TA TOL - Sentencia 73001-33-33-012-2020-00215-01 (24-04-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Magistrado Ponente: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, veinticuatro (24) de abril del dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 73001-33-33-012-2020-00215-01

Interno: 1515-2023

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: GLORIA DEL SOCORRO VALLEJO DE GÓMEZ

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.

Asunto: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

En atención a que la ponencia presentada por el magistrado Belisario Beltrán Bastidas fue derrotada en Sala del 6 de marzo de 2025, se hizo necesario el cambio de ponente, remitiéndose por secretaría el expediente para ese particular el 12 de marzo siguiente. En consecuencia, d ecide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia calendada el 30 de junio de 2023, proferid a por el Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué , por medio del cual se declaró p robada de oficio la excepción denominada “ ineptitud sustantiva de la demanda – actos no susceptibles de control jurisdiccional” y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

La señora Gloria del Socorro Vallejo de Gómez, actuando a través de apoderado judicial, instauró el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativo de Gestión Pensional y Parafiscales de la

La señora Gloria del Socorro Vallejo de Gómez, actuando a través de apoderado judicial, instauró el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativo de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social – en adelante la UGPP-, con base en los siguientes:

1. HECHOS1.

1.1. Informó la actora que laboró como docente y e l último lugar en el cual desempeñó sus labores fue en la Institución educativa Agroindustrial Empresarial Martín Pomala de Ataco, en el Departamento del Tolima.

1.2. Relató que, ante el cumplimiento de los requisitos legales, de edad y tiempo de servicio solicitó su pensión de jubilación , lo cual fue decidido por vía judicial conforme sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, dándose cumplimiento por parte de la demandada en forma parcial a través de la Resolución Nro. 023667 del 2 de mayo de 2013, toda vez que, se omitió liquidar y pagar los intereses e indexación correspondiente.

1.3. Mediante petición del 1 abril de 2015 se solicitó a la demandada UGPP que cancelara los intereses moratorios y la indexación y/o actualización de la primera mesada pensional, expidiéndose en consecuencia la Resolución Nro. RDP027723 del 8 de julio de 2015, que modificó la resolución que reconoció, liquidó y ordenó pago de la pensión de jubilación, incluyendo los intereses moratorios respectivos.

1 Expediente SAMAI del juzgado; índice 00023; “Carpeta principal”; archivo

pago de la pensión de jubilación, incluyendo los intereses moratorios respectivos.

1 Expediente SAMAI del juzgado; índice 00023; “Carpeta principal”; archivo “004_ED_EXPEDIENTE_03DEMANDAYANEXOSP” .Expediente: 73001-33-33-012-2020-00215-01 (Int. 1515-2023) Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Gloria del Socorro Vallejo de Gómez Demandado: Unidad Administrativo de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Sentencia de Segunda Instancia Página 2 de 22 ______________________________________________________________ ___________________________________________________ 1.4. Luego, nuevamente se elevó petición el 21 de octubre de 2015, solicitando la actuación e indexación del salario base para liquidar la mesada pensional, conforme lo había ordenado la sentencia del 10 de diciembre de 2009 expedida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima, a través de decisión de segunda instancia del 2 de diciembre de 2011.

1.5. Indicó que mediante la Resolución Nro. 003935 del 1 de febrero de 2016 la UGPP ordenó la indexación de la primera mesada pensional, efectiva a partir del 20 de agosto de 1999, conforme a las decisiones judiciales antes anunciadas.

1.6. Advirtió que, luego en forma unilateral la UGPP mediante la Resolución Nro. RDP 032876 del 7 de diciembre de 2016 modificó la Resolución Nro. 003935 del 1 de febrero de 2016, determinando la prescripción en el pago de las sumas causadas

RDP 032876 del 7 de diciembre de 2016 modificó la Resolución Nro. 003935 del 1 de febrero de 2016, determinando la prescripción en el pago de las sumas causadas por la indexación de la primera mesada pensional.

1.7. Precisó que los fallos judiciales a través de los cuales se había reconocido la pensión de jubilación de la actora, reconocieron dicho derecho a partir del 20 de agosto de 1999, sin prescripción alguna.

