TA TOL - Sentencia 73001-33-33-010-2018-00423-02 (29-05-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAG. PONENTE: DR. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS

Ibagué, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 73001-33-33-010-2018-00423-02

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: ROMULO RUIZ SANTOS

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Tema: BONIFICACIÓN JUDICIAL - DECRETO 383 DE 2013

CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con lo señalado en Auto del 22 de mayo de 2025, por medio del cual se declaró fundado el impedimento presentado por el Doctor Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, se procede a integrar Sala con el Magistrado que sigue en turno, esto es, el Doctor José Andrés Rojas Villa.

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la entidad demandada, contra la sentencia proferida el día 28 de abril de 2023, mediante la cual el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor ROMULO RUIZ SANTOS , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio del Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentó demanda contra la NACIÓNRAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMNISTRACIÓN JUDICIAL, elevando las siguientes:

PRETENSIONES

en ejercicio del Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentó demanda contra la NACIÓNRAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMNISTRACIÓN JUDICIAL, elevando las siguientes:

PRETENSIONES

“1. Que se declare que la bonificación judicial reconocida a mi mandante mediante el Artículo 1° del Decreto 383 del 6 de Marzo de 2013 y demás decretos que lo desarrollan, es factor salarial para todos los efectos legales por cuanto su causa y efecto es la nivelación Salarial de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial del poder público, teniéndose como fuente normativa la Ley 4a de 1992, además porque se trata de una retribución fija y directa del trabajo percibida de manera periódica, habitual y permanente.

2. Que se declare la NULIDAD del acto administrativo DESAJIBO17-3698 del 2 de Octubre de 2017, por medio de los cuales se negó la petición de que la Bonificación Judicial para que constituya factor salarial para todos los efectos, y por consiguiente, se negó la reliquidación de todas las prestaciones sociales y laborales que hasta la fecha han percibido y las que perciban hacia el futuro los poderdantes, tomando como factor salarial para ello el 100% de la bonificación judicial, la cual vienenExpediente: 73001-33-33-010-2018-00423-02

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandante: ROMULO RUIZ SANTOS Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

2 percibiendo de manera mensual e ininterrumpida desde el mes de enero

Demandante: ROMULO RUIZ SANTOS Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

2 percibiendo de manera mensual e ininterrumpida desde el mes de enero de 2013.

3. Que se declare la EXISTENCIA y posterior NULIDAD de los actos administrativos Fictos o Presuntos, fruto del silencio administrativo

negativo de LA NACION - RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, por no haber resuelto el recurso de apelación del oficio DESAJIBO17-3698 del 2 de Octubre de 2017, por lo que se entienden confirmados, quedando así agotada la vía administrativa;

4. Que se declare que mi representado tienen derecho a que la NACIONRAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL seccional del Tolima, a que se le reconozca, reajuste y pague, una reliquidación de las prestaciones sociales, esto es, Primas de Servicios, Prima de Vacaciones, Prima de Navidad, Prima de Productividad, Prima de Bonificación por servicios prestados, Cesantías, Intereses de las Cesantias, Aportes al sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, y demás acreencias laborales a que tuviere derecho, desde el 1° de enero de 2013 hasta la fecha, hasta que s ea cumplida la sentencia y en adelante, incluyendo como factor salarial el 100% de la bonificación judicial devengada mes a mes de manera ininterrumpida desde enero de 2013 a la fecha.

fecha, hasta que s ea cumplida la sentencia y en adelante, incluyendo como factor salarial el 100% de la bonificación judicial devengada mes a mes de manera ininterrumpida desde enero de 2013 a la fecha.

