TSDJ BUG - Auto 76111310500120210011201 de 2026

Tribunal Superior de Buga

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Detalles

Título
TSDJ BUG - Auto 76111310500120210011201 de 2026
Autor
Tribunal Superior de Buga
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Laboral
Año
2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral

Referencia: Apelación Sentencia

Demandante: Jairo Benavides Alvarado

Demandada: Comercializadora Productiva de Colombia – Compro S.A.S

Procampo S.A.

Radicación: 76-111-31-05-001-2021-00112-01.

Guadalajara de Buga, Valle, veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Conforme lo establecido en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala Segunda de Decisión Laboral, bajo el amparo de la norma invocada, a revisar en forma escrita y previo traslado para alegaciones finales, el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la parte demandante, contra la Sentencia Absolutoria No. 46 del veintitrés (23) de octubre del dos mil veinticinco (2025) proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buga, Valle del Cauca, dentro del proceso ordinario laboral de la referencia.

Auto No. 341

Previamente, atendiendo el memorial presentado por la abogada Heidy Johana Espinosa Chávez, mediante el cual manifiesta su renuncia a la sustitución de poder conferida, se advierte que, el 7 de febrero de 2025, el abogado Alexis Angarita Berdugo , quien actúa como apoderado judicial principal de las sociedades Compro S.A.S. y Procampo S.A., sustituyó el poder a la referida profesional del derecho, identificada con cédula de

como apoderado judicial principal de las sociedades Compro S.A.S. y Procampo S.A., sustituyó el poder a la referida profesional del derecho, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.026.561.484 y tarjeta profesional No. 256.736 del Consejo Superior de la Judicatura.1

Ahora bien, teniendo en cuenta que la abogada Heidy Johana Espinosa Chávez manifestó su voluntad de renunciar a la sustitución conferida y que, en consecuencia, la representación judicial de las sociedades demandadas continuará a cargo del abogado Alexis Angarita Berdugo, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.399.413 y tarjeta profesional No. 179.503 del Consejo Superior de la Judicatura, resulta pertinente acudir a lo dispuesto en el último inciso del artículo 75 del Código General del Proceso, según el cual quien sustituya un poder podrá reasumirlo en cualquier momento, evento en el cual quedará revocada la sustitución.

En consecuencia, se tendrá por terminada la sustitución de poder conferida a la abogada Heidy Johana Espinosa Chávez, y se dejará constancia de que la representación judicial de las sociedades Compro S.A.S. y Procampo S.A. continúa a cargo del abogado Alexis Angarita Berdugo, en su condición de apoderado judicial principal, sin que resulte necesario efectuar un nuevo reconocimiento de personería jurídica, por cuanto esta ya le había sido reconocida dentro del proceso.2

Decisión que se notifica en estado.

1 Archivo digital No. 05 Carpeta primera instancia 2 Archivo digital No. 12 Carpeta primera instancia – Actuación Juzgado AnteriorREFERENCIA: APELACIÓN DE SENTENCIA

Decisión que se notifica en estado.

1 Archivo digital No. 05 Carpeta primera instancia 2 Archivo digital No. 12 Carpeta primera instancia – Actuación Juzgado AnteriorREFERENCIA: APELACIÓN DE SENTENCIA RADICACIÓN: 76-111-31-05-001-2021-00112-01.

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Teniendo en cuenta que no quedan más actuaciones pendientes, se profiere la

SENTENCIA No. 125

Discutida y aprobada en Sala Virtual.

1. Antecedentes y Actuación Procesal.

Jairo Benavidez Alvarado, obrando a través de apoderada judicial, presentó demanda ordinaria laboral en contra de Compro S.A.S., con el objeto de que se declare que entre Procampo S.A. y Compro S.A.S. se constituyen una unidad de empresa. Asimismo, que entre el señor Benavidez Alvarado y Procampo S.A., así como Compro S.A.S existió un contrato de trabajo entre el 01 de enero de 2001 y el 30 de agosto de 2018, que la relación laboral se prolongó sin solución de continuidad desde el 01 de enero de 2001 y el 30 de agosto de 2018; en consecuencia, se condene al pago de los salarios dejados de percibir desde enero de 2017 hasta el 30 de agosto de 2018, por valor total de $16.046.171, prima de servicios en cuantía de $1.409.635, cesantías $1.409.635, intereses a las cesantías $145.970, vacaciones $629.272, para un total de $3.594.512. Pago de indemnización por despido sin justa causa por valor de $4.347.173, indemnización conforme el artículo 65

