TSDJ BUG - Sentencia 76111221300420260028200 de 2026
Detalles
- Título
- TSDJ BUG - Sentencia 76111221300420260028200 de 2026
- Autor
- Tribunal Superior de Buga
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Constitucional
- Año
- 2026
1 76.111.2213.004.2026.00282.00. Laura Zuluaga Arango Vs. J3PF de Palmira (V) Tutela 1° instancia.
TRIBUNAL SUPERIOR DE BUGA
SALA CIVIL FAMILIA DE DECISIÓN
Magistrado Ponente: ORLANDO QUINTERO GARCÍA
PROYECTO APROBADO SEGÚN ACTA VIRTUAL No. 289.
Guadalajara de Buga, tres (3) de noviembre de dos mil veintiséis (2026)
1. OBJETO DE DECISIÓN IMPUGNACIÓN E INFORMACIÓN RELEVANTE.
Decidir la acción de tutela que la ciudadana Laura Zuluaga Arango promovió frente al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Palmira , al interior del incidente por incumplimiento de una medida de protección por violencia intrafamiliar, donde funge como incidentada, por la presunta vulneración del derecho al debido proceso, con ocasión de l auto emitido el 01/10/2026 que resolvió confirmar, en el grado jurisdiccional de consulta, la resolución del 18/09/2026, proferida por la Comisaría de Familia del Corregimiento de Rozo de Palmira, mediante la cual se sancionó a la actora con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, convertibles en arresto, por el incumplimiento de las medidas de protección , impuestas a favor de la señora María Eugenia Zamorano Sarria, por medio de la Resolución del 04/09/2025.
En la medida aludida, se dispuso que la gestora se abstuviera de toda agresión física, verbal o psicológica contra la señora María Eugenia Zamorano Sarria -quien
En la medida aludida, se dispuso que la gestora se abstuviera de toda agresión física, verbal o psicológica contra la señora María Eugenia Zamorano Sarria -quien tiene la custodia de sus dos menores hijos - de ingresar a cualquier lugar donde esta se encontrara y de acercarse a menos de quinientos metros de ella “para prevenir que le perturbe, intimidé, amenace o de cualquier otra forma interfiera con ella y/o prevenir un desenlace fatal. (Art 17 de la ley 2126 del 2021 literal B)”1.
1 Carpeta 765203184003-2026-00418-00. PDF. 002. PÁG. 61.2 76.111.2213.004.2026.00282.00. Laura Zuluaga Arango Vs. J3PF de Palmira (V) Tutela 1° instancia.
La usuaria alega que la autoridad judicial enjuiciad a, incurrió en el defecto de “violación directa de la Constitución por insuficiente aplicación de las garantías sustanciales derivadas de la perspectiva de género, así como insuficiencia del análisis de responsabilidad subjetiva ”2, por cuanto, “ no incorporaron suficientemente la perspectiva de género ni valoraron integralmente las circunstancias extraordinarias en las que se produjo mi conducta”3.
Agrega que no se aplicó la “Sentencia T-091 de 2026 de la Corte Constitucional, que reiteró la obligación de las autoridades de familia de considerar el contexto de violencia, las circunstancias particulares de las mujeres y las garantías sustanciales derivadas del enfoque de género”4, porque:
El 1.º de marzo de 2026 se produjo un episodio en la residencia donde se encontraban
de violencia, las circunstancias particulares de las mujeres y las garantías sustanciales derivadas del enfoque de género”4, porque:
El 1.º de marzo de 2026 se produjo un episodio en la residencia donde se encontraban mis hijos, durante el cual ingresé a la vivienda pese a existir una medida de protección que me impedía aproximarme a la señora María Eugenia Zamorano Sarria.
