TA TOL - Sentencia 73001-33-33-010-2022-00297-01 (05-04-2025)

Ibagué, cinco (5) de abril de dos mil veinticinco (2.025).

Magistrado Ponente: JOSE ALETH RUIZ CASTRO

Ref. Expediente: 73001-33-33-010-2022-00297-01

Numero Interno: Medio de Control:

1015/2024

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: DARIO PEREZ MOLINA

Demandado: NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSAEJERCITO NACIONAL.

IASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C.P.A.C.A., procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del extremo activo contra la sentencia del 24 de junio de 2024, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

IIANTECEDENTES

1. Declaraciones y Condenas1

“PRIMERA: Que previos los cumplimientos de los rituales procesales se declaren la Nulidad del oficio o acto administrativo N°. RS20210805003348 del cinco (05) de agosto del año 2021, mediante la cual se negó el reconocimiento de Liquidación de la Pensión de Invalidez conforme a lo mandado en el artículo 23 de la Ley 1979 de 2019.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la NACION MINISTERIO DE

DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA ARMADA

NACIONAL DE COLOMBIA y POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, a liquidar

restablecimiento del derecho, se ordene a la NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA y POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, a liquidar la Pensión de Invalidez de mi poderdante, al ciento por ciento (100%) del salario básico devengado en servicio activo por un Soldado Profesional o su equivalente en las Fuerzas Militares.

TERCERA: Que se ordene a la NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA y POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA a cancelar la diferencia que arroje la liquidación desde el día primero (01) de mayo de 1997, fecha del retiro del servicio activo, pero con efectos fiscales desde el 25 de julio de 2019.

CUARTA: Que se condene en costas a la entidad demandada, incluidas las agencias en derecho, de acuerdo a lo establecido en el artículo 188 de la Ley

1 Ver Expte Juzgado – C.Ppal – - Carpeta 1 -Archivo 2-Fls 3-4EXPTE73001-33-33-006-2023-00319-01 .

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1437 de 2011 y en la Sentencia C-539 de 28 de julio de 1999 de la Honorable Corte Constitucional.

QUINTA: La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 y 195 del CPACA y demás concordantes, para su

Corte Constitucional.

QUINTA: La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 y 195 del CPACA y demás concordantes, para su cumplimiento, en los términos legales, se comunique la sentencia a la NACION

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA – POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, por intermedio de su representante legal.

2.- Fundamentos fácticos2

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte accionante expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse así:

• El señor Darío Pérez Molina prestó sus servicios como Soldado Profesional y fue dado de baja por disminución de la capacidad laboral en actos meritorios y propios del servicio.

• Mediante Acta de Junta Médico Laboral No 1554 de 28 de enero de 1987 se estableció la pérdida de capacidad laboral del señor Pérez Molina en un 86.65%, y con ocasión de ello mediante Resolución No 13366 de 20 de octubre de 1997 se le reconoció la pensión de invalidez sobre el 75% del último ingreso mensual base de liquidación, que correspondía a la asignación del último grado.

• El 25 de julio de 2019 se expidió la Ley 1979 de 2019, por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública, y en su artículo 23 reguló la liquidación de la pensión de invalidez, así: “Los soldados e infantes de marina profesionales, que hayan

se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública, y en su artículo 23 reguló la liquidación de la pensión de invalidez, así: “Los soldados e infantes de marina profesionales, que hayan sido pensionados por invalidez, originada en el servicio como consecuencia de actos meritorios del mismo, en combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del o rden público o en conflicto internacional, tendrán derecho a partir de la vigencia de la presente ley, a que el valor de la pensión de invalidez se incremente al último salario devengado por el uniformado estando en servicio activo”.

• El señor Darío Pérez Molina mediante oficio No 20276-MDVGSEDBDBSS de 27 de enero de 2022 fue acreditado como veterano.

• Mediante petición radicada el 12 de julio de 2021 el aquí demandante solicitó la reliquidación de su pensión de invalidez de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1979 de 2019, petición esta que fue despachada desfavorablemente mediant e oficio No RS20210805003348 de 05 de agosto de 2021.

