TSDJ BUG - Auto 76122600016720250015801 de 2026
Detalles
- Título
- TSDJ BUG - Auto 76122600016720250015801 de 2026
- Autor
- Tribunal Superior de Buga
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Penal
- Año
- 2026
AUTO
SEGUNDA INSTANCIA
Código: GSP-FT-08 Versión: 6 Fecha de Aprobación: 31/01/2025
Tribunal Superior Distrito Judicial de Buga
TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BUGA
SALA PENAL
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ANDRÉS GUZMÁN DÍAZ
Radicación : 761226000167-2025-00158-01 (AC-681-25) Procesado : MARCO TULIO CUASAPUD ARIAS Delito : Hurto calificado en grado de tentativa Procedencia : Juzgado 1 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Sevilla Asunto : Sistema acusatorio, Ley 906 de 2004, 2ª. Instancia Motivo : Apelación sentencia anticipada
Decisión : Modificar
Aprobado Acta No. : 728
Guadalajara de Buga, cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiséis (2026)
I. ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la defensa pública de MARCO TULIO CUASAPUD ARIAS, en contra de la sentencia anticipada del 29 de septiembre de 2025, emitida por el Juzgado 1 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Sevilla, a través de la cual lo declaró penalmente responsable por el delito de hurto calificado, en grado de tentativa.
II. HECHOS ATRIBUIDOS
El 29 de junio de 2025, aproximadamente a las 11:30 p.m., en una bodega ubicada en el sector de la carrera 9 con calle 12, en el parque de la
de tentativa.
II. HECHOS ATRIBUIDOS
El 29 de junio de 2025, aproximadamente a las 11:30 p.m., en una bodega ubicada en el sector de la carrera 9 con calle 12, en el parque de la Solidaridad del barrio Obrero, Caicedonia, de propiedad de Ricardo Andrés Bonilla Alarcón, el sistema de cámaras d e seguridad del establecimiento envió una alerta por detección de movimiento al celular del propietario, quien dio aviso inmediato a la estación de policía.761226000167-2025-00158-01 (AC-681-25)
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Según la Fiscalía, MARCO TULIO CUASAPUD ARIAS, sin autorización, se encontraba en el interior de la bodega hurtándose algunos elementos, y en la parte externa ya tenía dos (2) básculas para pesar frutas, una (1) cámara de video, veinte (20) kilogramos de aguacate y diez (10) kilogramos de plátano, avaluados por el propietario en un millón doscientos mil pesos ($1.200.000). La alerta de las cámaras y el aviso a la policía permitieron que el procesado fuera sorprendido al interior de la bodega y capturado en situación de flagrancia, por lo que la conduc ta se interrumpió antes de consumarse. Los elementos fueron recuperados y entregados a su propietario.
III. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE
1. El 1 de julio de 2025, en audiencia preliminar concentrada celebrada ante el Juzgado 1 Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Caicedonia, se declaró la legalidad de la captura en
1. El 1 de julio de 2025, en audiencia preliminar concentrada celebrada ante el Juzgado 1 Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Caicedonia, se declaró la legalidad de la captura en flagrancia del señor MARCO TULIO CUASAPUD ARIAS. En esa diligencia, la Fiscalía informó que, conforme al procedimiento especial abreviado, dio traslado del escrito de acusación, en el que le atribuyó la calidad de autor del injusto de hurto calificado, en grado de tentativa, de acuerdo con los artículos 239, 240, inciso 1°, numeral 3, y 27 del Código Penal.
El procesado no aceptó los cargos. A solicitud de la Fiscalía, y sin oposición de la defensa, se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro de reclusión.
2. El escrito de acusación fue radicado el 2 de julio de 2025 y remitido al Juzgado 1 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Sevilla.
Ese despacho, mediante auto del 7 de julio de 2025, programó la audiencia concentrada para el 8 de septiembre de 2025.
3. El 2 de septiembre de 2025, la Fiscalía y el procesado suscribieron un preacuerdo. La audiencia fijada para el 8 de septiembre de 2025, para entonces destinada a su verificación, fue aplazada a solicitud de la defensa.
