TA TOL - Sentencia 73001-33-33-011-2020-00126-01 (27-03-2025)

Ibagué, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2.025)

Radicación N” Interno: 73001-33-33-011-2020-00126-01 821-2024

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

Demandante: JAMES DUBAN LOZANO CUELLAR

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE –

SENAIASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C.P.A.C.A., procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación i nterpuesto por los apoderados judiciales de ambos extremos judiciales en contra de sentencia de primera instancia proferida el 09 de agosto de 2023 por el Ju zgado Once Administrativo del Circuito de IbaguØ, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

IIANTECEDENTES

1. Declaraciones1

“PRIMERO. – Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No 73-2-2019-011367 de 17 de octubre de 2019, expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENAy suscrito por el Director Regional del Tolima, en el cual niega al seæor James Duban Lozano Cuellar, la relación laboral como docenteinstructor de esta entidad, durante el perio do laborado y el reconocimiento a las prestaciones comunes legales y reglamen tarias, al configurarse los elementos facticos y jurídicos para pred icar su existencia, sobre la modalidad de prestación de servicios en que laboró como instructor.

SEGUNDO. – Como consecuencia de la anterior pretensión a título de

configurarse los elementos facticos y jurídicos para pred icar su existencia, sobre la modalidad de prestación de servicios en que laboró como instructor.

SEGUNDO. – Como consecuencia de la anterior pretensión a título de restablecimiento del derecho de carÆcter laboral, se de clare la existencia de una relación laboral (contrato realidad) entre el Ser vicio Nacional de Aprendizaje - SENAy el seæor James Duban Lozano Cuel lar, durante el periodo laborado como docente - instructor, comprendido entre enero de 2014 a diciembre de 2019.

TERCERO; Como consecuencia de las declaraciones solicitadas a títu lo de restablecimiento de derecho, se condene al Servicio Nacional de AprendizajeSENAa liquidar y pagar a mi poderdante el seæor Ja mes Duban Lozano

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Cuellar, las siguientes prestaciones sociales comunes (le gales y reglamentarias) debidamente indexadas, teniendo en cuenta el salario devengado por el demandante, durante el periodo de vinculación laboral como instructor, tal como devengaban los funcionarios instructores de dicha entidad, son estas (…)

CUARTO: Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENAa título de restablecimiento del derecho a reconocer y pagar al demandante James Duban Lozano Cuellar, las cotizaciones legales para la seguridad social en pensión en el porcentaje que por ley le corresponda como empleado r 12% durante el

restablecimiento del derecho a reconocer y pagar al demandante James Duban Lozano Cuellar, las cotizaciones legales para la seguridad social en pensión en el porcentaje que por ley le corresponda como empleado r 12% durante el periodo laborado desde enero de 2014 a diciembre de 2 019 y tomando como base la remuneración. Mensual pactada (honorarios) y co nsecuentemente proceda a reintegrar los dineros en la liquidación de resolución de pago que se harÆ a mi poderdante, aquellas sumas que esta canceló por este concepto por el mismo periodo, para su efecto la entidad cuenta con la información que reposa en las planillas de liquidación de aportes que solicitaba mensualmente previo a su pago

QUINTO. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENAcomo consecuencia de la primera pretensión, a título de restablecimiento de derecho, a reconocer y pagar al demandante, el seæor James Duban Lozano Cuellar, la cotización legal para la Seguridad Social en Salud durante el periodo laborado en los contratos, tomando como base la remuneración pactada (honorarios) y consecuentemente proceda a reintegrar a mi poderdante en la liquidación de resolución de pago aquellas sumas que este canceló por e ste concepto por el mismo periodo, toda vez que si se hace el pago directo a la EPS, se estaría incurriendo en un pago de lo no debido y en detriment o al patrimonio de mi poderdante, para su efecto existen las planillas de liqu idación de aportes que solicitaba la entidad mensualmente previo al pago de su s salarios para su efecto la entidad cuenta con la información que repo sa en las planillas de liquidación de aportes que solicitaba mensualmente pre vio al pago de los salarios.

solicitaba la entidad mensualmente previo al pago de su s salarios para su efecto la entidad cuenta con la información que repo sa en las planillas de liquidación de aportes que solicitaba mensualmente pre vio al pago de los salarios.

