TSDJ BUG - Sentencia 76111310700120260006501 de 2026

Tribunal Superior de Buga

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Detalles

Título
TSDJ BUG - Sentencia 76111310700120260006501 de 2026
Autor
Tribunal Superior de Buga
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Penal
Año
2026

¡ C o m p r o m e t i d o s c o n l a c a l i d a d ! Calle 7 No. 14-32, 2° Piso Edif. Palacio de Justicia Correo electrónico sspenbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co

SENTENCIA DE TUTELA

SEGUNDA INSTANCIA

Código: GSP-FT-46 Versión: 6 Fecha de Aprobación:

31/01/2025

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA

SALA PENAL DE DECISIÓN CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente:

HAROLD HUMBERTO GÓMEZ GALLEGO

RADICACIÓN: 76111-31-07-001-2026-00065-01 (T-2155-26)

ACCIONANTE: STELLA MOREANO ANGULO

ACCIONADO: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

Discutido y aprobado según Acta No 977 Guadalajara de Buga, nueve (09) de noviembre de dos mil veintiséis (2026)

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la señora STELLA MOREANO ANGULO contra la sentencia de tutela No 055 del treinta (30) de septiembre de dos mil veintiséis (2026), proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga.

2. ANTECEDENTES

Manifestó la accionante que es una mujer afrodescendiente, víctima del conflicto armado y desplazada,

Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga.

2. ANTECEDENTES

Manifestó la accionante que es una mujer afrodescendiente, víctima del conflicto armado y desplazada, quien reside actualmente en Guadalajara de Buga. En 2019, en el corregimiento de La Guayacana, municipio de Tumaco, su esposo, quien se desempeñaba como líder soci al, fue asesinado y ella resultó lesionada, con una afectación permanente en una de sus extremidades inferiores. También manifestó que algunas de las personas capturadas por estos hechos se fugaron de la cárcel. Actualmente, es beneficiaria del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que ha calificado su nivel de riesgo como extraordinario. Consejo Superior de la Judicatura Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga¡ C o m p r o m e t i d o s c o n l a c a l i d a d ! Calle 8 No. 14-47, Guadalajara de Buga. Palacio de Justicia. Piso 1. Correo electrónico sspenbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co 2

Mediante la Resolución DGRP 004969 del 27 de mayo de 2026, la UNP modificó su esquema de protección, pasando de tipo 2 a tipo ligero, luego de que una nueva evaluación arrojara una ponderación del 52,22%, inferior al 56,11% obtenido en el estudio anterior. Como consecuencia, dispuso el retiro del vehículo blindado y de uno de los dos escoltas, para lo cual estableció un periodo de transición de tres meses, contado a partir de la firmeza del acto administrativo.

blindado y de uno de los dos escoltas, para lo cual estableció un periodo de transición de tres meses, contado a partir de la firmeza del acto administrativo.

Contra esa decisión, la accionante interpuso recurso de reposición e informó sobre nuevos hechos ocurridos en junio de 2026. Señaló que el día 12 de ese mes , dos hombres que se movilizaban en motocicleta abordaron a su hermano en Pasto y le advirtieron que ella ya estaba ubicada y debía presentarse en La Guayacana por unos lotes. Posteriormente, el 16 de junio, su hermano recibió un sobre con fotografías de ella y un mensaje en el que le indicaban que la siguiente sería ella. Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía el 17 de junio de 2026.

La UNP resolvió el recurso mediante la Resolución DGRP 010445 del 8 de septiembre de 2026, notificada el día 11 del mismo mes, y confirmó la decisión inicial. Aunque reconoció que los hechos informados eran sobrevinientes y dispuso que fueran examinados en orden de trabajo y mantuvo la reducción del esquema de protección.

Por lo anterior mediante esta acción tuitiva solicitó mantener, de manera transitoria, las medidas de protección que venía recibiendo, incluido el vehículo blindado y el segundo escolta, hasta que finalizara la reevaluación del riesgo y se adoptara una decisión debidamente motivada. También pidió ordenar a la UNP que adelantara dicho estudio con carácter prioritario y aplicara un enfoque diferencial y de género. Como medida provisional, solicitó suspender la reducción del esquema.

3. ACTUACIÓN PROCESAL

que adelantara dicho estudio con carácter prioritario y aplicara un enfoque diferencial y de género. Como medida provisional, solicitó suspender la reducción del esquema.

3. ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante auto del 21 de septiembre de 2026, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga admitió la acción de tutela contra la UNP y vinculó a la Dirección de Evaluación del Riesgo de esa entidad, a la Fiscalía 19 Seccional de Pasto, a la Defensoría del Pueblo, a la Personería Municipal, a la Secretaría de Gobierno de Buga, a la Policía Nacional del Distrito Buga y a la Unidad para las Víctimas, a quienes concedió un término de dos días para pronunciarse sobre los hechos y ejer cer su defensa. En la misma providencia negó la medida provisional, al considerar que la accionante había informado telefónicamente que todavía contaba con el esquema de protección completo.¡ C o m p r o m e t i d o s c o n l a c a l i d a d ! Calle 8 No. 14-47, Guadalajara de Buga. Palacio de Justicia. Piso 1. Correo electrónico sspenbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co 3

4. RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES

La Unidad Nacional de Protección informó que la accionante ha sido objeto de evaluaciones de riesgo desde 2021. Precisó que, en el periodo 2023 -2024, su ponderación fue del 56,11%, mientras que en la última evaluación se estableció en 52,22%, resultados que en ambos casos correspondieron a un nivel de riesgo extraordinario. Explicó que la modificación del esquema obedeció a esa disminución y a que durante

última evaluación se estableció en 52,22%, resultados que en ambos casos correspondieron a un nivel de riesgo extraordinario. Explicó que la modificación del esquema obedeció a esa disminución y a que durante el periodo evaluado no se corroboraron amenazas recientes. La entidad reconoció que el riesgo de la accionante continúa siendo extraordinario y señaló que está pendiente establecer la incidencia de los hechos ocurridos en junio de 2026. Para ello, inició una nueva evaluación, que se encuentra en etapa de verificación previa y requiere un término mínimo de treinta días hábiles.

5. SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de tutela No 055 del 30 de septiembre de 2026, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga, resolvió:

5. RECURSO DE IMPUGNACIÓN

La accionante impugnó la decisión y manifestó que no pretende controvertir la legalidad de las resoluciones ni que el juez constitucional determine cuál debe ser su esquema de protección. Lo que busca es evitar que se haga efectiva su reducción mientras la propia UNP termina de valorar los he chos sobrevinientes que reconoció y ordenó estudiar. Cuestionó que el juzgado no hubiera tenido en cuenta su condición de mujer afrodescendiente, víctima del conflicto armado, desplazada y con una afectación física permanente. También señaló que acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo impli caría esperar un tiempo irrazonable frente a un riesgo que la misma entidad ha calificado como extraordinario. Solicitó revocar la decisión de primera instancia, ordenar la culminación de la reevaluación del riesgo y mantener las medidas

irrazonable frente a un riesgo que la misma entidad ha calificado como extraordinario. Solicitó revocar la decisión de primera instancia, ordenar la culminación de la reevaluación del riesgo y mantener las medidas de protección vigentes mientras se adopta una nueva decisión.¡ C o m p r o m e t i d o s c o n l a c a l i d a d ! Calle 8 No. 14-47, Guadalajara de Buga. Palacio de Justicia. Piso 1. Correo electrónico sspenbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co 4

6. CONSIDERACIONES

6.1. Competencia El Tribunal es competente para resolver la impugnación, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por ser el superior funcional del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga.

6.2. Problema jurídico Determinar, en primer lugar, si la acción de tutela cumple el requisito de subsidiariedad, cuya inobservancia llevó al juez de primera instancia a declarar su improcedencia. Si se supera ese examen, deberá establecerse si la Unidad Nacional de Protección vulneró los derechos fundamentales de la accionante, al mantener la reducción de su esquema de protección, pese a que su nivel de riesgo continúa siendo extraordinario y está pendiente una nueva evaluación originada en los hechos ocurridos en junio de 2026.

6.3. Requisitos de procedibilidad En cuanto a la legitimación en la causa por activa , se encuentra acreditada, pues la señora Stella Moreano Angulo actúa en nombre propio y solicita la protección de sus derechos fundamentales. También se cumple la legitimación en la causa por pasiva respecto de la UNP, dado que es la entidad encargada

Moreano Angulo actúa en nombre propio y solicita la protección de sus derechos fundamentales. También se cumple la legitimación en la causa por pasiva respecto de la UNP, dado que es la entidad encargada de evaluar el riesgo, adoptar las medidas de protección y expedir los actos administrativos cuestionados. La inmediatez también se encuentra satisfecha , l a Resolución DGRP 010445 fue notificada el 11 de septiembre de 2026 y la acción de tutela se presentó poco después, sin que se advierta una demora injustificada. En relación con la subsidiariedad, la Sala se aparta de la conclusión a la que llegó el juez de primera instancia.

