TSDJ BUG - Sentencia 76109600016420225020901 de 2026

Tribunal Superior de Buga

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Detalles

Título
TSDJ BUG - Sentencia 76109600016420225020901 de 2026
Autor
Tribunal Superior de Buga
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Penal
Año
2026

SENTENCIA

SEGUNDA INSTANCIA

Código: GSP-FT-08 Versión: 6 Fecha de Aprobación: 31/01/2025

Tribunal Superior Distrito Judicial de Buga

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BUGA

SALA DE DECISIÓN PENAL

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ANDRÉS GUZMÁN DÍAZ

Radicación:

76109600016420225020901 (AC-128-26)1

Procesado:

E.F.R.J.2

Delito:

Violencia intrafamiliar agravada

Procedencia:

Juzgado Primero Penal Municipal de Buenaventura

Motivo:

Apelación sentencia

Decisión:

Confirma

Aprobado Acta:

742

Guadalajara de Buga, cinco (5) de noviembre de dos mil veintiséis (2026).

I. ASUNTO

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el defensor de E.F.R.J. contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de Buenaventura el 8 de septiembre de 2025, mediante la cual lo condenó por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

1 El radicado del acta con el que inicialmente se repartió la actuación al Tribunal es el 761096000163202250209, que coincide con el de la sentencia condenatoria y el escrito de acusación. Sin embargo, el formato único de noticia criminal, el acta de reparto al Juzgado Tercero Penal Municipal con

761096000163202250209, que coincide con el de la sentencia condenatoria y el escrito de acusación. Sin embargo, el formato único de noticia criminal, el acta de reparto al Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Buenaventura , el acta de las audiencias preliminares de 18 de enero de 2023 y la orden de encarcelamiento que en su momento libró esa autoridad indican que el radicado de este proceso es el 761096000164202250209. Además, en los sistemas de información de la Fiscalía, que es la autoridad que le da un número único de noticia criminal a cada caso en el sistema SPOA, este último se vincula a un proceso por violencia intrafamiliar; mientras el 163 se relaciona a una actuación por el delito de estafa, que fue archivada por esa autoridad el 23 de junio de 2026, por lo que no tiene nada que ver con el presente proceso. En ese sentido, la Sala Penal consign ó en la decisión la radicación que realmente se relaciona con la actuación. 2 Con el propósito de proteger el derecho a la intimidad de la víctima y de su familiares, y para evitar que pueda ser fácilmente identificada, se anonimiza la decisión de manera previa a su publicación por la relatoría, mediante la sustitución de los nombres de las víctimas, del procesado y de los testigos por siglas, y con la supresión de otros datos personales.76109600016420225020901 (AC-128-26)

E.F.R.J.

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II. HECHOS ATRIBUIDOS

D.D.R.V. y E.F.R.J. fueron compañeros permanentes durante 10 años y convivieron en las ciudades de Buenaventura, Tuluá y Cartago. Se

E.F.R.J.

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II. HECHOS ATRIBUIDOS

D.D.R.V. y E.F.R.J. fueron compañeros permanentes durante 10 años y convivieron en las ciudades de Buenaventura, Tuluá y Cartago. Se separaron en abril de 2022 y, desde entonces, la víctima vive en la casa de su madre ubicada en (…) Buenaventura.

Según la acusación, el procesado sometió a D.D.R.V. a maltrato verbal durante el tiempo en que vivieron juntos: la trataba con expresiones peyorativas y la insultaba. También la agredió físicamente en ese lapso: le pegaba cachetadas y la tomaba del cuello para ahogarla.

La Fiscalía señaló que, luego de la ruptura, E.F.R.J. ejerció violencia verbal y psicológica contra D.D.R.V.: la siguió tratando con expresiones despectivas, fue a la casa en la que ella vivía a increparla, la llegó a intimidar con un cuchillo, la amenazó con matar la a ella y a su familia si la veía con otra persona, así como con quemarle la casa.