$145.970, vacaciones $629.272, para un total de $3.594.512. Pago de indemnización por despido sin justa causa por valor de $4.347.173, indemnización conforme el artículo 65 del C.S.T., en cuantía de $20.866.320, sanciones moratorias por el no pago de prestaciones económicas que se causaron desde enero de 2017, indexación y costas

Como sustento de sus pretensiones, informó que prestó sus servicios personales a favor de Procampo S.A. desde el 01 de enero de 2001 hasta el 30 de agosto de 2018. Que se desempeñó como auxiliar contable. Indicó que el contrato fue verbal y a término indefinido. Que el horario era de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Que como contraprestación recibía un salario de $869.453.

Afirmó que Procampo S.A. no realizó los aportes a pensión ni le pagó prestaciones durante toda la relación. Que, a partir de la primera quincena de enero de 2017, Procampo S.A. no le continuó pagando los salarios ni prestaciones sociales hasta el momento de su retiro. Que , debido a ello, el 30 de agosto de 2018, presentó renuncia ante Procampo S.A. indicando las razones por las cuales decidió terminar el contrato, argumentando la justa causa por parte del trabajador. Que el 12 y 23 de julio de 2018 remitió nuevamente escrito a Compro S.A.S. para que se pronunciara respecto de su carta de renuncia. Q ue el 26 de julio de 2018 el representante legal de Compro S.A.S. dio contestación a la renuncia, sin presentar objeción alguna ante las acusaciones

carta de renuncia. Q ue el 26 de julio de 2018 el representante legal de Compro S.A.S. dio contestación a la renuncia, sin presentar objeción alguna ante las acusaciones realizadas por la falta de pago de salarios y comisiones a partir de enero de 2017 hasta el 30 de agosto de 2018.

Relató que el 30 de julio de 2018 presentó petición dirigida al señor Ramiro Villalobos Azcárate, representante legal de Compro S.A.S., solicitando la cancelación de las sumas adeudadas por salarios y comisiones, petición de la cual no obtuvo respuesta. Afirmó que Compro S.A.S y Procampo S.A. constituyen una unidad de empresa.3

Mediante providencia del tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021), la demanda fue admitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga.4

Procampo S.A. y Compro S.A.S. por conducto de apoderada judicial, dio respuesta a la demanda; pronunciándose frente a los hechos, oponiéndose a las pretensiones y

3 Archivo digital No. 01 Carpeta primera instancia – Actuación Juzgado Anterior 4 Archivo digital No. 04 Carpeta primera instancia – Actuación Juzgado AnteriorREFERENCIA: APELACIÓN DE SENTENCIA RADICACIÓN: 76-111-31-05-001-2021-00112-01.

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proponiendo como excepciones cobro de lo no debido, prescripción y falta de legitimación por pasiva.5

Mediante Auto No. 1777 del 28 de noviembre de 2022, el a quo resolvió vincular como litisconsorte necesario por pasiva al Patrimonio Autónomo Pagos Procampo cuya vocera

por pasiva.5

Mediante Auto No. 1777 del 28 de noviembre de 2022, el a quo resolvió vincular como litisconsorte necesario por pasiva al Patrimonio Autónomo Pagos Procampo cuya vocera es la fiduciaria Bancolombia. 6 Posteriormente, en auto del 19 de enero de 2023, el juzgado de origen tuvo por no contestada la demanda por parte del Patrimonio Autónomo Pagos Procampo cuya vocera es la fiduciaria Bancolombia.7

El 16 de febrero de 2024, el a quo mediante auto No. 0076 del 16 de febrero de 2024 resolvió remitir el expediente con destino al Juzgado 02 Laboral del Circuito de Buga, conforme el Acuerdo PCSJA23 -12124 de 2023 y el Acuerdo CSJVAA24 -16 del 08 de febrero de 2024.8 Siendo avocado por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buga mediante Auto No. 043 del 08 de marzo de 2024.9

Surtido en debida forma el trámite de primera instancia, mediante Sentencia No. 046 del veintisiete (27) de octubre del dos mil veinticinco (2025) el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buga, Valle del Cauca, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de fondo formuladas por las sociedades demandada PROCAMPO S.A. y COMPRO S.A.S.

