TSDJ BUG - Sentencia 76109318700120260003800 de 2026

Tribunal Superior de Buga

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Detalles

Título
TSDJ BUG - Sentencia 76109318700120260003800 de 2026
Autor
Tribunal Superior de Buga
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Penal
Año
2026

Consejo Superior de la Judicatura Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga

SENTENCIA DE TUTELA

SEGUNDA INSTANCIA

Código: GSP-FT-46 Versión: 6 Fecha de Aprobación: 31/01/2025

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA

SALA PENAL DE DECISIÓN CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente:

ANA MILENA DIAZ GONZALEZ

Discutido y aprobado según Acta No. 860 Guadalajara de Buga, cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiséis (2026)

1. OBJETO DE LA DECISIÓN Resolver la impugnación interpuesta por la señora RUBIELA VIVEROS ANGULO, actuando en calidad de hermana y apoyo judicial temporal de NIMIA ESDEILA VIVEROS ANGULO, contra la sentencia de tutela No. 053 de siete (07) de octubre de dos mil veintiséis (2026), emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buenaventura.

2. ANTECEDENTES

La señora RUBIELA VIVEROS ANGULO, actuando en nombre propio y en calidad de hermana y apoyo judicial temporal de NIMIA ESDEILA VIVEROS ANGULO, presentó acción de tutela contra la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP, al considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, vida en condiciones dignas, petición, igualdad, mínimo vital y sustitución pensional de su representada.

Como fundamento de su solicitud, manifestó que su hermana presenta secuelas de

vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, vida en condiciones dignas, petición, igualdad, mínimo vital y sustitución pensional de su representada.

Como fundamento de su solicitud, manifestó que su hermana presenta secuelas de esquizofrenia hebefrénica en etapa residual, retardo mental grave con alteración comportamental significativa y trastorno del habla secundario, condiciones que, según indicó, la ubican en una situación de especial protección constitucional.

RADICACIÓN: 76-109-31-87-001-2026-00038-00 (T2-02213-26)

ACCIONANTE:

AGENTE OFICIOSA:

NIMIA ESDEILA VIVEROS ANGULO

RUBIELA VIVEROS ANGULO

ACCIONADO: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP P2

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Relató que el señor BALBINO VIVEROS PANAMEÑO, padre de NIMIA ESDEILA VIVEROS ANGULO, falleció el 25 de julio de 2020, motivo por el cual, el 2 de febrero de 2026, presentó ante la UGPP solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de su hermana, en calidad de hija inválida. Señaló que para tal efecto aportó, entre otros documentos, el dictamen de pérdida de capacidad laboral, con porcentaje superior al 50 % y fecha de

hermana, en calidad de hija inválida. Señaló que para tal efecto aportó, entre otros documentos, el dictamen de pérdida de capacidad laboral, con porcentaje superior al 50 % y fecha de estructuración correspondiente a su nacimiento, así como la constancia de ejecutoria.

Indicó que, ante la falta de respuesta de la entidad, promovió una acción de tutela anterior, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura, despacho que ordenó a la UGPP emitir el correspondiente acto administrativo y notificarlo.

Expuso que, en cumplimiento de lo anterior, la entidad expidió la Resolución RDP 012598 del 9 de julio de 2026, mediante la cual reconoció una pensión de sobrevivientes a favor de NIMIA ESDEILA VIVEROS ANGULO, en calidad de hija inválida del causante, en un porcentaje del 100 %, con carácter temporal mientras subsista su estado de invalidez y con efectos fiscales a partir del 1.º de julio de 2023.

No obstante, sostuvo que, pese al reconocimiento pensional, habían transcurrido más de siete meses sin que la UGPP efectuara la inclusión de su hermana en la nómina de pensionados, situación que, a su juicio, afectaba sus derechos fundamentales, particularmente el mínimo vital, la igualdad y el debido proceso.

Con fundamento en lo anterior, solicitó que se ordenara a la UGPP efectuar la inclusión en nómina y el pago de la pensión reconocida; liquidar y cancelar las mesadas adicionales a que hubiera lugar, así como los intereses correspondientes, si fueren proced entes, y garantizar el pago mensual de la prestación.