5. Que se hagan las declaraciones ultra y extra petita por los derech os ciertos e irrenunciables que resulten probados.

6. Todo lo anterior, previo declarar la inaplicabilidad por EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, respecto de los Artículos 1° y 3° del Decreto 383 del 6 de Marzo de 2013 y los decretos que lo desarrollan, en especial el aparte del Artículo 1° en cuanto a la frase “(...) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud." (subrayado fuera del texto original), por ser manifiestamente violatorios de algunos Tratados Internacionales ratificados por Colombia y - de normas de carácter superior contenidas en el Preámbulo2 y los artículos 4°, 93 y 53 de la Constitución Nacional, que consagran la Primacía de la realidad sobre las formas; el Principio de Favorabilidad que prima a favor de los empleados, y el Principio de irrenunciabilidad a los derechos mínimos establecidos en las normas laborales, entre otros.

7. Se condene a la NACION - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL representada legalmente en la seccional del Tolima por el Doctor CESAR AUGUSTO MOLINA SUAREZ (o quien haga sus veces al momento de la notificación), a reconocer, reajustar, liquidar, reliquidar y

JUDICIAL representada legalmente en la seccional del Tolima por el Doctor CESAR AUGUSTO MOLINA SUAREZ (o quien haga sus veces al momento de la notificación), a reconocer, reajustar, liquidar, reliquidar y pagar a mi mandante la totalidad de las diferencias salariales, prestacionales y demás emolumentos dejados de cancelar en los años 2013-2014 -20152016 -2017 -2018 y todos los subsiguientes, hasta la inclusión en nómina de los factores salariales debidamente indexados y lo que se determine a pagar de la reliquidación de sus prestaciones sociales, incluyendo el 100% de la bonificación judicial como factor salarial para todos los efectos, en razón a que se d evenga mes a mes de manera ininterrumpida desde enero de 2013 a la fecha.

8. Se condene a la NACION - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL representada legalmente en la seccional del Tolima po r elExpediente: 73001-33-33-010-2018-00423-02

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandante: ROMULO RUIZ SANTOS Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

3 Doctor CESAR AUGUSTO MOLINA SUAREZ (o quien haga sus veces al momento de la notificación), a reajustar la bonificación judicial conforme a los porcentajes de incremento salarial establecidos por el Gobierno Nacional al inicio de cada año, toda vez que su naturaleza es netamente salarial y por ende corre con la misma suerte que la remuneración fija

a los porcentajes de incremento salarial establecidos por el Gobierno Nacional al inicio de cada año, toda vez que su naturaleza es netamente salarial y por ende corre con la misma suerte que la remuneración fija mensual.

9. Que se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL representada legalmente en la seccional del Tolima por el Doctor CÉSAR AUGUSTO MOLINA SUÁREZ (o quien haga sus veces al momento de la notificación), a que reconozca, reliquide y pague las diferencias salariales y prestacionales existentes entre lo pagado y la Inclusión del 100% de la bonificación judicial como factor constitutivo de salario, ajustada al incremento solicitado en la pretensión anterior para la liquidación de todas las prestaciones sociales y laborales que desde el año 2013 y hasta la fecha efectiva de pago haya percibido mi poderdante.

10. SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL representada legalmente en la seccional del Tolima por el Doctor CESAR AUGUSTO MOLINA SUÁREZ (o quien haga sus veces al momento de la notificación), para que los dineros reconocidos sean pagados debidamente indexados y actualizados de acuerdo al índice de precios al consumidor, con el reconocimiento y pago de los intereses moratorios a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se cumpla en su totalidad la condena, como se dispone en el inciso 3° del artículo 192 del C.P.A.C.A.

11. Se condene en costas a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO

tiempo siguiente hasta que se cumpla en su totalidad la condena, como se dispone en el inciso 3° del artículo 192 del C.P.A.C.A.

11. Se condene en costas a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL representada legalmente en la seccional del Tolima por el Doctor CÉSAR AUGUSTO MOLINA SUÁREZ (o quie n haga sus veces al momento de la notificación), teniendo en cuenta la omisión en el acatamiento Constitucional, Convencional, Legal y Jurisprudencial.

12. Solicito que, en el eventual caso de resultar a favor de mi representado el proceso y una vez fina lice el trámite respectivo quedando en firme la sentencia, se expida copia auténtica de la misma con la indicación de ser primera copia y prestar mérito ejecutivo.”