3.- Contestación de la demanda3

Dentro del término legal conferido, la apoderada judicial de la entidad accionada contestó el libelo introductorio oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones del accionante, al considerar que las mismas carecen de sustento factico y jurídico.

2 Ver Expte Juzgado – C.Ppal – - Carpeta 1 -Archivo 2-Fls 4-5

del accionante, al considerar que las mismas carecen de sustento factico y jurídico.

2 Ver Expte Juzgado – C.Ppal – - Carpeta 1 -Archivo 2-Fls 4-5 3 Ver Expte Juzgado – C.Ppal – - Carpeta 1 -Archivo 15EXPTE73001-33-33-006-2023-00319-01 .

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Manifestó que no era cierto que el demandante hubiese ostentado la calidad de Soldado Profesional, como quiera que para la fecha de ingreso y retiro del servicio no existía dicha denominación dentro de la institución castrense, pues las Fuerzas Militares contaban con un grupo de Soldados Voluntarios a quienes se les aplicaba la Ley 131 de 1985 y el Decreto 370 de 1991, quienes no tenían la calidad de empleados o servidores, y en tal razón recibían una suma mensual a título de bonificación, más nunca se les reconoció un salario y por lo mismo no tenían derecho a prestaciones sociales.

Expresó que si bien era cierto el señor Pérez Molina se encontraba acreditado como veterano en virtud de la Ley 1779 de 2019, no era menos cierto que la misma normativa en su artículo 23 estipuló el reajuste pensional pero solo a los Soldado Profesionales e Infantes de Marina, sin que el accionante demostrara tal calidad.

Dijo que el acto administrativo demandado gozaba de toda validez y legalidad, por cuanto el mismo fue expedido con fundamento en las normas legales que regulan la materia, por lo que no estaba viciado de causal de nulidad alguna.

tal calidad.

Dijo que el acto administrativo demandado gozaba de toda validez y legalidad, por cuanto el mismo fue expedido con fundamento en las normas legales que regulan la materia, por lo que no estaba viciado de causal de nulidad alguna.

Propuso los siguientes medios exceptivos: i) Legalidad del acto administrativo demandado; e ii) Improcedencia del derecho reclamado.

4. La sentencia apelada4.

Lo es la proferida el 24 de junio de 2024, por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué , mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Luego de citar las disposiciones legales y jurisprudenciales que regulan la materia, señaló que el señor Darío Pérez Molina estuvo vinculado al Ejército Nacional como Soldado Voluntario y en desarrollo de operaciones militares sufrió heridas en combate que produjeron la pérdida de su capacidad laboral en un porcentaje del 85.65%.

Con ocasión de lo anterior, el Ministerio de Defensan Nacional mediante Resolución No 13366 de 20 de octubre de 1997, ordenó el pago de una indemnización y el reconocimiento de la pensión de invalidez conforme lo reglado en el artículo 90 del Decreto 94 de 1989, liquidándose tal prestación sobre el 75% de lo devengado por un Cabo Segundo.

Sostuvo que mucho tiempo después el congreso de la Republica expidió la Ley 1979 de 25 de julio de 2019, con el objeto de “conceder beneficios y proporcionar políticas de bienestar, además de reconocer , rendir homenaje y enaltecer la labor realizada”, est ableciéndose su ámbito de aplicación y el de

1979 de 25 de julio de 2019, con el objeto de “conceder beneficios y proporcionar políticas de bienestar, además de reconocer , rendir homenaje y enaltecer la labor realizada”, est ableciéndose su ámbito de aplicación y el de sus beneficios para el personal llamado veterano, es decir, a los miembros de la Fuerza Pública con asignación de retiro, pensión de invalidez y de quienes ostentaran la distinción de revista de honor, constitu yéndose diversos beneficios, entre los cuales estaba que a partir de la vigencia de dicha ley el valor de la pensión de invalidez reconocida a los Soldados Profesionales “por actos meritorios del mismo, en combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional” se incrementaría al último salario devengado por el uniformado estando en servicio activo, y para los Soldados Regulares, a que el valor de la pensión de invalidez se incremente

4 Ver Expte Juzgado – C.Ppal – - Carpeta 1 -Archivo 22EXPTE73001-33-33-006-2023-00319-01 .

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en un 100% del salario básico devengado en servicio activo por un Cabo Tercero.