SEGUNDO: ABSOLVER de todas y cada una de las pretensiones incoadas por el señor JAIRO BENAVIDEZ ALVARADO en contra de las sociedades demandadas PROCAMPO S.A. y COMPRO S.A.S.; así como la llamada en calidad de Litisconsorte Necesario por

JAIRO BENAVIDEZ ALVARADO en contra de las sociedades demandadas PROCAMPO S.A. y COMPRO S.A.S.; así como la llamada en calidad de Litisconsorte Necesario por pasiva FIDUCIARIA B ANCOLOMBIA S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO PAGOS PROCAMPO S.A., por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: COSTAS en esta instancia, a cargo del demandante vencido en juicio señor JAIRO BENAVIDES ALVARADO y a favor de las sociedades demandadas PROCAMPO S.A. y COMPRO S.A.S., y como agencias en derecho se fijará la suma única de $100.000

M/CTE.

CUARTO: CONSULTAR con el Superior, en caso de no ser apelada por la parte vencida en juicio.”

En sustento de lo decidido, e n síntesis , determinó la a-quo que no se acreditó la existencia de una unidad de empresa entre aquellas, ni la prestación personal del servicio del demandante en favor de las convocadas a juicio y, por consiguiente, tampoco se activó la presunción contemplada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo.

En primer lugar, respecto de la unidad de empresa, señaló que, conforme al artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo y a la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para su configuración resulta necesario acredita r la existencia de una sociedad principal o matriz que ejerza predominio económico sobre otra filial o subsidiaria. Sin embargo, consideró que los elementos probatorios allegados al proceso no permitían establecer dicha circunstancia entre Procampo S.A. y Compro

existencia de una sociedad principal o matriz que ejerza predominio económico sobre otra filial o subsidiaria. Sin embargo, consideró que los elementos probatorios allegados al proceso no permitían establecer dicha circunstancia entre Procampo S.A. y Compro S.A.S., pues los certificados de existencia y representación legal, incluidos los

5 Archivo digital No. 11 Carpeta primera instancia – Actuación Juzgado Anterior 6 Archivo digital No. 12 Carpeta primera instancia – Actuación Juzgado Anterior 7 Archivo digital No. 16 Carpeta primera instancia – Actuación Juzgado Anterior 8 Archivo digital No. 28 Carpeta primera instancia – Actuación Juzgado Anterior 9 Archivo digital No. 001 Carpeta primera instanciaREFERENCIA: APELACIÓN DE SENTENCIA RADICACIÓN: 76-111-31-05-001-2021-00112-01.

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consultados de oficio en el RUES, daban cuenta de la independencia jurídica de ambas sociedades. Precisó que, si bien Procampo S.A. figuraba como subordinada de Proagro Limitada y Compañía S. en C., esta última no fue vinculada al proceso y tampoco se acreditó que Compro S.A.S. tuviera la condición de subordinada de dicha matriz. Agregó que las declaraciones testimoniales no ofrecían certeza sobre el predominio ec onómico exigido legalmente y que la parte demandante parecía confundir las figuras de grupo empresarial y unidad de empresa, cuyos presupuestos jurídicos son diferentes.

