TSDJ BUG - Auto 76147310400120260007001 de 2026

Tribunal Superior de Buga

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Detalles

Título
TSDJ BUG - Auto 76147310400120260007001 de 2026
Autor
Tribunal Superior de Buga
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Penal
Año
2026

SENTENCIA DE

TUTELA

SEGUNDA INSTANCIA

Código: GSP-FT-49 Versión: 6 Fecha de Aprobación: 31/01/2025

¡C o m p rom e ti d o s c o n l a c a l i da d ! Calle 8 No. 14 – 47, piso 5, Despacho 05 1 Consejo Superior de la Judicatura Centro de Servicios Judiciales Control Garantías Buga

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA

SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

JOSÉ JAIME VALENCIA CASTRO

Radicación: 76-147-31-04-001-2026-00070-01 (T-2329-26).

Accionante: Patricia Polo Plazas

Accionado: Fiscalía General de la Nación – Comisión de la Carrera Especial FNG Guadalajara de Buga (Valle), octubre veintinueve (29) de dos mil veintiséis (2026)

I OBJETIVO

La Sala procede a resolver la impugnación presentada por la señora PATRICIA POLO PLAZAS contra la Sentencia No. 59 del 15 de octubre de 2026 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga, mediante la cual negó el amparo solicitado.

II ANTECEDENTES

1. La accionante narró que participó en el concurso de méritos FGN 2024 de la Fiscalía General de la Nación, el cual está regido por el Acuerdo No. 001 de 2025, aspirando al empleo denominado “SECRETARIO ADMINISTRATIVO I, código OPECE No. 1General de la Nación, el cual está regido por el Acuerdo No. 001 de 2025, aspirando al empleo denominado “SECRETARIO ADMINISTRATIVO I, código OPECE No. 1303-M-01-(67)”.

Afirma que superó todas las etapas del concurso , lo que le otorga la posibilidad de nombramiento.

Adujo que mediante respuesta a un a petición presentada el 1 de octubre de 2026 , el Subdirector de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación le informó queRadicación: 76-147-31-04-001-2026-00070-01 (T-2329-26).

Accionante: Patricia Polo Plazas

Accionado: Fiscalía General de la Nación – Comisión de la Carrera

Especial FNG

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la etapa de estudios de seguridad del cargo a que aspira “ya culminó” y que el Acuerdo No. 001 de 2025 no contempla un cronograma especifico de fechas ciertas para el desa rrollo de las etapas del concurso, sino que se desarrolla de manera gradual atendiendo a criterios operativos.

Con base en lo anterior, censura que no se haya fijado fecha para la citación a la audiencia pública, pues el artículo 46 del Acuerdo No. 001 de 2025 establece que: "Una vez realizado el estudio de seguridad a los elegibles con opción de nombramiento en relación con el número de vacantes ofertadas, la Subdirección de Talento Humano, previo al nombramiento en período de prueba, los citará a la audiencia pública de escogencia".

"Una vez realizado el estudio de seguridad a los elegibles con opción de nombramiento en relación con el número de vacantes ofertadas, la Subdirección de Talento Humano, previo al nombramiento en período de prueba, los citará a la audiencia pública de escogencia".

A la demanda anexó lo siguiente:

2. i) Resolución No. 0063 del 26 de marzo de 2026 . Este documento conforma la lista de elegibles para proveer sesenta y siete (67) vacantes definitivas del empleo

denominado “SECRETARIO ADMINISTRATIVO I, código OPECE No. 1 -303-M-01- (67)” en la modalidad de ingreso, concurso de méritos FGN 2024, donde la accionante figura en la posición No. 28 con un puntaje de 63.87.

  1. Respuesta del 1 de octubre de 2026 mediante la cual el Subdirector de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación indico que “la etapa de estudios de seguridad del empleo SECRETARIO ADMINISTRATIVO I, código OPECE No. 1303-M-01-(67) ya culmino, a la fecha este empleo se encuentra en la etapa de verificación de requisitos mínimos, inhabilidades e incompatibilidades que adelanta esta Subdirección” e igualmente que el Acuerdo No. 001 de 2025 “no contempla un cronograma específico ni fechas ciertas para el desarrollo de las etapas del concurso. Por lo que, la ejecución de cada una de las etapas del concurso se adelanta de manera progresiva y gradual, atendiendo a criterios técnicos, administrativos y operativos propios de un proceso de esta magnitud”.
  1. Acuerdo No. 001 de 2025, "Por el cual se convoca y establecen las reglas del

adelanta de manera progresiva y gradual, atendiendo a criterios técnicos, administrativos y operativos propios de un proceso de esta magnitud”.