La diligencia se reprogramó para el 12 de septiembre de 2025.761226000167-2025-00158-01 (AC-681-25)
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En esa fecha, la Fiscalía 10 Local de Caicedonia expuso los términos
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En esa fecha, la Fiscalía 10 Local de Caicedonia expuso los términos del preacuerdo suscrito con el procesado el 2 de septiembre de 2025 1. Explicó que, a cambio de aceptar la responsabilidad, como autor, por el delito de hurto calificado, en grado de tentativa, MARCO TULIO CUASAPUD ARIAS recibiría la pena de 18 meses de prisión2, pues la Fiscalía “degradada la participación de autor a cómplice para efectos punitivos”, siendo esta “la única rebaja conforme al presente preacuerdo”. El representante de víctimas estuvo conforme. El juzgado de primera instancia aprobó el preacuerdo y anunció el sentido del fallo condenatorio3.
4. En la misma diligencia se realizó la audiencia de que trata el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. En ella, la Fiscalía se refirió a los tópicos propios de esa audiencia y señaló que, por tratarse de un hurto calificado, el procesado no tení a derecho a la suspensión de la ejecución de la pena. La defensa, por su parte, manifestó no tener reparos sobre la pena preacordada, pero solicitó la aplicación de la circunstancia de atenuación punitiva prevista en el artículo 268 del Código Penal y, con ello, la reducción de la pena a la mitad. El representante de víctimas manifestó coincidir con lo expuesto por la Fiscalía.
Posteriormente, el 29 de septiembre de 2025, se emitió la sentencia condenatoria. En ella se impuso la pena de 18 meses de prisión y se negó la rebaja solicitada por la defensa, por considerar que esa circunstancia
Posteriormente, el 29 de septiembre de 2025, se emitió la sentencia condenatoria. En ella se impuso la pena de 18 meses de prisión y se negó la rebaja solicitada por la defensa, por considerar que esa circunstancia debió discutirse durante la negociación del preacuerdo.
5. El defensor público impugnó esa decisión y, el 6 de octubre de 2025, sustentó por escrito el recurso de apelación. Mediante auto del 29 de octubre de 2025, el juzgado de primera instancia corrió traslado a los sujetos no recurrentes, quienes no se pronunciaron. El 7 de noviembre de
1 Formato acta de preacuerdo del 2 de septiembre de 2025. 2 Aunque la Fiscalía no menciono la operación aritmética, la Sala infiere que la pena pactada corresponde al mínimo del ámbito punitivo previsto para el cómplice. En efecto, el delito de hurto calificado (arts. 239 y 240, inciso 1°, numeral 3, del Código Penal) tiene una pena de 72 a 168 meses de prisión que, en grado de tentativa (art. 27 ídem), se ubica entre 36 y 126 meses. Al aplicar la disminución de una sexta parte a la mitad prevista en el inciso 3 del artículo 30 ídem y, conforme con el numeral 5 del artículo 60 del Código Penal, aplicar la mayor proporción al mínimo y la menor al máximo, el ámbito punitivo queda entre 18 meses (36 − ½) y 105 meses (126 − ⅙). Así, las partes aplicaron la proporción máxima de la disminución prevista para el cómplice sobre el extremo mínimo de la tentativa.
meses (36 − ½) y 105 meses (126 − ⅙). Así, las partes aplicaron la proporción máxima de la disminución prevista para el cómplice sobre el extremo mínimo de la tentativa. 3 Audiencia de 12 de septiembre de 2025.761226000167-2025-00158-01 (AC-681-25)
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2025, remitió el expediente al Centro de Servicios Judiciales Penal de Buga.
6. Finalmente, el recurso fue repartido por la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga y remitido al correo electrónico del despacho del Magistrado Ponente, el 7 de noviembre de 2025, a las 11:08 a. m.4
IV. SENTENCIA APELADA
El juzgado de primer grado consideró que se cumplía con el mínimo de prueba requerido para dictar sentencia condenatoria y, en aplicación del preacuerdo aprobado, fijó en 18 meses de prisión la pena por el delito de hurto calificado, en grado de tentativa, en calidad de autor. Impuso también la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término.