SEXTO. Como consecuencia de la primera pretensión, a título de restablecimiento del derecho, se ordene al SENA a paga r a favor del demandante en la liquidación de la resolución de pago , las cotizaciones que debió realizar a la Caja de Compensación durante el mismo periodo laborado

SEPTIMO. Como consecuencia de la primera pretensión, a título de restablecimiento del derecho, se ordene al SENA a paga r a favor del demandante, a reintegra a mi poderdante los dineros cancelados por concepto de cotización de riesgos laborales durante la relación laboral decretada, conforme a la remuneración mensual percibida, toda vez que si se hace el pago directamente a la aseguradora de riesgos laborales se estaría incurriendo en un pago de lo no debido y detrimento al patrimonio d e mi poderdante, de acuerdo a las planillas de liquidación de aportes que solicitaba la entidad mensualmente previo al pago de los salarios.

OCTAVO: Como consecuencia de la primera pretensión, a título de restablecimiento del derecho se ordene al SENA, a que realice la devolución de la retención en la fuente a favor de mi poderdante po r los contratos suscritos entre mi poderdante y el SENA.

NOVENO: Se condene al SENA a pagar a favor del seæor James DubÆn Lozano Cuellar, la sanción moratoria por el no pago de la consignación de cesantías en un fondo, como lo ordena la ley a partir del 15 de f ebrero de 2015, habiendo

Cuellar, la sanción moratoria por el no pago de la consignación de cesantías en un fondo, como lo ordena la ley a partir del 15 de f ebrero de 2015, habiendo transcurrido a la presente fecha 1.825 días o si es del criterio del seæor Juez que apruebe este acuerdo, se reconozca la mora por el no pago de cesantías a partir de la ejecutoria del auto que aprueba, tod a vez que esta pretensión73001-33-33-011-2020-00126-01

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nace por vía judicial al momento de aprobarse el act o conciliatorio o de proferirse sentencia:

DECIMO: Que a la sentencia se le dØ cumplimiento, en los tØrm inos de los artículos 189, 192 y 193 del C.P.A.C.A segœn lo orde nado por la autoridad judicial contenciosa administrativa.

DECIMO PRIMERO: Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.”,

2.- Fundamentos fÆcticos2

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte a ccionante expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse así:

1El seæor James DubÆn Lozano Cuellar se vinculó con el SENA, a travØs de contratos de prestación de servicios desde el mes de enero de 2 014 hasta diciembre de 2019, ejerciendo el cargo de instructor contra tista, impartiendo formación profesional en el Ærea de pecuaria en el marco de l programa de formación titulada y completaría.

diciembre de 2019, ejerciendo el cargo de instructor contra tista, impartiendo formación profesional en el Ærea de pecuaria en el marco de l programa de formación titulada y completaría.

2Seæaló que el demandante durante todo el tiempo de su vi nculación prestó el servicio de manera personal, subordinada, recibiendo una remuneración, cumpliendo un horario, recibiendo ordenes e instruccio nes verbales y escritas sobre lo que debía realizar, siguiendo los proyectos formativos y guías de aprendizaje establecidas por la Coordinación AcadØmica y l a Subdirección Centro de Formación AcadØmica.

3. indicó que el seæor Lozano Cuellar prestó los servicios en los centros de formación profesional, cumpliendo las directrices de seguimiento , como la asignación de horarios, aulas en las que debía impartir l a información, competencias y resultados de aprendizaje que debía orientar, horas específicas de inicio y finalización de clases, obligaciones todas estas que debía cumplir de manera estricta ya que era supervisado y vigilado por el Coord inador

AcadØmico.

4. Seæaló que el demandante debió realizar visitas de aprend ices en etapa productiva en las diferentes empresas y debían consignar los resultados en un formato especial diseæado y ordenado por la entidad, igualmen te debía emitir unos juicios evaluativos en el aplicativo Sofiaplus cuando los a prendices finalizaban y aprobaba su etapa productiva

5.Expresó que el accionante recibía todos los días ordenes, i nstrucciones y regaæos de los supervisores y Coordinadores acadØmicos.

6. Mediante petición radicada el 18 de septiembre de 2019 el seæor Lozano

5.Expresó que el accionante recibía todos los días ordenes, i nstrucciones y regaæos de los supervisores y Coordinadores acadØmicos.