  1. Acuerdo No. 001 de 2025, "Por el cual se convoca y establecen las reglas del concurso de méritos para proveer algunas vacantes definitivas en las modalidadesRadicación: 76-147-31-04-001-2026-00070-01 (T-2329-26).

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ascenso e ingreso, de la pl anta de personal de la Fiscalía General de la Nación pertenecientes al Sistema Especial de Carrera".

3. Mediante auto del 2 de octubre de 2026 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga resolvió admitir la acción de tutela.

4. El Dr. JOSÉ IGNACIO ANGULO MURILLO – Subdirector Nacional de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación -, informó que el Concurso de Méritos FGN 2024 comprende distintas etapas sucesivas, entre ellas, la convocatoria e inscripción, la verificación de requisit os mínimos, la aplicación de pruebas, la valoración de antecedentes, la conformación de listas de elegibles, los estudios de seguridad, la audiencia pública de escogencia de vacantes y los nombramientos en período de prueba.

Respecto de la OPECE objeto de controversia, señaló que al 28 de septiembre de

seguridad, la audiencia pública de escogencia de vacantes y los nombramientos en período de prueba.

Respecto de la OPECE objeto de controversia, señaló que al 28 de septiembre de 2026 los estudios de seguridad aún no habían culminado, pues se encontraba pendiente la remisión de uno de los informes requeridos, el cual fue recibido por la Subdirección de Talento Humano el 1 de octubre siguiente. Aclaró que la recepción de dicho documento no implicaba la programación inmediata de la audiencia pública, dado que era necesario revisar, validar y consolidar los 67 informes de seguridad para establecer cuáles elegibles cumplían las condicione s para continuar con el proceso.

Indicó que las etapas del concurso se desarrollan de manera progresiva y conforme a la secuencia procedimental establecida, sin que exista una fecha cierta para la realización de la audiencia pública, pues su programación depende de la culminación y verificación de las actuaciones previas, así como de las actividades administrativas, técnicas y logísticas necesarias para garantizar su adecuada realización.

Sostuvo que la ausencia de convocatoria no obedecía a una paralización o inactividad injustificada de la Administración, sino al cumplimiento de las actuaciones necesarias para garantizar los principios de legalidad, mérito, igualdad, transparencia y seguridad jurídica.Radicación: 76-147-31-04-001-2026-00070-01 (T-2329-26).

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Solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que la accionante dispone de otros mecanismos judiciales, como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrat ivo para velar por la protección de sus derechos, además de no acreditar la existencia de un perjuicio irremediable ni una vulneració n de sus derechos fundamentales que permita la procedencia excepcional del amparo solicitado.

5. El doctor CARLOS HUMBERTO MO RENO BERMÚDEZ – subdirector Nacional de

Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación -, manifestó que esa dependencia carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que su competencia se extiende hasta la conformación de las listas de elegibles.

III DECISIÓN IMPUGNADA

El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga en su Sentencia No. 59 del 15 de octubre de 2026 resolvió:

“PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela propuesto por la señora PATRICIA POLO PLAZAS, actuando en nombre propio, dentro de la presente actuación, conforme las razones expuestas”.

Para fundamentar lo decidido consideró:

“5. Del caso concreto y la presunta vulneración del derecho a la petición interpuesto por el accionante.

presente actuación, conforme las razones expuestas”.

Para fundamentar lo decidido consideró:

“5. Del caso concreto y la presunta vulneración del derecho a la petición interpuesto por el accionante.

Se planteó, dentro de la presente actuación, que el accionante participó en el concurso de méritos de la FGN, para el cargo de Secretario Administrativo l, obteniendo un lugar en el mismo.

Frente ese tópico, habrá de decirse que no merece reparo alguno, como quiera que obra en el plenario la Resolución 0063 del 26 de marzo deRadicación: 76-147-31-04-001-2026-00070-01 (T-2329-26).

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2026 que acredita ese particular aspecto, apreciándose que la señora PATRICIA POLO figura en el puesto 28, producto de sus resultados en el examen. Además, se destaca que, ninguna de las dependencias accionadas, presentó disenso alguno a ese respecto.