Reconozco que ingresé y que debí manejar aquella situación de una manera diferente. No pretendo negar lo sucedido ni sostener que tenía autorización para desconocer la medida de protección. Sin embargo, considero indispensable que se comprendan las circunstancias en las que ocurrió mi comportamiento. (…) En aquel momento me encontraba profundamente angustiada por la separación de mi hija, a quien llevaba varios meses sin ver (siete meses). Mi preocupación no estaba relacionada únicamente con la imposibilidad de mantener contacto con ella, sino también con las condiciones de seguridad y bienestar en el lugar donde se encontraban mis hijos. (…) Una de mis preocupaciones se relacionaba con la presencia en esa vivienda del señor Juan José Martínez, hermano del padre de mis hijos, Pedro Felipe Martínez. Según la información de la que disponía, el señor Juan José se encontraba residiendo en la casa donde permanecían los niños. Su comportamiento había suscitado inquietud en personas de mi entorno, entre otras, una testigo que podrá declarar sobre lo que observó personalmente. (…) Lo relevante para esta acción es la preocupación concreta que yo experimentaba por la convivencia de mis hijos con un adulto cuyo comportamiento me generaba temor, preocupación que solicito sea valorada a partir de los hechos
2 PDF. 01. PÁG. 6. 3 PDF. 01. PÁG. 1.
experimentaba por la convivencia de mis hijos con un adulto cuyo comportamiento me generaba temor, preocupación que solicito sea valorada a partir de los hechos
2 PDF. 01. PÁG. 6. 3 PDF. 01. PÁG. 1. 4 Ib.3 76.111.2213.004.2026.00282.00. Laura Zuluaga Arango Vs. J3PF de Palmira (V) Tutela 1° instancia.
efectivamente acreditados. (…) La combinación de la separación prolongada de mi hija, la incertidumbre acerca de su bienestar y las preocupaciones por el entorno donde permanecía me produjo un estado de angustia profunda. En ese contexto se presentó mi ingreso a la vivienda. Mi intención, según he manifestado en el proceso, era buscar contacto con mi hija y verificar su situación, no agredir ni intimidar a la señora María Eugenia Zamorano Sarria. Reconozco que mi manera de actuar fue equivocada. Sin embargo, considero que la finalidad d e mi conducta, mi estado emocional y las circunstancias familiares deben ser examinadas antes de establecer definitivamente mi responsabilidad sancionatoria5.
La circunstancia que antecede, se le puso de presente en el trámite incidental a la Comisaria mencionada, por medio de los descargos, así:
(…) deje claro ante el despcho (sic) como los niños han sido víctimas de violencia vicaria, violencia que hasta el momento ha sido obviada por parte del despacho, en la visita de ese fin de semana le solicite a la señora Sonia zamorano, que le recordara a la abuela el compromiso que habíamos hecho de permitir ver a mi hija, se lo pedí de varias formas
violencia que hasta el momento ha sido obviada por parte del despacho, en la visita de ese fin de semana le solicite a la señora Sonia zamorano, que le recordara a la abuela el compromiso que habíamos hecho de permitir ver a mi hija, se lo pedí de varias formas amigablemente y la respuesta fue que la niña no quería ir y que ella no podían hacer nada, yo le deje claro que no pensaba irme del lugar hasta no ver mi hija, esto debido a que las ultimas sema na, he sido informada por diferentes fuentes sobre las crisis psiquiátricas que enfrenta hace varios meses lel (sic) cuidador de mis hijos el señor JUAN JOSE MARTINEZ, quien es el tío paterno de mis hijos y quien vive en ese lugar de manera permanente, y cuya cuidadora esa misma abuela la señora MARIA EUGENIA SARRIA, esta situación me tiene sin dormir con los nervios colapsados, debido que en manifiestas ocasiones y delante de varios testigos que incluso he traído hoy para dar fe de lo que digo, por ejemplo aseguran que no se están tomando su medicamentos y está haciendo uso regular de cannabis y dice que cuando está trabado le dan ganas de matar gente, adicionalmente y en espacio público hostigo y amenazó a quien era mi pareja, diciéndole que le daba cinco minutos para irse del lugar donde se encontraron o si no lo podía matar y como él sabía que él estaba loco, que a él no le podían hacer nada legalmente, esta situación no solo me preocupa a mí, sino a todas las personas de la red que están a mi alrededor (…) quiero dejar en manifestó la preocupación del riesgo que están viviendo mis hijos en el seno de esta familia y adicionalmente el riesgo que puede estar corriendo mi vida y de las personas que me acompañan (…) por eso es si
red que están a mi alrededor (…) quiero dejar en manifestó la preocupación del riesgo que están viviendo mis hijos en el seno de esta familia y adicionalmente el riesgo que puede estar corriendo mi vida y de las personas que me acompañan (…) por eso es si actué fue por el desespero de madre de vera mi hija, ya que hace 7 meses no me la
5 PDF. 01. PÁG. 1-2.4 76.111.2213.004.2026.00282.00. Laura Zuluaga Arango Vs. J3PF de Palmira (V) Tutela 1° instancia.
dejan ver (…)6.
