTOADMITERECURSOAPELACION, expediente Samai ), se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, indicando que una vez ejecutoriada la decisión, ingresara el proceso para proferir sentencia.

Alegatos de conclusión.2ª Instancia N/R

recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, indicando que una vez ejecutoriada la decisión, ingresara el proceso para proferir sentencia.

Alegatos de conclusión.2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-010-2018-00347-01

Demandante: Marino Javier Prada Cabezas

Contra: Municipio de Flandes

Página 6 de 19 De la parte demandante Guardó silencio.

Municipio de Dolores. Guardó silencio.

Ministerio público. Guardó silencio.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL La competencia. Este tribunal es competente para conocer de la presente apelación de conformidad con los artículos 104 -Inc. 4º.-, 153 y 243 de la Ley 1437 de 2011; pues se cuestiona una sentencia proferida por un Juez del Circuito Administrativo de Ibagué en la que es parte una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Considera la Sala que el medio de control de Nulidad y restablecimiento del derecho instaurado (artículo 138 ibidem) es el procedente, toda vez que por esta vía se pretende la declaratoria de nulidad de un acto administrativo que dispuso la terminación del nombramiento del demandante.

Problema jurídico. El quid del asunto de conformidad con la sentencia impugnada y el recurso impetrado se centra en determinar si confirma o revoca la sentencia del Juez, para lo cual, deberá examinarse si el acto administrativo contenido en la Resolución No. 205

El quid del asunto de conformidad con la sentencia impugnada y el recurso impetrado se centra en determinar si confirma o revoca la sentencia del Juez, para lo cual, deberá examinarse si el acto administrativo contenido en la Resolución No. 205 del 27 de febrero de 2018, mediante el cual, el Alcalde del Municipio de Flandes dio por terminado el nombramiento del señor Marino Javier Prada Cabezas se encuentra viciado de nulidad, y en ese sentido, si debe ordenarse el reintegro del demandante junto con el pago de prestaciones sociales y emolumentos salariales, o si , por el contrario, el acto acusado atiende lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Límites de la apelación. Pasa la Sala, a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del 13 de septiembre de 2021, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué , en tanto solo le está dado al ad quem pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos al fallo, sin que se pueda infiltrar en el estudio de tópicos que no fueron debatidos por el o los recurrentes, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado1.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Demandante: Ana Grego ria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la administración de justicia / Error Jurisdiccional.

Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la administración de justicia / Error

Jurisdiccional.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 17001 -2331000-2002-01526-01(37533), Demandante: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: Nación -2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-010-2018-00347-01

Demandante: Marino Javier Prada Cabezas

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Así las cosas, es claro que la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (esto último, en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jur ídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.

Aunado a lo anterior, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa3 reiteró que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera

indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ant e la segunda instancia. Finalmente, estableció que, como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista congruencia entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so pena de que no se pueda analizar la alzada”.

Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, Asunto: Recurso de apelación – Limites y competencia del juez de segunda instancia.

Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001-23-31-000-2003-02167-01(41482), Demandante: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Asunto: Recurso de apelación – procedencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: WILLIAM

GIRALDO GIRALDO; Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Radicación número 25000 -23-27-000-200700024-01 (17272), Demandante: Hospital Universitario Clínica San Rafael, Demandado: Dirección Distrital de Impuestos – Secretaría de Hacienda Distrital, Asunto: Recurso de apelación – Objeto / Sustentación del recurso de apelación – Sirve al ad quem para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de primera instancia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ; Sentencia del 26 de enero de 2011, Radicación número: 25000 -23-26-000-1997-13804 (19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demand ado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, Asunto: Recluso – Muerte en centro penitenciario / Detención preventiva – Presunción de inocencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ; Sentencia del 7 de diciembre de 2017, Radicación número: 08001 -2331-000-2009-01122-01, Demandante: Seguros del Estado S.A Dirección de Impuest os y Aduanas Nacionales – Dian, Demandado: Seguros del Estado S.A, Asunto: Recurso de apelación – Límites.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; Sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 - 232 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; Sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 - 2324-000-2007-90177-01, Demandante: Alexander Méndez Mendoza, Demandado : Concejo de Bogotá D.C., Asunto: Acto que ha perdido fuerza ejecutoria.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN; Sentencia del 16 de agosto de 2022, Radicación número 73001 -23-00000-2008-00587-01 (52803), Demandante: Esperanza Beltrán I báñez, Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué, Referencia: Reparación directa – apelación de sentencia, Asunto: Responsabilidad del Estado / Error Judicial -Carga de sustentación material para que pueda habilitarse la competencia del superior / Teoría general de los recursos.2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-010-2018-00347-01

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Página 8 de 19 Marco normativo y desarrollo jurisprudencial. Terminación del nombramiento provisional. En relación con el retiro de servicio de empleados provisionales, se hace necesario revisar lo concerniente a la terminación del nombramiento provisional, señalando que el Decreto 1083 de 2015 dispuso: “ARTÍCULO 2.2.5.3.4 TERMINACIÓN DE ENCARGO Y NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga

el Decreto 1083 de 2015 dispuso: “ARTÍCULO 2.2.5.3.4 TERMINACIÓN DE ENCARGO Y NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados”.