El punto de inflexión radica frente la eventual falta de programación para la audiencia pública de escogencia de vacantes y respecto lo cual alude ha recibido respuestas evasivas.

A ese respecto habrá de precisarse que conforme el contenido del escrito tuitivo, así como las respuestas vertidas por las dependencias accionadas, se desprende fácilmente que previo a la audiencia pública, se deben adelantar determinados trámites.

A ese respecto habrá de precisarse que conforme el contenido del escrito tuitivo, así como las respuestas vertidas por las dependencias accionadas, se desprende fácilmente que previo a la audiencia pública, se deben adelantar determinados trámites.

Es de anotar que, la accionante alega que los mismos ya se cumplieron, por ende, deviene necesario confrontar, con los distintos medios de prueba, i) cuál es el procedimiento que debe adelantar la entidad previo a la fijación de dicha audiencia; ii) evaluar si en efecto dicho procedimiento se ha culminado; iii) revisar el oficio de contestación radicado 2026301001275622 del 01 de octubre de 2026, cumple con los requisitos exigidos por el máximo órgano constitucional.

En ese orden, este Estrado Judicial asume dicha labor, debiendo destacar que el procedimiento que rige el concurso de méritos de la FGN año 2024, figura en las disposiciones contenidas en el Acuerdo No.001 de 2025.

No se discute entonces que, para la provisión definitiva de las vacantes, es indispensable adelantar estudios de seguridad de los aspirantes, los cuales se justifican tratándose del ente encargado de investigar hechos delictivos por mandato constitucional. Se advierte entonces que la información contenida en dichos informes debe verificarse con distintas fuentes externas para efectos de la evaluación del aspirante.Radicación: 76-147-31-04-001-2026-00070-01 (T-2329-26).

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Entiende este despacho que, una vez realizados los estudios de seguridad por los funcionarios competentes, se elabora el respectivo informe, ello con cada uno de los aspirantes que figuren en la lista de elegibles, y, adelantada dicha labor, corresponde corroborar y validar lo plasmado en el informe, se itera, con fuentes externas, lab or que evidentemente puede considerarse dispendiosa tratándose de un número plural de aspirantes, todo ello, para finalmente fijar fechas de audiencia pública para la escogencia de vacantes.

Establecido el procedimiento que se adelanta, lo cual se despren de del Acuerdo citado precedentemente, corresponde a esta instancia verificar en cuál etapa se encuentra la accionante y si hay lugar a exigir fecha de audiencia pública.

A este respecto se debe decir que como bien lo destacó la tutelante, ya se adelantó estudio de seguridad, derivado de la visita domiciliaria efectuada el 12 de mayo de 2026 por la funcionaria Xiomara Villabon Fuentes y que el mismo, en parte, ya culminó. Lo anterior se desprende del oficio radicado 2026301001275622 del 01 de octubre de 2026, el cual cobra vertebral importancia.

Mírese que la tutelante, erradamente, manifestó que en dicho oficio, se le informó que la etapa de seguridad ya culminó. Sin embargo, revisado

cobra vertebral importancia.

Mírese que la tutelante, erradamente, manifestó que en dicho oficio, se le informó que la etapa de seguridad ya culminó. Sin embargo, revisado el oficio, se aprecia que cercenó parte de la respuesta, en el entend ido que, seguidamente, precisaron que se encuentran en la etapa de verificación de requisitos mínimos, inhabilidades e incompatibilidades.

En ese orden, emerge diáfano que, actualmente están verificando los informes de seguridad con demás información, co mo se ha venido refiriendo, con fuentes externas. Es decir, la Subdirección de Talento de la FGN no desconoce que cuentan con los informes, los cuales son de carácter reservado, pero, agregan que, adelantan la verificaciónRadicación: 76-147-31-04-001-2026-00070-01 (T-2329-26).

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pertinente, propia del procedimie nto como se expuso en los párrafos anteriores.

Como pasa de verse, en este estadio del procedimiento, no surgiría procedente programar la audiencia pública, puesto que, como bien lo sabe la accionante, primero deben culminarse los estudios de seguridad, pero, además, dicha información debe confrontarse, y, una vez verificado ese conglomerado, correspondiente a 67 personas aspirantes, se debe adelantar la aludida audiencia. De tal suerte, todos los aspirantes deben

pero, además, dicha información debe confrontarse, y, una vez verificado ese conglomerado, correspondiente a 67 personas aspirantes, se debe adelantar la aludida audiencia. De tal suerte, todos los aspirantes deben estar debidamente validados, antes de la diligencia.

