TSDJ BUG - Sentencia 76111220400520260121700 de 2026

Tribunal Superior de Buga

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Detalles

Título
TSDJ BUG - Sentencia 76111220400520260121700 de 2026
Autor
Tribunal Superior de Buga
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Penal
Año
2026

Despacho 05 – Sala Penal, Tribunal Superior de Buga

SENTENCIA DE

TUTELA

PRIMERA INSTANCIA

Código: GSP-FT-48 Versión: 6 Fecha de Aprobación: 31/01/2025

¡C o m p rom e ti d o s c o n l a c a l i da d ! Calle 8 No. 14 – 47, piso 5, Despacho 05

1 Consejo Superior de la Judicatura

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA

SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

JOSÉ JAIME VALENCIA CASTRO

Radicación: 76-111-22-04-005-2026-01217-00

Accionante: Jairo Escobar Muñoz Accionado: Fiscalía 05 seccional de Buga Guadalajara de Buga (Valle), noviembre tres (03) de dos mil veintiséis (2026)

Aprobado según Acta No. 738

I OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala procede a resolver la acción de tutela presentada por el señor JAIRO ESCOBAR MUÑOZ contra la Fiscalía 05 seccional de Buga.

II ANTECEDENTES

1. El accionante manifestó que el 12 de octubre de 1999 fue condenado a 106 meses de prisión por un concurso de homicidio simple y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Que el 18 de octubre de 2001 el Juzgado Segundo de Descongestión de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga redosificó

de armas de fuego. Que el 18 de octubre de 2001 el Juzgado Segundo de Descongestión de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga redosificó la pena fijándola en 58 meses de prisión , la que fue extinguida el 20 de septiembre de 2006 por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, ordenándose su liberación definitiva.Radicación: 76-111-22-04-005-2026-01217-00

Accionante: Jairo Escobar Muñoz

Accionado: Fiscalía 05 Seccional de Buga

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Refiere que el 18 de abril de 2023 solicitó a la Policía Nacional actualización de sus antecedentes judiciales, autoridad que el 7 de mayo de 2023 le informó que reporta una restricción de salida del país ordenada por la Fiscalía Quinta seccional de Buga.

Afirmó que intentó establecer comunicación con la referida Fiscalía, pero no fue posible.

Adujo que la Policía Nacional le ha informado que no puede actualizar o cancelar la restricción sin que medie decisión al respecto de la autoridad que la impuso.

2. A folio 6 a 7 del archivo digital “04EscritoTutela” obra copia de respuesta emitida por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, de fecha 7 de mayo de 2023, a una petición de información del accionant e, donde le indica que sobre él recae una restricción de salida del país ordenada por la Fiscalía 5 Unidad seccional de Buga

la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, de fecha 7 de mayo de 2023, a una petición de información del accionant e, donde le indica que sobre él recae una restricción de salida del país ordenada por la Fiscalía 5 Unidad seccional de Buga de fecha 23 de febrero de 1999. A folio 8 del mismo archivo digital, obra constancia suscrita por el Juez Dieciséis Penal del Circuito de Cali en la cual indica que el accionante fue condenado por ese despacho el 12 de octubre de 1999 por la comisión de un concurso de homicidio simple y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali declaró su liberación definitiva el 20 de septiembre de 2006.

3. El teniente coronel MIGUEL ARTURO PINZÓN VARGAS – Jefe Seccional de Investigación Criminal -, informó que sobre el accionante recae una restricción de salida del país dentro de un proceso que conoció la Fiscalía 5 Unidad seccional de Buga, de fecha 23 de febrero de 1999, la que no puede modificar, eliminar o cancelar de manera autónoma, ya que para la eliminación de la restricción se requiere “que se allegue ante nuestras Dependencias comunicado “en original” por parte de la autoridad judicial correspondiente, y/o certificaci ón o constancia que mencione el estado actual del proceso, indicando claramente autoridades que conocieron y número de radicado asignado en cada etapa procesal, permitiéndome indicar los requisitos que debe contener dicho documento (…) una “vez se surtan los respectivos oficios ante esta Dependencia con losRadicación: 76-111-22-04-005-2026-01217-00

permitiéndome indicar los requisitos que debe contener dicho documento (…) una “vez se surtan los respectivos oficios ante esta Dependencia con losRadicación: 76-111-22-04-005-2026-01217-00

Accionante: Jairo Escobar Muñoz

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mencionados soportes documentales por parte de los despachos judiciales, se procederá a actualizar la información en el Sistema Operativo de la Policía Nacional SIOPER, de acuerdo a lo ordenado”.