3. ACTUACIÓN PROCESAL

hubiera lugar, así como los intereses correspondientes, si fueren proced entes, y garantizar el pago mensual de la prestación.

3. ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante Auto Interlocutorio No. 1 060 de 29 de septiembre de 2026, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buenaventura avocó el conocimiento de la presente acción de tutela, dispuso correr traslado de la demanda a la entidad accionada y a las entidades vinculadas, concediéndoles el término de dos (2) días para ejercer su derecho de defensa y contradicción.

4. RESPUESTAS3

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El CONSORCIO FOPEP 2022 , en calidad de administrador fiduciario del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP, manifestó que su función se limita a ejecutar el pago de las mesadas pensionales, con fundamento en las novedades reportadas por la UGPP, entidad a la que corresponde reconocer, liquidar y reportar las prestaciones para su inclusión en nómina. Indicó que, verificada su base de datos con corte a septiembre de 2026, no encontró reporte de inclusión de NIMIA ESDEILA VIVEROS ANGULO, razón por la cual no era posi ble efectuar el pago. En consecuencia, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su

inclusión de NIMIA ESDEILA VIVEROS ANGULO, razón por la cual no era posi ble efectuar el pago. En consecuencia, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación del trámite; adicionalmente, pidió la vinculación del Ministerio del Trabajo, por considerar que representa legalmente al FOPEP.

El JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA , por conducto de su titular, informó que conoció una acción de tutela promovida por NIMIA ESDEILA VIVEROS ANGULO contra la UGPP, radicada bajo el número 76 -109-31-05-003-2026-10021-00, la cual fue resuelta mediante Sentencia No. 037 del 24 de abril de 2026. Indicó que en dicha providencia amparó los derechos fundamentales de petición y debido proceso administrativo y ordenó a la UGPP culminar el trámite de reconocimiento pensional y expedir y notificar el acto administrativo correspondiente. Señaló que el expediente se encontraba fallado y sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales de la accionante, pues actuó diligentemente y realizó las notificaciones correspondientes. Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la acción de tutela en su contra y manifestó su disposición de cumplir lo que se dispusiera en este trámite constitucional.

5. SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia No. 053 de 7 de octubre de 2026, emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buenaventura, resolvió:

6. RECURSO4

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Penas y Medidas de Seguridad de Buenaventura, resolvió:

6. RECURSO4

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La señora RUBIELA VIVEROS ANGULO, actuando como agente oficiosa de NIMIA ESDEILA VIVEROS ANGULO, impugnó oportunamente la Sentencia de Tutela No. 053 de 7 de octubre de 2026, mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado. Pidió revocar la decisión y, en su lugar, conceder la protección de los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, vida digna y debido proceso administrativo.

Como fundamento de su inconformidad, sostuvo que el juzgado realizó un análisis insuficiente de la subsidiariedad, al señalar la existencia de una demanda ejecutiva ante la jurisdicción contencioso-administrativa sin examinar su idoneidad y eficacia frente a las condiciones de discapacidad de la beneficiaria. Señaló que la UGPP ya había reconocido la sustitución pensional mediante Resolución RDP 012598 de 9 de julio de 2026, pero no había efectuado el reporte para su inclusión en nómina ni materializado el pago de las mesadas, situación que, a su juicio, prolongaba la afectación de sus derechos fundamentales.

Asimismo, cuestionó que se exigiera una nueva reclamación administrativa para consultar el estado del trámite, pese a que la entidad debía ejecutar el acto de reconocimiento pensional.

prolongaba la afectación de sus derechos fundamentales.

Asimismo, cuestionó que se exigiera una nueva reclamación administrativa para consultar el estado del trámite, pese a que la entidad debía ejecutar el acto de reconocimiento pensional. Alegó que el silencio de la UGPP y la presunción de veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 no fueron valorados adecuadamente, y que la decisión desconoció los términos establecidos en los artículos 1.º de la Ley 717 de 2001 y 3.º y 4.º de la Ley 700 de 2001 para el reconocimiento y pago de las prestaciones pensionales.