En cuanto a la existencia del contrato de trabajo, explicó que, de conformidad con los artículos 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, correspondía al demandante acreditar la prestación personal del servicio para que operara en su favor la presunc ión

En cuanto a la existencia del contrato de trabajo, explicó que, de conformidad con los artículos 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, correspondía al demandante acreditar la prestación personal del servicio para que operara en su favor la presunc ión de existencia de una relación laboral. No obstante, estimó que dicha circunstancia no se encontraba demostrada respecto de las sociedades demandadas, toda vez que el propio señor Jairo Benavides Alvarado manifestó en su interrogatorio que desempeñaba funciones de auxiliar contable para otras cuatro empresas, identificadas como Integro, Agrovilla, Quimor S.A. y Agrodaler, mientras que la contabilidad de Procampo S.A. y Compro S.A.S., entre otras sociedades, era auxiliada por personas diferentes. Por ello, consideró que no podía presumirse que el actor prestaba sus servicios en favor de las convocadas a juicio por el solo hecho de que aquellas compartieran instalaciones, trabajadores o tuvieran al señor Ramiro Villalobos como figura directiva.

Respecto de las declaraciones rendidas por Mauricio Vallejo Cárdenas y Gloria Mercedes Morales Torres, sostuvo que, si bien ambos afirmaron que el demandante trabajaba para Procampo S.A., sus manifestaciones se fundamentaban principalmente en que dicha sociedad era considerada la empresa principal del conjunto de sociedades y que Ramiro Villalobos era reconocido como su máxima autoridad. Advirtió que los testigos no suministraron información suficientemente precisa acerca de la vinculación contractual del a ctor, su remuneración, los comprobantes de pago, las órdenes impartidas o las sumas concretas que se le adeudaban, pues su conocimiento sobre los incumplimientos salariales provenía, principalmente, de las conversaciones sostenidas entre los

del a ctor, su remuneración, los comprobantes de pago, las órdenes impartidas o las sumas concretas que se le adeudaban, pues su conocimiento sobre los incumplimientos salariales provenía, principalmente, de las conversaciones sostenidas entre los trabajadores. No obstante, desestimó la tacha por sospecha formulada contra Gloria Mercedes Morales Torres, al considerar que su declaración fue espontánea, responsiva y fundada en circunstancias que conocía directamente, sin advertir intención de favorecer fraudulentamente al demandante.

Asimismo, otorgó relevancia a que el señor Jairo Benavides Alvarado reconoció que, después de finalizar su vinculación laboral con Nestlé en 1993, continuó realizando aportes al sistema pensional como trabajador independiente hasta obtener su pensión de vejez en el año 2008. Destacó que, pese a afirmar que había iniciado una relación laboral subordinada con Procampo S.A. en enero de 2001, durante ese período continuó cotizando como independiente, sin que apareciera registrado ante el sistema de seguridad social como trabajador dependiente de las sociedades demandadas. A juicio del despacho, dicha circunstancia respaldaba la versión de Ramiro Villalobos, quien manifestó que el actor había sido vinculado mediante un contrato de prestación de servicios para des empeñar labores de auxiliar contable. Igualmente, resaltó que el demandante afirmó contar con varios desprendibles de pago, pero no los aportó al expediente porque, según explicó, no se los solicitaron para presentar la demanda.

De otra parte, indicó que, aun si se admitiera la activación de la presunción prevista en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, tampoco se encontraban acreditados los

De otra parte, indicó que, aun si se admitiera la activación de la presunción prevista en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, tampoco se encontraban acreditados los extremos temporales de la relación laboral alegada, comprendidos entre el 01 de enero de 2001 y el 30 de agosto de 2018. Al respecto, señaló que los documentos aportadosREFERENCIA: APELACIÓN DE SENTENCIA RADICACIÓN: 76-111-31-05-001-2021-00112-01.

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consistían principalmente en comunicaciones de renuncia y reclamaciones dirigidas a Ramiro Villalobos, sin que pudiera establecerse con certeza su recepción, salvo la respuesta del 26 de julio de 2018. Asimismo, advirtió que Mauricio Vallejo Cárdenas desconocía la fecha en que el actor comenzó a prestar sus servicios, mientras que Gloria Mercedes Morales Torres situó su ingreso aproximadamente a mediados de 2001, sin precisar una fecha determinada.