III. ACTUACIÓN PROCESAL

El 18 de enero de 2023, se realizaron las audiencias preliminares de legalización de la captura efectuada en virtud de orden judicial y de solicitud de medida de aseguramiento ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Buenaventura. En esa oportunidad, la Fiscalía surtió el traslado del escrito de acusación a E.F.R.J., en el que le atribuyó la autoría del delito de violencia intrafamiliar

Municipal con funciones de control de garantías de Buenaventura. En esa oportunidad, la Fiscalía surtió el traslado del escrito de acusación a E.F.R.J., en el que le atribuyó la autoría del delito de violencia intrafamiliar agravada (Código Penal, art. 229, inc. 2º). La juez le impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

La audiencia concentrada se realizó ante el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de Buenaventura el 31 de mayo de 2023 . En esa diligencia, la Fiscalía precisó que la atribución del agravante se debe a que los actos de maltrato fueron contra una mujer y76109600016420225020901 (AC-128-26)

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ocurrieron en un contexto de dominación. Dentro de la audiencia, la defensa solicitó la nulidad de la actuación, esto fue negado por la primera instancia, en decisión que confirmó el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura el 17 de octubre de 2023.

El juicio oral se adelantó en sesiones de 18 y 30 de enero, 13 y 20 de marzo, 23 de abril y 17 de octubre de 2024. El sentido del fallo fue anunciado en la audiencia de 3 de septiembre de 2025 . La sentencia fue emitida el 8 de septiembre del mismo añ o y se notificó por correo electrónico a las partes e intervinientes el 16.

El sentido del fallo fue anunciado en la audiencia de 3 de septiembre de 2025 . La sentencia fue emitida el día 8 del mismo mes y año, y

electrónico a las partes e intervinientes el 16.

El sentido del fallo fue anunciado en la audiencia de 3 de septiembre de 2025 . La sentencia fue emitida el día 8 del mismo mes y año, y notificada por correo electrónico a las partes e intervinientes el 16.

La defensa interpuso y sustentó el recurso de apelación el 23 de septiembre siguiente . La primera instancia dio traslado a los no recurrentes, concedió la apelación y remitió la actuación a este Tribunal. El asunto fue asignado al magistrado ponente el 19 de febrero de 2026.

IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de Buenaventura condenó a E.F.R.J. como autor del delito de violencia intrafamiliar agravada, por las siguientes razones.

Consideró que se probó, más allá de duda razonable, que el acusado maltrató física, verbal y psicológicamente a D.D.R.V. mientras eran compañeros permanentes, y la amenazó después de que culminaron su relación en el año 2022.

Mencionó que: (i) A.V.S., madre de D.D.R.V., se refirió a las dinámicas de la relación entre el procesado y la víctima, así como a las amenazas que76109600016420225020901 (AC-128-26)

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él profirió contra ella; (ii) el perito del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante Medicina Legal) pudo determinar que D.D.R.V. ha sufrido violencia de género, de carácter psicológica, física,

él profirió contra ella; (ii) el perito del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante Medicina Legal) pudo determinar que D.D.R.V. ha sufrido violencia de género, de carácter psicológica, física, económica y patrimonial; (iii) C.A.R.V., hermano de la víctima, habló de una ocasión en que el acusado llegó a la casa, intentó entrar por la fuerza y amenazó con quemar el inmueble; (iv) D.D.R.V. expuso que E.F.R.J. la insultaba, le gritaba, le lanzaba objetos, la golpeaba a ella y a s u hija, la intimidó con un cuchillo y la amenazó.

Respecto a la causal de agravación relacionada con que el maltrato fue contra una mujer, por el hecho de serlo, explicó que las conductas del acusado contra D.D.R.V. fueron constantes y se enmarcaron en un ciclo de violencia.

La primera instancia le impuso al procesado una pena principal de 84 meses de prisión y una accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas , por el mismo término . También asignó la sanción de prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima , por el lapso de la pena principal adicionado en 6 meses. Le negó los subrogados y ordenó su captura, con efectos a partir de la ejecutoria de la sentencia.