En la réplica, el Juzgado convocado, defiende la legalidad de su actuación al estimar que se profirió conforme a derecho.
2. CONSIDERACIONES.
De manera preliminar, se indica que el mecanismo constitucional supera el test de subsidiariedad e inmediatez. El primero, debido a que la crítica va dirigida contra un auto que resolvió una consulta de un proveído que decidió un incidente por incumplimiento de una medida de protección por violencia intrafamiliar , el cual, no es susceptible de otros instrumentos de defensa7. El otro, porque no transcurrió ni siquiera un mes, desde su notificación -01/10/2026y la interposición de la tutela.
Explicado lo anterior, la Sala anuncia que la queja planteada por la proponente tiene ámbito de prosperidad, debido a que el proveído censurado que resolvió el incidente por incumplimiento , en el sentido de confirmar la sanción por desobedecer la medida de protección por violencia intrafamiliar, luce arbitrario o
tiene ámbito de prosperidad, debido a que el proveído censurado que resolvió el incidente por incumplimiento , en el sentido de confirmar la sanción por desobedecer la medida de protección por violencia intrafamiliar, luce arbitrario o caprichoso, pues, no se atempera a la evidencia procesal y los parámetros legales y jurisprudenciales, según pasa a explicarse.
El artículo 1 ° de la Convención de Belém do Pará -aprobado por Colombia mediante la Ley 248 de 1995 -, conceptúa la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
6 Carpeta 765203184003-2026-00418-00. PDF. 002. PÁG. 144. 7 SU034-18. Regla aplicable a los incidentes de desacato por disposición del inciso tercero del artículo 18 de Ley 294 de 1996 , modificado por el artículo 12 de la Ley 575 de 2000 que estableció “ Serán aplicables al procedimiento previsto en la presente ley las normas procesales contenidas en el Decreto número 2591 de 1991, en cuanto su naturaleza lo permita”.5 76.111.2213.004.2026.00282.00. Laura Zuluaga Arango Vs. J3PF de Palmira (V) Tutela 1° instancia.
A su turno, el literal b del artículo 7 de la convención citada, señala que “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas
A su turno, el literal b del artículo 7 de la convención citada, señala que “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (…) b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.
En su orden, el literal F., indica que el Estado parte debe “establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”.
En armonía, el literal C del artículo 2° de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW-, establece que “Los Estados Partes” -como Colombia- “(…) se comprometen a: (…) C. Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación”.
Al respecto, la Corte Constitucional al dar lectura a dichos apartados normativos, precisó que “el Estado colombiano tiene la obligación específica de proteger a la mujer en los escenarios judiciales, dado que allí debe garantizar su protección efectiva contra todo acto de discriminación por medio de “procedimientos legales justos y eficaces”8.
En este sentido destacó que, para llegar a dicho horizonte, en las decisiones
efectiva contra todo acto de discriminación por medio de “procedimientos legales justos y eficaces”8.
En este sentido destacó que, para llegar a dicho horizonte, en las decisiones judiciales, se debe aplicar “un enfoque diferencial con perspectiva de género es, pues, la de lograr la igualdad de trato ante la Ley”9.
8 t-145-25. 9 Ib.6 76.111.2213.004.2026.00282.00. Laura Zuluaga Arango Vs. J3PF de Palmira (V) Tutela 1° instancia.
La alta Corporación, en otra oportunidad, en sentencia T-091 de 2026 -citada por la impulsora para sustentar su denuncia sobre la decisión reprochada-, recordó que tal postulado se concreta en:
(…) las autoridades de familia “agudicen la mirada para reconocer que en la realidad la violencia contra las mujeres no puede considerarse un hecho aislado, sino que tiene una dimensión sistémica, que reproduce en todas las esferas de la existencia de las mujeres asimetrías de poder derivadas de un modelo de sociedad machista y patriarca que impregna la cultura y se acepta sin cuestionarse, porque se encuent ra profundamente arraigado en la cosmovisión hegemónica.”.