4. El doctor JULIÁN CHICA DÍAZ – titular del Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Cali -, informó que ese despacho conoció del proceso bajo radicado No. 1997-03423, en el cual mediante sentencia del 12 de octubre de 1999 se condenó al accionante a 106 meses de prisión por un concurso de homicidio simple y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali declaró su liberación definitiva el 20 de septiembre de 2006.

Afirmó que profirió las constancias solicitadas por el accionante en las que se informaba que no tenía ningún pendiente o requerimiento judicial por parte de esa autoridad, dado la liberación definitiva declarada en su momento por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali.

5. El doctor CARLOS HAROLD CÁRDENAS MEJÍA – Fiscal 5 seccional de Tuluá -,

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali.

5. El doctor CARLOS HAROLD CÁRDENAS MEJÍA – Fiscal 5 seccional de Tuluá -, contestó que desconoce si para el año de 1999 existió una Fiscalía 5 seccional en la ciudad de Buga. Además, en virtud de la información que reposa en la Fiscalía General de la Nación, en el proceso que se adelantó ante el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Cali contra el accionante, fungió como delegada fiscal, la 42 seccional de Cali.

6. La doctora HELEN YADIRA VELÁSQUEZ VALENCIA – Fiscal 42 seccional de Caliinformó que el proceso que menciona el accionante corresponde al radicado No. 1997-03423, mientras que la prohibición de salida del país refiere el No. 9832.

Afirmó que el levantamiento de la restricción no recae en los delegados de la Fiscalía, sino en los despachos que vigilaban la ejecución de la pena impuesta al accionante.Radicación: 76-111-22-04-005-2026-01217-00

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7. A folio 3 del archivo digital “15RespuestaFiscalia107SeccionalCali” reposa copia de la ficha técnica del proceso con radicado No. 76 -111-310-40-001-2002-00039-00,

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7. A folio 3 del archivo digital “15RespuestaFiscalia107SeccionalCali” reposa copia de la ficha técnica del proceso con radicado No. 76 -111-310-40-001-2002-00039-00, donde se evidencia que la “AUTORIDAD REMITENTE” de la restricción es la Fiscalía 5 seccional sin indicar de cual ciudad, que el juzgado que profirió el fallo es el Primero Penal del Circuito de Buga y que la sentencia condenatoria data del 30 de agosto de 2002.

8. El doctor HUGO FERNELLY FRANCO OBANDO – titular del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali –, informó que ejerció la vigilancia de la pena impuesta al accionante por el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Cali dentro del proceso bajo radicado No. 76001-31-04-016-1997-0342300, que el 20 de septiembre de 2006 declaró la liberación definitiva del actor por cuenta de ese proceso.

Afirmó que sobre la medida que recae sobre el accionante no es posible establecer si corresponde al proceso en el que ejerció la vigilancia de la pena o a otro , ya que esa información no aparece relacionada en la ficha técnica del actor y tampoco puede determinar su correspondencia, dado que el proceso fue devuelto al juzgado de origen en el año 2009.

Adujo que le corresponde al Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Cali determinar si la restricción fue impuesta dentro del proceso bajo radicado No. 76001-31-04-0161997-03423-00.

Adujo que le corresponde al Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Cali determinar si la restricción fue impuesta dentro del proceso bajo radicado No. 76001-31-04-0161997-03423-00.

Indicó que pese a todo lo an terior, el 20 de octubre de 2026 el Centro de Servicios Administrativo para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali notificó nuevamente el oficio de rigor comunicando la liberación definitiva del accionante a las autoridades correspondientes.

9. El doctor CARLOS ALBERTO CRUZ MORENO – titular del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad de Buga – contestó que ese despacho ejerció la vigilancia de la pena impuesta al accionante por el Juzgado Primero PenalRadicación: 76-111-22-04-005-2026-01217-00

Accionante: Jairo Escobar Muñoz

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del Circuito de Buga en el proceso bajo radicado No. 76-111-31-04-001-2002-0003900.