6. Mediante petición radicada el 18 de septiembre de 2019 el seæor Lozano Cuellar, por conducto de su apoderado judicial, solicitó a la entidad accionada el reconocimiento del contrato realidad y el consecuente pago de prestaciones derivadas el mismo, petición esta que fue despachada desfavora blemente a travØs del oficio No 73-2-2019-011367 de 17 de octubre de 2019.

3.- Contestación de la demanda3.

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Oportunamente la apoderada judicial del ente accionado desc orrió el traslado de la demanda, oponiØndose a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones por carecer de fundamentos de hecho y de derecho.

Sostuvo que dicha entidad no había trasgredido normativa alguna por cuanto la modalidad de contratación suscrita con el demandante estaba c laramente regulada en la Constitución Política y en la Ley 80 de 1993, existiendo ademÆs fundamentación jurisprudencial que la soportan.

Precisó que conforme a las probanzas allegadas al expedien te no se podía advertir el elemento subordinación o dependencia frente al Servicio Nacional de

fundamentación jurisprudencial que la soportan.

Precisó que conforme a las probanzas allegadas al expedien te no se podía advertir el elemento subordinación o dependencia frente al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-; así mismo seæaló, que el actor había aportado los contratos de prestación de servicios celebrados con la entid ad, los cuales habían sido suscritos de manera temporal, por periodos de tiempo específicos, para cubrir necesidades concretas, sin presencia de continuidad, por lo que no estaba demostrada la existencia de los elementos necesarios par a la conformación del contrato realidad.

Dijo que el aquí demandante no se regía bajo la normativida d del servicio educativo pœblico, por lo que no se podía catalogar como d ocente; así mismo seæaló, que el actor en razón a su profesión y por no existir r estricción alguna podía ejercerla como particular, por lo que no era cierto qu e el mismo hubiese cumplido un horario laboral, ya que podía abandonar sus l abores sin autorización previa, sin embargo, tenía que cumplirle a lo s aprendices unas horas de formación, por lo que esto lo debía coordinar con el supervisor para informar a los aprendices y organizar el horario para cumplir lo pactado en el contrato.

Afirmó que era claro que los contratos presentados en la demanda como prueba eran contratos estatales legalmente permitidos, que contaban con la vigilancia de un supervisor, quien verificaba el cumplimiento del objeto del contrato y por su naturaleza, se requería que de comœn acuerdo con el sup ervisor se estableciera un horario, y ello no significaba que existiera una subordinación o dependencia con el empleador.

de un supervisor, quien verificaba el cumplimiento del objeto del contrato y por su naturaleza, se requería que de comœn acuerdo con el sup ervisor se estableciera un horario, y ello no significaba que existiera una subordinación o dependencia con el empleador.

Reiteró que no era viable ni jurídica ni fÆcticamente atender e l reconocimiento de prestaciones sociales y demÆs emolumentos solicitados en el escrito de demanda, teniendo en cuenta que no se cumplía con los requi sitos esenciales para la configuración del contrato realidad, especialmente el de la continua dependencia o subordinación; así mismo seæaló que no podría otorgÆrsele a los Instructores del SENA la calidad de docentes.

Propuso la excepción de inexistencia de la relación laboral.

4.- La sentencia apelada4

Lo es la proferida el 09 de agosto de 2023 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de IbaguØ, en la que se accedió a las pretensiones de la demanda.

Luego de trascribir las disposiciones legales y jurisprudenciales que regulan el contrato realidad, seæaló que para la acreditación del mismo era menester demostrar la existencia de tres elementos, como son, la prestación personal del

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servicio, una contraprestación económica por el servicio prestado y l a subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

Sostuvo que se había demostrado en el proceso la prestación personal del

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servicio, una contraprestación económica por el servicio prestado y l a subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

Sostuvo que se había demostrado en el proceso la prestación personal del servicio hasta el 01 de diciembre de 2019, sin embargo, la reclamación administrativa se presentó el 18 de septiembre de 2019, po r lo que para el estudio del caso concreto se tendría como extremo temporal la fe cha de radicación de la solicitud.

Respecto a la contraprestación económica precisó que, de acuerdo co n los contratos y órdenes de servicios allegadas, se observa que se pactaron formas y valores de pago para los mismos, y que el demandante perci bió una remuneración por ejecutar la función de “ instructor” al interior del SENA, aspecto Øste que se soportaba con la certificación de los pagos de los contratos de prestación de servicios de las diferentes vigencias fiscales allegados.