V. LA APELACIÓN

5.1. Argumentos de la defensa

El defensor de E.F.R.J. elevó dos pretensiones: (i) de manera principal, solicitó que se revoque la sentencia condenatoria y, en su lugar,

V. LA APELACIÓN

5.1. Argumentos de la defensa

El defensor de E.F.R.J. elevó dos pretensiones: (i) de manera principal, solicitó que se revoque la sentencia condenatoria y, en su lugar, se absuelva al acusado porque no se llegó al nivel de conocimiento necesario para condenar; y (ii) de forma subsidiaria, pidió que “se anule la sentencia y se ordene la realización de un nuevo juicio, garantizando la práctica de pruebas imparciales, incluyendo una valoración psicológica forense independiente de la víctima”. Sustentó esto en los siguientes argumentos.76109600016420225020901 (AC-128-26)

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En primer lugar, cuestionó la valoración probatoria pues, en su criterio: (i) la decisión se sustentó casi totalmente en testimonios de familiares de D.D.R.V. que no son imparciales y no se realizó un análisis estricto de su credibilidad ; (ii) no se practicaron pruebas independientes ni objetivas que corroboren de manera directa las agresiones descritas, pues no se dio cuenta de denuncias previas, informes policiales, registros médicos de lesiones o dictámenes de psicólogos que no tengan su criterio comprometido; y (iii) el dictamen del perito “Camilo Andrés Mina” (sic) solo se fundamentó en el relato de la víctima, sin contar con “soporte clínico ni evidencia física”, lo que no tuvo en cuenta la primera instancia.

Como segundo argumento, señaló que A.V.S., madre de la víctima: (i)

se fundamentó en el relato de la víctima, sin contar con “soporte clínico ni evidencia física”, lo que no tuvo en cuenta la primera instancia.

Como segundo argumento, señaló que A.V.S., madre de la víctima: (i) tuvo un rol protagónico en las decisiones familiares, incluso trasladó a su hija de Tuluá a Buenaventura; (ii) dijo haber organizado entrevistas periodísticas y difundi do información en redes orientada a demostrar la responsabilidad de E.F.R.J., lo que resta espontaneidad y credibilidad a su relato; (iii) reconoció que D.D.R.V. tiene un retraso cognitivo leve , por lo que, en criterio de la defensa, debió ser valorada por un psicólogo que pudiera descartar alguna clase de sugestión en su relato . Sostuvo que en la decisión no se valoraron estos temas, lo que afecta “la pureza” de la narración de la víctima.

Tercero, afirmó que no se demostraron las agresiones físicas y las amenazas a las que se hizo referencia en la acusación, pues : (i) no hubo “lesiones físicas certificadas”; (ii) no se presentaron registros de llamadas o audios que demuestren las amenazas de muerte; y (iii) no hubo un peritaje psicológico que acredite que hubo “secuelas emocionales compatibles con los hechos”.

Dentro de su escrito incluyó un acápite de pruebas y solicitudes complementarias, en el que pidió: (i) la incorporación de un dictamen psicológico de la denunciante, que evalúe su capacidad para percibir y76109600016420225020901 (AC-128-26)

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complementarias, en el que pidió: (i) la incorporación de un dictamen psicológico de la denunciante, que evalúe su capacidad para percibir y76109600016420225020901 (AC-128-26)

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recordar, así como posibles influencias externas en su relato; (ii) se oficie a las autoridades de policía y comisarías para establecer si hay reportes previos de violencia; y (iii) la aducción de un análisis técnico de los audios y mensajes presentados.

5.2. Argumentos de los no recurrentes

Aunque se dio el traslado respectivo, la Fiscalía, el Ministerio Público y la representante de la víctima no se pronunciaron respecto al recurso interpuesto por la defensa.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 34.1 de la Ley 906 de 2004 (en adelante Código de Procedimiento Penal o CPP) , la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor de E.F.R.J. contra la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de Buenaventura , por lo que se procede a examinar los puntos de disenso en virtud de los artículos 176 y 179 del CPP.

6.2. Problema jurídico

En esta oportunidad, le corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa de E.F.R.J. contra la sentencia que lo condenó por el delito de violencia intrafamiliar agravada, por haber se ejecutado contra una mujer.