En consecuencia, concluyó que la parte demandante no cumplió con la carga probatoria prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso, pues no aportó elementos de convicción suficientes para demostrar la prestación personal de sus servicios en favor de Procampo S.A. y Compro S.A.S., ni los extremos temporales de la relación laboral alegada. (Archivo digital No. 25, minutos 00:00:15 a 00:45:17)

2. Del recurso de apelación.

Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandante cuestionó la decisión de primera instancia, argumentando que, contrario a lo concluido por la juez, las pruebas recaudadas permitían acreditar que el señor Jairo Benavides Alvarado prestó

Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandante cuestionó la decisión de primera instancia, argumentando que, contrario a lo concluido por la juez, las pruebas recaudadas permitían acreditar que el señor Jairo Benavides Alvarado prestó personalmente sus servicios en favor de las sociedades demandadas desde enero de 2001 hasta agosto de 2018, fecha en la que presentó su renuncia como consecuencia del incumplimiento de sus empleadoras en el pago de salarios y prestaciones sociales, situación que también afectaba a otros trabajadores.

Señaló que, del interrogatorio rendido por Ramiro Villalobos Azcárate, se desprendía que este conocía al demandante y que aquel desempeñaba funciones de auxiliar contable. Asimismo, destacó que el representante de las demandadas reconoció que Procampo S.A. y Compro S.A.S. compartían una dependencia de contabilidad, área en la cual desarrollaba sus labores el actor. Agregó que, si bien no se aportó el contrato de trabajo, dicha circunstancia obedeció a que la documentación de la empresa resultó deteriorada durante el traslado de unas oficinas a otras, pues los documentos se mojaron, pese a que el demandante había solicitado reiteradamente copia de su contrato.

En relación con los aportes al sistema de seguridad social, cuestionó que la juez hubiera considerado las cotizaciones efectuadas por el demandante como trabajador independiente como un elemento indicativo de la existencia de un contrato de prestación de s ervicios. Explicó que, según lo manifestado por el actor en su interrogatorio, las empresas efectuaban descuentos de su remuneración por concepto de salud y pensión, pero omitían trasladar los respectivos aportes al sistema. Por tal razón, el señor

de s ervicios. Explicó que, según lo manifestado por el actor en su interrogatorio, las empresas efectuaban descuentos de su remuneración por concepto de salud y pensión, pero omitían trasladar los respectivos aportes al sistema. Por tal razón, el señor Benavides Alvarado decidió cotizar por su propia cuenta, con el propósito de reunir los requisitos para acceder a la pensión de vejez. Insistió en que dicha conducta no demostraba la existencia de una vinculación autónoma, sino que obedecía al incumplimiento de las obligaciones de sus empleadoras.

Respecto de la subordinación, manifestó que tanto el demandante como los testigos coincidieron en señalar que aquel debía cumplir un horario de trabajo, aproximadamente desde las 7:30 a.m. hasta el mediodía y de las 2:00 a las 6:00 de la tarde, de lunes a sábado, en las instalaciones de Procampo, específicamente en el centro logístico. Indicó que en dicho lugar fue visto por Ramiro Villalobos, por Gloria Mercedes Morales Torres, quien también laboraba en esas instalaciones, y por Mauricio Vallejo Cárdenas, quien manifestó que se encontraba con el actor cuando acudía a entregar semillas. A su juicio,REFERENCIA: APELACIÓN DE SENTENCIA RADICACIÓN: 76-111-31-05-001-2021-00112-01.

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tales circunstancias demostraban que el demandante no gozaba de autonomía para ejecutar sus labores, como ocurriría en un contrato de prestación de servicios, sino que estaba sujeto a las condiciones de tiempo y lugar impuestas por las demandadas.

Añadió que también se encontraba acreditado el ejercicio del poder subordinante, pues

ejecutar sus labores, como ocurriría en un contrato de prestación de servicios, sino que estaba sujeto a las condiciones de tiempo y lugar impuestas por las demandadas.

Añadió que también se encontraba acreditado el ejercicio del poder subordinante, pues Ramiro Villalobos reconoció que Estela Acosta era la jefe del departamento de contabilidad y que laboraba para las sociedades convocadas a juicio. Precisó que el demandante recibía órdenes de dicha funcionaria para el desarrollo de sus actividades, lo que, en su criterio, permitía establecer la existencia de subordinación. Por consiguiente, sostuvo que se habían demostrado los elementos esenciales del contrato de trabajo p revistos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración.