Las anteriores pretensiones las soporta en los siguientes:

HECHOS “1. Mi mandante se encuentra vinculado(a) a la Rama Judicial desde antes de la entrada en vigencia del Decreto 383 del 6 de Marzo de 2013, razón por la cual se encuentra legitimado para impetrar lo aquí solicitado, ocupando los siguientes cargos con la resp ectiva asignación salarial, así:

El demandante se encuentra vinculado(a) a la Rama Judicial desde antes o en vigencia del Decreto 383 de 2013, ocupando los siguientes cargos desde el 8 de Agosto de 2013 a la fecha de otorgar poder.

• Desde el 8 al 14 de agosto de 2013, desempeñó el cargo de Citador III

del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales Municipales

desde el 8 de Agosto de 2013 a la fecha de otorgar poder.

• Desde el 8 al 14 de agosto de 2013, desempeñó el cargo de Citador III del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales Municipales de Ibagué.Expediente: 73001-33-33-010-2018-00423-02

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandante: ROMULO RUIZ SANTOS Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

4 - Desde el 20 de diciembre de 2013 hasta el 03 de febrero de 2014, desempeñó el cargo de Citador III del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales Especializados de Ibagué.

• Desde el 4 de febrero de 2014 hasta el 25 de enero de 2016 desempeñó el cargo Citador III del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados

Penales Especializados de Ibagué.

• Desde el 27 de enero de 2016 hasta el 25 de enero de 2018 desempeñó el cargo de Citador III del Centro de Servicios Judiciales de los

Juzgados Penales Especializados de Ibagué.

• Desde el 01 de febrero de 2018 hasta la fecha, desempeñándose en el cargo de Citador III del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados

Penales Especializados de Ibagué.

2. En la Ley 4a de 1992, se establecieron los criterios y objetivos mediante los cuales cada a ño el Gobierno Nacional mo dificará el sistema salarial de los empleados de la Rama Judicial, entre otros, lo cual viene haciendo

2. En la Ley 4a de 1992, se establecieron los criterios y objetivos mediante los cuales cada a ño el Gobierno Nacional mo dificará el sistema salarial de los empleados de la Rama Judicial, entre otros, lo cual viene haciendo anualmente mediante la expedición de Decretos.

3. Con base en la mencionada Ley y como producto de la Negociación adelantada entre los trabajadores judiciales y el Gobierno Nacional, se expidió el Decreto 383 del 6 de Marzo de 2013, mediante el cual se

estableció lo siguiente:

"ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La bonificación judicial se reconocerá a partir del 10 de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas ( ... )"

4. La norma anteriormente citada despoja a la bonificación judicial de su carácter salarial, impidiendo que se tenga en cuenta para la liquidación de todos los derechos salariales y prestacionales de los funcionarios y empleados beneficiarios de la misma, cercenando así los beneficios que el incremento de la remuneración debe representar, en la medida en que al

carácter salarial, impidiendo que se tenga en cuenta para la liquidación de todos los derechos salariales y prestacionales de los funcionarios y empleados beneficiarios de la misma, cercenando así los beneficios que el incremento de la remuneración debe representar, en la medida en que al ser un factor salarial debería tenerse en cuenta para liquidar todos sus derechos económicos como lo son, primas, vacaciones, cesantías, intereses sobre cesantías y demás prestaciones sociales, lo que en realidad NO sucede.

5. La Rama Judicial ha venido pagando la Bonificación Judicial desde el 01 de enero de 2013 conforme lo consagró el aludido Decreto, y en razón a que este pago goza de un carácter periódico, per manente y habitual, debió haberse tenido en cuenta como regla general los lineamiento jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado, el cual ha consagrado en reiterados pronunciamientos que para el concepto de asignación o salario de los funcionarios y empleados públicos (entre ellos los de la Rama Judicial), se debe tener en cuenta que, "Por su parte, el salario es una noción más amplia que comprende todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución directa por susExpediente: 73001-33-33-010-2018-00423-02

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandante: ROMULO RUIZ SANTOS Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

5 servicios.", por lo tanto mi poderdante tiene derecho a que la Administración Judicial ordene la reliquidación, tanto del valor total del salario, como de todas las prestaciones sociales a que tiene derecho.