Precisó que el demandante pretendía la declaratoria de nulidad del acto administrativo que negó el reajuste de la pensión que le había sido reconocidas en el año 1997 como Soldado Voluntario, y a manera de restablecimiento de

Tercero.

Precisó que el demandante pretendía la declaratoria de nulidad del acto administrativo que negó el reajuste de la pensión que le había sido reconocidas en el año 1997 como Soldado Voluntario, y a manera de restablecimiento de derecho que se reajustara la referida pensión dando aplicación a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1979 de 2019, con fundamento en el derecho a la igualdad.

Aseveró que las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el acaecimiento de los hechos de la pensión de invalidez del demandante eran diferentes a las actuales y que por lo tanto no era factible para el Despacho realizar un test de igualdad entre solda dos voluntarios, profesionales y regulares, debido a la inexistencia actual de los primeros desde el inicio de la transición de voluntario a profesional, no sólo desde el punto de vista de denominación sino también del régimen laboral y prestacional, a pa rtir de la profesionalización de la actividad militar.

Adujo que el principio de favorabilidad constitucional garantizaba el goce de los beneficios establecidos en diferentes leyes, sin embargo no faculta al juzgador a reconocer prerrogativas o beneficios con efectos retroactivos como lo pretende el accionante, quien persigue que se le reconozca un derecho sólo por la entrada en vigencia de una norma, luego de haber transcurrido más de 20 años de la causación de su derecho a la pensión, incluyendo unos parámetros inexistentes para la fecha de estructuración de la misma.

Precisó que las leyes rigen hacía el futuro y regulan situaciones jurídicas que ocurran con posterioridad a su vigencia, por lo que las mismas solo pueden

parámetros inexistentes para la fecha de estructuración de la misma.

Precisó que las leyes rigen hacía el futuro y regulan situaciones jurídicas que ocurran con posterioridad a su vigencia, por lo que las mismas solo pueden tener efectos retroactivos en los casos que el legislador lo disponga de manera explícita, señaland o así, que el legislador no le había conferido efectos retroactivos a la Ley 1979 de 2019, que permitiera al Despacho aplicarla para quienes tuvieran la condición de Soldados Voluntarios como acontece en el caso del actor, cuyo derecho pensional había sido reconocido en el año 1997, es decir, hace más de 20 años de la expedición de la norma que pretende el demandante que se le aplique.

6.- El recurso de apelación5

Oportunamente la apoderada judicial de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la providencia de primer grado, solicitando que la misma sea revocada, para que en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda.

Manifestó que la negativa de las pretensiones de la demanda por parte del Juez de instancia no tenía fundamento jurídico, pues se fundó bajo el supuesto de que la norma no había estipulado el incremento pensional para los Soldados Voluntarios, olvidando que estos habían ingresado al servicio del Estado bajo el imperio de la Ley 131 de 1985, que en su artículo 3 dispuso que “Las personas a que se refiere el artículo 2º. de la presente Ley, quedarán sujetas, a partir de su vinculación como soldados voluntario s, al Código de Justicia Penal Militar, al Reglamento de Régimen Disciplinario, al Régimen Prestacional

personas a que se refiere el artículo 2º. de la presente Ley, quedarán sujetas, a partir de su vinculación como soldados voluntario s, al Código de Justicia Penal Militar, al Reglamento de Régimen Disciplinario, al Régimen Prestacional y a las normas relativas a la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones para los soldados de las Fuerzas Militares y los reglamentos especiales que se expidan para el desarrollo de esta Ley”.