A partir de allí, la máxima guardiana de la Constitución, fijó unos parámetros determinados en deberes y garantías que deben adoptar las autoridades jurisdiccionales, “tanto procesales como sustanciales diferenciadas y reforzadas que tienen como finalidad garantizar la igualdad sustantiva”10.
Entre las prerrogativas procesales, rememoró que se encuentran “(…) Desplegar toda la actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la
reforzadas que tienen como finalidad garantizar la igualdad sustantiva”10.
Entre las prerrogativas procesales, rememoró que se encuentran “(…) Desplegar toda la actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres. (…) Las autoridades de familia deben “flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas últimas resulten insuficientes”11.
A su vez, las sustanciales las se concretan en: “Analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y, por esta razón, deben recibi r un trato diferencial y favorable”12.
Ahora, e l Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Palmira , en la decisión cuestionada, inició por relatar que:
10 T-091 de 2026. 11 Ibídem. 12 Ib.7 76.111.2213.004.2026.00282.00. Laura Zuluaga Arango Vs. J3PF de Palmira (V) Tutela 1° instancia.
El 9 de marzo de 2026 la señora ZAMORANO SARRIA solicitó tramitar incidente por incumplimiento de las medidas, con fundamento en los hechos del domingo 1 de marzo de 2026, que había denunciado ante la Fiscalía General de la Nación el 4 de marzo siguiente. Sostuvo que, hacia las tres de la tarde, terminada la visita que la señora ZULUAGA ARANGO realizaba al niño en el parqueadero de la vivienda bajo la
siguiente. Sostuvo que, hacia las tres de la tarde, terminada la visita que la señora ZULUAGA ARANGO realizaba al niño en el parqueadero de la vivienda bajo la supervisión de su hermana SONIA ZAMORANO SARRIA, aquella exigió que le entregaran a la niña y que, como est a se negó a salir de su habitación, ingresó a la fuerza a la casa, la empujó cuando intentó impedírselo, la insultó y llegó hasta la puerta de la habitación de la niña, mientras los dos menores lloraban y gritaban. Aportó una memoria USB con videos de la c ámara de seguridad de su vivienda y pidió recibir el testimonio de SONIA ZAMORANO SARRIA y de la señora YANETH ARÉVALO.
Por Resolución TRD-120.1.43.08.00000139.447.2026000131 del 9 de marzo de 2026, la Comisaría avocó el trámite incidental y dispuso la valoración de la solicitante por Medicina Legal, el concepto del equipo psicosocial y la citación de las testigos. El 27 de marzo de 2026 la señora ZULUAGA ARANGO fue notificada personalmente, se le corrió traslado y rindió descargos, en los que manifestó que, angustiada por llevar siete meses sin ver a su hija, ingresó a la vivienda sin ánimo de agredir a nadie, negó haber empujado a la señora ZAMORANO SARRIA, aportó conversaciones de WhatsApp y una valoración psicológica particular, y solicitó la declaración de cinco testigos. Mediante Resolución TRD120.1.43.08.00000139.456.2026000015 del 5 de mayo de 2026 se
valoración psicológica particular, y solicitó la declaración de cinco testigos. Mediante Resolución TRD120.1.43.08.00000139.456.2026000015 del 5 de mayo de 2026 se decretaron las p ruebas, entre ellas un informe de la Policía Nacional y el registro de acceso al condominio Forestal Club, cuya administración respondió el 20 de mayo de
2026. (…)
Al cierre de la audiencia la Comisaría profirió la Resolución TRD120.1.43.08.00000139.472.2026000011, en la que, tras valorar de manera conjunta los testimonios, los conceptos psicológico y sociofamiliar del equipo psicosocial, el dictamen UBPAL -DSVA-00733-2026 de Medicina Legal, que no halló huellas externas de lesión reciente ni fijó incapacidad, la historia clínica, los videos, el registro de acceso al condominio y las manifestaciones de la propia citada, declaró que la señora ZULUAGA ARANGO incumplió la medida de protección y le impuso multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)13.