En consecuencia, solicitó revocar la sentencia impugnada, conceder el amparo y ordenar a la UGPP adelantar las actuaciones necesarias para hacer efectiva la resolución de reconocimiento, incluida la liquidación, el reporte al FOPEP y la inclusión en nómina, así como garantizar el pago de las mesadas causadas. Subsidiariamente, pidió conceder la protección como mecanismo transitorio y adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento efectivo del acto administrativo

7. CONSIDERACIONES

7.1. Competencia. El Tribunal es competente para decidir la impugnación propuesta por expresa autorización del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, al ser esta Corporación el superior jerárquico del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buenaventura.

7.2. Problema jurídico.5

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de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buenaventura.

7.2. Problema jurídico.5

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Corresponde a la Sala determinar si resulta procedente confirmar o revocar la sentencia de primera instancia, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela promovida por RUBIELA VIVEROS ANGULO, como agente oficiosa de NIMIA ESDEILA VIVEROS A NGULO, contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, al considerar que no se acreditó el requisito de subsidiariedad ni la existencia de un perjuicio irremediable, pese a que la sustitución pensional ya había sido reconocida mediante Resolución RDP 012598 de 9 de julio de 2026, sin que se hubiera materializado la inclusión en nómina y el pago de la prestación, atendiendo a los argumentos de la impugnación, según los cuales el medio judicial señalado por el a quo no resulta idóneo ni eficaz frente a las condiciones particulares de la beneficiaria, y se desconocieron la presunción de veracidad derivada del silenc io de la entidad accionada y los términos legales establecidos para hacer efectivo el pago de la prestación pensional.

7.3. Requisitos de procedibilidad. La legitimación por activa se encuentra acreditada, toda vez que la señora RUBIELA VIVEROS

términos legales establecidos para hacer efectivo el pago de la prestación pensional.

7.3. Requisitos de procedibilidad. La legitimación por activa se encuentra acreditada, toda vez que la señora RUBIELA VIVEROS ANGULO, actuando como agente oficiosa de su hermana NIMIA ESDEILA VIVEROS ANGULO, promovió la presente acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, vida digna y debido proceso administrativo, que estima vulnerados ante la falta de inclusión en nómina y pago de la sustitución pensional reconocida a su favor por la UGPP.

La legitimación por pasiva también se satisface, pues la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP es la entidad a la que se atribuye la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados, por no haber adelantado las actuaciones necesarias para materializar el reconocimiento pensional. Por su parte, el FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL – FOPEP, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y el JUZGADO TERCERO LABORA L DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA fueron vinculados al trámite constitucional, en atención a los hechos expuestos y a las competencias e intervenciones que podrían tener relación con la controversia.

En cuanto al requisito de inmediatez, se encuentra satisfecho, pues la acción de tutela se promovió ante la presunta vulneración de los derechos fundamentales derivada de la falta de materialización de la sustitución pensional reconocida mediante Resolució n RDP 012598 del 9

En cuanto al requisito de inmediatez, se encuentra satisfecho, pues la acción de tutela se promovió ante la presunta vulneración de los derechos fundamentales derivada de la falta de materialización de la sustitución pensional reconocida mediante Resolució n RDP 012598 del 9 de julio de 2026, situación que persistía al momento de acudir al mecanismo constitucional, particularmente por la ausencia de reporte para la inclusión en nómina y el consecuente pago de las mesadas.6

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Respecto de la subsidiariedad, debe recordarse que la acción de tutela tiene carácter residual; sin embargo, su procedencia exige valorar, en concreto, la idoneidad y eficacia de los mecanismos judiciales ordinarios, atendiendo las circunstancias particulares de quien solicita la protección. En asuntos relacionados con el reconocimiento y pago de prestaciones pensionales, dicho análisis debe considerar, además, las condiciones de vulnerabilidad del beneficiario y la posible afectación de sus derechos fundamentales.

