TA TOL - Sentencia 73001-33-40-012-2017-00058-01 (13-02-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAGISTRADO PONENTE: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN: 73001-33-40-012-2017-00058-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: JENNY CATALINA DEL MAR ROJAS OVALLE

APODERADO DEMANDANTE: JOSÉ RODOLFO SANDOVAL MEDINA

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

APODERADO DEMANDADO: RENUNCIÓ

DEMANDADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

APODERADO: CLAUDIA PATRÍCIA ACEVEDO VASQUEZ

Tema: DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del 6 de julio de 2020, proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de reparación directa, mediante apoderado, promovió demanda en contra de la Nación - Rama judicial – Fiscalía General de la Nación , con el fin de que se declare n administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales y morales ocasionados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que generó la pérdida de la oportunidad de obtener un pago dentro de un proceso penal que finalizó con la prescripción de la acción penal.

funcionamiento de la administración de justicia, que generó la pérdida de la oportunidad de obtener un pago dentro de un proceso penal que finalizó con la prescripción de la acción penal.

Que se ordene a los demandados reconocer los perjuicios morales a favor de los demandantes, así: i) a Jenny Catalina del Mar Rojas Ovalle la suma de 15 SMLMV; y ii) a Luis Alejandro Barreto Rojas la suma de 7.5 SMLMV.

Que se ordene a las demandadas el pago del perjuicio material - lucro cesante a favor de Jenny Catalina del Mar Rojas Ovalle en la suma de $ 37.276.434.75.

2. HECHOS

Los que tienen relevancia jurídica son los siguientes:

2.1 Que la demandante fue víctima de lesiones personales culposas en un accidente de tránsito; momento para el cual trabajaba como docente en la Institución Gimnasio Campestre Semillero del Municipio de el Espinal, donde devengaba un salario de $ 480.000.

2.2 Que el proceso penal fue tramitado en primera instancia en el Juzgado Primero Penal Mixto Municipal del Espinal y en segunda instancia Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de IbaguéRadicación: 73001-33-40-012-2017-00058-01

Acción: Reparación Directa

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2.3 Que la Fiscalía General de la Nación, se demoró al rededor de 27 meses entre la etapa de indagación, y luego formuló imputación de cargos, por el delito de lesiones personales culposas agravadas.

2.3 Que la Fiscalía General de la Nación, se demoró al rededor de 27 meses entre la etapa de indagación, y luego formuló imputación de cargos, por el delito de lesiones personales culposas agravadas.

2.4 Que en el proceso penal existió mora en la audiencia de juicio oral, pues, empezó el 1° de junio de 2012 y terminó el 10 de agosto de 2012.

2.5 Que el proceso estuvo en el Despacho del Dr. Magistrado Héctor Hernández Quintero, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, desde el mes de octubre de 2012 hasta el 11 de septiembre de 2014, fecha en la cual se decretó la extinción de la acción penal.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1 NACIÒN – RAMA JUDICIAL

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda.

Que aunque existió cierta tardanza en la resolución del asunto, obedeció a la congestión judicial que se presentaba para la época en que el proceso ingresó al Despacho del magistrado ponente.

Que durante el desarrollo del proceso penal, se advirtió que est e tuvo que ceder a la resolución de otras actuaciones que tenían fecha de prescripción más cercanas y contaban con personas privadas de la libertad.

Propuso las excepciones de: falta de nexo causal, inexistencia de perjuicios y la genérica.

3.2 NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda.

Que los fiscales del caso realizaron las tareas que en desarrollo de sus funciones les

3.2 NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda.

Que los fiscales del caso realizaron las tareas que en desarrollo de sus funciones les correspondía, como adelantar la investigación, formular la imputación y presentar el escrito de acusación.

Que la prescripción de la acción penal, como daño por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que genero la perdida de o portunidad del pago de unos perjuicios materiales y económicos dentro de un proceso penal de lesiones personales, es responsabilidad de la rama judicial.

Propuso las excepciones de: Ausencia del daño antijurídico e inimputabilidad del mismo a la Fiscalía General de la Nación; inexistencia del nexo causal; hecho de un tercero; falta de legitimación en la causa por pasiva y culpa exclusiva de la víctima.

