TSDJ BUG - Sentencia 76111220400120260121400 de 2026

Tribunal Superior de Buga

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Detalles

Título
TSDJ BUG - Sentencia 76111220400120260121400 de 2026
Autor
Tribunal Superior de Buga
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Penal
Año
2026

DECISIÓN

PRIMERA INSTANCIA

Código: GSP-FT-08 Versión: 6 Fecha de Aprobación: 31/01/2025

Tribunal Superior Distrito Judicial de Buga

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BUGA

SALA PENAL

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ANDRÉS GUZMÁN DÍAZ

Radicación : 76111-22-04-001-2026-01214-00 (T1-1214-26) Accionante : HÉCTOR FABIO GARCÍA BERNAL Accionados : Juzgado 1 Penal del Circuito de Roldanillo Asunto : Tutela de 1ª instancia Objeto : Demanda de tutela Decisión : Declara improcedente

Aprobado Acta No. : 725

Guadalajara de Buga, treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

I. ASUNTO

La Sala resuelve la acción de tutela formulada por el profesional del derecho que defiende los intereses de HÉCTOR FABIO GARCÍA BERNAL, contra el Juzgado 1 Penal del Circuito de Roldanillo, mediante la cual solicitó el amparo de su derecho de defensa.

II. Antecedentes: El accionante señaló que, en el marco del proceso penal 764006000192201680002, se presentó una irregularidad, puesto que no fue debidamente notificado para llevar a cabo su defensa material. Sobre ese tema, según el particular escrito (en el que no hay un hilo conductor fáctico muy claro), HÉCTOR FABIO GARCÍA BERNAL fue vinculado por varios delitos:

no fue debidamente notificado para llevar a cabo su defensa material. Sobre ese tema, según el particular escrito (en el que no hay un hilo conductor fáctico muy claro), HÉCTOR FABIO GARCÍA BERNAL fue vinculado por varios delitos: tentativa de feminicidio (que luego se modificó a homicidio agravado, en grado de tentativa) y acceso carnal violento.

De esta forma, el tutelante se sometió a un preacuerdo por el injusto de tentativa de homicidio, únicamente. Sin embargo, explicó que, duranteRadicación: 76111-22-04-001-2026-01214-00 (T1-1214-26)

Demandante: HÉCTOR FABIO GARCÍA BERNAL

Accionado: Juzgado 1 Penal del Circuito de Roldanillo

Tutela: 1ª Instancia

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la audiencia en la que se dieron a conocer los términos de negociación, el 24 de noviembre de 2016, la Fiscalía dejó claro que no llevaría a juicio ningún otro delito.

Según la parte demandante, esa fue la razón por la que HÉCTOR FABIO GARCÍA BERNAL no acudió a ninguna otra audiencia, lo que derivó, después, en una sentencia condenatoria, en 2022, razón por la que fue privado de su libertad el 16 de octubre de 2025.

Ahora bien, dijo que la Fiscalía había dejado claro que, después de que se comunicara con la víctima, Elvia María Correa, “los hechos denunciados obedecieron a un episodio de rabia motivado por una situación de infidelidad” situación que fue puesta de presente por el ente acusador en la audiencia de preacuerdo.

obedecieron a un episodio de rabia motivado por una situación de infidelidad” situación que fue puesta de presente por el ente acusador en la audiencia de preacuerdo.

Ciertamente, cuando continuó el proceso por el delito de acceso carnal violento, en atención a la ruptura procesal derivada del preacuerdo por uno de los injustos, HÉCTOR FABIO GARCÍA BERNAL no fue notificado debidamente para continuar acudiendo a la actuación.

Entre tanto, cuestionó, también, que se haya permitido introducir las entrevistas de la víctima, pues eran prueba de referencia inadmisible. Sin embargo, retomó el problema jurídico principal y aseguró que su ausencia en la etapa de juzgamiento obedeció a circunstancias no imputables a esa parte.

Sobre el particular, tuvo en cuenta que el proceso se mantuvo inactivo entre 2016 y 2020. Además, el 17 de septiembre de 2020, en una sesión de la audiencia preparatoria, se notificó la fecha de continuación en estrados, cuando HÉCTOR FABIO GARCÍA BERNAL no estaba presente.Radicación: 76111-22-04-001-2026-01214-00 (T1-1214-26)

Demandante: HÉCTOR FABIO GARCÍA BERNAL

Accionado: Juzgado 1 Penal del Circuito de Roldanillo

Tutela: 1ª Instancia

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A pesar de que, en esa audiencia, según la defensa, se comunicó con el padre del tutelante (quien le había dicho que, de acuerdo con el acusado, no contestaría el teléfono), no es suficiente para atribuir la inasistencia a HÉCTOR

FABIO GARCÍA BERNAL.

el padre del tutelante (quien le había dicho que, de acuerdo con el acusado, no contestaría el teléfono), no es suficiente para atribuir la inasistencia a HÉCTOR

FABIO GARCÍA BERNAL.