En cuanto a este último elemento, afirmó que el actor recibía un salario como contraprestación por las labores desarrolladas, pero que las empleadoras comenzaron a incumplir su pago desde la segunda quincena de noviembre de 2016, situación que se prolongó hasta el año 2018, cuando presentó su renuncia. Por ello, insistió en que las declaraciones de parte y los testimonios recaudados daban cuenta de la existencia de una verdadera relación laboral y de los incumplimientos que motivaron su terminación.

De otra parte, cuestionó que las sociedades demandadas hubieran desvirtuado la presunción de subordinación, pues, según expuso, Ramiro Villalobos se limitó a manifestar que conocía al demandante y que recordaba que su vinculación se había efectuado mediante un contrato de prestación de servicios, sin aportar elementos que respaldaran dicha afirmación. Destacó que el representante tampoco pudo precisar si se

manifestar que conocía al demandante y que recordaba que su vinculación se había efectuado mediante un contrato de prestación de servicios, sin aportar elementos que respaldaran dicha afirmación. Destacó que el representante tampoco pudo precisar si se practicaban retenciones relacionadas con esa modalidad contractual o descuentos por concepto de salud y pensión. En ese sentido, sostuvo que la parte demandante había cumplido con la carga probatoria prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso, mientras que las convocadas a juicio no lograron desvirtuar la naturaleza laboral de la vinculación.

Frente a la unidad de empresa, manifestó que, si bien en el escrito introductorio se utilizó equivocadamente la expresión “grupo empresarial”, lo pretendido era demostrar la existencia de una unidad de empresa en los términos del artículo 194, numeral 2, del Código Sustantivo del Trabajo. Explicó que dicha circunstancia se encontraba respaldada por el interrogatorio de Ramiro Villalobos, quien, según afirmó, reconoció que Procampo S.A. y Compro S.A.S. desarrollaban actividades relacionadas y que esta última asumió la comercialización de productos que anteriormente realizaba Procampo S.A., debido a que dicha sociedad se encontraba sometida a un t rámite de concordato que le impedía continuar normalmente con su actividad comercial. Agregó que Compro S.A.S. había sido autorizada para desarrollar tales actividades en las instalaciones de Procampo S.A.

Asimismo, señaló que los testigos coincidieron en manifestar que el señor Jairo Benavides Alvarado ingresó a laborar a través de Procampo S.A. y que, pese a la creación de otras sociedades durante el desarrollo de la vinculación, los trabajadores

Asimismo, señaló que los testigos coincidieron en manifestar que el señor Jairo Benavides Alvarado ingresó a laborar a través de Procampo S.A. y que, pese a la creación de otras sociedades durante el desarrollo de la vinculación, los trabajadores continuaron prestando sus servicios para Procampo S.A. y Compro S.A.S. Por ello, consideró que la existencia de distintas personas jurídicas no desvirtuaba la unidad de empresa alegada, máxime cuando, según sostuvo, las actividades comerciales y la prestación de los servicios se desarrollaban de manera conjunta.REFERENCIA: APELACIÓN DE SENTENCIA RADICACIÓN: 76-111-31-05-001-2021-00112-01.

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En consecuencia, estimó que la juez debió acceder a las pretensiones de la demanda y reconocer las acreencias laborales adeudadas al señor Jairo Benavides Alvarado con ocasión de la terminación del vínculo, así como la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, derivada del incumplimiento de las obligaciones salariales y prestacionales de las empleadoras. Solicitó que el proceso fuera remitido al superior funcional, a fin de que se revisara la sentencia recurrida, por considerar que la indebida valoración de las pruebas y la incorrecta aplicación normativa condujeron al desconocimiento de los derechos laborales reclamados por el demandante. (Archivo digital No. 25, minutos 00:45:25 a 00:57:01)

3. Alegatos finales.

Allegado el expediente a esta Corporación, se avocó conocimiento mediante providencia del 30 de octubre de 202510 y, con la misma se corrió traslado a las partes para que

3. Alegatos finales.

Allegado el expediente a esta Corporación, se avocó conocimiento mediante providencia del 30 de octubre de 202510 y, con la misma se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales, solo el demandante compareció aportando su respectivo escrito y ratificando su postura11.