4. SENTENCIA APELADA

El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, el día 6 de julio de 2020, negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que no existió daño antijurídico atribuible al Estado, si bien es cierto la prescripción de la acción penal ocurrió, ya que el proceso judicial estuvo dos años en el Despacho del magistrad o en segunda instancia para proferir sentencia de segunda instancia, el demandante, podía acudir anteRadicación: 73001-33-40-012-2017-00058-01

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los jueces civiles para el resarcimiento de los perjuicios sufridos por el accidente el día

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los jueces civiles para el resarcimiento de los perjuicios sufridos por el accidente el día 20 de abril de 2009; y declaró la excepción de culpa exclusiva de la víctima.

5. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante indicó en su apelación que las demandadas vulneraron normas legales y constitucionales, ya que su retardo en la función investigativa y de juicio configuraron un defectuoso funcionamiento en la administración de justicia.

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer si el plazo para adoptar una decisión es razonable debe tener en cuenta: - La complejidad del asunto; La conduela de las autoridade s, el volumen de trabajo de la dependencia encargada y el impacto que tiene este retardo sobre los derechos de las personas afectadas.

Que el análisis realizado por el Juez Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué Tolima, es contrario a derecho, porque los hechos que se denunciaron penalmente el 4 de mayo de 2009 por la demandante ocurrieron el día 29 de abril del año 2009 y de acuerdo al artículo 2358 del Código Civil las acciones para la reparación del daño que puedan ejercitarse contra terceros responsables, prescriben en tres años contados desde la perpetración del acto, que en este caso, la prescripción de la acción civil fue el día 29 de abril del año 2012; por lo tanto, no se le puede exigir a la víctima del delito iniciar una acción civil después que se pr ecluyo la acción penal a sabiendas de que la acción civil ya se encontraba prescrita.

de abril del año 2012; por lo tanto, no se le puede exigir a la víctima del delito iniciar una acción civil después que se pr ecluyo la acción penal a sabiendas de que la acción civil ya se encontraba prescrita.

Que no se configuró ninguna de estas razones y por lo tanto está comprometida la responsabilidad de las entidades demandadas por omitir tramitar oportuna y ágilmente el proceso penal radicado con el No. 732686000446200900600 seguido contra la señora Rosalba Sánchez Cortes por el delito de lesiones personales culposas que se tramitó en primera instancia en el Juzgado Primero Penal Municipal de Espinal y en Segunda instancia en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.

Que el caso penal no revestía complejidad de tal grado que haya hecho imposible la resolución del mismo dentro de los límites que ha fijado la ley y las actuaciones de la Fiscalía y la Rama Judicial fueron tardías.

Que no se demostró por parte de las entidades demandadas la existencia de una sobre carga de trabajo sistemática, que hiciera prácticamente imposible el respeto estri cto de los términos judiciales.

Que no se justificó que el retardo en el trámite del proceso se debió al alto volumen de trabajo de la dependencia encargada, n i se demostró que actúo diligentemente y que dicha falla en el servicio se debió a una causa extraña a la prestación del mismo.

Que la demandante como víctima del proceso penal tenía derecho a que no se incurriera en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones que le correspondían a los Fiscales, Jueces y Magistrados, como autoridad pública, ya que como lo ha reiterado

Que la demandante como víctima del proceso penal tenía derecho a que no se incurriera en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones que le correspondían a los Fiscales, Jueces y Magistrados, como autoridad pública, ya que como lo ha reiterado nuestro máximo órgano Constitucional "hacen parte integral y fundamental del derecho al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia"

Que el daño sufrido por demandante es cierto y actual, el menoscabo patrimonial y sobre todo moral que se le produjo, como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, configurado en la demora de las demandadas, conllevaron a que se declarara la prescripción de la acción.Radicación: 73001-33-40-012-2017-00058-01

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Que l a demandante esperaba en el proceso penal verdad material, justicia en pro de restablecimiento del orden jurídico, la sanción penal y civil de la señora Rosalba Sánchez Cortes.

Que se escogió la formulación de la acción civil dentro del proceso penal, precisamente porque la víctima del delito no solo quería un resarcimiento en sus perjuicios sino que se condenara penalmente al responsable de las lesiones sufridas en su humanidad.

Que la actora estaba en una situación potencialmente apta para obtener el objeto de su expectativa, es decir, la reparación pecuniaria de los perjuicios que demostró haber sufrido a raíz del accidente de tránsito señalado, en la medida en que los medios probatorios obrantes en el proceso penal permiten colegir que existía una pr obabilidad

sufrido a raíz del accidente de tránsito señalado, en la medida en que los medios probatorios obrantes en el proceso penal permiten colegir que existía una pr obabilidad considerable de que en segunda instancia la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial mediante sentencia de segunda instancia confirmara la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Primero Penal Mixto Municipal de Espinal con tra Rosalba Sánchez Cortes.