6.4 Argumentos Normativos Es cierto que, por regla general, los actos administrativos expedidos por la UNP pueden controvertirse mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1, dentro del cual es posible solicitar medidas cautelares. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que ese mecanismo puede resultar ineficaz, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo definitivo cuando quien solicita la protección es un sujeto de especial protección constitucional o se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema, sujeta a un riesgo extraordinario conforme a la matriz de calificación y que podría agravarse por las decisiones de la administración2.

1 Artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2 Sentencia SU-546 de 2023 y T-109 de 2026¡ C o m p r o m e t i d o s c o n l a c a l i d a d ! Calle 8 No. 14-47, Guadalajara de Buga. Palacio de Justicia. Piso 1. Correo electrónico sspenbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co 5

Calle 8 No. 14-47, Guadalajara de Buga. Palacio de Justicia. Piso 1. Correo electrónico sspenbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co 5

En este asunto se presentan esas circunstancias , pues l a accionante es una mujer afrodescendiente, desplazada y víctima del conflicto armado, con una afectación física permanente que la propia UNP ha tenido en cuenta en sus actuaciones. Su nivel de riesgo continúa calificado como extraordinario y, pese a ello, la decisión cuestionada dispone retirar el vehículo blindado y uno de sus escoltas, precisamente cuando ha informado sobre nuevas amenazas que todavía no han sido objeto de una valoración definitiva. A ello se suma que el periodo de transición vence hacia el 12 de diciembre de 2026. En esas condiciones, difícilmente la jurisdicción de lo contencioso administrativo alcanzaría a pronunciarse sobre una solicitud de medida cautelar antes de que se haga efectiva la reducción del esquema. Exigirle a la accionante acudir a ese mecanismo supondría someterla a una espera incompatible con la protección inmediata que requiere su situación.

Tampoco impide la procedencia de la tutela que, al momento de proferirse el fallo de primera instancia, la reducción todavía no se hubiera materializado. El artículo 86 de la Constitución Política permite acudir a este mecanismo no solo cuando se ha producido la vulneración de un derecho fundamental, sino también cuando existe una amenaza cierta. Por tanto, en este caso no resulta razonable esperar a que se retire efectivamente parte del esquema para reconocer la necesidad de protección constitucional.

En cuanto al derecho a la seguridad personal y los deberes de la UNP, la Corte Constitucional ha señalado

efectivamente parte del esquema para reconocer la necesidad de protección constitucional.

En cuanto al derecho a la seguridad personal y los deberes de la UNP, la Corte Constitucional ha señalado que, cuando una persona se encuentra expuesta a un riesgo extraordinario, las autoridades deben estudiar de manera particular su situación, adoptar medidas de protección suficientes y revisar periódicamente si estas sigue n siendo adecuadas. También deben responder oportunamente cuando aparecen nuevos hechos que puedan indicar una materialización del riesgo y abstenerse de adoptar decisiones que aumenten la exposición de la persona protegida3.

Por esa razón, la reducción de un esquema de protección debe estar respaldada en una disminución relevante y probada del riesgo. No basta con establecer una variación en el resultado de la matriz de evaluación; la entidad debe explicar por qué las medidas que permanecen son suficientes para proteger a la persona frente a las circunstancias actuales4.

Cuando esa decisión no cuenta con una motivación suficiente o se adopta sin valorar debidamente los hechos recientes, el juez de tutela puede ordenar que se mantengan o restablezcan temporalmente las medidas existentes, mientras la autoridad competente realiza una nueva evaluación y adopta una decisión ajustada a las condiciones reales de riesgo.

3 Corte Constitucional Sentencia T-719 de 2003 4 Corte Constitucional Sentencia T-109 de 2026¡ C o m p r o m e t i d o s c o n l a c a l i d a d ! Calle 8 No. 14-47, Guadalajara de Buga. Palacio de Justicia. Piso 1. Correo electrónico sspenbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co 6

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En la Sentencia SU -546 de 2023, la Corte Constitucional señaló que la UNP debe aplicar enfoques diferenciales al evaluar el riesgo y determinar las medidas de protección, atendiendo las condiciones particulares de cada persona. Para el caso que se examina, cobran especial importancia los enfoques de género y étnico. El primero exige tener en cuenta los riesgos específicos que enfrentan las mujeres y la discriminación histórica de la que han sido objeto; el segundo obliga a considerar las condiciones territoriales, sociales y de vulnerabilidad que afrontan las comunidades afrodescendientes en el contexto del conflicto armado. Por tanto, estos aspectos deben ser considerados en el estudio de riesgo de la accionante y reflejarse en las medidas que se adopten para garantizar su seguridad.