Aseveró que los elementos subordinación y dependencia se e ncontraban acreditados, por cuanto el demandante desarrolló funciones idØnticas a las asignadas a los instructores de planta en el respectivo manual específico de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales de los emp leos de la planta de personal del SENA vigente, aspecto este que se encontraba respaldo con las declaraciones de las seæores Ezequiel Reyes Ramírez y Luis A rturo Reinoso, quienes indicaron que desarrollaban funciones simil ares a los instructores pertenecientes a la planta de personal con objeto de ejecutar los procesos de formación.

Agregó que de acuerdo a la testimonial recaudada, se había demostrado que

Reinoso, quienes indicaron que desarrollaban funciones simil ares a los instructores pertenecientes a la planta de personal con objeto de ejecutar los procesos de formación.

Agregó que de acuerdo a la testimonial recaudada, se había demostrado que el demandante cumplía con un horario de trabajo de mínim o 8 horas diarias, circunstancia esta que debía tomarse como un indicio de subordinación laboral, en tanto se había reducido ostensiblemente la autonomía del con tratista para ejecutar sus obligaciones contractuales; así mismo seæaló, que las l abores ejecutadas por el actor correspondían a funciones permanen tes y esenciales de la accionada, como lo es el fortalecimiento de los procesos de formación profesional integral, aspecto este que constituía uno de los ejes misionales principales del SENA, por lo que no era razonable sustentar un a simple coordinación de labores.

Refirió que tal como lo ha sostenido la sección segunda del Consejo de Estado, no podía hablarse de coordinación, en la medida en que el dese mpeño de las funciones por parte del demandante estaba sujeto a medidas y/o órdenes de la demandada, tales como la imposición de horario prácticamente inmo dificable debido al funcionamiento de la institución y a que debía ejecutarse en donde se impartía la formación; imposibilidad en la prestación del servicio por otras personas, sino directamente por el contratista y, además, la situación referente a que debía cumplir diferentes labores relacionadas con la institución, lo que evidenciaba sin lugar a dudas que el accionado, en su condición de empleador, tenía la posibilidad de disponer del trabajo del demandante, lo que demostraba la existencia de una verdadera subordinación.

evidenciaba sin lugar a dudas que el accionado, en su condición de empleador, tenía la posibilidad de disponer del trabajo del demandante, lo que demostraba la existencia de una verdadera subordinación.

Precisó que lo anterior enfatizaba la necesidad de permanen cia en el servicio prestado por el demandante, como quiere que para los perio dos en que este prestó sus servicios los cargos de planta no suplían las nece sidades de metas o de finalidad de la entidad, desnaturalizando la figura del contrato de prestación de servicios y encubriendo una verdadera relación laboral.73001-33-33-011-2020-00126-01

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Dijo que como quiera que el demandante había presentado r eclamación administrativa el 18 de septiembre de 2019, las prestaciones pretendidas antes del 18 de septiembre de 2016 se encontraban prescritas; igualmente manifestó, que como el œltimo vinculo contractual había finalizado el 18 d e septiembre de 2019 y se habían presentado interrupciones mayores a 30 d ías hÆbiles se había presentado solución de continuidad, por lo que al accionan te le asistía derecho al reconocimiento de los emolumentos prestacionales d erivados de los contratos de prestación de servicios nœmeros 618 de 2 016, 846 de 2017, 860 de 2018, 1389 de 2018 y 811 de 2019, sin embargo respecto de Øste œltimo se tuvo como fecha de finalización el 18 de septiembre de 2019.

Conforme a lo anterior, ordenó el reconocimiento y pago de la s prestaciones

860 de 2018, 1389 de 2018 y 811 de 2019, sin embargo respecto de Øste œltimo se tuvo como fecha de finalización el 18 de septiembre de 2019.

Conforme a lo anterior, ordenó el reconocimiento y pago de la s prestaciones sociales devengadas para la Øpoca por un instructor de plan ta del SENA (Bonificación por servicios prestados, prima quinquenal, prima semestral, prima de navidad, compensación en dinero de las vacaciones, prima de vacaciones, bonificación especial de recreación, auxilio de cesantía e intereses a las mismas y subsidio de alimentación).