Por último, solicitó se revoque la sentencia apelada, y en su lugar se accedan a las pretensiones.

6. TRÁMITE PROCESAL

El proceso fue radicado en esta Corporación el 15 de diciembre de 2020.

Mediante auto del día 19 de julio de 2021, se admitió el recurso de apelación.

Mediante auto del 8 de abril de 2022, se corrió traslado a las partes, por término de 10 días, para que presentaran sus alegatos de conclusión y al agente del Ministerio Público, por un término igual, para que rindiera su concepto; oportunidad en la que la parte demandada Fiscalía General de la Nación, reiteró los argumentos expuestos en sus respectivos escritos.

7. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

7.1. COMPETENCIA

Es competente el Tribunal Administrativo del Tolima para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 y siguientes de la Ley 270 de 1996 y por los artículos 153 y 243 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el art. 328 del CGP.

7.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde determinar, si

artículos 153 y 243 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el art. 328 del CGP.

7.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde determinar, si

• La prescripción de la acción penal dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué a favor de Rosalba Sánchez Cortes, le causó al demandante la pérdida de la oportun idad de obtener la reparación de los perjuicios derivados de los hechos que dieron origen a ese litigio.

• Se cumplieron los presupuestos exigidos para la configuración del daño por pérdida de oportunidad por la declaratoria de extinción de la acción penal por prescripción, esto es, en primer lugar, qu e quien alega el daño tengaRadicación: 73001-33-40-012-2017-00058-01

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una posición potencialmente apta para obtener la indemnización y, en segundo lugar, que exista una imposibilidad de obtener la reparación de los perjuicios en otro proceso diferente al penal.

7.3. TESIS DE LA SALA

La Sala confirmará la sentencia apelada en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.

Pues bien, como en este caso la actora pretende la reparación por parte de quien causó el daño esto es Rosalba Sánchez quien fue condenada inicialmente por el delito de lesiones personales culposas, al no tratarse de terceros civiles responsables, es dable dar aplicación a lo preceptuado en el artículo 2358 del código civil que dispone que el

el daño esto es Rosalba Sánchez quien fue condenada inicialmente por el delito de lesiones personales culposas, al no tratarse de terceros civiles responsables, es dable dar aplicación a lo preceptuado en el artículo 2358 del código civil que dispone que el daño proveniente de delito o culpa p rescribe dentro del término señalado en el Código Penal, para la prescripción de la pena principal, el cual no podrá ser inferior a 5 años, lo cual es diferente a la prescripción de la acción penal. En efecto, la sentencia penal mediante la cual se dispuso la pena inicialmente en contra de Rosalba Sánchez, se emitió el 5 de septiembre de 2012, como la norma a aplicar fue el articulo 89 del Código Penal, que establece para el término de la prescripción se cuenta a partir de la ejecutoria de la sentencia sin que para este momento se haya ejecutoriado, se entiende que para el momento en que se declaró la prescripción de la acción penal, aun la demandante tenía la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil

7.4 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A partir de la Constitución Política de 1991, las entidades públicas deben responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que causen por acción u omisión siempre que les sean imputables 1, y no es que anteriormente no respondieran, es sólo que con su vigencia, ella dispuso en un articulado ese sentido.

Nuestro órgano de cierre2 aduce que “Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación de l Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1 superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la

en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación de l Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1 superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. De igual forma, con ponencia de Jaime Orlando Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31000-1994-08654-01(19976), expresó:

“Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la

1 La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C -333 de 1996. Postura que fue

perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C -333 de 1996. Postura que fue seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, sentencia C-892 de 2001. 2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Olga Mélida Valle De La Hoz, en sentencia del 30 de enero de 2013, radicación No.: 25000-23-26-000-2001-01156-01(25573).Radicación: 73001-33-40-012-2017-00058-01

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administración pública tanto por la acción, como por la omisión. Dicha imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar: i) la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional), y; adicionalmente a lo anterior, resulta relevante

en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional), y; adicionalmente a lo anterior, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.

(…)

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro , que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”.

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico -jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”.

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no.”