En el presente asunto, la controversia no se dirige al reconocimiento del derecho pensional, pues este ya fue concedido por la UGPP mediante el acto administrativo referido, sino a la falta de materialización de sus efectos, ante la ausencia de inclusión en nómina y pago de la prestación. En consecuencia, corresponde a la Sala examinar si el medio judicial señalado por la primera instancia resulta idóneo y eficaz para obtener la protección reclamada, teniendo en cuenta las

En consecuencia, corresponde a la Sala examinar si el medio judicial señalado por la primera instancia resulta idóneo y eficaz para obtener la protección reclamada, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la ben eficiaria, su situación de discapacidad y la naturaleza de los derechos cuya protección se solicita.

Ahora bien, frente a la inconformidad planteada por la agente oficiosa en la impugnación, la Sala advierte que cuestiona la conclusión del juzgado de primera instancia sobre la falta de acreditación del requisito de subsidiariedad y la inexistencia de un p erjuicio irremediable. Sostiene que no se valoraron adecuadamente las condiciones de salud de la beneficiaria, la falta de pago de la prestación ya reconocida, el silencio de la UGPP y la presunción de veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. Asimismo, señala que no resultaba razonable exigir nuevas reclamaciones administrativas para obtener la ejecución del acto de reconocimiento pensional.

En consecuencia, estos argumentos serán examinados por la Sala al resolver la impugnación, a partir de las razones expuestas en la sentencia de primera instancia, los planteamientos de la recurrente y los documentos obrantes en el expediente, con el fin de establecer si resulta procedente confirmar o revocar la decisión cuestionada.

7.4 Fundamentos Jurídicos 7.4.1. Del derecho fundamental a la seguridad social. El artículo 48 de la Constitución Política reconoce la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio y un derecho irrenunciable de todas las personas, cuya prestación debe sujetarse a los principios de eficiencia, universalidad y solida ridad, bajo la dirección, coordinación y control del Estado.7

de carácter obligatorio y un derecho irrenunciable de todas las personas, cuya prestación debe sujetarse a los principios de eficiencia, universalidad y solida ridad, bajo la dirección, coordinación y control del Estado.7

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En desarrollo de este mandato, el sistema de seguridad social busca proteger a las personas frente a las contingencias que afectan su capacidad económica y sus condiciones de vida. En materia pensional, dicha garantía comprende no solamente el reconocimien to de las prestaciones a que haya lugar, sino también su efectividad, de manera que los beneficiarios puedan acceder oportunamente a los recursos que les han sido reconocidos.

En ese sentido, el reconocimiento de una prestación pensional debe traducirse en su materialización efectiva, pues la falta de ejecución de los trámites necesarios para su pago puede comprometer el goce real del derecho a la seguridad social.

7.4.2. Del derecho fundamental al mínimo vital. El mínimo vital, derivado de los principios de dignidad humana y Estado Social de Derecho consagrados en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política, constituye una garantía que permite a las personas contar con las condiciones materiales indispensable s para atender sus necesidades básicas y llevar una existencia digna.

La Corte Constitucional ha señalado que este derecho adquiere especial relevancia cuando se trata de personas que, por sus condiciones particulares, dependen de una prestación económica para satisfacer sus necesidades esenciales. Por ello, la falta de pago de una mesada

La Corte Constitucional ha señalado que este derecho adquiere especial relevancia cuando se trata de personas que, por sus condiciones particulares, dependen de una prestación económica para satisfacer sus necesidades esenciales. Por ello, la falta de pago de una mesada pensional puede comprometer el mínimo vital, especialmente cuando el beneficiario se encuentra en una situación de vulnerabilidad y carece de otros medios para garantizar su subsistencia.

7.4.3. Del derecho fundamental a la vida en condiciones dignas. El artículo 11 de la Constitución Política establece que el derecho a la vida es inviolable. Esta garantía debe interpretarse en armonía con el principio de dignidad humana, consagrado en el artículo 1 de la misma normativa, que constituye uno de los funda mentos del Estado Social de Derecho.

En ese contexto, la protección de la vida no se limita a la conservación de la existencia biológica, sino que comprende la posibilidad de contar con las condiciones materiales necesarias para desarrollar una existencia digna. Por tanto, el acceso efectivo a las prestaciones de seguridad social puede constituir un elemento esencial para garantizar condiciones adecuadas de subsistencia, particularmente respecto de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.