Finalmente, dijo que, según la Fiscalía, la víctima le comunicó que la denuncia había sido presentada sin algún fundamento fáctico real, lo que, en su sentir, tuvo que modular las actuaciones del ente acusador, en razón al principio de objetividad. Según se deduce, eso obligaba a proponer otra salida procesal distinta a una sentencia condenatoria.

En un escrito posterior, aportó una declaración juramentada de Elvia María Correa, víctima, en la que afirmó que los encuentros sexuales habían sido consentidos. El documento fue confeccionado el 11 de octubre de 2026.

III. Pretensiones: La parte demandante pretende que se revoque la sentencia del 25 de enero de 2022 y, en su lugar, se retrotraiga el proceso hasta la audiencia preparatoria.

IV. Actuación procesal: Admitida a trámite la tutela mediante auto del 10 de octubre de 2026, se realizó el traslado de la demanda al Juzgado 1 Penal del Circuito de Roldanillo y las partes e intervinientes del proceso penal 76400600019220168000200.

V. Intervención de las autoridades accionadas o vinculadas

Juzgado 1 Penal del Circuito de Roldanillo: Explicó que, el 11 de octubre de 2016, se realizó un preacuerdo por el delito de tentativa de homicidio, lo que derivó en la sentencia condenatoria del 6 de marzo de 2017 y, después,

de 2016, se realizó un preacuerdo por el delito de tentativa de homicidio, lo que derivó en la sentencia condenatoria del 6 de marzo de 2017 y, después, continuó la etapa de juzgamiento por el delito de acceso carnal violento.Radicación: 76111-22-04-001-2026-01214-00 (T1-1214-26)

Demandante: HÉCTOR FABIO GARCÍA BERNAL

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Luego de exponer un resumen de la actuación procesal, manifestó que no se interpuso ningún recurso en contra de la sentencia condenatoria y, de todas formas, el procesado tenía conocimiento del proceso penal.

Fiscalía 45 Seccional de Roldanillo: Sostuvo que no tenía acceso actual al expediente. Sin embargo, argumentó que la sentencia no se fundamentó, exclusivamente, en prueba de referencia.

Procurador 310 Judicial Penal: Manifestó que la acción de tutela no era una tercera instancia y los aspectos relacionados con la notificación de las audiencias no podían ser examinados en esta oportunidad, en especial si no se interpuso el recurso de apelación.

Representante de víctimas: Reiteró que el accionante conocía que había un proceso en su contra y, específicamente, fue enterado que la actuación respecto del delito sexual seguiría su curso. Además, dijo que, de acuerdo con el defensor, en su momento, el padre de HÉCTOR FABIO GARCÍA BERNAL afirmó que el acusado no contestaría el teléfono.

VI. CONSIDERACIONES

En atención con lo señalado en los artículos 86 de la Constitución

afirmó que el acusado no contestaría el teléfono.

VI. CONSIDERACIONES

En atención con lo señalado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 333 de 2021, la Sala es competente para proferir fallo de primera instancia dentro de la presente acción de tutela.

Una vez analizados los términos del escrito en que se invocó el amparo constitucional, el accionante pretende que se deje sin efectos la sentencia condenatoria emitida en su contra. Sin embargo, se deberá examinar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales y, solo en ese caso, se estudiará de fondo el asunto.Radicación: 76111-22-04-001-2026-01214-00 (T1-1214-26)

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a. Sobre los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.

De modo que, la jurisprudencia constitucional ha fijado unas pautas que restringen el uso y abuso de la acción de tutela como un recurso ordinario para cuestionar decisiones jurisdiccionales, según su naturaleza residual y subsidiaria. Efectivamente, el mecanismo de tutela, cuando se dirige en contra de decisiones judiciales, es, en principio, improcedente, pero, excepcionalmente, puede habilitarse su presentación, siempre que se argumenten debidamente los requisitos:

dirige en contra de decisiones judiciales, es, en principio, improcedente, pero, excepcionalmente, puede habilitarse su presentación, siempre que se argumenten debidamente los requisitos:

“genéricos y específicos, esto con la finalidad de evitar que la misma se convierta en un instrumento para discutir la disparidad de criterios entre los sujetos procesales y la autoridad accionada y contrariar su esencia, que no es distinta a denunciar la transgresión de los derechos fundamentales”1.