4. CONSIDERACIONES 4.1. Problema jurídico

Conforme el recurso de apelación propuesto, el interrogante que debe ser resuelto en esta sede, reside en determinar si, contrario a lo resuelto por la a quo, quedó demostrado el contrato de trabajo entre el demandante y las empresas accionadas en el perio do indicado y; en caso positivo, si hay lugar a imponer condena por lo pretendido.

Para resolver lo anterior, la sala analizará inicialmente el tema de la unidad de empresa.

4.2. Fundamentos legales, jurisprudenciales y caso concreto.

Dispone el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 32 de la Ley 50 de 1990, que se entiende como una sola empresa toda unidad de explotación económica o las varias unidades que dependan económicamente de una misma persona natural o jurídica , siempre que desarrollen actividades similares, conexas o complementarias y tengan trabajadores a su servicio.

Asimismo, establece que, tratándose de personas jurídicas, la unidad de empresa se configura entre una sociedad principal y sus filiales o subsidiarias, cuando aquella ejerza predominio económico sobre estas y, además, desarrollen actividades similares, conexas o complementarias. Finalmente, la disposición prevé que la unidad de empresa puede ser declarada tanto por el Ministerio del Trabajo, previa investigación administrativa,

predominio económico sobre estas y, además, desarrollen actividades similares, conexas o complementarias. Finalmente, la disposición prevé que la unidad de empresa puede ser declarada tanto por el Ministerio del Trabajo, previa investigación administrativa, como por la autoridad judicial competente.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que la figura de la unidad de empresa tiene como finalidad impedir el desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores como consecuencia de la fragmentación del capital o de la constitución de distintas sociedades, procurando que prevalezca la realidad económica sobre las formas jurídicas adoptadas por los empleadores.

En ese sentido, en Sentencia SL6228-2016, precisó que, tratándose de varias personas jurídicas, para declarar la existencia de una unidad de empresa no basta con acreditar

10 Archivo digital No. 03 Carpeta segunda instancia 11 Archivo digital No. 06 Carpeta segunda instanciaREFERENCIA: APELACIÓN DE SENTENCIA RADICACIÓN: 76-111-31-05-001-2021-00112-01.

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que desarrollan actividades similares, conexas o complementarias, sino que resulta indispensable demostrar el predominio económico de una sociedad principal o matriz sobre sus filiales o subsidiarias. Asimismo, explicó que dicha figura no puede confundirse con la de grupo empresarial, propia del derecho comercial, pues mientras esta última exige subordinación y unidad de propósito y dirección, la unidad de empresa requiere, además, la acreditación del predominio económico previsto en el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo.

Asimismo, dicha sentencia señaló que, para determinar la existencia de una unidad de empresa entre varias personas jurídicas, resulta necesario examinar la participación en

Sustantivo del Trabajo.

Asimismo, dicha sentencia señaló que, para determinar la existencia de una unidad de empresa entre varias personas jurídicas, resulta necesario examinar la participación en el capital social, esto es, si la sociedad principal posee más del 50 % del capital de la subordinada, directamente o por intermedio de otras sociedades, conforme al artículo 261 del Código de Comercio; la relación de dependencia económica, mediante la cual se establezca la interrelación económica existente entre las sociedades; el control financiero y administrativo ejercido por la sociedad principal sobre sus filiales o subsidiarias, que permita determinar si estas se encuentran efectivamente sometidas a aquella; y, finalmente, que las sociedades desarrollen actividades similares, conex as o complementarias. Asimismo, precisó que el predominio económico debe acreditarse entre las personas jurídicas y no a partir de sus socios individualmente considerados, sin que resulte suficiente, por sí sola, la existencia de un grupo empresarial o de una unidad de propósito y dirección.

Este criterio fue reiterado en la Sentencia SL1058-2025, en la que la Corporación recordó que la existencia de

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