Señaló que el 24 de abril d e 2013 se declaró la extinción de la pena en favor de accionante y que el Centro de Servicios Administrativo para los Juzgados de Ejecución de Penas de esa ciudad, el 24 de mayo de 2013, comunicó esa novedad a las autoridades correspondientes, entre ellas, la sección de antecedentes de la Policía Nacional.

Ejecución de Penas de esa ciudad, el 24 de mayo de 2013, comunicó esa novedad a las autoridades correspondientes, entre ellas, la sección de antecedentes de la Policía Nacional.

Precisó que no es posible establecer si la restricción de salida del país se originó en ese proceso, debido a que el 4 de julio de 2013 remitió el expediente físico al Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga para su archivo definitivo.

10. En el archivo digital “28Anexo01RespuestaJ02EjecupenasBuga” reposa copia de la ficha técnica del accionante correspondiente al proceso radicado No. 76-111-31040-001-2002-00039-00. En dicho documento se regist ra como “AUTORIDAD REMITENTE” de la restricción la Fiscalía Quinta Seccional, sin especificar la ciudad; se indica que el fallo condenatorio fue proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga en sentencia del 30 de agosto de 2002 por hechos ocurridos el 10 de febrero de 1999. También consta que el 24 de abril de 2013 se declaró la prescripción de la sanción penal y que, el 24 de mayo siguiente, se efectuó la notificación de los respectivos oficios mediante los cuales se comunicó dicha determinación.

11. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga, pese a estar debidamente notificado1 del trámite, no allegó respuesta alguna.

1 Expediente digital, archivo “19ConstanciaNotificaciónAuto”.Radicación: 76-111-22-04-005-2026-01217-00

Accionante: Jairo Escobar Muñoz

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1 Expediente digital, archivo “19ConstanciaNotificaciónAuto”.Radicación: 76-111-22-04-005-2026-01217-00

Accionante: Jairo Escobar Muñoz

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III CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir en primera instancia la acción de tutela, ello con fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia, 37 del Decreto 2591 de 1991 y numeral 5 del artículo 1° del Decreto 1983 de 2017.

2. Problema jurídico

En atención a lo expuesto por el accionante, corresponde a la Sala dilucidar si la Fiscalía Quinta seccional de Buga le vulneró derechos fundamentales.

El asunto central radica en que, en el sistema SIOPER de la Policía Nacional, existe contra el accionante una restricción de salida del país.

La controversia se enmarca en el ámbito de protección del derecho fundamental al hábeas data, consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política, que faculta a toda persona para conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de la información personal que repose en las bases de datos y archivos administrados por entidades públicas y privadas. Esta prerrogativa ha sido reconocida por la jurisprudencia constitucional 2 como un derecho fundamental autónomo, que, a su vez, constituye una garantía para la protección de otros derechos, como la intimidad, el buen nombre y el libre desarrollo de la personalidad.

jurisprudencia constitucional 2 como un derecho fundamental autónomo, que, a su vez, constituye una garantía para la protección de otros derechos, como la intimidad, el buen nombre y el libre desarrollo de la personalidad.

Dentro de ese ámbito de protección se encuentra la información relacionada con antecedentes penales y demás decisiones o medidas adoptadas por las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias, cuya administración y circulación debe sujetarse a los principios que gobiernan el tratamiento de datos personales y a las finalidades constitucionalmente legítimas que justifican su conservación.

2 Sentencia T-509 de 2020.Radicación: 76-111-22-04-005-2026-01217-00

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En ese contexto, el cuestionamiento planteado se contrae a establecer si la aludida restricción debe permanecer vigente. Sobre el particular , la Corte Constitucional, desde la Sentencia SU-458 de 2012, precisó el alcance de la facultad de supresión como componente del derecho al hábeas data, en los siguientes términos:

“La dimensión subjetiva del habeas data: la facultad específica de suprimir como parte de su objeto protegido.

18. Es jurisprudencia constante de esta Corte que el habeas data es un derecho fundamental que habilita al titular de información personal a exigir, de la administradora de sus datos personales, una de las

suprimir como parte de su objeto protegido.