De acuerdo con la sentencia de primera instancia, el procesado

apelación interpuesto por la defensa de E.F.R.J. contra la sentencia que lo condenó por el delito de violencia intrafamiliar agravada, por haber se ejecutado contra una mujer.

De acuerdo con la sentencia de primera instancia, el procesado maltrató física, verbal y psicológicamente a D.D.R.V. mientras fueron76109600016420225020901 (AC-128-26)

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compañeros permanentes, y la amenazó después de que culminaron su relación en el año 2022. Fundamentó el reconocimiento de la c ausal de agravación en que las conductas mencionadas fueron contra una mujer, se trató de actos de maltrato continuos y dentro de un ciclo de violencia.

En la apelación no se discute que E.F.R.J. y D.D.R.V. fueron compañeros permanentes por el lapso de 10 años, ni que su relación terminó en abril de 2022.

La defensa e levó como pretensión principal que se revoque la sentencia condenatoria y, de manera subsidiaria, solicitó se declare la nulidad de la sentencia, con el propósito de que se realice un nuevo juicio con pruebas imparciales y una valoración psicológica de la víctima que sea independiente.

Sustentó esto en que, según su criterio: (i) la víctima presenta un retraso cognitivo leve y su testimonio pudo estar sugestionado por su madre, A.V.S., quien tiene interés en responsabilizar al acusado por los hechos atribuidos; (ii) D.D.R.V. debió ser valorada por un psicólogo que pudiera establecer si hubo influencias externas en su relato; (iii) la condena se sustenta casi totalmente en las declaraciones de familiares de

hechos atribuidos; (ii) D.D.R.V. debió ser valorada por un psicólogo que pudiera establecer si hubo influencias externas en su relato; (iii) la condena se sustenta casi totalmente en las declaraciones de familiares de D.D.R.V., que no son imparciales ; y (iv) no se probaron los actos de maltrato a los que se hizo referencia en la acusación, pues no se presentaron medios de convicción objetivos, tales como registros de llamadas o audios sobre las amenazas de muerte, o un peritaje psicológico que acredite la presencia de secuelas emocionales en la víctima.

En su escrito también presentó tres solicitudes probatorias, orientadas a: (i) la aducción de un peritaje psicológico ; (ii) oficiar a diferentes autoridades de policía y comisarías para verificar si se reportaron hechos previos de violencia; y (iii) la incorporación de un análisis técnico de audios y mensajes presentados durante el juicio.76109600016420225020901 (AC-128-26)

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La Sala debe precisar, en primer lugar, que no se acogerán las solicitudes probatorias porque el trámite de la apelación no es la oportunidad para la aducción de pruebas al proceso3. Además, el artículo 361 del CPP prohíbe expresamente el decreto de pruebas de oficio, lo cual se desprende del principio acusatorio, que busca garantizar la imparcialidad judicial y el equilibrio procesal. Por lo tanto, solo se valorarán los medios de prueba que fueron aducidos a la actuación con el respeto de las reglas del debido proceso probatorio.

A partir del objeto de la apelación, y en cumplimiento de los

valorarán los medios de prueba que fueron aducidos a la actuación con el respeto de las reglas del debido proceso probatorio.

A partir del objeto de la apelación, y en cumplimiento de los principios de limitación4 y de prioridad5, la Sala de decisión se ocupará de resolver las siguientes cuestiones: (i) ¿se debe declarar la nulidad de la sentencia?; y (ii) si la respuesta es negativa, ¿existe prueba suficiente que permita considerar, más allá de duda razonable, que E.F.R.J. realizó actos de maltrato contra D.D.R.V., que permitan atribuirle la autoría del delito de violencia intrafamiliar agravada?

Con ese propósito, se realizarán algunas consideraciones sobre los siguientes temas: (i) la nulidad y sus cargas argumentativas; (ii) el delito de violencia intrafamiliar agravada; y (iii) la prueba de referencia. Luego se analizará la materialidad de la conducta.