Negó la aplicación de la circunstancia de atenuación punitiva del artículo 268 del Código Penal. Consideró que su valoración debió hacerse durante la negociación del preacuerdo y que, avalado este, quedaba cerrada la posibilidad de reabrir el debate sobre circunstancias punitivas no contempladas en él. A su juicio, la audiencia del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal está destinada a determinar la pena conforme a lo ya pactado, y permitir ese debate atentaría contra la seguridad jurídica y
contempladas en él. A su juicio, la audiencia del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal está destinada a determinar la pena conforme a lo ya pactado, y permitir ese debate atentaría contra la seguridad jurídica y desnaturalizaría el carácter “bilateral, voluntario y definitivo” 5 de lo convenido.
Negó, además, la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por expresa prohibición del artículo 68A del Código Penal, y se abstuvo de pronunciarse sobre los perjuicios.
V. LA APELACIÓN
4 El proyecto fue sometido a conocimiento de la Sala el 7 de octubre de 2026 5 Sentencia No. 037 del 29 de septiembre de 2025.761226000167-2025-00158-01 (AC-681-25)
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Con fundamento en los artículos 179 y 545 de la Ley 906 de 2004, el defensor público de MARCO TULIO CUASAPUD ARIAS sustentó por escrito el recurso respectivo. Lo limitó a la tasación de la pena, específicamente al no reconocimiento de la circunstancia de atenuación punitiva prevista en el artículo 268 del Código Penal.
Argumentos del apelante
El recurrente consideró que el juzgado de primera instancia incurrió en un error de interpretación y aplicación de la ley sustantiva, en la medida que concurrían todas las exigencias del artículo 268 del Código Penal: (i) el valor de los bienes, un millón doscientos mil pesos ($1.200.000), no superaba el salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) para 2025, que era de un millón cuatrocientos veintitrés mil quinientos pesos
el valor de los bienes, un millón doscientos mil pesos ($1.200.000), no superaba el salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) para 2025, que era de un millón cuatrocientos veintitrés mil quinientos pesos ($1.423.500); (ii) el procesado no tenía antecedentes penales; y (iii) no se ocasionó grave daño a la víctima, dada su situación económica, pues los bienes fueron recuperados y devueltos, tanto así que la conducta se tipificó en grado de tentativa.
Igualmente, sostuvo que el preacuerdo no impedía aplicar atenuantes legales con posterioridad, pues la conclusión del juzgado, según la cual esa circunstancia debió analizarse durante la negociación, carecía de respaldo normativo o jurisprudencial. Afirmó que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que los jueces no pueden abdicar del deber de adecuar la sanción al marco legal aplicable, incluso frente a un preacuerdo aprobado, si la pena pactada desconoce circunstancias de atenuación imperativas. Desde su perspectiva, la decisión desconoció el artículo 228 de la Constitución Política, conforme al cual “prevalecerá el derecho sustancial”, así como los principios de proporcionalidad, humanidad y favorabilidad y el debido proceso. Señaló que “el preacuerdo n o suprime el control judicial de legalidad material” 6, por lo que el juez conserva la facultad y el deber de verificar que la pena acordada sea proporcional.
6 Recurso de apelación contra la sentencia condenatoria No. 037 del 29 de septiembre de 2025, p. 3.761226000167-2025-00158-01 (AC-681-25)
verificar que la pena acordada sea proporcional.
6 Recurso de apelación contra la sentencia condenatoria No. 037 del 29 de septiembre de 2025, p. 3.761226000167-2025-00158-01 (AC-681-25)
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Agregó que reconocer el artículo 268 por vía de preacuerdo “configuraría una inadmisible figura de doble beneficio”7, pues, según la Corte Suprema de Justicia, las prebendas de la justicia premial absorben o excluyen la aplicación de otros atenuantes de origen legal. Por ello, esa atenuante debe ser aplicada por el juez en la dosificación ordinaria de la pena.
Mencionó que el artículo 268 consagra una atenuante de carácter imperativo, que no confiere una facultad discrecional al juez, de modo que su omisión constituye una violación directa de la ley sustantiva. Con apoyo en el artículo 230 de la Constitución Política y en el principio según el cual donde la ley no distingue no le es dado al intérprete distinguir, afirmó que el juez no podía añadir requisitos que el legislador no previó, “mucho menos un criterio de carácter procesal” 8. Sostuvo que la aplicación de esa rebaja, lejos de atentar contra la seguridad jurídica, constituye una manifestación de su garantía y del principio de legalidad.