5 Ver Expte Juzgado -C. Ppal -Archivo 24EXPTE73001-33-33-006-2023-00319-01 .

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Expuso que como quiera que para los Soldados Voluntarios no se había establecido un régimen de pensión para cuando tuviesen una pérdida de la capacidad laboral, en el año 1991 se había expedido el Decreto 3780 por medio del cual se reglamentó la Ley 131 de 1995, y en su inciso 3 del artículo 3 se dispuso “ Cuando se trate de otras prestaciones relativas a incapacidades, invalideces e indemnizaciones, el reconocimiento se efectuará conforme al procedimiento establecido para los Soldados Regulares de las Fuerzas Militares”, concluyendo que la normativa aplicable para el reconocimiento de la pensión de invalidez era el Decreto 094 de 1989, el cual establece que la pensión de invalidez de los soldados y grumetes que adquieran una incapacidad durante el servicio que implique un perdida de la capacidad

pensión de invalidez era el Decreto 094 de 1989, el cual establece que la pensión de invalidez de los soldados y grumetes que adquieran una incapacidad durante el servicio que implique un perdida de la capacidad psicofísica superior al 75% tendrán derecho a que se le reconozca una pensión sobre el 75% del salario de un Cabo superior o su equivalente.

Precisó que al demandante se le había reconocido la pensión de invalidez mediante Resolución No 13366 de 20 de octubre de 1997, en cuantía del 75% del último ingreso mensual base de liquidación, por lo que se le había aplicado una normativa aplicable a los Soldados Profesionales, situación esta que implica que el mismo es beneficiario del incremento pensional establecido en el parágrafo 2 del artículo 23 de la Ley 1979 de 2019.

Enfatizó que como quiera que para el reconocimiento de la pensión de invalidez del demandante se le aplicó la normativa establecida para los Soldados Profesionales, no era lógico que para el incremento pensional de la Ley 1979 se le aplicara una norma disímil.

IIITRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del 30 de octubre de 2024 se admitió el recurso interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora, sin que ninguno de los sujetos procesales se hubiese manifestado sobre el mismo, y como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, y que dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de alzada no se presentaron alegatos de cierre, se dispuso dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 del C.P.A.C.A,

práctica de pruebas, y que dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de alzada no se presentaron alegatos de cierre, se dispuso dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 del C.P.A.C.A, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

IVCONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1.- Sobre la competencia

Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los arts. 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir en su orden que corresponde a los Tribunales Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces; asimismo, que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces administrativos.

2.- El Problema JurídicoEn términos de la apelación, el problema jurídico consiste en determinar si el demandante tiene derecho a que se a que se le incremente su pensión deEXPTE73001-33-33-006-2023-00319-01 .

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invalidez, en el equivalente al 100% del salario devengado en servicio activo por un Soldado Profesional o su equivalente en las Fuerzas Militares , o si, por el contrario, y como lo consideró el Juez de instancia al mismo no le asiste derecho al referido incremento.

3. Marco Normativo y Jurisprudencial.

por un Soldado Profesional o su equivalente en las Fuerzas Militares , o si, por el contrario, y como lo consideró el Juez de instancia al mismo no le asiste derecho al referido incremento.

3. Marco Normativo y Jurisprudencial.

3.1. De la pensión de invalidez en las Fuerzas Pública.

El Decreto 1836 de 1979 “ Por el cual se determinan las normas relativas a la Capacidad Sicofísica, las Incapacidades, Invalideces e Indenmizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y Personal Civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”, estableció en su título noveno, artículos 60, 61, 62 y 63 lo concerniente a la pensión de invalidez, la cual sería reconocida a los miembros de cada entidad cuando se le determine la disminución en la capacidad psicofísica de por los menos en su 75%.

Ulteriormente, se expidió el Decreto 094 de 1989, por medio del cual se reformó “el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las Escuelas de Formación y Personal C ivil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”, y dispuso en sus artículos 90 lo atinente a la pensión de invalidez de los Soldados y Grumetes, en los siguientes términos:

“Artículo 90 . PENSION DE INVALIDEZ DEL PERSONAL DE SOLDADOS Y

Nacional”, y dispuso en sus artículos 90 lo atinente a la pensión de invalidez de los Soldados y Grumetes, en los siguientes términos:

“Artículo 90 . PENSION DE INVALIDEZ DEL PERSONAL DE SOLDADOS Y GRUMETES. A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada así:

a) El 75% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%.

b) El 100% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%. “

De la normativa en cita se colige que, para acceder a la pensión de invalidez en el régimen especial de la Fuerza Pública, se requería que el interesado acreditara una pérdida de la capacidad laboral no inferior al 75%.