6.3. Solución del caso

6.3.1. Sobre la nulidad y sus cargas argumentativas6

3 En la sentencia C-591 de 2005, la Corte Constitucional aclaró que, el marco del sistema penal acusatorio, solo se comprende como prueba la que es “practicada de forma concentrada en el curso de un juicio oral, público y con todas las garantías procesales”. Es necesario recordar que el debido proceso probatorio cuenta con unos pasos o etapas que se deben agotar para que un medio de conocimiento pueda ser valorado al momento de emitir un pronunciamiento: (i) obtención; (ii) descubrimiento; (iii) solicitud; ( iv) decreto; (v)

con unos pasos o etapas que se deben agotar para que un medio de conocimiento pueda ser valorado al momento de emitir un pronunciamiento: (i) obtención; (ii) descubrimiento; (iii) solicitud; ( iv) decreto; (v) práctica; y (vi) incorporación, cuando esta proceda (CSJ AP1244, 5 mar. 2025, rad. 66574). Debido a esto, el trámite del recurso de apelación no es un escenario idóneo para la aducción de pruebas a la actuación. 4 Conforme al cual el funcionario judicial solo puede pronunciarse respecto de lo que es materia de inconformidad y aquello que esté inescindiblemente vinculado a esta. 5 Según el cual se deben analizar en primer lugar las situaciones que puedan afectar la validez de la actuación, antes de estudiar el fondo del asunto. 6 Reiteración Tribunal Superior de Buga, Sala Penal, SP, 22 sep. 2026, rad. 76147600017120200052701 (AC-409-26); AP, 8 jul. 2026, rad. 76520600018120231012601 (AC -056-26); AP, 28 may. 2026, rad. 76130600016920160124701 (AC-151-26); SP, 20 may. 2026, rad. 76 306600017520231024301 (AC-50125); SP, 3 feb. 2026, rad. 76111600016520210054800 (AC -049-26); SP, 19 ene. 2026, rad. 761116000165202000409 (AC-653-25); SP, 19 dic. 2025, rad. 76111600016520230104401 (AC -578-24);

SP, 12 dic. 2025, rad. 76834600000020180000801 (AC-225-24).76109600016420225020901 (AC-128-26)

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La Corte Constitucional ha comprendido las nulidades como irregularidades que pueden presentarse en el contexto de un proceso, las cuales vulneran el debido proceso. Dada su gravedad, el legislador (y de manera excepcional el constituyente) ha dispuesto co mo consecuencia jurídica (sanción) la invalidez o pérdida de efectos jurídicos de las actuaciones, lo que convierte a la institución en un mecanismo para controlar la validez procesal y asegurar el respeto al debido proceso dentro de los trámites7.

El numeral 3 del artículo 139 del Código de Procedimiento Penal impone a los jueces el deber especial de corregir los actos irregulares; en un sentido similar, el numeral 2 del artículo 138 dispone que todos los servidores públicos y funcionarios judiciale s que concurran en el proceso penal deben respetar, garantizar y velar por que se salvaguarden los derechos de quienes intervienen en el proceso. A partir de estas disposiciones, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que, sin perjuicio de las oportunida des procesales para proponer nulidades que prevé expresamente la legislación adjetiva penal -formulación de acusación en el procedimiento ordinario conforme al art. 339.2, audiencia concentrada en el procedimiento abreviado según el artículo 542.12 y recurso extraordinario de casación de acuerdo con el art. 181.2 -, el juez puede aplicar dicho correctivo con posterioridad a la formulación de acusación y antes de la sentencia cuando resulte indispensable para sanear el proceso8.

extraordinario de casación de acuerdo con el art. 181.2 -, el juez puede aplicar dicho correctivo con posterioridad a la formulación de acusación y antes de la sentencia cuando resulte indispensable para sanear el proceso8.

El Título VI del Libro III de la Ley 906 de 2004 comprende reglas específicas sobre la ineficacia de los actos procesales. El artículo 456 9 prevé la causal de nulidad por incompetencia del juez, es decir, la derivada de la violación al derecho del juez natural. A su vez, el artículo 457 10

7 CC SU-360-24, T-661-14 y T-125-10. 8 CSJ AP1945, 26 mar. 2025, rad. 66571; SP112, 7 feb. 2024, rad. 63450. 9 CPP, art. 456: “Será motivo de nulidad el que la actuación se hubiere adelantado ante juez incompetente por razón del fuero, o porque su conocimiento esté asignado a los jueces penales de circuito especializados”. 10 CPP, art. 457: “Es causal de nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales”.76109600016420225020901 (AC-128-26)

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establece la relativa a la violación del derecho a la defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales.