5 servicios.", por lo tanto mi poderdante tiene derecho a que la Administración Judicial ordene la reliquidación, tanto del valor total del salario, como de todas las prestaciones sociales a que tiene derecho.

6. Consecuencialmente con su actuar, la NACIÓN - RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL y LA SECCIONAL TOLIMA, desconocen flagrantemente la definición jurídica de salario, que comprende todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios, tales como, primas, sobre sueldos, bonificaciones, gastos de representación, etc., además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. De esta manera, la entidad accionada ha venido desconociendo derechos de rango constitucional y laboral a mi representado a los cuales tiene pleno derecho, lo cual deviene en INCONSTITUCIONAL y amerita Incons titucionalidad se ordene NO dar aplicación a la norma en cita, en lo que tiene que ver con la aludida restricción. que por Excepción de Inconstitucionalidad se ordene NO dar aplicación a la norma en cita, en lo que tiene que ver con la aludida restricción.

7. La NACION - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, mes a mes, desde enero de 2013, cancela a mi prohijado la bonificación judicial antes referida por los servicios prestados, con el fin de

JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, mes a mes, desde enero de 2013, cancela a mi prohijado la bonificación judicial antes referida por los servicios prestados, con el fin de materializar la NIVELACIÓN SALARIAL establecida en la Ley 4a de 1992.

8. Mi mandante, mediante reclamación administrativa radicada el día 29 de Septiembre de 2017, solicitó ante la NACIÓN - RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Seccional del Tolima, que se reconociera la bonificación judicial como factor salarial para todos los efectos; primas, cesantías y demás emolumentos percibidos en razón de la relación laboral y NO únicamente para el pago de aportes a Seguridad Social en

Salud y Pensión.

9. La NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL seccional del Tolima, mediante acto Administrativo DESAJIBO17 - 3698 del 2 de Octubre de 2017, dio respuesta negativa a la solicitud.

10. El día 19 de octubre de 2017 se presentó el recurso de apelación ante la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL; frente al oficio DESAJIBO17-3698 del 2 de octubre de 2017.

En virtud del artículo 86 de la Ley 1437 de 2011, y teniendo en cuenta que han transcurrido más de 2 meses desde la fecha en que se presentó y se concedió el recurso de apelación sin que hasta ahora se haya resuelto

En virtud del artículo 86 de la Ley 1437 de 2011, y teniendo en cuenta que han transcurrido más de 2 meses desde la fecha en que se presentó y se concedió el recurso de apelación sin que hasta ahora se haya resuelto el mismo, desde ya se avizora la existencia del acto ficto o presunto fruto del silencio administrativo negativo por no haber resuelto lo aludido, por lo que se entienden confirmados los siguientes actos administrativos, quedando así agotada la vía administrativa;

11. Ante la Procuraduría 216 Judicial I Delegada para Asuntos Administrativos de Ibagué, se realizó audiencia de conciliación extrajudicial declarada fallida el 30 de julio de 2018, diligenciaExpediente: 73001-33-33-010-2018-00423-02

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandante: ROMULO RUIZ SANTOS Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

6 oportunamente notificada a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado”.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Mediante apoderado judicial el 09 de abril de 2018 , la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL presentó contestación a la demanda1 dentro del término legal otorgado, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones enunciadas en la demanda por razones de hecho y de derecho.

Señaló la coexistencia de dos regímenes salariales y prestacionales en la

a todas y cada una de las pretensiones enunciadas en la demanda por razones de hecho y de derecho.