1.8. Posteriormente, el 16 de abril de 2019 se solicitó a la UGPP la revocatoria de la Resolución Nro. RDP 032876 del 7 de diciembre de 201 6, por medio de la cual se había declarado la prescripción de las sumas de dinero, así como, se requirió el cumplimiento de lo dispuesto en los fallos del 10 de diciembre de 2009 expedida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, y el del 2 de dickembre de 2011 que confirmó la primera instancia por parte del Tribunal Administrativo del Tolima.

1.9. Señaló que, mediante oficio Nro. 1420 de 20 de junio de 2019, se certificó el pago e inclusión de nómina de la actora, pero no contestó la petición elevada de revocatoria.

1.10. Luego, nuevamente se elevó petición de corrección de la Resolución Nro. RDP 032876 del 7 de diciembre de 2016, lo cual fue contestado por la UGPP mediante oficio Nro. 1430 de 26 de junio de 2019, reiterando la aplicación de la prescripción en el pago de la indexación de la primera mesada pensional.

mediante oficio Nro. 1430 de 26 de junio de 2019, reiterando la aplicación de la prescripción en el pago de la indexación de la primera mesada pensional.

1.11. Se reiteró dicha petición, lo cual fue contestado mediante oficio Nro. 2019143012033881 del 13 de septiembre de 2019, negándose a dar cumplimiento a los fallos emitidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

2. PRETENSIONES.

De acuerdo a la situación fáctica expuesta elevó las siguientes.

2.1. Se declare la nulidad parcial de la Resolución No. RDP023667 del 23 de mayo de 2013.

2.2. Se declara la nulidad de la RESOLUCIÓN No.RDP 032876 del 07 de septiembre de 2016.

2.3. Se declare la nulidad del oficio No. 1430 de fecha 26 de junio de 2019.

2.4. Se declare la nulidad del oficio Nro. 2019143012033881, de fecha 13 de septiembre de 2019.Expediente: 73001-33-33-012-2020-00215-01 (Int. 1515-2023) Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Gloria del Socorro Vallejo de Gómez Demandado: Unidad Administrativo de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Sentencia de Segunda Instancia Página 3 de 22 ______________________________________________________________ ___________________________________________________ 2.5. Como consecuencia de la declaratorias de nulidad antes anunciadas, solicita a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento, liquidación y pago de las sumas de dinero causadas a título de indexación de la primera

______________________________________________________________ ___________________________________________________ 2.5. Como consecuencia de la declaratorias de nulidad antes anunciadas, solicita a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento, liquidación y pago de las sumas de dinero causadas a título de indexación de la primera mesada pensional que fue declarada y reconocida mediante las sentencias judiciales de fecha 10 de diciembre de 2009 y 2 de diciembre de 2011, a partir del 20 de agosto de 1999 hasta el 21 de octubre de 2012, lo cual asciende a un valor de $214.455.488.

2.6. Se condena a la cancelación de intereses moratorios causados sobre las sumas de dineros causadas y no canceladas sobre lo que resulte de la indexación de la primera mesada pensional.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

2.1. Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional Y Contribuciones Parafiscales De La Protección Social - UGPP2.

La entidad a través de apoderado judicial se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por considerarlas infundadas, contrarias a derecho y por no encontrar respaldo en la realidad de los hechos, comoquiera que, no se evidencia la ocurrencia de una vía de hecho en materia pensional, que comprometa el debido proceso, no se desconocen derechos irrenunciables de carácter pensional, ni se ha ignorado la favorabilidad laboral y los derechos adquiridos de la demandante y no se afecta la segurida d social de sujetos de especial protección constitucional.

Así mismo, indicó que, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales-UGPP actuó conforme a derecho al proferir los actos administrativos demandados, en virtud de

constitucional.

Así mismo, indicó que, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales-UGPP actuó conforme a derecho al proferir los actos administrativos demandados, en virtud de la sentencia emitida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, ratificada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima el 2 de septiembre de 2011. Dicho s fallos ordenaron el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación gracia a favor de la señora Gloria del Socorro Vallejo de Gómez, incluyendo la actualizac ión de la moneda e intereses moratorios. En consecuencia, la UGPP cumplió con lo ordenado mediante la Resolución No. RDP 023667 del 23 de mayo de 2013.