La Corte Suprema de Justicia 11 ha desarrollado una serie de principios relacionados con la declaratoria excepcional de la nulidad en el proceso penal, a partir de la normativa adjetiva mencionada y de reglas provenientes de la Ley 600 de 2000 12, que son aplicables al sistema procesal actual:

principios relacionados con la declaratoria excepcional de la nulidad en el proceso penal, a partir de la normativa adjetiva mencionada y de reglas provenientes de la Ley 600 de 2000 12, que son aplicables al sistema procesal actual:

Taxatividad: comprendido en el artículo 458 13, que dispone que no podrá decretarse ninguna nulidad por motivo diferente a los señalados en

el Título VI.

Acreditación: “debe especificar la causal invocada y señalar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya”. Respecto de ese principio, además, quien alegue la nulidad tiene la obligación de exponer que el vicio afecta, en realidad, las garantías constitucionales “o desconoce las bases de la investigación o del juzgamiento” 14, en sentido fáctico y jurídico.

Convalidación: “que la irregularidad no haya sido convalidada con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, siempre a condición de ser observadas las garantías fundamentales”.

Protección: “no la puede invocar si con su conducta dio lugar a la configuración del yerro invalidante, salvo que se trate de ausencia de defensa técnica”.

Instrumentalidad: no es posible decretar la nulidad en los casos en los que se “cumpla la finalidad que previó el legislador, en tanto las formas no son un fin en sí mismo”.

11 CSJ SP823, 10 mar. 2021, rad. 57194. 12 Art. 310. 13 CPP, art. 458: “No podrá decretarse ninguna nulidad por causal diferente a las señaladas en este título”.

no son un fin en sí mismo”.

11 CSJ SP823, 10 mar. 2021, rad. 57194. 12 Art. 310. 13 CPP, art. 458: “No podrá decretarse ninguna nulidad por causal diferente a las señaladas en este título”. 14 CSJ SP004, 25 ene. 2023, rad. 62766.76109600016420225020901 (AC-128-26)

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Trascendencia: hay que demostrar que “la irregularidad sustancial afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la investigación y/o el juzgamiento y que la magnitud del defecto tiene incidencia en el sentido de justicia incorporado a la sentencia”.

Residualidad: “ha de asegurarse que no existe otro remedio procesal para subsanar el yerro”.

En efecto, el sujeto procesal que postule una nulidad, o el funcionario judicial que pretenda decretarla de oficio, tiene la obligación de realizar un ejercicio argumentativo complejo, consistente en acreditar los principios de esa institución procesal, qu e se introduce como el último mecanismo disponible para subsanar una irregularidad sustancial, debidamente identificada por el proponente15.

La defensa planteó una solicitud orientada a que se anule la sentencia y se haga un nuevo juicio, con pruebas que no presenten dudas frente a su imparcialidad , que incluyan una valoración psicológica de la víctima que sea independiente.

Aunque la pretensión mencionada no cumple con la carga argumentativa propia de las peticiones de nulidad, y eso sería suficiente para desestimar la petición, el Tribunal explicará por qué no procede la

víctima que sea independiente.

Aunque la pretensión mencionada no cumple con la carga argumentativa propia de las peticiones de nulidad, y eso sería suficiente para desestimar la petición, el Tribunal explicará por qué no procede la solicitud, a partir de los principios de esa institución procesal.

No se señaló por cuál causal se pretendía la nulidad, por lo que no se cumplió con el requisito de taxatividad. Tampoco se acreditaron afectaciones al debido proceso en aspectos sustanciales, ni se plantearon vicios de estructura o garantía. Además, no se encontró alguna

15 CSJ SP823, 10 mar. 2021, rad. 57194.76109600016420225020901 (AC-128-26)

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irregularidad que se adecúe a las exigencias de los artículos 455 a 457 del CPP.