El retiro de los empleados provisionales procede siempre y cuando se motive. La Corte Constitucional4, ha sostenido que el empleado provisional debe conocer las razones por las cuales se le desvincula, para efectos de que ejerzan su derecho de contradicción. Así mismo, la misma corporación5 sobre el retiro de los empleados vinculados en provisionalidad, expresó:

1. El deber de motivación de los actos administrativos que (por regla general) tiene la administración, hace efectiva la cláusula de Estado de Derecho, el principio democrático, el principio de publicidad en las actuaciones de la administración, al tiempo que permite a los asociados contar con elementos de juicio suficientes para ejercer su derecho de contradicción y defensa a fin de acudir ante las instancias gubernativas y autoridades judiciales para controlar los abusos en el ejercicio del poder. De esta forma a la Administración corresponde motivar los actos, estos son, hacer expresas las razones de su decisión, mientras que a la jurisdicción compete definir si esas razones son justificadas constitucional y legalmente.

2. Estos motivos pueden ser, por ejemplo, aquellos que se fundan en la realización de los principios que orientan la función administrativa o derivados del incumplimiento de las funciones propias del cargo, lo cuales, en todo caso, deben ser constatables empíricamente, es decir, con soporte fáctico, porque de lo contrario se

realización de los principios que orientan la función administrativa o derivados del incumplimiento de las funciones propias del cargo, lo cuales, en todo caso, deben ser constatables empíricamente, es decir, con soporte fáctico, porque de lo contrario se incurrirá en causal de nulidad por falsa motivación.

3. En este orden de ideas, sólo es constitucionalmente admisible una motivación donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto.

4 Sentencia SU-250-98. Referencia: expediente T-134192, Acción de Tutela de María Duque Valencia contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero; Sentencia del 26 de mayo de 1998, Tema: Subsidiariedad de la tutela -Principio constitucional de publicidadMotivación de los actos administrativos-Motivación concomitante y motivación posterior-El interés general de la función notarial-El principio de imparcialidad en la nominación y retiro de los servidores públicos -confianza subjetiva y objetiva-Estado de cosas inconstitucional por la no convocatoria a concursos en el caso concreto de los notarios-El debido proceso y el derecho a defensa en el acceso en la justicia.

5 Sentencia SU-917-10. Referencia: Expedientes Acumulados: T-2116104 (Lucas Arturo Pulido Guarnizo); T2123871 (Diana Yolima Niño Avendaño); T -2123824 (Gloria María Arias Arboleda); T -2139736 (Gregorio Oviedo Oviedo); T -2155221 (Juan de Dios Pinto Seija);T -2180526 (Luis María Si erra Castilla);T -2180541 (Jorge Cañedo de la Hoz);T-2180822 (Isabel Linero Gómez);T-2188198 (Myriam Lizarazo Vargas);T-2188408 (Abel Antonio Piñeres Mejía);T -2188413 (José Gregorio Gutiérrez Alvarado);T -2188416 (Octavio Mantilla Sáenz);T-2189945 (Carlos Arturo Marín Perea);T-2190768 (Libardo de Jesús Mora Medina);T-2192129 (Jesús Manuel López Celedón);T -2210469 (César Augusto Hernández Aguirre);T -2217575 (Tito Díaz Algarín);T2241166 (Jaime Enrique Niño López);T -2259171 (Elena Patricia Cárdenas Díaz); T -2436474 (Oscar Arturo Escobar Torres) T-2442394 (José Ignacio Pineda Palencia) T2482380 (Santiago Rocha Zarta) T -2482383 (Francisco José Mario Renato Orozco Zúñiga) y T -2482404 (Pablo Alberto Villaveces Gelves), Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Carta; Sentencia del 16 de noviembre de 2010, Tema: Deber de motivar los actos de retiro de servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargo de carrera.2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-010-2018-00347-01

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Demandante: Marino Javier Prada Cabezas

Contra: Municipio de Flandes

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4. La Corte insistió en que la necesaria motivación de los actos administrativos no puede conducir, en la práctica, a equiparar a los funcionarios no