13 Carpeta 765203184003-2026-00418-00. PDF. 003. PÁG. 2-3.8 76.111.2213.004.2026.00282.00. Laura Zuluaga Arango Vs. J3PF de Palmira (V) Tutela 1° instancia.
Luego, pasó a examinar la medida de protección y el trámite llevado a cabo por la Comisaria de Familia del Corregimiento de Rozo de Palmira, así:
Del examen integral del expediente se advierte que la medida cuyo incumplimiento se imputa estaba vigente, era exigible y fue conocida por la señora ZULUAGA ARANGO.
la Comisaria de Familia del Corregimiento de Rozo de Palmira, así:
Del examen integral del expediente se advierte que la medida cuyo incumplimiento se imputa estaba vigente, era exigible y fue conocida por la señora ZULUAGA ARANGO. La Resolución TRD -120.1.43.08.00000139.466.2025000410 del 4 de septiembre de 2025 le fue comunicada por aviso a su correo electrónico ese mismo día, ella la recurrió en apelación y este Despacho, mediante Auto No. 1030 del 15 de septiembre de 2025, la confirmó, de modo que desde entonces no cabe duda sobre su firmeza ni sobre su contenido: se le ordenó abstenerse de toda agresión física, verbal o psicológica contra la señora ZAMORANO SARRIA, de ingresar a cualquier lugar donde esta se encontrara y de acercarse a menos de quinientos metros de ella, con la advertencia expresa de las sanciones por i ncumplimiento. La propia incidentada manifestó en la audiencia que comprende que las medidas de protección deben ser respetadas.
En cuanto al trámite, la Comisaría era competente por haber proferido la medida definitiva, la solicitud se presentó ocho días después de los hechos y se avocó en la misma fecha, se notificó personalmente a la incidentada y se le corrió traslado , y ella rindió descargos, aportó pruebas documentales y obtuvo el decreto de los cinco testimonios que pidió; se reconoció personería a su apoderada, se le entregó copia del expediente el 24 de agosto de 2026 y se le concedió la palabra en la audiencia, que se celebró con la presencia del Personero Delegado. (…)14
expediente el 24 de agosto de 2026 y se le concedió la palabra en la audiencia, que se celebró con la presencia del Personero Delegado. (…)14
Después, entró a analizar la responsabilidad de la actora. En especial, comenzó por la objetiva, en el siguiente sentido:
Sobre la ocurrencia del incumplimiento, el material probatorio es coincidente. La propia señora ZULUAGA ARANGO, al ser entrevistada por el equipo psicosocial, reconoció que ese día “la embarré”, que anunció que iba a entrar, que “logró entrar” hasta donde estaba la niña mientras la señora ZAMORANO SARRIA, su hermana y la empleada la retenían, y que se arrepiente y ofreció disculpas; en sus descargos aceptó haber ingresado a la vivienda, aunque negó haber empujado a la señora ZAMORANO SARRIA, y en la audiencia admitió que debió manejar de otra manera su frustración. A ello se suman los testimonios de SONIA ZAMORANO SARRIA y de JANETH ROCÍO AR ÉVALO CÓRDOBA, quienes, pese a su cercanía con la protegida, lo que impone valorarlos con
14 Carpeta 765203184003-2026-00418-00. PDF. 003. PÁG. 5.9 76.111.2213.004.2026.00282.00. Laura Zuluaga Arango Vs. J3PF de Palmira (V) Tutela 1° instancia.
mayor rigor a la luz del artículo 211 del Código General del Proceso, relatan de manera coherente y concordante que, tras pedir que le llevaran a la niña y negarse esta a salir, la señora ZULUAGA ARANGO entró a la casa por la puerta de la sala, tuvo un contacto
coherente y concordante que, tras pedir que le llevaran a la niña y negarse esta a salir, la señora ZULUAGA ARANGO entró a la casa por la puerta de la sala, tuvo un contacto físico con la señora ZAMORANO SARRIA, que intentaba impedírselo, descrito por una testigo como un empujón y por la otra como un forcejeo, y avanzó hasta la habitación de la niña, mientras los dos niños lloraban y gritaban. Esta versión encuentra respaldo parcial, según las actuaciones del proceso en los videos de la cámara de seguridad revisados por el equipo psicosocial; los cuales, no fueron enviados junto con el expediente, para el examen de esta instancia judicial.