De hecho, la forma en la que se estructuró la petición es confusa, pues no permite establecer si lo que se busca es la anulación de : (i) la sentencia, para que se vuelva a emitir el fallo de primera instancia; (ii) todo el juicio oral , para que se vuelvan a practicar las pruebas que fueron solicitadas y decretadas por las partes; o (iii) la audiencia concentrada en adelante, para que pueda plantear nuevas solicitudes probatorias.

Es necesario aclarar que las circunstancias que afectan la credibilidad de los testigos y peritos no constituyen irregularidades con la capacidad para invalidar la actuación. El eventual interés de los declarantes en faltar a la verdad o la posible sugestión a la víctima son situaciones que se relacionan con el análisis de fiabilidad y, de

capacidad para invalidar la actuación. El eventual interés de los declarantes en faltar a la verdad o la posible sugestión a la víctima son situaciones que se relacionan con el análisis de fiabilidad y, de comprobarse, podrían dar lugar a la absolución por duda razonable; pero nunca a la nulidad , por lo que no se cumple con el presupuesto de residualidad.

6.3.2. Sobre el delito de violencia intrafamiliar agravada16

La conducta contra la unidad y armonía familiar está previst a en el artículo 229 del Código Penal, de la siguiente manera:

“El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de sesenta (60) años, o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial y psicológ ica o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad”.

16 Reiteración Tribunal Superior de Buga, Sala Penal, SP, 20 feb. 2026, rad. 76111600016520225082801

(AC-017-26).76109600016420225020901 (AC-128-26)

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Se trata de un tipo penal de sujetos activo y pasivo calificados, pues es necesario que la conducta recaiga sobre un miembro del núcleo familiar. Según el artículo 2 de la Ley 294 de 1996, que incluyó el punible en el

Se trata de un tipo penal de sujetos activo y pasivo calificados, pues es necesario que la conducta recaiga sobre un miembro del núcleo familiar. Según el artículo 2 de la Ley 294 de 1996, que incluyó el punible en el Código Penal, este concepto comprende a quienes sean cónyuges o compañeros permanentes, para el momento de los hechos . El ámbito de protección del delito fue ampliado, aún más, con la Ley 1959 de 2019, que comprende dentro de la conducta aquellos supuestos de maltrato entre el padre y la madre de familia o entre excónyuges y excompañeros permanentes, aunque no convivan en el mismo lugar.

Lo que diferencia al injusto de violencia intrafamiliar de otros delitos, como el de lesiones personales, radica en la lesividad del comportamiento para la familia. En efecto, aunque la acción pueda afectar otros bienes jurídicos, como la integridad personal, moral o, inclusive, la libertad de la víctima, el punible de violencia intrafamiliar procura proteger la existencia y conservación de las relaciones circunscritas en el núcleo familiar. Se trata de un tipo subsidiario, pues opera cuando la conducta no se adecúe a un delito sancionado con pena mayor.

El verbo rector, maltratar, hace referencia a cualquier forma de violencia o agresión que ocurra dentro del contexto familiar y que tenga la entidad suficiente para lesionar su armonía y unidad , así se trate de un único acto, siempre y cuando posea esa trascendencia. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que “conforme a la definición típica del delito de violencia intrafamiliar, no se precisa de un comportamiento reiterado y

único acto, siempre y cuando posea esa trascendencia. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que “conforme a la definición típica del delito de violencia intrafamiliar, no se precisa de un comportamiento reiterado y prolongado en el tiempo del agresor sobre su víctima, pues bien puede ocurrir que se trate de un suceso único”17.

En similar sentido, para un sector de la doctrina es necesario “valorar no solo la fuerza objetiva intrínseca de la conducta, sino su potencial

17 CSJ SP4396, 29 sep. 2021, rad. 51434; SP14151, 5 oct. 2016, rad. 45647.76109600016420225020901 (AC-128-26)

E.F.R.J.

14

destructivo desde particulares observatorios individuales”, en atención al carácter omnicomprensivo del verbo rector maltratar18 .

Dado que el tipo penal protege “no es la familia en abstracto como institución básica de la sociedad, sino l

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