Esa información fue explícitamente contestada a la accionante mediante oficio radicado 2026301001275622 del 01 de octubre de 2026, citado a lo largo de este proveído, y que la accionante alega corresponde a una respuesta evasiva.

El sentir de la tutelante se separa diametralmente de la realidad fáctica y probatoria, en el entendido que, si bien no obtuvo la respuesta deseada, consistente en la fijación de la fecha, lo cierto es que se le informó lo relativo al avance en los estudios de seguridad, igualmente la etapa en la cual se encuentran y, además, destacaron que por dichos motivos se encuentran imposibilitados para fijar fecha de audiencia pública, puesto que, debe validarse lo relativo a todos los aspirantes, por demás, bastantes numerosos.

Así mismo, con ocasión a esta acción constitucional, se amplió que, actualmente, dado el servicio que se presta, adelantan rigurosamente los cargos de Grupo de Fiscalía y posteriormente insistirán con el Grupo Misional, del cual hace parte el cargo de secretario Administrativo l.

Por ende, resulta palmario que no se ha fijado fecha de audiencia pública en tanto aún no culminan las etapas precedentes, así como también queRadicación: 76-147-31-04-001-2026-00070-01 (T-2329-26).

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dichas etapas son dispendiosas, máxime tratándose de multiplicidad de cargos y vacantes con las cuales se debe adelantar dicha labor.

Por ahora, dado el cúmulo de vacantes y cargos que deben abarcar, a juicio de este despacho, surge creíble que no sea posible generar expectativas de fecha, pues, en ese orden, no se ha definido las l istas de elegibles, sin embargo, a medida que reduzcan dicho compendio, posiblemente se encuentren habilitados a ese respecto, o en su defecto proporcionar una respuesta más precisa en ese sentido, donde relacionen un segmento temporal tentativo.

No olvidemos a ese respecto que dichas peticiones no pueden eludirse permanentemente, pues, ello generaría un estado de incertidumbre y evidentemente desconocerían el mérito obtenido.

Como ese contexto no se aprecia a la hora de resolver este fallo, la respuesta que se otorgó en dicho oficio, por demás hace escasos quince días, en sentir de esta judicatura, habría sido resuelto de manera congruente, precisa y de fondo, independiente que no sea en los términos anhelados por la accionante.

Por lo tanto, este despacho dispondrá NEGAR el amparo de tutela, por cuanto, no le asistiría razón a la accionante”.

IV IMPUGNACIÓN

términos anhelados por la accionante.

Por lo tanto, este despacho dispondrá NEGAR el amparo de tutela, por cuanto, no le asistiría razón a la accionante”.

IV IMPUGNACIÓN

La accionante impugnó el fallo de tutela, argumentó que:

“El fallo de primera instancia debe ser revocado porque el Despacho incurrió en un grave defecto de incongruencia al modificar y reducir la controversia planteada (fallo extra petita), evaluando erradamente el caso como una simple vulneración al derecho de petición, ignorando mis pretensiones reales de amparo frente al debido proceso y al acceso aRadicación: 76-147-31-04-001-2026-00070-01 (T-2329-26).

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cargos públicos. Además, validó excusas administrativas que son falsas según las propias confesiones de la entidad accionada y desconoció el precedente del órgano de cierre aplicable a este concurso.

1. Defecto de incongruencia: El debate real no es el derecho de petición, sino el debido proceso, la igualdad y el acceso a cargos públicos. En el acápite "Objeto de la Decisión", la sentencia impugnada enmarca la controversia única y exclusivamente frente a la "presunta vulneración al derecho fundamental de petición". Esto constituye una grave desviación

acápite "Objeto de la Decisión", la sentencia impugnada enmarca la controversia única y exclusivamente frente a la "presunta vulneración al derecho fundamental de petición". Esto constituye una grave desviación del litigio. En mi escrito de tutela, mis pretensiones principales consistieron en tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a cargos públicos, los cuales están siendo transgredidos por la parálisis administrativa de la FGN.

Al reducir el problema jurídico a un mero derecho de petición, el a quo avaló la respuesta evasiva de la entidad, concluyendo equivocadamente que con solo emitir una respuesta se superaba la vulneración. El juez de primera instancia eludió pronunciarse de fondo sobre la verdadera exigencia constitucional: la materialización de mi derecho al acceso al cargo meritorio ganado en el concurso, mediante la programación de la audiencia pública exigida en la ley.