No obstante, si se aceptara sin reparo la versión de la sancionada, según la cual no empujó a la señora ZAMORANO SARRIA sino que la esquivó, el incumplimiento subsistiría, pues la medida le prohibía ingresar a cualquier lugar donde se encontrara la protegida y acercarse a ella, y no se discute que entró contra la voluntad de esta a la casa donde residía y se hallaba, hecho que por sí solo contraría la orden sin necesidad de agresión física y que resulta idóneo para perturbar e intimidar a una persona de la tercera edad, sujeto de especial protección constitucional (artículos 13 y 46 de la Constitución Política), y para exponer a los niños a un episodio de intensa carga emocional. Que el dictamen de Medicina Legal, transcrito en la resolución consultada, no hallara huellas externas de lesión reciente ni fijara incapacidad médico legal tampoco desvirtúa el incumplimiento, porque la medida no protege únicamente la integridad
emocional. Que el dictamen de Medicina Legal, transcrito en la resolución consultada, no hallara huellas externas de lesión reciente ni fijara incapacidad médico legal tampoco desvirtúa el incumplimiento, porque la medida no protege únicamente la integridad física, sino también la tranquilidad y la integridad psicológica de la protegida, de las que dan cuenta el concepto psicológico y la historia clínica de urgencias del mismo 1 de marzo de 2026, valorados no como prueba aislada de la agresión, sino como elementos que corroboran su contexto15.
Seguidamente, emprendió a evaluar la responsabilidad subjetiva de la siguiente manera:
La imputación subjetiva también está demostrada. La señora ZULUAGA ARANGO conocía la medida, que había recurrido; sabía que las visitas se desarrollaban en el parqueadero, fuera de la vivienda y bajo la supervisión de la tía paterna, precisamente para evitar el contacto directo entre las dos adultas; anunció que no se iría hasta ver a su hija y que la traería, según lo consigna el equipo psicosocial de los videos, y actuó pese a la oposición de la protegida, de la supervisora de la visita y de la propia niñ a.
15 Carpeta 765203184003-2026-00418-00. PDF. 003. PÁG. 5-6.10 76.111.2213.004.2026.00282.00. Laura Zuluaga Arango Vs. J3PF de Palmira (V) Tutela 1° instancia.
No se trató, entonces, de un hecho fortuito ni de un error, sino de una conducta deliberada, esto es, dolosa. La angustia y la desesperación de una madre que lleva
No se trató, entonces, de un hecho fortuito ni de un error, sino de una conducta deliberada, esto es, dolosa. La angustia y la desesperación de una madre que lleva meses sin ver a su hija, que este Despacho no desconoce, explican el comportamiento, pero no lo justifican ni excluyen su culpabilidad, pues la medida de protección no admite excepciones por razón del móvil, y las discrepancias de la sancionada con el régimen de visitas, con la ubicación de los niños o con el trato que reciben en casa de su abuela deben plantearse por las vías legales ante las autoridades competentes en los procesos de restablecimiento de derechos, no resolverse por vías de hecho. Tampoco es de recibo que la orden de alejamiento fuera incompatible con el lugar fijado para las visitas, pues estas se cumplían en un espacio externo a la vivienda y con supervisión de un tercero, justamente para conciliar ambos mandatos, y nada autorizaba el ingreso a la casa.
Frente a los reparos de la sancionada sobre la valoración probatoria, el Despacho no advierte que se hayan omitido sus pruebas. Las conversaciones de WhatsApp y la valoración psicológica particular fueron incorporadas y examinadas, y se encontró que aluden a la logística de las visitas, a la devolución de pertenencias y al estado emocional de la señora ZULUAGA ARANGO, sin relación directa con el hecho investigado, por lo que no lo desvirtúan. De los cinco testigos que solicitó, todos decretados y citados, solo compareció uno, quien declaró no tener conocimiento de los hechos, y los demás, debidamente citados, no comparecieron, sin que, como lo anota la Comisaría, el registro
compareció uno, quien declaró no tener conocimiento de los hechos, y los demás, debidamente citados, no comparecieron, sin que, como lo anota la Comisaría, el registro de acceso los ubique en el condominio ese día. Las circunstancias externas que invoca, como la situación de salud mental de un familiar de los niños, no guardan relación con el hecho investigado y habrán de plantearse ante las autoridades de restablecimiento de derechos16.