Explicó que, para la liquidación de la prestación conforme a la Ley 4 de 1966 y su Decreto Reglamentario 1743 de 1966, se tomó el 75% de lo devengado en el año inmediatamente anterior a la adquisición del status pensional, actualizando las sumas correspondientes del período 11 de enero de 1994 y 10 de enero de 1995. Posteriormente, mediante la Resolución No. RDP 032876 del 7 de septiembre de 2016, la UGPP indexó la primera mesada pensional, elevando su valor a $729.719 y efectuando los pagos respectivos a la demandante.

En virtud de lo anterior, indicó que, en el presente caso existe carencia de objeto, toda vez que la UGPP ha cumplido con las obligaciones derivadas de los fallos judiciales. Además, coment ó que la parte actora no había aportado nuevos elementos de prueba que demuestren el incumplimiento de requisitos exigidos por la normativa vigente.

judiciales. Además, coment ó que la parte actora no había aportado nuevos elementos de prueba que demuestren el incumplimiento de requisitos exigidos por la normativa vigente.

Finalmente, propuso como excepciones: habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde, inexistencia de la obligación demandada, ausencia de vicios en el acto administrativo demandado, prescripción, buena fe e innominada o genérica.

2 Expediente SAMAI del juzgado; Índice 00023, “Carpeta principal”; archivo “009_ED_EXPEDIENTE_08CONTESTACIONDELA”.Expediente: 73001-33-33-012-2020-00215-01 (Int. 1515-2023) Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Gloria del Socorro Vallejo de Gómez Demandado: Unidad Administrativo de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Sentencia de Segunda Instancia Página 4 de 22 ______________________________________________________________ ___________________________________________________

4. LA SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA3.

El Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el día 30 de junio de 2023, declaró probada de oficio la excepción denominada “ineptitud sustantiva de la demanda – actos no susceptibles de control jurisdiccional” y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que, las Resoluciones Nros RDP 023667 de 23 de mayo de 2013 y RDP 032876 del 7 de septiembre de 201620, son actos administrativos de ejecución o de cumplimiento, como quiera que están acatando las órdenes dadas por los jueces de la jurisdicción

7 de septiembre de 201620, son actos administrativos de ejecución o de cumplimiento, como quiera que están acatando las órdenes dadas por los jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en las sentenci as del 10 de diciembre de 2009 proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el 2 de septiembre de 2011 confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima, al ordenarse en esos actos i) el reconocimiento y pago de la pensión gracia; (ii) la indexación o actualización de la primera mesada pensional y (iii) el reconocimiento y pago de los intereses moratorios de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

Para llegar a ese conclusión, el juez de instancia resaltó varios pronunciamientos del Consejo de Estado a través de los cuales se explicó que la administración pública expide actos administrativos, los cuales han sido clasificados por la doctrina y la jurisprudencia como definitivos y de trámite, dentro los cuales están los preparatorios y de los ejecución, ya que los primeros crean, modifican y extinguen una situación jurídica y los segundos son los que dan impulso al proceso administrati vo “preparatorios” y/o dan cumplimiento a una decisión administrativa o judicial “ejecución”.

En ese orden, el a quo precisó que respecto de los actos administrativos ejecutivos o de cumplimento de una decisión judicial o administrativa, la doctrina y la jurisprudencia han determinado que no son susceptibles de control judicial por parte de la jurisdicción de lo contencioso administr ativo, salvo que existan modificaciones o supresión de elementos esenciales del acto primigenio, ya sea una sentencia o acto administrativo definitivo.

de lo contencioso administr ativo, salvo que existan modificaciones o supresión de elementos esenciales del acto primigenio, ya sea una sentencia o acto administrativo definitivo.

De ahí que, el juez de instancia expuso que no se lograba vislumbrar que los actos demandados modificarán la situación jurídica contenida en las sentencias del 10 de diciembre de 009 y del 2 de septiembre de 2011, luego entonces, atendiendo la normatividad y jurisprudencia del Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, era procedente declarar probada la excepción generando como consecuencia la imposibilidad de realizar un pronunciamiento de fondo, negando en consecuencias las pretensiones elevada en la demanda.