Sobre los primeros requisitos, la Corte Suprema de Justicia, en esa misma decisión, planteó que se encuentran: “a) que el asunto discutido resulte de relevancia constitucional, que afecte derechos fundamentales; b) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se esté ante un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla con el requisito de inmediatez, esto es, que se interponga dentro de un término razonable y justo; d) que se trate de una irregularidad procesal, y la misma tenga un efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora; e) que se identifiquen de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados, y, además, que esa violación haya sido alegada dentro del proceso, siempre que hubiese sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela”2.

1 CSJ STP, 27 feb. 2025, rad. 142793. 2 Véase también: SU-116/18 y SU-069/18.Radicación: 76111-22-04-001-2026-01214-00 (T1-1214-26)

1 CSJ STP, 27 feb. 2025, rad. 142793. 2 Véase también: SU-116/18 y SU-069/18.Radicación: 76111-22-04-001-2026-01214-00 (T1-1214-26)

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Frente a los requisitos específicos, se explicó que debe acreditarse que “la providencia adolece de algún defecto orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, un error inducido, que carece por completo de motivación, desconoce el precedente o viola directamente la Constitución” en el entendido que:

“En ese orden, el interesado debe demostrar de manera clara cuál es la irregularidad grave en la que incurrió el funcionario judicial, su efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y cómo afecta sus derechos fundamentales. [Por tanto] no basta con aducir cualquier anomalía o desacierto dentro del proceso para que por vía de amparo pueda revisarse la actuación de un funcionario judicial, en tanto que el juez constitucional no es una instancia adicional revisora de la actuación ordinaria”3.

Caso concreto.

Relevancia constitucional. El accionante cuestionó la validez de una sentencia condenatoria, en razón a la ausencia del procesado en la etapa de juzgamiento por una indebida notificación, lo que le impidió ejercer de una forma diligente su defensa material y, junto con su abogado, presentar las pruebas que considerase pertinentes para su defensa.

juzgamiento por una indebida notificación, lo que le impidió ejercer de una forma diligente su defensa material y, junto con su abogado, presentar las pruebas que considerase pertinentes para su defensa.

Inmediatez. Se entiende que la diferencia entre las fechas de emisión de la sentencia y de la interposición de la acción de tutela obedecen a que el conocimiento de la decisión cuestionada tuvo lugar cuando fue capturado, por lo que, en principio, el requisito de inmediatez también está acreditado.

Subsidiariedad. Según la parte demandante, no pudo interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia porque no fue notificado para asistir al proceso penal, por lo que se supera ese requisito, como también se ha señalado, por ejemplo, en la decisión T-069/26.

3 CSJ STP, 13 jul. 2022, rad. 131450.Radicación: 76111-22-04-001-2026-01214-00 (T1-1214-26)

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Ahora bien, en cuanto a los fundamentos relacionados con la prueba de referencia y la existencia de una declaración de la víctima, en la que, se dice, aceptó que la acusación no tenía un soporte fáctico, la Sala observa que son aspectos respecto de los cuales sí existe otro mecanismo de defensa, como la acción de revisión.

Ciertamente, son hipótesis que ya no se relacionan con viscicitudes del proceso de notificación de las audiencias y providencias judiciales, sino con

que son aspectos respecto de los cuales sí existe otro mecanismo de defensa, como la acción de revisión.

Ciertamente, son hipótesis que ya no se relacionan con viscicitudes del proceso de notificación de las audiencias y providencias judiciales, sino con su fundamento epistémico. Como existe la acción de revisión (art. 192 y sig. CPP), la acción de tutela no es el medio preferente para establecer si, por ejemplo, esa declaración posterior de la víctima modularía el juicio sobre la demostración de la responsabilidad penal, o si era o no suficiente condenar con la declaración previa incorporada en el proceso.

Es más, el accionante solo realizó etéreas afirmaciones respecto de la prueba de referencia, pero nunca valoró adecuadamente cual fue su poder suasorio específico en la sentencia, cómo debía valorarse, cómo se relaciona con las demás pruebas, etcétera.