18. Es jurisprudencia constante de esta Corte que el habeas data es un derecho fundamental que habilita al titular de información personal a exigir, de la administradora de sus datos personales, una de las conductas indicadas en el artículo 15 de la Constitución: “ conocer, actualizar, rectificar”, o una de las conductas reconocidas por la Corte como pretensiones subjetivas de creación jurisprudencial: autorizar, incluir, suprimir y certificar. Esta definición d el habeas data que ensalza su dimensión subjetiva fue concebida en la sentencia T -729 de 2002 y afianzada en la sentencia C-1011 de 2008[35].

Para la Corte la facultad de suprimir información personal, sin embargo, no es de carácter absoluto, ni tampoco procede en todo tiempo y circunstancia. Es en cambio una facultad que sólo se activa cuando el administrador ha incumplido uno de los principios de la administración de datos. Este es el caso, cuando, por ejemplo, se administra información (en su modali dad circulación) sin autorización previa del titular, siendo tal autorización presupuesto de la legalidad del tratamiento de datos (sobre todo en el ámbito de la administración de bases de datos personales por particulares) [36]. O por ejemplo, cuando laRadicación: 76-111-22-04-005-2026-01217-00

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administración-circulación de la información personal continúa aun después de que se ha cumplido un término de caducidad específico [37].

19. Para la Corte, la facultad de supresión, como parte integrante del habeas data, tiene una doble faz. Funciona de manera diferente frente a los distintos momentos de la administración de información personal. En una primera faceta es posible ejercer la facultad de supresión con el objeto de hacer desaparecer por completo de la base de datos, la información personal respectiva. Caso en el cual la información debe ser suprimida completamente y será imposible mantenerla o circularla, ni siquiera de forma restringida (esta es la idea original del llamado derecho al olvido). En una segunda faceta, la facultad de supresión puede ser ejercitada con el objeto de hacer desaparecer la información que está sometida a circulación. Caso en el cual la información se suprime solo parcialmente, lo que implica todavía la posibilidad de almacenarla y de circularla, pero de forma especialmente restringida.

Esta segunda modalidad de supresión es una alternativa para conciliar varios elementos normativos que concurren en el caso de la administración de información personal sobre antecedentes penales. Por un lado, la supresión total de los antecedentes penales es imposible constitucional y legalmente. Ya lo vimos al referir el caso de las inhabilidades intemporales de carácter constitucional, las especiales funciones que en materia penal cumple la administración de esta información pers onal, así como sus usos legítimos en materia de

las inhabilidades intemporales de carácter constitucional, las especiales funciones que en materia penal cumple la administración de esta información pers onal, así como sus usos legítimos en materia de inteligencia, ejecución de la ley y control migratorio. En estos casos, la finalidad de la administración de esta información es constitucional y su uso, para esas específicas finalidades, está protegido ad emás por el propio régimen del habeas data. Sin embargo, cuando la administración de la información personal relacionada con antecedentes pierdeRadicación: 76-111-22-04-005-2026-01217-00

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conexión con tales finalidades deja de ser necesaria para la cumplida ejecución de las mismas, y no reporta una clara utilidad constitucional; por tanto, el interés protegido en su administración pierde vigor frente al interés del titular de tal información personal. En tales casos, la circulación indiscriminada de la información, desligada de fines constitucionales precisos, con el agravante de consistir en información negativa, y con el potencial que detenta para engendrar discriminación y limitaciones no orgánicas a las libertades, habilita al sujeto concernido para que en ejercicio de su derecho al habeas data s olicite la supresión relativa de la misma”.

Del referido pronunciamiento se desprende que la facultad de supresión de información personal no comporta necesariamente su eliminación absoluta de las

para que en ejercicio de su derecho al habeas data s olicite la supresión relativa de la misma”.

Del referido pronunciamiento se desprende que la facultad de supresión de información personal no comporta necesariamente su eliminación absoluta de las bases de datos, pues también puede materializarse mediante la restricción de su circulación, cuando su divulgación deja de responder a finalidades constitucionalmente legítimas. En particular, tratándose de antecedentes penales, la conservación de la información puede resultar admisible para determinados propósitos institucionales, sin que ello habilite su circulación indiscriminada ni la imposición de restricciones carentes de fundamento jurídico.