Por lo anterior, solicitó revocar parcialmente la sentencia, únicamente en lo relativo a la dosificación punitiva, y, en su lugar, reducir la pena pactada de 18 meses hasta en una proporción de la mitad, esto es, a 9 meses de prisión, conforme a los criter ios de favorabilidad y proporcionalidad,
lo relativo a la dosificación punitiva, y, en su lugar, reducir la pena pactada de 18 meses hasta en una proporción de la mitad, esto es, a 9 meses de prisión, conforme a los criter ios de favorabilidad y proporcionalidad, manteniendo incólumes los demás aspectos del fallo.
Argumentos de no recurrentes
Ningún sujeto procesal se pronunció sobre el escrito de apelación dentro del traslado.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Conforme con el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 29 de septiembre de 2025, emitida por el Juzgado 1 Penal Mu nicipal con Funciones de
7 Recurso de apelación contra la sentencia condenatoria No. 037 del 29 de septiembre de 2025, p. 5. 8 Recurso de apelación contra la sentencia condenatoria No. 037 del 29 de septiembre de 2025, p. 8.761226000167-2025-00158-01 (AC-681-25)
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Conocimiento de Sevilla.
Según el objeto de la apelación y en razón al principio de limitación, conforme al cual el funcionario judicial solo puede pronunciarse respecto de lo que es materia de inconformidad y aquello que esté inescindiblemente vinculado, la Sala de decisión se oc upará de determinar si es procedente aplicar la circunstancia de atenuación punitiva prevista en el artículo 268 del Código Penal a la pena pactada en el preacuerdo.
vinculado, la Sala de decisión se oc upará de determinar si es procedente aplicar la circunstancia de atenuación punitiva prevista en el artículo 268 del Código Penal a la pena pactada en el preacuerdo.
1. Del beneficio derivado del preacuerdo y el ajuste de legalidad.
Las negociaciones entre las partes del proceso penal, que derivan en un preacuerdo y, con la aprobación del juez de conocimiento, a un acuerdo, son una vía encaminada “a la simplificación de los procesos mediante la supresión parcial o total del debate pro batorio y argumentativo como producto del consenso entre las partes del proceso” 9. Igualmente, es preciso mencionar que, entre otras tantas cosas, una de sus finalidades es la obtención de pronta y cumplida justicia.
El titular de la acción penal tiene una potestad discrecional sometida a control judicial. Ciertamente, en la Ley 906 de 2004, el artículo 351 establece que “los preacuerdos celebrados entre fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ell os desconozcan o quebranten las garantías fundamentales”.
La función del juez, entonces, no es ejercer como un “notario” que da fe de la voluntad de los intervinientes. No está en la obligación, en todos los casos, de impartir legalidad al acto negocial de las partes como si fuese un “simple observador”10.
En general, la Fiscalía y el imputado cuentan con un amplio margen de negociación, ya sea por la eliminación de un delito o de un agravante, o la modificación de la tipicidad con fines de definición de la consecuencia
9 Corte Constitucional. Sentencia SU-479 de 2019.
de negociación, ya sea por la eliminación de un delito o de un agravante, o la modificación de la tipicidad con fines de definición de la consecuencia
9 Corte Constitucional. Sentencia SU-479 de 2019. 10 Cfr. CSJ SP 19 oct. de 2006, rad. 25724.761226000167-2025-00158-01 (AC-681-25)
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jurídica, como cuando se acude a la pena prevista para el delito de tentativa, o se aplica la sanción del cómplice, etcétera.
La Corte Suprema de Justicia, en la decisión CSJ SP2295 8 jul. 2020, rad. 50659, explicó que, en general, debía diferenciarse la negociación que se orienta a darle a los hechos una calificación jurídica que no corresponde con el objetivo de que así se reconozca en la sentencia y los que “consisten en mantener la calificación jurídica que corresponde a los hechos, pero se hace alusión a otras normas penales con el único propósito de establecer el monto de la pena”.