7.4.4. Del derecho fundamental al debido proceso administrativo.8

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El artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso se aplicará a toda clase

Correo electrónico sspenbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co 8

El artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Esta garantía exige que las autoridades adelanten sus actuaciones con observancia de las normas que regulan cad a procedimiento, respetando los derechos de los administrados y adoptando decisiones oportunas y debidamente comunicadas.

En materia de seguridad social, el debido proceso administrativo comprende el deber de las entidades competentes de adelantar de manera diligente los trámites relacionados con el reconocimiento y efectividad de las prestaciones, evitando dilaciones injustificadas que impidan a los beneficiarios acceder a los derechos reconocidos.

En consecuencia, la actuación administrativa no se agota con la expedición de un acto de reconocimiento cuando todavía se encuentran pendientes las gestiones necesarias para hacer efectiva la prestación, pues estas también deben desarrollarse con sujeción a los principios de eficacia y celeridad.

7.4.5. Del derecho fundamental de petición. El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental de petición, que faculta a toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y obtener una respuesta pronta, clara, de fondo y congruente con lo solicitado.

Por su parte, la Ley 1755 de 2015 regula el ejercicio de este derecho y establece los términos y condiciones en que deben resolverse las peticiones. Su garantía no se satisface con la simple recepción de una solicitud, sino que exige una respuesta oportuna y efectiva por parte de la autoridad competente.

7.5. Caso concreto Descendiendo al asunto objeto de estudio, corresponde a la Sala determinar si la decisión

recepción de una solicitud, sino que exige una respuesta oportuna y efectiva por parte de la autoridad competente.

7.5. Caso concreto Descendiendo al asunto objeto de estudio, corresponde a la Sala determinar si la decisión adoptada por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buenaventura, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela promovida por RUBIELA VIVEROS ANGULO, como agente oficiosa de su hermana NIMIA ESDEILA VIVEROS ANGULO, contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, debe confirmarse o revocarse, teniendo en cuenta lo s argumentos expuestos en el escrito de impugnación, relacionados con la falta de inclusión en nómina y pago de la sustitución pensional previamente reconocida a favor de la beneficiaria.9

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De las pruebas obrantes en el expediente se advierte que la señora NIMIA ESDEILA VIVEROS ANGULO presenta diagnóstico de esquizofrenia hebefrénica en etapa residual, retardo mental grave con alteración comportamental significativa y trastorno del habla secundario, condiciones que dan cuenta de su situación de discapacidad. Asimismo, se encuentra acreditado que su progenitor, BALBINO VIVEROS PANAMEÑO, falleció el 25 de julio de 2020 y que, con ocasión

que dan cuenta de su situación de discapacidad. Asimismo, se encuentra acreditado que su progenitor, BALBINO VIVEROS PANAMEÑO, falleció el 25 de julio de 2020 y que, con ocasión de su condición de hija con discapacidad , solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la sustitución pensional el 2 de febrero de 2026.

Igualmente, se observa que, luego de acudir a una acción de tutela anterior, conocida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura, mediante la cual se ordenó a la entidad culminar el trámite administrativo y emitir una decisión de fondo, la UGPP expidió la Resolución RDP 012598 del 9 de julio de 2026, por medio de la cual reconoció a la señora NIMIA ESDEILA VIVEROS ANGULO la sustitución pensional en calidad de hija con discapacidad , en un porcentaje del 100 %, mientras subsista su condición de invalidez, con efectos fiscales a partir del 1 de julio de 2023. No obstante, la inconformidad que dio lugar a la presente acción radica en que, pese a dicho reconocimiento, la prestación no había sido incorporada a nómina ni se había hecho efectivo el pago de las mesadas correspondientes.