5. APELACIÓN DE LA SENTENCIA.

5.1. Extremo activo4.

Inconforme con lo decidido, el apoderado de la parte actora radicó apelación contra la decisión de primera instancia, planteado en primer lugar que, la demanda fue admitida el 26 de marzo de 2021, por lo que le es aplicable las modificaciones de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, normas que fueron desconocidas por el juez de primera instancia, debido a que, en materia de excepciones previas, estas deben resolverse antes de la audiencia inicial de conformidad con las reglas del Código General del Proceso, pues en la audiencia inicial solo se resolverán las excepciones previas que requieran de medios de prueba, así como, se eliminó con esta normatividad la

3 Expediente SAMAI del juzgado; Índice 00023, “Carpeta principal”; archivo “017_ED_EXPEDIENTE_17SENTENCIADEPRIME”

requieran de medios de prueba, así como, se eliminó con esta normatividad la

3 Expediente SAMAI del juzgado; Índice 00023, “Carpeta principal”; archivo “017_ED_EXPEDIENTE_17SENTENCIADEPRIME” 4 Expediente SAMAI del juzgado; Índice 00022Expediente: 73001-33-33-012-2020-00215-01 (Int. 1515-2023) Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Gloria del Socorro Vallejo de Gómez Demandado: Unidad Administrativo de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Sentencia de Segunda Instancia Página 5 de 22 ______________________________________________________________ ___________________________________________________ denominada excepción mixta, sino que, debe resolverse mediante la figura de la sentencia anticipada.

De otra parte, alegó que si bien es cierto las Resoluciones Nro. 023667 del 25 de mayo de 2013 y la RDP 032876 del 7 de septiembre de 2016, dieron cumplimiento a las sentencias, también lo es que, surgieron situaciones jurídicas nuevas, al proceder la entidad accionada UGPP con una situación de hecho diferente a lo ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuit o de Ibagué de fecha 10 de diciembre de 2009, donde expresamente ordenó en su numeral tercero el restablecimiento del derecho “reconocer y pagar la pensión gracia a la demandante GLORIA DEL SOCORRO VALLEJO DE GÓMEZ, a partir del 20 de agosto de 1999, tomando como base el 75% de todos los factores que componían el salario percibido al momento de ser retirada del servicio activo (s ueldo y primas), debidamente

tomando como base el 75% de todos los factores que componían el salario percibido al momento de ser retirada del servicio activo (s ueldo y primas), debidamente actualizado de conformidad con la parte motiva de la providencia.”

En ese orden, precisó el recurrente que efectivamente desde esa fecha era cuando se había adquirido el estatus pensional, situación jurídica que conforme se debatió en el proceso reconoció el derecho a la actualización de la primera mesada pensional, sin que se determinara restricción legal alguna de aplicación de prescripción de mesadas pensionales, situación jurídica nueva creada por la accionada, al momento de proferir los actos administrativos hoy objeto de la demanda, por lo que asegura que el a quo, no podía exonerarse de su obligación legal de fallar el fondo sobre lo pretendido, pues nótese que no se esta solicitando la nulidad respecto del cumplimiento del fallo sino la nulidad y restablecimiento del derecho sobre situaciones jurídicas nuevas creadas al momento de actualizar la primera mesada pensional donde la UGPP, procede a efectuar una prescripción del pago del reajuste pensional a su arbitrio y por tanto al haberse agotado la vía gubernativa, procedía el estudio integral de las mismas y proceder a fallar el fondo y no errar al momento de proferir sentencia de fondo, dejando de lago la no aplicación de lo reglado en la Ley 2080 de 2021, situación que solicita sea corregida en segunda instancia, amparando los derechos que le asisten a la demandante dentro del presente asunto de reajuste y actualización de la primera mesada pensional.

Sumado a lo anterior, precisó que las resoluciones demandadas no son actos administrativos de trámite o de ejecución, toda vez que, crearon situaciones jurídicas

demandante dentro del presente asunto de reajuste y actualización de la primera mesada pensional.