En este orden de ideas, aunque en ambos casos la Fiscalía modifica o elimina alguna circunstancia que afecta la punibilidad sin que tenga un respaldo en los hechos imputados y los medios de prueba, solo uno de ellos es legal: aquel que “solo se orienta a establecer el monto de la pena”.
Es decir, la Fiscalía puede asumir la pena del cómplice para quien, realmente, es autor, pero esa modificación debe estar dirigida, solamente, a la modificación de la pena. Esto significa que el sujeto será declarado penalmente responsable a título de autor y no de cómplice, pero, en virtud
realmente, es autor, pero esa modificación debe estar dirigida, solamente, a la modificación de la pena. Esto significa que el sujeto será declarado penalmente responsable a título de autor y no de cómplice, pero, en virtud de la aceptación de cargos, se le asigna la pena del segundo, como beneficio por someterse al mecanismo de terminación anticipada del proceso penal.
Obviamente, el marco de referencia para poder delimitar cuándo un preacuerdo modificó el delito o sus consecuencias es el escrito de acusación, trasladado conforme al procedimiento especial abreviado, y los hechos jurídicamente relevantes que lo constituyen.
De lo anterior se sigue que lo que el preacuerdo concede sin base fáctica —como la pena del cómplice para quien es autor — constituye el beneficio derivado de la negociación. En cambio, una circunstancia que sí tiene base fáctica, por estar respaldada en los hechos y en los elementos de conocimiento obrantes en la actuación, no es una concesión de las partes, sino una consecuencia que impone la ley. Esa distinción es la que permite determinar si, aprobado el preacuerdo, el reconoc imiento de una761226000167-2025-00158-01 (AC-681-25)
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atenuante no incluida en él constituye un beneficio adicional no pactado o la aplicación de la ley sustancial que el juez no puede desconocer.
Caso concreto
No hay discusión en que la Fiscalía, en virtud de la suscripción del acto de negociación, pactó la aplicación de la pena del cómplice, únicamente para efectos punitivos. A saber, una modificación en la calificación jurídica de la conducta sin base fáctica , pues, realmente, los
acto de negociación, pactó la aplicación de la pena del cómplice, únicamente para efectos punitivos. A saber, una modificación en la calificación jurídica de la conducta sin base fáctica , pues, realmente, los hechos que, desde el principio, fueron comunicados, dan a entender que MARCO TULIO CUASAPUD ARIAS era autor. Entonces, esa circunstancia constituye, en este sentido, el beneficio como consecuencia del preacuerdo.
Ahora bien, una vez aprobado el preacuerdo y anunciado el sentido del fallo, en la audiencia de que trata el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, la defensa, sin cuestionar la pena pactada, consideró que era procedente aplicar la circunstancia d e atenuación punitiva prevista en el artículo 268 del Código Penal, para rebajar esa pena a la mitad.
Sobre el particular, la Sala observa que el propietario estimó la cuantía de los bienes objeto del hurto en un millón doscientos mil pesos ($1.200.000). Esa suma es inferior al salario mínimo legal mensual vigente para 2025, año de los hechos, que era de un millón cuatrocientos veintitrés mil quinientos pesos ($1.423.500).
Tampoco se ocasionó un daño grave a la víctima, atendida su situación económica. Los bienes fueron recuperados en el lugar y entregados de manera definitiva a su propietario, en buen estado, según el acta de entrega FPJ -30 del 29 de junio de 2025. Es ciert o que en la entrevista FPJ-14 la víctima manifestó que el procesado dañó una de las cámaras internas del establecimiento y que el avalúo incluía ese daño. No
entrevista FPJ-14 la víctima manifestó que el procesado dañó una de las cámaras internas del establecimiento y que el avalúo incluía ese daño. No obstante, (i) aun incluyéndolo, el valor sigue siendo inferior al salario761226000167-2025-00158-01 (AC-681-25)
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mínimo11, y (ii) el daño relevante para efectos del artículo 268 es el ocasionado directamente con el desapoderamiento, no cualquier perjuicio sufrido en desarrollo de la conducta 12. Nada indica que el intento de apoderamiento de dos (2) básculas para pesar frutas, una (1) cámara de video, veinte (20) kilogramos de aguacate y diez (10) kilogramos de plátano haya afectado gravemente el patrimonio de la víctima, quien se identificó como comerciante y propietario del establecimiento.