En relación a los aportes pensionales seæaló que como los mism os eran imprescriptibles, la accionada debía completarlos en el porcentaje que le correspondía durante el tiempo comprendido entre el 02 de f ebrero de 2014 al 18 de septiembre de 2019, salvo las interrupciones y sin reembolso a favor del contratista.

Respecto a la devolución de dineros descontados por retención e n la fuente, indicó que el medio de control que se analiza no era el m edio procesal idóneo para ventilar dicha suplica, dado que dicha figura revestía un cobro anticipado de un impuesto, que desbordada por ende la controversia laboral aquí debatida.

Seæaló que no procedía el reconocimiento de la sanción mora peticionada, por cuanto la obligación de pago de cesantías se constituía a partir de dicha sentencia y por ende no se daban los presupuestos establecidos en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

Por œltimo, condenó en costas a la accionada en el equivalente al 4% de las pretensiones de la demanda.

244 de 1995 y 1071 de 2006.

Por œltimo, condenó en costas a la accionada en el equivalente al 4% de las pretensiones de la demanda.

5.- El recurso de apelación,

5.1. Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - 5.

Interpuesto oportunamente por la apoderada judicial de la accionada, en donde solicita la revocatoria del fallo de primer grado, para que en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.

Con el fin de acreditar la ausencia de mala fe en el actua r del SENA, realizó un recuento legal y jurisprudencial relacionado con la legalida d de los contratos de prestación de servicios suscritos con el Estado.

Señaló que respecto de los testigos oídos a instancia de la p arte actora debía prosperar la tacha de estos, pues ellos también habían demand ado al SENA en procura de obtener la declaración del contrato realidad y pa go de prestaciones

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derivadas de este; además indicó, que se evidenciaba el afán de estos por favorecer al actor y que las afirmaciones hechas no permitían de terminar la existencia de una relación laboral; así mismo indicó que dichos testigos se referían de manera general, sin que conocieran a fondo las obligaciones del contratista.

Sostuvo que el horario de trabajo no era un elemento que generara la constitución

existencia de una relación laboral; así mismo indicó que dichos testigos se referían de manera general, sin que conocieran a fondo las obligaciones del contratista.

Sostuvo que el horario de trabajo no era un elemento que generara la constitución de una relación laboral, sin embargo, dijo que se debía tener en cuenta lo señalado por la testigo Norma Guadalupe Martínez, respecto de cómo se e stablecían estos horarios y si realmente eran impuestos por el SENA, porque era evid ente que la autonomía de contratista no se veía afectada.

Preció que la testigo escuchada a solicitud de la accionada h abía sido clara en indicar que al demandante nunca se le dieron ordenes, que n o se le expedían permisos, y que cuanto este debía ausentarse de manera informal lo comunicaba al supervisor del contrato, lo cual estaba dentro de los parámetros de coordinación de actividades en pro del cumplimiento de los contratos.

Refirió que al aquí demandante en ningún momento se le limitó la autonomía, ya que revisada la historia laboral de este en la plataforma PACO para los años 2013 a 2019 este relaciona experiencia como docente de la Institu ción educativa Comodín del Espinal, y para el año 2021 fue contratad por el Hospital regional del Líbano, por lo que reiteró que no había existido subordinación permanente.

Aseveró que en ningún momento se violaron los derechos del acto r por la expedición del acto administrativo demandado, ni tampoco fu e expedido con infracción de las normas en que debía fundarse, con fundamento en lo decidido por el Consejo de Estado, el cual, ha determinado que se podrá acudir a este tipo de vinculación cuando el personal de planta sea insuficiente, o cuando la actividad a desarrollar requiera de conocimientos especializados.

el Consejo de Estado, el cual, ha determinado que se podrá acudir a este tipo de vinculación cuando el personal de planta sea insuficiente, o cuando la actividad a desarrollar requiera de conocimientos especializados.

Dijo que evidenciaba la falta de pruebas que permitieran demostrar el elemento subordinación, pues se podía inferir claramente que las activi dades desarrolladas por el demandante fueron dadas dentro del marco de coordi nación que rige los contratos de prestación de servicios y no de una relación de dependencia; así mismo indicó que la única prueba para demostrar dichas subordin ación era la testimonial, la cual no era suficiente para determinar que e l demandante recibía auténticas ordenes que implicaran una relación laboral, ni que desempeñara tareas en las mismas condiciones que los funcionarios de planta.