En consecuencia, se hace necesario dilucidar en el caso concreto si se configuran los elementos legales para que surja el deber del Estado de responder, est o es, el daño antijurídico, la imputabilidad del mismo al demandado y el nexo causal entre uno y otro.

7.4.1. El daño ha sido tradicionalmente entendido como aquel menoscabo o detrimento que sufre una persona y que puede ser patrimonial o extrapatrimonial; sin embargo, para que genere responsabilidad debe ser: cierto, personal y antijurídico. Es cierto cuando efectivamente ocurre de tal suerte que el hipotético no puede ser indemnizado . Así mismo, cuando se menciona que sea personal, se refiere que sólo su víctima está legitimada para la reclamación. El Consejo de Estado3 ha señalado: “El concepto del daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la Constitución ni en la ley, sino en la doctrina española, particularmente en la del profesor Eduardo García de Enterría, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991 hasta épocas más recientes, como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.”

reseñado en múltiples sentencias desde 1991 hasta épocas más recientes, como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.”

3 Sección Tercera, Subsección A, C. P.: Hernan Andrade Rincón, en sentencia del 26 de mayo 2011, radicación No.: 19001-23-31-000-1998-03400-01(20097),Radicación: 73001-33-40-012-2017-00058-01

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En otro fallo 4 indicó: “ En cuanto al daño antijurídico, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho”, y que la “Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armon iza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”.

El precedente jurisprudencial constitu cional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución ”5. En efecto, el daño antijurídico se

1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución ”5. En efecto, el daño antijurídico se concibe como aquel que la víctima no está obligada a soportar y por tanto, resulta jurídico si se constituye en una carga pública, o, antijurídico si es consecuencia del desconocimiento por part e del mismo Estado del derecho legalmente protegido, dando como resultado el no tener el deber legal de soportarlo.

7.4.2. De la imputación. Al respecto se ha distinguido entre la imputación fáctica (imputatio facti) y la imputación jurídica (imputatio iure) con el objeto de determinar quién debe entrar a resarcir el daño causado. Así, Enrique Gil Botero, en el salvamento de voto que hace a la sentencia del 26 de mayo de 20106 expresó:

“Ahora bien, en materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de anál isis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar – acción u omisión-, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure)

referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas o regímenes de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política7.”

El Estado, entonces, es responsable extracontractualmente una vez se haya configurado la existencia de un daño antijurídico y la imputación del mismo desde el punto de vista fáctico y jurídico y, siempre y cuando se predique el nexo de causalidad entre estos.

7.4.3 DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Jaime Orlando Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31-000-1994-08654-01(19976). 5 Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. 6 Radicación No. 05001-23-26-000-1994-02405-01(18590) C.P.: Dr. Mauricio Fajardo Gómez, 7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, expediente 7622, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.Radicación: 73001-33-40-012-2017-00058-01

Acción: Reparación Directa

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, expediente 7622, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.Radicación: 73001-33-40-012-2017-00058-01

Acción: Reparación Directa

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El artículo 69 de la Ley 270 de 1996 , define el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en los siguientes términos:

“(…) ARTÍCULO 69. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

El Consejo de Estado ha diferenciado el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia del error jurisdiccional, así:

“(…) En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habría que decir que éste, a diferencia del error judicial, se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales.

Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Puede provenir no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales. Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los

sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales. Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, ‘quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación’8.

Hechas las anteriores precisiones, p uede concluirse que en vigencia del artículo 90 de la Constitución Política de 1991, inclusive antes, como se anotó, y de la Ley 270 de 1996, el Estado está en la obligación de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, siempre que estén acreditados los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado, esto es, que se haya causado un daño antijurídico, que éste resulte imputable a una actuación u omisión de la autoridad vinculada a la rama judicial (…)9.

Es decir, que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es una modalidad de responsabilidad aplicable de forma subsidiaria, porque opera cuando la situación fáctica determinada no encaja dentro de los títulos de error jurisdiccional o privación injusta de la libertad.

Según, lo indicado por el Consejo de Estado las características básicas del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, son10:

“(…) Así las cosas, es posible sintetizar o delimitar las características básicas del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia como escenario

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de febrero de 2006, exp. 14.307.

del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia como escenario

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de febrero de 2006, exp. 14.307. 9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012, exp. 22205, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. 10 Consejo De Estado -Sala De Lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera-Subsección A; Consejera Pone