En igual sentido, en la Sentencia STP18270 -2024, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas No. 2, reiteró que:

“[...] la Cor te Constitucional ha señalado que l a tutela es el único mecanismo judicial adecuado para solucionar controversias asociadas a la eventual vulneración al aludido derecho, cuando este se asocia al manejo de antecedentes penales en las bases de datos estatales. Es así como en estos eventos, esta acción se convierte en mecanismo principal para la protección de los derechos fundamentales, aun cuando existanRadicación: 76-111-22-04-005-2026-01217-00

Accionante: Jairo Escobar Muñoz

Accionado: Fiscalía 05 Seccional de Buga

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otros medios judiciales con idéntico propósito y eficacia similar (CC T531/16)”.

El aludido precedente permite reiterar que la acción de tutela constituye un mecanismo judicial procedente para la protección del derecho fundamental al hábeas data, particularmente cuando se cuestiona la permanencia de información en las bases de datos estatales que pueda resu ltar desactualizada, inexacta o carente de justificación. En estos eventos, la intervención del juez constitucional se encuentra encaminada a garantizar que los registros administrados por las autoridades correspondan a la situación jurídica actual de las personas.

CASO CONCRETO

Se observa que en el año 2023 la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional informó al accionante que registraba una restricción de salida del país ordenada el 23 de febrero de 1999 por la Unidad seccional de Fiscalía Quinta del municipio de Buga, pero no especificó el número de radicado del proceso ni el delito por el cual se desarrolló.

De lo anterior se establece que existió una actuación penal contra el accionante, cuya identificación no fue posible establecer. Únicamente se conoce que intervino la Fiscalía Quinta seccional de Buga y que los hechos habrían ocurrido antes del año 2000.

Si bien el accionante atribuye el origen de la restricción al proceso en el que fue condenado por el Juzgad o Dieciséis Penal del Circuito de Cali, esa hipótesis no

2000.

Si bien el accionante atribuye el origen de la restricción al proceso en el que fue condenado por el Juzgad o Dieciséis Penal del Circuito de Cali, esa hipótesis no encuentra respaldo en los elementos recaudados, pues, conforme a las respuestasRadicación: 76-111-22-04-005-2026-01217-00

Accionante: Jairo Escobar Muñoz

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allegadas, en dicha actuación no intervino la Fiscalía Quinta seccional de Buga. No obstante, de la información suminis trada por las autoridades vinculadas es posible reconstruir los siguientes antecedentes judiciales del accionante:

En primer lugar, se tiene que en su contra se profirieron tres sentencias condenatorias: la primera, el 12 de octubre de 1999, emitida por el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Cali. La segunda, el 29 de junio de 2001, dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cali. Ambas condenas fueron acumuladas en el proceso radicado bajo el No. 76001-31-04-016-1997-03423-00, en el que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Buga unificó las sanciones en sesenta y tres (63) meses de prisión y el 11 de octubre de 2002 le concedió libertad condicional, actuación que culminó el 20 de septiembre de

unificó las sanciones en sesenta y tres (63) meses de prisión y el 11 de octubre de 2002 le concedió libertad condicional, actuación que culminó el 20 de septiembre de 2006 cuando el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali declaró la liberación definitiva del accionante y ordenó comunicar dicha determinación a las autoridades correspondientes ; con ocasión de este trámite constitucional, el 20 de octubre de 2026, el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali notificó nuevamente el oficio de rigor, mediante el cual comunicó a las autoridades competentes la liberación definitiva del accionante.

La tercera sentencia la emitió el Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga el 30 de agosto de 2002 en el proceso No. 76111 -31-04-001-2002-00039-00 adelantado por los delitos de uso de documento público falso y fabricación, tenencia o porte de armas de fuego. La vigilancia de la ejecución de la pena estuvo a cargo del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga, autoridad que, el 24 de abril de 2013, declaró la extinción de la pena. A su vez, el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas de esa ciudad comunicó dicha novedad a las autoridades correspondientes, entre ellas, la Sección de Antecedentes de la Policía Nacional, mediante oficios del 24 de mayo de 2013.Radicación: 76-111-22-04-005-2026-01217-00

Accionante: Jairo Escobar Muñoz

Accionado: Fiscalía 05 Seccional de Buga

Accionante: Jairo Escobar Muñoz

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A juicio de la Sala, es de esta última actuación de donde proviene la restricción de salida del país por la cual se presentó la acción de tutela. Esta inferencia encuentra respaldo en dos circunstancias objetivas: (i) la ficha técnica del proceso, aportada por el juzgado ejecutor, indica que los hechos ocurrieron el 10 de febrero de 1999, fecha que guarda proximidad temporal con la expedición del Oficio No. 9832 del 23 de febrero de ese mismo año mediante el cual se comunicó a la Policía Nacional la aludida restricción ; y (ii) en el apartado correspondiente a la autoridad remitente figura la Fiscalía Quinta seccional de Buga, circunstancia que también fue indicada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga.