Por su parte, en la Sentencia T -109 de 2026, la Corte precisó que, cuando la UNP desconoce las reglas jurisprudenciales que orientan la evaluación del riesgo, el juez de tutela puede ordenar una nueva valoración ajustada a dichos criterios y, en casos exce pcionales, disponer el restablecimiento de las medidas de protección que estaban vigentes antes de los actos cuestionados, mientras se expiden nuevos actos administrativos. Según esa providencia, esta última medida procede cuando se presenta uno o varios de los siguientes supuestos: i) la persona está categorizada con riesgo extraordinario; ii) existen pruebas de su situación apremiante o elementos suficientes para concluir que el riesgo así lo amerita; iii) la amenaza

de los siguientes supuestos: i) la persona está categorizada con riesgo extraordinario; ii) existen pruebas de su situación apremiante o elementos suficientes para concluir que el riesgo así lo amerita; iii) la amenaza proviene de agentes o factores que previamente materializaron esos riesgos; iv ) se comprueban circunstancias no valoradas por la entidad; v) existen medidas de protección adoptadas por organismos como la CIDH; o vi) la UNP no motivó adecuadamente la necesidad de disminuir las medidas de protección, pese a que el porcentaje del nivel de riesgo no varió o lo hizo de forma poco significativa 5. Un ejemplo de este último supuesto se encuentra en la Sentencia T -432 de 2024, en la que la Corte ordenó el restablecimiento transitorio del esquema de protección de un beneficiario cuya ponderación había pasado del 51,11% al 50,55%, mientras la UNP real izaba un nuevo estudio del nivel de riesgo debidamente motivado6.

6.5. Caso concreto En el presente asunto, la Sala considera que no es procedente ejecutar la reducción del esquema de protección mientras la UNP no finalice la reevaluación ordenada con ocasión de las amenazas informadas en junio de 2026. Esta conclusión obedece a las inconsistencias que se advierten en las actuaciones de la propia entidad.

5 Corte Constitucional, Sentencia T-109 de 2026, p. 65 y 66. 6 Corte Constitucional, Sentencia T-432 de 2024¡ C o m p r o m e t i d o s c o n l a c a l i d a d ! Calle 8 No. 14-47, Guadalajara de Buga. Palacio de Justicia. Piso 1.

Calle 8 No. 14-47, Guadalajara de Buga. Palacio de Justicia. Piso 1. Correo electrónico sspenbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co 7

En efecto, al expedir la Resolución DGRP 004969, el Director General de la UNP se apartó parcialmente de la recomendación del CERREM, al considerar que no se había examinado de manera integral el contexto territorial, razón por la cual ordenó realizar un nuevo estudio de riesgo7:

No obstante, en esa misma resolución mantuvo el retiro del vehículo blindado y de uno de los escoltas, que se haría efectivo dentro de los tres meses siguientes, pese a que la suficiencia de la valoración que sustentaba esa decisión había sido cuestionada por la propia dirección de la entidad.

A lo anterior se suma que, cuando la accionante informó sobre las amenazas ocurridas en junio de 2026, la UNP dispuso que fueran examinadas con carácter urgente para establecer si existía una situación de inminencia. Sin embargo, en la misma decisión sostu vo que la beneficiaria no había reportado nuevas situaciones de riesgo y, con fundamento en ello, confirmó la reducción del esquema. Esta contradicción demuestra que la entidad mantuvo su decisión sin establecer previamente la incidencia de los nuevos hechos en las condiciones de seguridad de la accionante. También resulta relevante que, aunque la Orden de Trabajo No 005864 fue expedida el 15 de junio de 2026, para septiembre la entidad informó que el estudio todavía se encontraba en etapa de verificación previa. Es decir, habían transcurrido cerca de tres meses sin que se obtuviera un resultado definitivo, mientras seguía corriendo el plazo para retirar parte de las medidas de protección.

estudio todavía se encontraba en etapa de verificación previa. Es decir, habían transcurrido cerca de tres meses sin que se obtuviera un resultado definitivo, mientras seguía corriendo el plazo para retirar parte de las medidas de protección.