3.2. Del incremento de la pensión de invalidez - Ley 1979 de 2019 - Ley del veterano de guerra.

El Congreso de la Republica expidió la Ley 1979 de 2019, “Por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones”, hoy denominada como la “Ley

El Congreso de la Republica expidió la Ley 1979 de 2019, “Por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones”, hoy denominada como la “Ley del veterano de guerra”; c uyo objeto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º, no es otro que conceder beneficios y proporcionar políticas de bienestar, además, de reconocer, rendir homenaje y enaltecer la labor realizada por la población que hace mención el artículo 2º de la misma. Esto, dada la misión constitucional y carga pública inusual de este grupo poblacional, que han realizado sacrificios que van desde el enfrentamiento constante a peligros,EXPTE73001-33-33-006-2023-00319-01 .

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daños físicos irreparables, hasta numerosas muertes, las cuales durante años han sido enfrentadas por las familias de estos héroes, lo que también las convierte en un actor relevante en el proceso de defensa del país.

Así las cosas, el artículo 2º ibidem determinó el ámbito de aplicación dentro de los cuales comprendió como beneficiarios a dos grupos denominados veteranos y núcleo familiar, así:

“ARTÍCULO 2°. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY. El ámbito de aplicación de la presente ley comprenderá los siguientes beneficiarios: a) Veterano: Son todos los miembros de la Fuerza Pública con asignación de retiro, pensionados por invalidez y quienes ostenten la distinción de reservista de honor.

presente ley comprenderá los siguientes beneficiarios: a) Veterano: Son todos los miembros de la Fuerza Pública con asignación de retiro, pensionados por invalidez y quienes ostenten la distinción de reservista de honor. También son Veteranos todos aquellos que hayan participado en nombre de la República de Colombia en conflictos internacionales. Así como, aquellos miembros de la Fuerza Pública que sean víctimas en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, por hechos ocurridos en servicio activo y en razón en ocasión del mismo.

b) Núcleo Familiar: Para el efecto de la presente ley, se entenderá por núcleo familiar el compuesto por el (la) cónyuge o compañero (a) permanente y los hijos hasta los veinticinco (25) años de edad o, a falta de estos, los padres de los miembros de la Fuerza Pública que hayan fallecido o desaparecido en servicio activo, únicamente por acción directa del enemigo o en combate o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional.

Sin embrago, la Honorable Corte Constitucional en sentencia C -116 de 2021 declaró la exequibilidad condicionada y la inexequibilidad de varias expresiones que habían sido demandadas de la Ley 1979 del 2019, la cual estableció un régimen de homenajes y bene ficios para los veteranos de la fuerza pública, y en lo correspondiente al ámbito de aplicación en su artículo primero del resuelve declaró exequibles los artículos 2.a) y 25 bajo el entendido que se excluyen de la definición de veteranos y de los benefic ios correspondientes a los retirados de la fuerza pública cuya responsabilidad haya sido declarada en decisión que

declaró exequibles los artículos 2.a) y 25 bajo el entendido que se excluyen de la definición de veteranos y de los benefic ios correspondientes a los retirados de la fuerza pública cuya responsabilidad haya sido declarada en decisión que constituya cosa juzgada por autoridad administrativa o judicial en relación con las graves violaciones a los derechos humanos o los delitos d e lesa humanidad6.

En el inciso segundo del artículo 3º ibidem, se estableció un plazo de diez meses a partir de la vigencia de la ley, para reglamentarla y diseñar el primer arreglo institucional dentro de sus ministerios, así como el paquete de medidas sociales y de política pública de tipo reglamentario en favor de los veteranos, el cual podrá ofrecer más beneficios que los mínimos plasmados en la citada Ley.