Entonces, la Sala únicamente seguirá el análisis en lo que tiene que ver con la notificación, una verdadera irregularidad procesal. Eso sí, aunque se identificaron, razonablemente, los motivos por los cuales se considera que la providencia judicial debe ser revocada, se anticipa que el defecto no está plenamente demostrado, pese a que, por supuesto, no se trata de una acción de tutela contra providencias de la misma naturaleza.

Recientemente, la Corte Constitucional, en decisión T-069/26, señaló que la notificación de las determinaciones en un proceso penal es un aspecto tan relevante que garantiza varios derechos: el de defensa, por supuesto y, con esto, la facultad real de materializar la contradicción y confrontación.

que la notificación de las determinaciones en un proceso penal es un aspecto tan relevante que garantiza varios derechos: el de defensa, por supuesto y, con esto, la facultad real de materializar la contradicción y confrontación. Los efectos de un proceso penal (la suspensión temporal de la libertad por laRadicación: 76111-22-04-001-2026-01214-00 (T1-1214-26)

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imposición de una pena) son tan graves que se exige una actuación diligente por parte de las autoridades judiciales.

Ahora bien, el defecto procedimental absoluto, por el ineficaz proceso de notificación debe ser atribuible al Estado. Ciertamente, no todo error en la comunicación dentro del proceso penal es susceptible de nulidad, sino solo aquellos casos en los que la inasistencia obedece, exclusivamente, a una irregularidad en su notificación.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ AP, 24 abr. 2013, rad. 41055 y CSJ AP, 1° mar. 2023, rad. 62127), por ejemplo, descartó la nulidad en los casos en los que el acusado conoce su vinculación al proceso penal, pues se espera una actuación más diligente, no solo en relación con la asistencia a las audiencias, sino en establecer con su abogado una estrategia probatoria oportuna4.

Entonces, es preciso diferenciar cuando el procesado, por un lado, no conoce la existencia del proceso penal, con aquellos en los que no comparece conscientemente, así haya cambiado de domicilio.

oportuna4.

Entonces, es preciso diferenciar cuando el procesado, por un lado, no conoce la existencia del proceso penal, con aquellos en los que no comparece conscientemente, así haya cambiado de domicilio.

En efecto, el artículo 140 de la Ley 906 de 2004 establece que las partes deben actuar con lealtad y buena fe, por lo que el numeral 5 ibídem señala que existe la obligación de “comunicar cualquier cambio de domicilio, residencia, lugar o dirección electrónica señalada para recibir notificaciones o comunicaciones”. Cuando, por alguna u otra razón, el acusado cambia de dirección física y electrónica, sin informarlo y, a su vez, conoce que existe un proceso penal en su contra, no puede controvertir su indebida notificación, cuando fue su propia actuación la que derivó en el supuesto yerro.

4 Véase: CSJ SP, 29 jun. 2022, rad. 57221. La Corte Suprema señaló que la inasistencia del procesado a las audiencias, por razón de desinterés, no representa una transgresión al derecho de defensa, ya que, en tratándose de la audiencia preparatoria –y concentrada, por ejemplo– “el decreto de las pruebas que pretendía hacer valer pudo pedirlo a través de su defensora”.Radicación: 76111-22-04-001-2026-01214-00 (T1-1214-26)

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Además, cuando se interpone una acción de tutela bajo este tipo de argumentos, no basta con establecer la existencia de la irregularidad, sino

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Además, cuando se interpone una acción de tutela bajo este tipo de argumentos, no basta con establecer la existencia de la irregularidad, sino que configura un defecto procedimental absoluto “la falta de notificación efectiva, cuando es atribuible a la autoridad judicial y tiene incidencia directa en el resultado del proceso” (T-069/26).

Sobre ese tema, el accionante nunca mencionó cómo su inasistencia tenía una relación directa con el resultado del proceso. Simplemente dijo que no había podido presentar pruebas, sin establecer cuáles y cómo, de haber sido practicadas, el juicio de responsabilidad hubiese podido variar.

Eso sería suficiente para negar la acción constitucional. Sin embargo, se desarrollarán las razones por las que se afirma que las irregularidades en la notificación no son atribuibles a la autoridad judicial.

Ante el Juzgado Penal Municipal de Las Palmas, Cundinamarca, se llevaron a cabo las audiencias preliminares concentradas5 contra HÉCTOR FABIO GARCÍA BERNAL, ocasión en la que afirmó que su lugar de residencia era Caparrapí, Cundinamarca, pero dijo no saberse la dirección. Aportó el número de teléfono 3218239297.