Sumado a lo anterior, precisó que las resoluciones demandadas no son actos administrativos de trámite o de ejecución, toda vez que, crearon situaciones jurídicas nuevas, que, si bien devenían de un fallo judicial, por otro lado, aplicaron normas jurídicas contrarias a lo dispuesto por los estrados judiciales al aplicar la prescripción de las mesadas pensionales reajustadas, tal como se realizó en la Resolución Nro. RDP 032876 del 7 de septiembre de 2016, al reconocer la indexación de la primera mesada pensional, pero haciendo efectiva solo a partir del 21 de octubre de 2012 , cuando al dar lectura de la sentencia judicial del 2 de septiembre de 2011 emitida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué que no se había ordenó prescripción alguna de la mesadas pensionales, creándose así una situación jurídica concreta y totalmente diferente, siendo entonces, una interpretación errada el a quo inhibiéndose de fallar de fondo.

En esa medida, afirma que no existe ineptitud de la demanda, conforme se desprende de los actos administrativos demandados, por vulnerar situaciones jurídicas de la demandante, en materia pensional, por lo que no existe vulneración a la aplicación del control jurisdiccional ya que al crearse una situación jurídica nueva por vía de hecho, por parte de la UGPP, pues los actos administrativos son autónomos e independientes de los actos administrativos que dieron cumplimiento a la sentencia; por tanto asegura que tampoco pueden endilgarse en el presente asunto la unidad jurídica completa frene a los actos administrativos que reconocieron el derecho de la indexación de la

de los actos administrativos que dieron cumplimiento a la sentencia; por tanto asegura que tampoco pueden endilgarse en el presente asunto la unidad jurídica completa frene a los actos administrativos que reconocieron el derecho de la indexación de la primera mesada pensional, sin aplicación de prescripción alguna, respecto de la cual debió orbitar la decisión final que pudiera descartar el a quo.Expediente: 73001-33-33-012-2020-00215-01 (Int. 1515-2023) Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Gloria del Socorro Vallejo de Gómez Demandado: Unidad Administrativo de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Sentencia de Segunda Instancia Página 6 de 22 ______________________________________________________________ ___________________________________________________ Así mismo, señaló que el juez de primera instancia no realizó el análisis real e integral probatorio que le asiste al juez de conocimiento, a través del cual se observa que no logró entender el objeto de las declaratorias, tampoco, efectuó un análisis de fondo, de los actos administrativos demandados, ento nces, al negar las suplicas de la demanda, se estaría en contravía de lo reglado en el artículo 176 del Código General del Proceso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA.

Es competente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para resolver la presente controversia, tal como lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

2. PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

Corresponde determinar si resulta ajustada la decisión adoptada por la juez de instancia, por medio de la cual declaró en forma oficiosa la “ineptitud sustantiva de

2. PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

Corresponde determinar si resulta ajustada la decisión adoptada por la juez de instancia, por medio de la cual declaró en forma oficiosa la “ineptitud sustantiva de la demanda – actos no susceptibles de control jurisdiccional”, y en consecuencia , negó pretensiones, al considerar que los actos demandados eran actos de ejecución, o por el contrario, deberá revocarse la decisión judicial al establecer que procesalmente no puede el juez de instancia resolver en sentencia una excepción previa, así como, porque los actos administrativos demandados crearon situaciones jurídicas nuevas susceptibles ser enjuiciadas en la medida que indexaron la pensión gracia reconocida a la demandante, pero dando aplicación al fenómeno prescriptivo, desconociendo las sentencias judiciales que ordenaron dicho reconocimiento.

3. MARCO JURÍDICO.

3.1. De los actos administrativos enjuiciables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Inicialmente, se debe indicar que, el acto administrativo es una manifestación unilateral de voluntad emanada de una autoridad pública o de un particular en el ejercicio de las funciones administrativas otorgadas por la Constitución Política y las leyes, mediante el cual se producen efectos jurídicos. En otros términos, es el mecanismo por el cual la administración crea, extingue o modifica situaciones jurídicas particulares.

La teoría del acto administrativo ha venido decantando la clasificación de éstos con la finalidad de delimitar los que deben ser objeto de control jurisdiccional; en tal sentido ha explicado que, desde el punto de vista de su inserción en el procedimiento y recurribilidad5, hay tres tipos de actos a saber:

la finalidad de delimitar los que deben ser objeto de control jurisdiccional; en tal sentido ha explicado que, desde el punto de vista de su inserción en el procedimiento y recurribilidad5, hay tres tipos de actos a saber:

“i) Los actos preparatorios, accesorios o de trámite: Han sido definidos como aquellos que se expiden como parte del procedimiento administrativo con el fin de darle curso a este, es decir, son netamente instrumentales ya que no encierran declaraciones de la voluntad, no crean relaciones jurídicas y solo sirven de impulso a la continuidad de la actuación de la administración.