La discusión, entonces, recae en si el procesado registraba antecedentes penales y si, aprobado el preacuerdo, era posible reconocer esa circunstancia. La respuesta a ese interrogante determinará si su reconocimiento corresponde a un ajuste de legalidad o a un doble beneficio.
El artículo 268 examinado señala que el sujeto será acreedor de la disminución de la pena, siempre y cuando, entre otras cosas, “ no tenga antecedentes penales”. En este caso, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol informó, mediante oficio del 30 de junio de 2025, que el procesado no registra antecedentes penales.
Las anotaciones que figuran a su nombre en el sistema SPOA corresponden a investigaciones en las que aparece como indiciado, víctima
procesado no registra antecedentes penales.
Las anotaciones que figuran a su nombre en el sistema SPOA corresponden a investigaciones en las que aparece como indiciado, víctima o denunciante, sin que se reporte condena alguna. Conforme con el artículo 248 de la Constitución Política, únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales tienen el carácter de antecedentes penales. Por la misma razón, las manifestaciones de la víctima sobre hurtos anteriores atribuidos al procesado carecen de incidencia en este punto.
11 Entrevista FPJ-14 rendida por Ricardo Andrés Bonilla Alarcón el 30 de junio de 2025. Pregunta: “¿Cuál es el valor de lo hurtado?”. Respuesta: “pues contando el daño de la cámara lo que el se había sacado de la bodega alrededor de un 1.200.000 pesos (millón doscientos mil pesos)”. 12 Véase: CSJ SP19096, 2 nov. 2016, rad. 47532: “A la luz de los criterios de interpretación semántico, sistemático y teleológico, aunados a la obligación de interpretar de manera restrictiva las normas de carácter represivo, debe asumirse que el artículo 268 del Código Penal hace alusión al daño ocasionado directamente con el desapoderamiento del bien, más no a cualquier perjuicio que la víctima haya sufrido en desarrollo de la conducta punible.”761226000167-2025-00158-01 (AC-681-25)
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La Corte Constitucional evaluó la correspondencia del artículo 373 del Decreto 100 de 1980, que coincide, en lo sustancial, con el artículo 268
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La Corte Constitucional evaluó la correspondencia del artículo 373 del Decreto 100 de 1980, que coincide, en lo sustancial, con el artículo 268 del Código Penal. La decisión C-148/98 señaló que:
“es razonable no conceder el beneficio de atenuación a una persona que ya haya incurrido en una conducta punible anterior, pues la norma pretende desestimular la reincidencia de conductas criminales. Tampoco se establece un trato discriminatorio injustificado, pues claramente se señala que quien cometa este tipo de conductas, por primera vez, tiene derecho a recibir un trato favorable”.
Así, la teleología del artículo 268 del Código Penal es, más bien, dar un tratamiento más favorable a quien, por primera vez, cometió un delito, presupuesto que se verifica respecto de quien, como el procesado, no registra condenas en firme en su contra.
En ese contexto, la circunstancia de atenuación punitiva prevista en el artículo 268 del Código Penal sí tiene una base fáctica y, por tanto, su reconocimiento se hace en cumplimiento al principio de legalidad, de modo que no se configura un doble beneficio. La única concesión derivada del preacuerdo sigue siendo la pena asignada al cómplice.
Tampoco se desconocen los términos del preacuerdo, en el que la degradación de autor a cómplice se pactó como “la única rebaja”, pues la disminución del artículo 268 es una consecuencia que impone la ley cuando concurren sus presupuestos. De hecho, tal ded ucción hace parte del derecho penal sustantivo. Por la misma razón, la Sala considera que la
disminución del artículo 268 es una consecuencia que impone la ley cuando concurren sus presupuestos. De hecho, tal ded ucción hace parte del derecho penal sustantivo. Por la misma razón, la Sala considera que la discusión sobre esa circunstancia no se agota durante la negociación, ya que los hechos que la sustentan constan en la actuación desde su inicio: (i) el avalúo de los bienes, (ii) la respuesta sobre antecedentes del 30 de junio de 2025 y (iii) el acta de entrega de los elementos del 29 de junio de 2025.