Agregó que no se había acreditado en el plenario que los programas de formación titulada y complementaria en los que participó el actor fuera n permanentes, pues por el contrario los contratos habían sido celebrados por un té rmino estrictamente indispensable para desarrollar actividades del componente misional de la entidad, como lo era la formación.

Aseveró que el SENA justificaba cada contrato exponiendo la necesidad, y que en la elaboración de los estudios previos se presentaba una ofe rta pública de necesidad de contratación a través del Banco de Instructores donde los candidatos presentaba su hoja de vida y se escogía la que se ajustaba a la necesidad de la entidad.

Reiteró que no obraban en el plenario pruebas que demostra ran que el demandante recibiera ordenes, instrucciones, llamados de atención o exp edición de memorandos por funcionarios del SENA; que tampoco estaba acredit ado que

entidad.

Reiteró que no obraban en el plenario pruebas que demostra ran que el demandante recibiera ordenes, instrucciones, llamados de atención o exp edición de memorandos por funcionarios del SENA; que tampoco estaba acredit ado que las actividades desarrolladas por el actor fuesen desarrolladas en condiciones de dependencia continuada.73001-33-33-011-2020-00126-01

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Solicitó que en el remoto caso de accederse a las pretensiones se d ebía tener en cuenta el termino de prescripción extintiva.

5.2. El demandante6.

Dentro del tØrmino legal oportuno el procurador judicial d e la parte actora interpuso el recurso de alzada, solicitando que se estableciera qu e la relación contractual se había presentado desde el 23 de abril de 201 3 hasta el 06 de diciembre de 2019, conforme al certificado contractual expe dido por la accionada y lo seæalado por los testigos.

III. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto 21 de octubre de 2.024 se admitieron los recursos i nterpuestos por los apoderados judiciales de ambos extremos judiciales, y como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, y que dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de alzada no se presentaron alegatos de cierre, se dispuso dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 del C.P.A.C.A., modificad por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

dispuso dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 del C.P.A.C.A., modificad por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1.- Sobre la competencia

Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contr a la sentencia proferida el pasado 09 de agosto de 2023 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de IbaguØ , segœn voces del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis trativo, al definir que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces administrativos.

2. Problema jurídico.

El problema jurídico que aquí se plantea consiste en dete rminar, si el acto administrativo que negó el reconocimiento de una relación laboral y el pago de prestaciones sociales derivadas del mismo se ajustó a derecho, o si, por el contrario, se debe reconocer que entre el accionante James Duba n Lozano Cuellar y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-, existió una relación de hecho de carÆcter laboral legal o reglamentaria a pesar d e su vinculación mediante contratos de prestación servicios, y, por ende, si el citado seæor tiene derecho a que se le reconozca y paguen las prestaciones sociales d ejadas de percibir como consecuencia de dicha relación simulada mediante contrato de prestación de servicios.

3. Marco legal y jurisprudencial

El efecto normativo y garantizador del principio de la prima cía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales,

prestación de servicios.

3. Marco legal y jurisprudencial

El efecto normativo y garantizador del principio de la prima cía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, contenido en el artículo 53 de la Carta Política, estÆ dirigi do a proteger los

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derechos de primera y segunda generación, es decir, el derech o al trabajo y garantías laborales, indistintamente del sujetos (llÆmese Estado y/o particular) y vínculo contractual en sentido formal, toda vez que su función va di rigida a hacer valer la relación laboral sobre sobre cualquier otra figura en la que se enrostra. Punto de partida inherente al pensamiento unificador de nuestros órganos de cierre constitucional y jurisdiccional en sus diferentes providencias.

El tratamiento jurisprudencial de los contratos realidad, de donde se concluyeen cuanto a su configuración-, que constituye un requisito i ndispensable para demostrar la existencia de una relación de trabajo, que el interesado acredite en forma incontrovertible los tres elementos de la relación laboral, esto es, i) la prestación personal del servicio (de manera permanente), ii) la continuada dependencia y subordinación y iii) una remuneración en contraprestación por la labor realizada, de modo que no quede duda acerca del d esempeæo del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor pœblico.

dependencia y subordinación y iii) una remuneración en contraprestación por la labor realizada, de modo que no quede duda acerca del d esempeæo del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor pœblico.

Al tenor, el Decreto 2400 de