1. Los actos definitivos: De conformidad con el Artículo 43 del CPACA «Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar con la actuación». Es decir, son los que resuelven de fondo una situación jurídica o impiden la continuación del procedimiento administrativo,

5 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Radicación: 41001-23-33000-2012-00137-01(4594-13), Actor: Universidad Surcolombiana, Demandado: Yulieth Penagos Leyva. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez (E), Bogotá D. C., 6 de agosto de 2015Expediente: 73001-33-33-012-2020-00215-01 (Int. 1515-2023) Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Gloria del Socorro Vallejo de Gómez Demandado: Unidad Administrativo de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Sentencia de Segunda Instancia Página 7 de 22

Demandante: Gloria del Socorro Vallejo de Gómez Demandado: Unidad Administrativo de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

Sentencia de Segunda Instancia Página 7 de 22 ______________________________________________________________ ___________________________________________________ en razón a que contienen la esencia del tema a decidir y tienen la potestad para modificar la realidad con su contenido.

1. Los actos administrativos de ejecución, por su parte son aquellos que se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa”. (Destacado de la

Sala).

Sobre este aspecto, la Jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha establecido en reiteradas oportunidades que, por regla general, son los actos definitivos los únicos que son susceptibles de ser enjuiciados ante la Jurisdicción de lo Con tencioso Administrativo, dado que a través de estos la administración crea, modifica o extingue situaciones jurídicas a los asociados.

Frente a los actos pasibles de ser enjuiciados a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el Consejo de Estado ha precis ado en sentencia del 22 de abril de 2021, lo siguiente:

“(…) El Consejo de Estado ha precisado que el acto administrativo es toda manifestación de voluntad de una entidad pública, o de un particular en ejercicio de funciones públicas, capaz de producir efectos jurídicos. 6 En consonancia con esta definición, se han identificado las siguientes características del acto administrativo:7

1. Constituye una declaración unilateral de voluntad.

1. Se expide en ejercicio de la función administrativa, por parte de una autoridad estatal o de particulares.

1. Se encamina a producir efectos jurídicos «por sí misma, de manera directa

1. Constituye una declaración unilateral de voluntad.

1. Se expide en ejercicio de la función administrativa, por parte de una autoridad estatal o de particulares.

1. Se encamina a producir efectos jurídicos «por sí misma, de manera directa sobre el asunto o la situación jurídica de que se trate y, por ende, vinculante».8

1. Los efectos del acto administrativo consisten en la creación, modificación o extinción de una situación jurídica general o particular, que impacta los derechos u obligaciones de los asociados, «sean subjetivos, personales, reales o de crédito».9

Igualmente, esta corporación ha precisado que los actos administrativos pasibles de control jurisdiccional son aquellos catalogados como definitivos, esto es, «los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación».10

Bajo este marco conceptual, es válido sostener que la jurisdicción de lo contencioso administrativo únicamente se ocupa del estudio de los actos definitivos, expresos o fictos, que culminen un proceso administrativo, en la medida en que se presumen legales, gozan de los atributos de ejecutividad y ejecutoriedad e impactan en las relaciones de las personas naturales y jurídicas, en sus derecho s y obligaciones. En consecuencia, el control judicial de las decisiones administrativas definitivas se torna obligatorio dentro de un Estado Social de Derecho, en aras de garantizar su validez, así como los valores constitucionales, el imperio del principio de legalidad y los derechos subjetivos de los asociados.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de agosto de 2004, expediente

constitucionales, el imperio del principio de legalidad y los derechos subjetivos de los asociados.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de agosto de 2004, expediente 2000-0057-01, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 10 de abril de 2008, expediente 25000-2324-000-2002-00583-01, M.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 8 Ibidem. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia 16288 del 12 de junio de 2008, M.P. Dra. Ligia López Díaz. 10 Artículo 43 del CPACA.Expediente: 73001-33-33-012-2020-00215-01 (Int. 1515-2023) Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Gloria del Socorro Vallejo de Gómez Demandado: Unidad Administrativo de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Sentencia de Segunda Instancia Página 8 de 22 ________________________________