Lo expuesto, deja ver que la decisión adoptada contempla una anomalía jurídica que amerit a la intervención del Juez constitucional , en vista qu e el Juez convocado, en lo absoluto realizó una valoración de la decisión en consulta, con base en una perspectiva de géner o, siendo un imperativo , por un lado, por mandato legal por la adopción de Colombia de las convenciones internacionales de Belém do Pará y CEDAW, por el otro, por orden jurisprudencial, puesto que, desatendió las garantías procesales y sustanciales reforzadas y delineadas por el precedente Constitucional citado.
16 Carpeta 765203184003-2026-00418-00. PDF. 003. PÁG. 6-7.11 76.111.2213.004.2026.00282.00. Laura Zuluaga Arango Vs. J3PF de Palmira (V) Tutela 1° instancia.
En efecto, se le reprocha que convalidó la decisión de la Comisaria de Familia del Corregimiento de Rozo de Palmira, sin verificar que dicha autoridad no garantizó una igualdad sustantiva , a través de prerrogativ a procesal que compele a “desplegar toda la actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres ”17, antes de imponer una sanción de
una igualdad sustantiva , a través de prerrogativ a procesal que compele a “desplegar toda la actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres ”17, antes de imponer una sanción de naturaleza pecuniaria -con la agravación que pueda ser convertible en arresto-.
Ello, dado que, aun cuando en el trámite incidental, la impulsora expuso en sus descargos, una circunstancia fáctica de extrema gravedad que explicaba el móvil y la génesis de su actuar, relativa a la existencia de un riesgo inminente para la vida e integridad de sus hijos , derivado de la convivencia permanente con el señor Juan José Martínez, en la que se denunció que dicho adulto padecía crisis psiquiátricas, sin adherencia farmacológica, realizaba consumo abusivo de sustancias psicoactivas y exteriorizaba ideaciones y amenazas homicidas expresas en presencia de terceros , se resalta que pasó por alto cualquier averiguación o visita sociofamiliar con miras a descubrir el entorno familiar de los menores, en especial, respecto d el señor Martíne z, pues, en el auto de decreto de pruebas, se limitó a disponer únicamente las evidencias encaminadas a comprobar la responsabilidad objetiva del presunto incumplimient o de la medida de protección , mas no, los que subyacían del comportamiento de la actora, tal como se aprecia a continuación:
PRIMERO: PRUEBAS SOLICITADAS POR LA PARTE CITANTE: Decrétese el testimonio de las señora (sic) JANETH ROCIO AREVALO CORDOBA y SONIA ZAMORANO SARRIA (...) Para que rindan declaración sobre los hechos ocurridos el 01 de marzo del 2026
de las señora (sic) JANETH ROCIO AREVALO CORDOBA y SONIA ZAMORANO SARRIA (...) Para que rindan declaración sobre los hechos ocurridos el 01 de marzo del 2026 del presunto incumplimiento (...). SEGUNDO: PRUEBAS SOLICITADAS POR LA PARTE CITANTE: Decrétese el testimonio de señores Diana Valderrama, a la señora Andrea Jaramillo, al señor Daniel Felipe Gómez, señora Diana Garcés y Catalina Vélez p (...) para que rindan declaración sobre los hechos ocurridos el 01 de marzo del 2026 del presunto incumplimiento. (...) TERCERO: Oficiar al comando de policía Palmira para solicitar copia del informe policivo de los patrulleros que atendieron el caso ocurrido el
17 T-091 de 2026.12 76.111.2213.004.2026.00282.00. Laura Zuluaga Arango Vs. J3PF de Palmira (V) Tutela 1° instancia.
01 de marzo del 2026 en el KM 7 VIA ROZO PARCELACION FORESTAL CLUB CASA 89
Palmira donde según la solicitud de incumplimiento a la medida de protección
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