Señaló la coexistencia de dos regímenes salariales y prestacionales en la Rama Judicial desde el 1 de enero de 1993, a saber, el de los servidores acogidos y el de los no acogidos, la parte demandada formuló oposición a las pretensiones invocadas en la demanda. En sustento de su postura, adujo que la bonificación judicial consagrada en el Decreto 383 de 2013 únicamente reviste naturaleza salarial para efectos de integrar la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

De igual manera, indicó que la administración judicial ha dado aplicación estricta a las disposiciones normativas vigentes, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º del citado decreto, motivo por el cual resultaba improcedente acceder a lo pretendido en la demanda. De conformidad con lo anterior, advirtió que cualquier decisión en sentido contrario desconocería el marco legal aplicable y podría derivar en consecuencias de orden penal, fiscal y disciplinario para la entidad.

Para finalizar, propuso como excepciones la inexistencia de perjuicios y la innominada o genérica.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA En sentencia proferida el día 28 de abril de 2023 2, el Juzgado Once Administrativo Transitorio De Neiva accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual sostuvo lo siguiente:

“(…) Teniendo en cuenta el marco normativo, dando aplicación al precedente vertical, y en una interpretación amplia y garantista de los derechos de los trabajadores; el despacho considera que el parágrafo del

de la demanda, para lo cual sostuvo lo siguiente:

“(…) Teniendo en cuenta el marco normativo, dando aplicación al precedente vertical, y en una interpretación amplia y garantista de los derechos de los trabajadores; el despacho considera que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (que ordenó la nivelación salarial para todos los servidores de la Rama Judicial y por el cual se profirió el Decreto 0383 de 2013), no restringió ni limitó el carácter prestacional de la bonificación judicial, que devengan los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, a partir del año 2013.

De esta manera, se colige que el ejecutivo excedió su facultad reglamentaria6, pues al desarrollar el contenido de la Ley que reglamenta, desbordó los limites previamente establecidos, al excluir la bonificación salarial para liquidar las prestaciones sociales de sus beneficiarios. Porque como se señaló, desconoció que esa nivelación debía realizarse atendiendo criterios de equidad, y

1 Fls. 108 a 113 del Cuaderno Principal – Expediente Digital. 2 Documento 13 del Expediente Digital del JuzgadoExpediente: 73001-33-33-010-2018-00423-02

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandante: ROMULO RUIZ SANTOS Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

7 no, desmejorando los salarios y prestaciones sociales de sus beneficiarios.

Vale resaltar que la bonificación judicial tuvo por finalidad nivelar los salarios de los empleados y jueces frente a las asignaciones de

7 no, desmejorando los salarios y prestaciones sociales de sus beneficiarios.

Vale resaltar que la bonificación judicial tuvo por finalidad nivelar los salarios de los empleados y jueces frente a las asignaciones de los Magistrados de Tribunal y Altas Cortes, regidos por la misma Ley 4 de 1992. En tal virtud, al solo haberse establecido como factor salarial para la base de coti zación del sistema de seguridad social en pensiones y salud, es evidente la transgresión de derechos fundamentales de los trabajadores, pues con ese tipo de decisiones administrativas, se desconocen los principios mínimos fundamentales de las relaciones laborales.

Por ese motivo, dicha norma se torna inconstitucional; y en aplicación de los principios pro homine, remuneración mínima vital y móvil, favorabilidad e irrenunciabilidad a derechos laborales, se declarará la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de la palabra “únicamente” contenido en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 y subsiguientes, que establece: “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seg uridad social en salud”, porque contrario a lo que afirma la demandada, la bonificación judicial si constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales.

Merced a lo anterior, fue desvirtuada la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados y en consecuencia se accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de incluir la bonificación judicial como factor salarial.

Merced a lo anterior, fue desvirtuada la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados y en consecuencia se accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de incluir la bonificación judicial como factor salarial.

De esta forma, se impone declarar la existencia del acto ficto que se generó al omitir responder el recurso de apelación que formuló el actor el 19 de octubre de 2017, y su nulidad junto al oficio DESAJIBO 17-3698 del 2 de octubre de 2017.