Como le fue impuesta una medida de aseguramiento privativa de su libertad, asistió a las audiencias subsiguientes.

Ahora bien, el 24 de noviembre de 2016, se realizó un preacuerdo, en la que se dejó claro que, únicamente, tenía relación con el delito de homicidio agravado, en grado de tentativa. El ente acusador señaló que se comunicó

Ahora bien, el 24 de noviembre de 2016, se realizó un preacuerdo, en la que se dejó claro que, únicamente, tenía relación con el delito de homicidio agravado, en grado de tentativa. El ente acusador señaló que se comunicó con la víctima y que, en efecto, le había dicho que “lo enunciado fue por rabia, de que, realmente, había una situación de una infidelidad, que la llevó a esta situación”. 5 Registro 1:32. Audiencia de 25 de mayo de 2016, sesión 1.Radicación: 76111-22-04-001-2026-01214-00 (T1-1214-26)

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Sin embargo, no por esa sola frase podía entenderse que la Fiscalía renunció a la acción penal, o que el procesado ya no tendría que acudir a las demás diligencias, por el delito de acceso carnal violento.

Es más, más adelante, cuando la Fiscalía relacionó las evidencias que soportaban el mínimo probatorio, dijo que daban cuenta que el procesado “accedió en contra de su voluntad”, así como las lesiones que fundamentaron la atribución del injusto contra la vida.

Lo relevante es que el supuesto fundamento que introduce el tutelante para justificar la inasistencia del procesado (la frase mencionada del fiscal), no es suficiente para afirmar que tenía una expectativa razonable respecto de la terminación del proceso, en lo que tenía que ver con el injusto contra la libertad, integridad y formación sexuales.

Luego, en la sentencia condenatoria, emitida en razón del preacuerdo,

la terminación del proceso, en lo que tenía que ver con el injusto contra la libertad, integridad y formación sexuales.

Luego, en la sentencia condenatoria, emitida en razón del preacuerdo, se concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena y, el 3 de noviembre de 2020, inició la audiencia preparatoria.

Cuando fue dejado en libertad, tenía la obligación (pues conocía que el proceso penal seguía su curso, por otro delito), de comunicar el lugar en el que se encontraba o, en general, algún dato de notificación.

Ciertamente, en la audiencia del 17 de septiembre de 2020, el Juzgado 1 Penal del Circuito de Roldanillo dijo que no había sido posible contactarse con el procesado. Le preguntó a la Fiscalía si conocía su paradero y dijo que la dirección aportada al juez de ejecución de penas, así como al momento de su aprehensión, no existía:

“de acuerdo a lo que se pudo constatar, y lo puede decir el abogado de la defensa, él también se trasladó al municipio de Zarzal, donde efectivamente se corroboró que las direcciones, al igual que los teléfonos que había aportado, pues, no son localizables, es más, no existen”.Radicación: 76111-22-04-001-2026-01214-00 (T1-1214-26)

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El defensor público solicitó el uso de la palabra y, luego de solicitar el aplazamiento de la diligencia, afirmó que llamó al número 3218239297 (el

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El defensor público solicitó el uso de la palabra y, luego de solicitar el aplazamiento de la diligencia, afirmó que llamó al número 3218239297 (el mismo que otorgó el accionante en las audiencias preliminares concentradas), pero “se encuentra fuera de servicio”. También marcó el número fijo que aparecía en la carpeta 6526943, con los mismos resultados.

Sobre la dirección física que inicialmente fue aportada por la parte demandante, Carrera 11 No. 2-39, barrio Los Lagos, no existía. Es más, la defensa acudió directamente a esa dirección y, además, pensó que podía haberse tratado de un error y también fue, presencialmente, a la Calle 11 (ya no carrera), lo que lo dirigió al barrio Quindío, pero tampoco existía aquella nomenclatura.

En la audiencia del 3 de noviembre de 2020, inclusive, la defensa dijo que había logrado comunicarse con los progenitores de HÉCTOR FABIO GARCÍA BERNAL, quienes vivían en Versalles, Valle del Cauca, al número 3113123342 pero “me manifestó a lo último, en diálogos del 19 de septiembre y domingo 20 de septiembre, que su hijo me manda a decir ‘que él no le sale a nadie al teléfono’, a pesar de haberle dejado mi número telefónico y haberle contado al padre su situación jurídica y la necesidad de que se contactara con esta defensa, pero no se pudo”.