En esas condiciones, es preciso señalar que, a partir de la información obtenida, resulta razonable inferir que la orden de restricción de salida del país fue proferida por la Fiscalía Quinta seccional de Buga dentro del proceso radicado bajo el No. 76111-31-04-001-2002-00039-00, cuya fase de juzgamiento corr espondió adelantarla al Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga. En consecuencia, la aludida restricción no puede tener vigencia en la actualidad, ya que en el referido proceso la pena fue declarada extinta el 24 de abril de 2013.

adelantarla al Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga. En consecuencia, la aludida restricción no puede tener vigencia en la actualidad, ya que en el referido proceso la pena fue declarada extinta el 24 de abril de 2013.

Por consiguiente, se ordenará a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional eliminar la restricción de salida del país del accionante, ordenada por la Fiscalía Quinta seccional de Buga mediante el Oficio No. 9832 del 23 de febrero de 1999.

En mérito de lo considerado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVERadicación: 76-111-22-04-005-2026-01217-00

Accionante: Jairo Escobar Muñoz

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PRIMERO: PROTEGER el derecho fundamental al hábeas data del señor JAIRO

ESCOBAR MUÑOZ.

SEGUNDO. ORDENAR a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, elimine de la base de datos SIOPER de la Policía Nacional la restricción de salida del país impuesta al señor JAIRO ESCOBAR MUÑOZ por la Fiscalía Quinta seccional de Buga mediante el Oficio No. 9832 del 23 de febrero de 1999.

Nacional la restricción de salida del país impuesta al señor JAIRO ESCOBAR MUÑOZ por la Fiscalía Quinta seccional de Buga mediante el Oficio No. 9832 del 23 de febrero de 1999.

TERCERO: ORDENAR que una vez en firme esta providencia, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Contra lo decidido procede impugnación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

JOSÉ JAIME VALENCIA CASTRO 76-111-22-04-005-2026-01217-00

-Con salvamento de voto parcialANA MILENA DIAZ GONZALEZ 76-111-22-04-005-2026-01217-00

HAROLD HUMBERTO GÓMEZ GALLEGO 76-111-22-04-005-2026-01217-00

Juan Fernando Domínguez Mejía SecretarioRadicación: 76-111-22-04-005-2026-01217-00

Accionante: Jairo Escobar Muñoz

Accionado: Fiscalía 05 Seccional de Buga

¡C o m p rom e ti d o s c o n l a c a l i da d ! Calle 8 No. 14 – 47, piso 5, Despacho 05 14

SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL 76-111-22-04-005-2026-01217-00

Con total respeto por la posición mayoritaria de la Sala, me aparto de la decisión adoptada, por medio de la cual se tutelaron los derechos fundamentales y se ordenó a la INTERPOL eliminar el registro de la medida cautelar de prohibición de salir del

Con total respeto por la posición mayoritaria de la Sala, me aparto de la decisión adoptada, por medio de la cual se tutelaron los derechos fundamentales y se ordenó a la INTERPOL eliminar el registro de la medida cautelar de prohibición de salir del país del accionante. Si bien, se realizó una inferencia con base en la fecha del oficio (23 de febrero de 1999) y la fecha de captura, la cual se produjo en el mism o mes y año, así como las respuestas y búsquedas que arrojaron la existencia de 3 sentencias en contra del accionante, considero que no se cuenta con información suficiente que permita concluir que el oficio que motivó la acción de tutela corresponde a cualquiera de los radicados encontrados.

Considero que no es posible emitir la orden de eliminación a la INTERPOL sin establecer con claridad si el reporte corresponde a algunos de los mencionados procesos en contra del accionante.

Se hubiera podido ordenar a la fiscalía 5 seccional de buga revisar si el oficio corresponde al proceso adelantado por ese despacho para que fuera esta dependencia la que dejara sin efectos el oficio o en su defecto, la orden podría condicionarse a que se verificara que la medida cautelar corresponde a cualquiera de los procesos (3) que están prescritos.

Lo

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