En el trámite constitucional, el FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL – FOPEP informó que su función consiste en efectuar el pago de las prestaciones que le son reportadas por la entidad competente y que, revisada la nómina pagada correspondiente a septiembre de 2026, no encontró reporte de inclusión de la señora NIMIA ESDEILA VIVEROS ANGULO por parte de la UGPP, razón por la cual no contaba con información que le permitiera

septiembre de 2026, no encontró reporte de inclusión de la señora NIMIA ESDEILA VIVEROS ANGULO por parte de la UGPP, razón por la cual no contaba con información que le permitiera efectuar el pago de la prestación. Por su parte, el JUZGADO TERCERO LABOR AL DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA manifestó que conoció una acción de tutela anterior, resuelta mediante Sentencia No. 037 de 24 de abril de 2026, en la que se ordenó a la UGPP culminar el trámite administrativo de reconocimiento de la sustitución pensional y emitir la correspondiente decisión. Finalmente, la UGPP, pese a haber sido debidamente notificada de la presente acción, guardó silencio.

Al resolver la acción constitucional, mediante Sentencia de Tutela No. 053 de 7 de octubre de 2026, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buenaventura declaró improcedente el amparo solicitado, al considerar que la accionante contaba c on mecanismos judiciales ordinarios para reclamar el pago de la prestación pensional y que no se acreditaba la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención del juez constitucional. Para sustentar su decisión, señaló que la sustit ución pensional ya había sido reconocida mediante acto administrativo y que la agente oficiosa no había presentado una nueva solicitud ante la10

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UGPP para conocer el estado del trámite de inclusión en nómina. Asimismo, estimó que las condiciones de salud de la beneficiaria no permitían establecer, por sí solas, la configuración de un perjuicio irremediable.

Frente a los motivos de la impugnación, la Sala advierte, en primer lugar, que la inconformidad de la recurrente no está dirigida a controvertir el reconocimiento de la sustitución pensional, sino a cuestionar la falta de materialización de sus efectos económicos. Por consiguiente, el análisis debe centrarse en establecer si las razones expuestas por el juez de primera instancia justificaban declarar improcedente la acción por incumplimiento del requisito de subsidiariedad o si, por el contrario, las condiciones particulares de la beneficiaria y la situación acreditada en el expediente hacían necesaria la intervención del juez constitucional.

En relación con la subsidiariedad, la Sala observa que, si bien existen mecanismos judiciales ordinarios para reclamar el cumplimiento de obligaciones pensionales, su sola existencia no resulta suficiente para descartar la procedencia de la acción de tutel a. En cada caso corresponde examinar su idoneidad y eficacia, atendiendo las condiciones particulares de quien solicita la protección y la naturaleza de los derechos comprometidos. En el presente asunto, la beneficiaria presenta una discapacidad mental grave, debidamente documentada y cuenta con un reconocimiento pensional que, pese a haber sido expedido por la entidad competente, no se ha materializado mediante su inclusión en nómina y el pago de las mesadas.

beneficiaria presenta una discapacidad mental grave, debidamente documentada y cuenta con un reconocimiento pensional que, pese a haber sido expedido por la entidad competente, no se ha materializado mediante su inclusión en nómina y el pago de las mesadas.

En ese sentido, los argumentos de la recurrente relacionados con la situación de vulnerabilidad de la beneficiaria y la falta de eficacia del mecanismo judicial ordinario resultan atendibles. No puede perderse de vista que la controversia no exige adelantar un debate sobre la existencia del derecho pensional, pues este ya fue reconocido por la UGPP, sino obtener que se ejecuten las actuaciones necesarias para hacer efectivo el acto administrativo favorable. Por ello, remitir a la beneficiaria a un proceso j udicial ordinario, sin valorar las condiciones acreditadas en el expediente ni la naturaleza de la obligación pendiente, no constituye una respuesta suficiente frente a la situación planteada. En consecuencia, las circunstancias particulares del caso permiten flexibilizar el requisito de subsidiariedad y habilitan la intervención del juez constitucional.

Aunado a lo anterior, la Sala observa que la falta de materialización de la prestación no constituye una simple inconformidad formal con el trámite administrativo, pues el reconocimiento pensional debe traducirse en el acceso efectivo a los recursos económ icos que de él se derivan. En el presente asunto, la beneficiaria cuenta con una condición de dis capacidad que dio lugar precisamente al reconocimiento de la sustitución pensional en calidad de hija con discapacidad11

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y pese a ello, continúa sin recibir el pago de la prestación. Tal circunstancia exige una valoración especial frente a los derechos a la seguridad so

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