2. Error de hecho por indebida valoración probatoria (Los estudios de seguridad ya terminaron): El Despacho justificó la negativa de amparo asumiendo como cierta la afirmación de la entidad de que "se encuentran pendientes de verificar la validez de 67 informes de seguridad" y que "actualmente están verificando los informes... con fuentes externas".

Esa premisa fáctica es completamente falsa y ha sido desvirtuada por la propia FGN. Tal como lo aporto como prueba en esta impugnación, mediante respuestas oficiales posteriores (Oficios Radicados No. 2026301001354352 y 2026301001268252), la Subdirección de Talento Humano confesó expresamente que la totalidad de los estudios deRadicación: 76-147-31-04-001-2026-00070-01 (T-2329-26).

2026301001354352 y 2026301001268252), la Subdirección de Talento Humano confesó expresamente que la totalidad de los estudios deRadicación: 76-147-31-04-001-2026-00070-01 (T-2329-26).

Accionante: Patricia Polo Plazas

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seguridad para la OPECE 1 -303-M-01-(67) (incluyendo el mío) fueron finalizados y verificados en su integridad el 16 de julio de 2026.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el Acuerdo 001 de 2025 indica que posterior a la finalización de los estudios de seguridad, no existe etapa posterior, sino que se llevaría a cabo la audiencia publica de escogencia, la FGN está incumpliendo lo estipulado.

Al estar la etapa habilitante probadamente finalizada desde hace tres meses, la omisión de citar a la audiencia pública configura una dilación injustificada que atenta contra el principio de mérito.

3. Desconocimiento del precedente del Consejo de Estado (Límite máximo de 4 meses): El a quo legitimó la inactividad de la accionada al aceptar su argumento de que priorizarán al "Grupo Fiscalía" y luego harán lo pertinente con el "Grupo Misional", avalando que la entidad retrase la provisión de empleos a su arbitrio.

Esta validación contraviene de forma directa la jurisprudencia del H.

harán lo pertinente con el "Grupo Misional", avalando que la entidad retrase la provisión de empleos a su arbitrio.

Esta validación contraviene de forma directa la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, Sec ción Quinta, que en Sentencia de Segunda Instancia del 24 de septiembre de 2026 (Rad. 81001 -23-39-000-202600035-01) resolvió una controversia idéntica frente al Concurso FGN

2024. El máximo tribunal determinó que la Fiscalía no puede prolongar la etapa previa ni dilatar el procedimiento indefinidamente, dictaminando que el plazo total para realizar estudios de seguridad y convocar la audiencia de escogencia "en ningún evento puede ser superior a 4 meses" contados desde la firmeza de la lista. Habiendo adquirido firmeza la lista desde marzo de 2026, el plazo venció sobradamente en julio, lo que hace exigible la intervención inmediata del juez de tutela para salvaguardar el debido proceso”.Radicación: 76-147-31-04-001-2026-00070-01 (T-2329-26).

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Con base a ello, solicita se ordene a la Fiscalía General de la Naci ón, Subdirección de Talento Humano, realice la citación a audiencia pública de escogencia de vacantes.

V CONSIDERACIONES

1. Competencia

Con base a ello, solicita se ordene a la Fiscalía General de la Naci ón, Subdirección de Talento Humano, realice la citación a audiencia pública de escogencia de vacantes.

V CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para resolver la impugnación, ello con fundamento en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y a lo establecido en el Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, artículo 2.2.3.1.2.1 numeral 2.

2. Problema jurídico

En atención a los argumentos de la impugnante, correspondería a la Sala dilucidar si el a quo erró al negar el amparo solicitado. Sin embargo, dicho análisis no es viable, pues se advierte una irregularidad sustancial que obliga a invalidar el fallo impugnado.

En orden a fundamentar lo anterior es pertinente señalar que el derecho al debido proceso comprende la posibilidad de que los sujetos procesales conozcan y controviertan los argumentos que sustentan las decisiones judiciales adversas a sus intereses, lo cual exige que estas sean debidamente motivadas.

La exposición razonada de los fundament os fácticos, probatorios y jurídicos de una decisión judicial no solo garantiza el derecho de defensa, sino que también permite descartar actuaciones arbitrarias. Por ello, las providencias que afectan los intereses de las personas deben estar debida y suficientemente fundamentadas, de modo que quienes se consideren agraviados conozcan las razones que sustentan la decisión y puedan controvertirlas mediante los recursos pertinentes.