(…)

El despacho declarará probada de oficio parcialmente la exceptiva de cobro de lo no debido como quiera que el demandante solicita se le reliquiden las prestaciones sociales teniendo en cuenta la bonificación judicial desde el 1 de enero de 2013; sin embarg o, revisado el certificado laboral, se advierte que para el periodo en que se hizo exigible la bonificación judicial prevista en el Decreto 383 de 2013, ingresó a laborar a la entidad demandada a partir del 8 de agosto de 2013.

Por esa razón, no es procedente el reajuste desde el 1° de enero de 2013, sino, desde su fecha de vinculación. Es decir, desde el 8 de agosto de 2013, pues a partir de allí se empezaron a causar los derechos prestacionales. (...)”

RESUELVE: Expediente: 73001-33-33-010-2018-00423-02

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandante: ROMULO RUIZ SANTOS Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

8

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandante: ROMULO RUIZ SANTOS Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

8 “PRIMERO. -DECLARAR no probada la excepción denominada inexistencia de perjuicios, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - DECLARAR probada de oficio parcialmente la excepción de cobro de lo no debido sobre las prestaciones reclamadas desde el 1 de enero de 2013 hasta el 7 de agosto de 2013, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO. –DECLARAR probada de oficio parcialmente la excepción de prescripción trienal sobre las prestaciones causadas con anterioridad al 29 de septiembre d e 2014 , de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO. - INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL la palabra “únicamente” contenida en la disposición normativa del inciso 1° del artículo 1º del Decreto 383 de 2013, sus decretos modificatorios y demás normas que lo modifiquen o sustituyen por cuanto la bonificación judicial si constituye factor salarial para la base de liquidación de todas las prestaciones sociales, conforme se expresa en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. - DECLARAR la existencia del acto ficto negativo que se generó al omitir resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante el 19 de octubre de 2017, contra el oficio DESAJIBO 17-3698 del 2 de octubre de 2017.

al omitir resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante el 19 de octubre de 2017, contra el oficio DESAJIBO 17-3698 del 2 de octubre de 2017.

SEXTO. - DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio DESAJIBO 17 -3698 del 2 de octubre de 2017, y el acto ficto negativo al no resolver el recurso de apelación interpuesto el 19 de octubre de 2017, como se esbozó en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO. -Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la NACIÓN -RAMA JUDICIALDEAJ en virtud de la Ley 4 de 1992, reliquidar y pagar a favor del señor ROMULO RUIZ SANTOS identificado con cédula de ciudadanía No. 93386597, todas las prestaciones sociales desde el 8 de agosto de 2013; incluyendo a la bonificación judicial como factor salarial; pero con efectos fiscales a partir del 29 de septiembre de 2014 (por prescripción trienal), y mientras perdure su vinculación laboral con la Rama Judicial. Desde luego, cancelando las diferencias que se hayan generado como consecuencia de la reliquidación. Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO. -Niéguese las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO. - NO CONDENAR en costas a la parte demandada, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

OCTAVO. -Niéguese las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO. - NO CONDENAR en costas a la parte demandada, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

DÉCIMO. -La demandada dar á cumplimiento a esta providencia en los términos previstos en el artículo 192 del CPACA.

UNDÉCIMO. - Ejecutoriada esta providencia sino fuere apelada archívese el expediente, previa anotación en el software de gestión.Expediente: 73001-33-33-010-2018-00423-02

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandante: ROMULO RUIZ SANTOS Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

9 DUODÉCIMO. – ACEPTAR la renuncia de poder presentada por la abogada LINA RAQUEL SANCHEZ TELLO, identificada con CC. 30.235.936 Y T.P. 325.307 del CSJ, como apoderada de la Nación Rama Judicial–Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del CGP.

DECIMOTERCERO. -Advertir que solo se recepcionará de manera virtual toda la información que remitan a la dirección de correo  electrónico j401admneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co”.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada judicial de LA NACIÓN –

RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL ,

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada judicial de LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL , interpuso recurso de apelación 3 solicitando que se revoque dicha decisión, manifestando que la decisión carece de fundamentos jurídicos y fácticos suficientes, y se aparta de