2. De la dosificación punitiva761226000167-2025-00158-01 (AC-681-25)
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2.1. Del orden en que operan las circunstancias modificadoras de la pena
Reconocida la procedencia de la circunstancia de atenuación punitiva prevista en el artículo 268 del Código Penal, corresponde a la Sala determinar el momento del proceso de individualización en el cual ha de producir sus efectos. De ello depende que su ap licación se ajuste al principio de legalidad de la pena y no altere los términos del acuerdo aprobado.
Conforme con el artículo 60 del Código Penal, “(...) el sentenciador deberá fijar, en primer término, los límites mínimos y máximos en los que se ha de mover. Para ello, y cuando hubiere circunstancias modificadoras de dichos límites (...)” 13, aplicará las reglas allí previstas. Solo después de determinado el ámbito punitivo procede su división en cuartos, la selección de aquel en el cual es posible oscilar y la fijación de la pena concreta,
de dichos límites (...)” 13, aplicará las reglas allí previstas. Solo después de determinado el ámbito punitivo procede su división en cuartos, la selección de aquel en el cual es posible oscilar y la fijación de la pena concreta, conforme con los criterios del artículo 61 del mismo Código.
La Corte Suprema de Justicia, en sentencia CSJ SP304 -2023, rad. 56099, precisó que las disminuciones punitivas originadas en fenómenos posdelictuales no afectan los extremos mínimo y máximo de punibilidad. Estos fenómenos difieren de las circunstancias que concurren con la comisión del delito y lo que hacen es modificar el quantum de la sanción ya determinada en aplicación de los artículos 60 y 61 del Código Penal.
De lo anterior se sigue, a contrario , que las circunstancias concomitantes a la conducta punible sí inciden en los extremos del marco punitivo y deben aplicarse antes de su división en cuartos. Son concomitantes aquellas que existían al momento de su ejecución.
Los aspectos concomitantes impactan en primera medida los límites punitivos, pues se estructuran al momento de la comisión de la conducta. Luego, el funcionario debe analizar los fenómenos posdelictuales, como el reintegro o las reducciones por aceptación de cargos.
13 Ley 599 de 2000, artículo 60.761226000167-2025-00158-01 (AC-681-25)
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La circunstancia del artículo 268 del Código Penal es de la primera categoría. Sus presupuestos son tres: (i) que el objeto material tenga un valor inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, (ii) que el agente
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La circunstancia del artículo 268 del Código Penal es de la primera categoría. Sus presupuestos son tres: (i) que el objeto material tenga un valor inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, (ii) que el agente no registre antecedentes penales y (i ii) que no se haya ocasionado grave daño a la víctima, atendida su situación económica. Todos se predican del hecho y de su autor al momento de la comisión del delito, y no de un comportamiento posterior a este. Por esa razón, a diferencia de la reparación prevista en el artículo 269 ídem, la reducción por la cuantía modifica los límites mínimo y máximo de la pena.
En cambio, el beneficio derivado del preacuerdo no se origina en la conducta punible, sino en un acto procesal posterior a ella: la aceptación de responsabilidad del procesado como contraprestación por la concesión otorgada por la Fiscalía. Se trata, enton ces, de un fenómeno posdelictual que debe producir sus efectos sobre la pena ya individualizada.
2.2. De los extremos punitivos
Conforme con el artículo 60 del Código Penal y el tipo penal aplicado al caso, los extremos punitivos que corresponden a la conducta objeto de la condena son los siguientes:
Delito Pena de prisión mínima Pena de prisión máxima Hurto calificado (artículos 239 y 240numeral 3del C.P.). 6 años (72 meses). 14 años (168 meses).
La conducta se ejecutó en grado de tentativa. Por ello, en aplicación del artículo 27 del Código Penal, la pena no puede ser menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo:
Extremo Operación Resultado
La conducta se ejecutó en grado de tentativa. Por
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