En consecuencia, la falta de motivación de una decisión de tutela constituye una

quienes se consideren agraviados conozcan las razones que sustentan la decisión y puedan controvertirlas mediante los recursos pertinentes.

En consecuencia, la falta de motivación de una decisión de tutela constituye una irregularidad sustancial que trasciende el ámbito del simple error judicial, puesRadicación: 76-147-31-04-001-2026-00070-01 (T-2329-26).

Accionante: Patricia Polo Plazas

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desconoce el deber constitucional de los jueces de exponer con claridad los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan sus providencias.

La Corte Constitucional en sentencias como la C -590 de 2005 y la T -233 de 2007, ha precisado que una decisión carente de motivación configura un defecto sustantivo o material y, por tanto, incluso una causal autónoma de procedencia de la tutela contra tutela, en tanto convierte la providencia en un mero acto de voluntad arbitrario y desprovisto de legitimidad. La omisión de esa naturaleza vulnera gravemente el derecho fundamental al debido proceso y el principio de publicidad de las decisiones judiciales, pues impide a las partes conocer las razones del fallo y ejercer adecuadamente su derecho de contradicción, comprometiendo así la esencia misma de la función jurisdiccional, 1 con evidente perjuicio del princi pio de doble instancia, respecto al cual la mencionada colegiatura 2 consideró que “El principio de la doble

adecuadamente su derecho de contradicción, comprometiendo así la esencia misma de la función jurisdiccional, 1 con evidente perjuicio del princi pio de doble instancia, respecto al cual la mencionada colegiatura 2 consideró que “El principio de la doble instancia es un elemento fundamental del derecho al debido proceso. Dicho principio se materializa, principalmente, mediante el recurso de apelació n o de impugnación, toda vez que permite la controversia de una decisión judicial por parte de quien tiene interés en ella o le resulta desfavorable, para que sea revisada por parte del superior jerárquico. Por su relevancia e intrínseca relación con el de bido proceso, la Corte le ha reconocido a la doble instancia una triple condición: derecho, garantía y principio3”.

La meta de todo proceso judicial se alcanza de mejor forma cuando se ponen en discusión los argumentos y contraargumentos, pues en definit iva se trata de un proceso dialéctico; por ello las decisiones judiciales deben ser motivadas, lo que implica que es necesario que en las mismas se respondan las propuestas fácticas, probatorias y jurídicas de quienes intervienen en el trámite, exigencia d e la cual no se escapa las sentencias proferidas en el trámite de la acción de tutela.

1 Sentencia T-041/18. 2 Sentencia T-715/17 3 Corte Constitucional. Sentencia T -388 de 2015. Su condición de derecho se explica porque “cuando el ordenamiento jurídico le confiere a una persona la potestad o prerrogativa de hacer uso de un recurso contra una providencia judicial, ante el superior jer árquico que la profirió; este sujeto está en la posibilidad de hacer efectivo dicho poder” . Su condición de garantía, al

uso de un recurso contra una providencia judicial, ante el superior jer árquico que la profirió; este sujeto está en la posibilidad de hacer efectivo dicho poder” . Su condición de garantía, al “salvaguardar bienes más caros al ordenamiento como el debido proceso, el acceso a la administración de justicia o la credibilidad y co nfianza de la administración de justicia” . Y su condición de principio, toda vez que “orienta la lectura las disposiciones procesales y, en particular las disposiciones de orden sancionatorio”.Radicación: 76-147-31-04-001-2026-00070-01 (T-2329-26).

Accionante: Patricia Polo Plazas

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CASO CONCRETO

La señora PATRICIA POLO PLAZAS presentó acción de tutela contra la Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación por considerar que estaba demorando fijar fecha cierta para la audiencia pública de escogencia de vacantes, pese a la culminación de los estudios de seguridad de los elegibles.

Sostuvo que dicha situación vulnera su derecho al debido proceso administrativo, pues le impide acceder al cargo público al que aspiró y para el cual obtuvo una posición meritoria.

Se advierte que la sentencia de primera instancia carece de la motivación suficiente para resolver integralmente el problema jurídico planteado, circunstancia que impone su invalidación. En efecto, del escrito de tutela se desprende que la señora

Se advierte que la sentencia de primera instancia carece de la motivación suficiente para resolver integralmente el problema jurídico planteado, circunstancia que impone su invalid

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