Ahora, dentro de los beneficios que trajo consigo el canon normativo en cita, como programas del Estado, entre otros, se tiene el de la liquidación de la pensión de invalidez contenido en el artículo 23 bajo los siguientes términos:

“ARTÍCULO 23°. BENEFICIO EN LA LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. Los soldados e infantes de marina profesionales, que hayan sido pensionados por invalidez, originada en el servicio como consecuencia de actos meritorios del mismo, en combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, tendrán derecho a partir de la vigencia de la presente ley, a que el valor de la pensión de inval idez se incremente al último salario devengado por el uniformado estando en servicio activo.

Parágrafo 1. Los patrulleros de la Policía Nacional, que sean beneficiarios de

vigencia de la presente ley, a que el valor de la pensión de inval idez se incremente al último salario devengado por el uniformado estando en servicio activo.

Parágrafo 1. Los patrulleros de la Policía Nacional, que sean beneficiarios de la Pensión por invalidez por acción directa del enemigo, en tareas de

6 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C116 del 29 de abril de 2021. M.P. José Fernando Reyes CuartasEXPTE73001-33-33-006-2023-00319-01 .

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mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, y cuya disminución de la capacidad laboral sea igual o superior a un cincuenta por ciento (50%) e inferior a un setenta y cinco por ciento (75%) se le incremente el pago de la pensión mensual con las partidas computables en el setenta y cinco por ciento (75%).

Parágrafo 2. Para los soldados e infantes de marina regulares y auxiliares de policía de la Policía Nacional, que hayan sido pensionados por invalidez, originada en el servicio como consecuencia de actos meritorios del mismo, en combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, tendrán derecho a partir de la vigencia de la presente ley, a que el valor de la pensión de invalidez se le incremente al ciento por ciento (100%) del salario básico devengado, en servicio activo, por un cabo tercero o

conflicto internacional, tendrán derecho a partir de la vigencia de la presente ley, a que el valor de la pensión de invalidez se le incremente al ciento por ciento (100%) del salario básico devengado, en servicio activo, por un cabo tercero o su equivalente en las Fuerzas Militares, y un cabo segundo de la Policía Nacional.”

En contexto, se tiene entonces que, al analizar la norma invocada se advierte que efectivamente ésta prevé que los soldados, policías e infantes de marina regulares y profesionales, que hayan sido pensionados por invalidez, originada en el servicio, como consecuencia de actos meritorios del mismo, en combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, tendrán derecho a partir de la vigenci a de la Ley 1979 de 2019, a que el valor de la pensión de invalidez se incremente al últ imo salario devengado, en servicio activo, para los primeros, y para los profesionales, a que el valor de la pensión de invalidez se le incremente al 100% del salario básico devengado, en servicio activo, por un cabo tercero o su equivalente en las Fuerzas Militares.

Posteriormente, y en cumplimiento de los dispuestos en inciso segundo del artículo 3º de la Ley 1979 de 2019, se tiene que el Presidente de la Republica en ejercicio de su facultades constitucionales y legales emitió el Decreto 1345 de 2020, “Por el cual se reglamenta la acreditación, se rinden honores en actos, ceremonias y eventos públicos, se reconocen beneficios en servicios financieros de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en la liquidación en la pensión de invalidez y se dictan otras disposiciones”, esto,

ceremonias y eventos públicos, se reconocen beneficios en servicios financieros de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en la liquidación en la pensión de invalidez y se dictan otras disposiciones”, esto, como deber de reconocimiento constante por parte del Estado y la ciudadanía, a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, qué cumplieron la misión constitucional y soportaron cargas públicas inusuales que normalmente implican un esfuerzo de carácter físico, material o laboral, en aras de satisfacer un fin representado en el beneficio colectivo, así como, a su núcleo familiar en los términos del artículo 2 de la citada Ley.

En cuanto a la acreditación de calidad de veterano y beneficiarios, se destaca que el citado Decreto en su Capítulo 8, Sección 1, articulo 2.3.1.8.1.1, determinó que, la calidad de Veterano y Beneficiario de la Ley 1979 de 2019, será acreditada sin costo alguno por el Ministerio de Defe nsa Nacional - Dirección de Bienestar Sectorial y Salud o la instancia que la reemplace o asuma sus funciones, a solicitud del personal que haga parte de la población señalada en el artículo 2 de la Ley 1979 de 2019; acreditación que solo po