De esta forma, es claro que la inasistencia al proceso penal no tiene que ver con una omisión por parte de la autoridad judicial. Simplemente, el accionante, de forma deliberada, omitió actualizar sus datos para poder ser

defensa, pero no se pudo”.

De esta forma, es claro que la inasistencia al proceso penal no tiene que ver con una omisión por parte de la autoridad judicial. Simplemente, el accionante, de forma deliberada, omitió actualizar sus datos para poder ser notificado adecuadamente y, a pesar de que su defensor se contactó con su padre, le mandó a decir que no atendería el teléfono. A pesar de esto, por obvias razones, conocía su situación jurídica (un proceso penal en curso por acceso carnal violento), no solo por esa última llamada, sino porque había hecho un preacuerdo por el delito de tentativa de homicidio.Radicación: 76111-22-04-001-2026-01214-00 (T1-1214-26)

Demandante: HÉCTOR FABIO GARCÍA BERNAL

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Además, se insiste, incluso si se acepta, discutiblemente, que, en efecto la ausencia de notificación es culpa del Estado, nunca se explicó cómo eso tuvo incidencia directa en el resultado del proceso. Es decir, explicar, por ejemplo, qué pruebas habrían sido propuestas y cómo pudieron modular el juicio de responsabilidad, lo que suponía, por supuesto, una exposición fáctica y probatoria mucho más rigurosa, en lugar de afirmar que la decisión no podía fundamentarse en la entrevista de la víctima.

Luego de esta síntesis, se había dicho que, en principio, se superaba el requisito de inmediatez y subsidiariedad, pues el conocimiento del tutelante respecto de la sentencia habría ocurrido cuando fue capturado.

Luego de esta síntesis, se había dicho que, en principio, se superaba el requisito de inmediatez y subsidiariedad, pues el conocimiento del tutelante respecto de la sentencia habría ocurrido cuando fue capturado.

Sin embargo, según las evidencias disponibles, HÉCTOR FABIO GARCÍA BERNAL siempre supo de la existencia del proceso penal. Inclusive, a través de su padre, sabía de su situación jurídica concreta, por lo que, si había existido algún error en su notificación, tuvo que haberlo propuesto desde esa oportunidad y no 5 años después. Por ahora, la no presentación del recurso de apelación es atribuible a su conducta y no a la falta de notificación, por lo que tampoco se supera el requisito general de subsidiariedad.

Cuando, pudiendo hacerlo, no se presenta algún recurso, la acción de tutela no es procedente. Entonces, se esperaba de una actuación diligente por parte del accionante, quien ya conocía de la actuación penal, para que pudiera hacer uso, oportunamente, de los mecanismos procesales dirigidos a la protección de sus derechos.

En esas condiciones, aunque fue necesario realizar una valoración del expediente y, básicamente, pronunciarse sobre el defecto propuesto por la parte demandante, no se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, contra providencias judiciales, por lo que la acción se declarará improcedente.Radicación: 76111-22-04-001-2026-01214-00 (T1-1214-26)

Demandante: HÉCTOR FABIO GARCÍA BERNAL

Accionado: Juzgado 1 Penal del Circuito de Roldanillo

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Demandante: HÉCTOR FABIO GARCÍA BERNAL

Accionado: Juzgado 1 Penal del Circuito de Roldanillo

Tutela: 1ª Instancia

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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela formulada por el profesional del derecho que defiende los intereses de HÉCTOR FABIO GARCÍA BERNAL, contra el Juzgado 1 Penal del Circuito de Roldanillo , según lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Segundo: Notifíquese en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y hágase saber a los intervinientes que esta providencia puede ser impugnada, conforme el artículo 31 del mismo decreto, ante la H. Sala de

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Tercero: De no ser impugnada, remítase la actuación a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión

Notifíquese y cúmplase

JUAN CARLOS SANTACRUZ LÓPEZ MagistradoRadicación: 76111-22-04-001-2026-01214-00 (T1-1214-26)

Demandante: HÉCTOR FABIO GARCÍA BERNAL

Accionado: Juzgado 1 Penal del Circuito de Roldanillo

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Demandante: HÉCTOR FABIO GARCÍA BERNAL

Accionado: Juzgado 1 Penal del Circuito de Roldanillo

Tutela: 1ª Instancia

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JOSÉ JAIME VALENCIA CASTRO

Magistrado

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