En esas condiciones, no resulta admisible que la UNP ejecute la reducción con fundamento en una evaluación anterior a las amenazas informadas por la accionante, cuando la misma entidad reconoció la necesidad de valorarlas y aún no ha concluido el estudio c orrespondiente. Hacerlo comprometería sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal, además de afectar el debido proceso administrativo, pues la decisión carece de una motivación coherente y la reevaluación no se ha resuelto oportunamente. Además, en este caso concurren varios de los supuestos que, según la Sentencia T -109 de 2026, justifican mantener o restablecer transitoriamente las medidas de protección: el riesgo de la accionante continúa calificado como extraordinario, existen hechos sobrevinientes como las amenazas de

7 Archivo 23 del expediente de tutela, página 14 de la Res. 004969¡ C o m p r o m e t i d o s c o n l a c a l i d a d ! Calle 8 No. 14-47, Guadalajara de Buga. Palacio de Justicia. Piso 1. Correo electrónico sspenbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co 8

junio de 2026 que la entidad aún no ha valorado; y la reducción se fundó en una variación de la ponderación del 56,11% al 52,22%, sin que la UNP explicara por qué las medidas que permanecen resultan suficientes.

junio de 2026 que la entidad aún no ha valorado; y la reducción se fundó en una variación de la ponderación del 56,11% al 52,22%, sin que la UNP explicara por qué las medidas que permanecen resultan suficientes.

La intervención del juez constitucional no implica sustituir al CERREM en la valoración técnica del riesgo ni determinar de manera definitiva cuál debe ser el esquema de protección . Por ello, se aclara que esta decisión no implica que el concepto que emita el CERREM deba ser favorable o desfavorable a la accionante, pues tal valoración le corresponde de manera autónoma a esa instancia con base en el nuevo estudio de riesgo. Se trata de evi tar que la accionante quede expuesta a una mayor situación de vulnerabilidad mientras la UNP termina el estudio y adopta una decisión que tenga en cuenta las amenazas recientes y las condiciones actuales de seguridad.

Por estas razones, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se ampararán los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, se ordenará a la UNP mantener el vehículo blindado y el segundo escolta hasta que quede en firme el acto administrativo que resuelva la nueva evaluación del riesgo. La entidad deberá culminar el estudio, someterlo a consideración del CERREM y expedir y notificar la decisión correspondiente, debidamente motivada, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia.

7. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia No 055 del 30 de septiembre de 2026, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga, mediante la cual se declaró improcedente la

7. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia No 055 del 30 de septiembre de 2026, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela promovida por Stella Moreano Angulo contra la Unidad Nacional de Protección. En su lugar, AMPARAR sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad personal y al debido proceso administrativo.

SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que, por intermedio de su Director General o quien haga sus veces, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, adopte las medidas necesarias para evitar que se haga efectivo el retiro del vehículo blindado y de uno de los escoltas, dispuesto mediante la Resolución DGRP 004969 de 2026 y confirmado por la Resolución DGRP 010445 del mismo año. En consecuencia, deberá mantener el esquema de protección tipo 2 que actualmente recibe Stella Moreano Angulo, hasta que quede en firme el acto administrativo que resuelva la nueva evaluación del riesgo.

TERCERO: ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, finalice la evaluación del nivel de riesgo correspondiente a¡ C o m p r o m e t i d o s c o n l a c a l i d a d !

Calle 8 No. 14-47, Guadalajara de Buga. Palacio de Justicia. Piso 1. Correo electrónico sspenbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co 9

Calle 8 No. 14-47, Guadalajara de Buga. Palacio de Justicia. Piso 1. Correo electrónico sspenbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co 9

la Orden de Trabajo No 005864 del 15 de junio de 2026, la someta a consideración del CERREM y expida y notifique el acto administrativo correspondiente. En dicho estudio deberá valorar los hechos ocurridos en junio de 2026, con aplicación de los enfoques diferenciales de género y étnico , e indicar expresamente el puntaje asignado a cada variable de la matriz, la ponderación final y las razones por las cuales las medidas adoptadas resultan idóneas y suficientes frente a las condiciones actuales de riesgo de la accionante. Lo anterior, sin que esta orden implique que el concepto del CERREM o la decisión que adopte la Unidad Nacional de Protección deban ser favorables o desfavorables a la accionante.

CUARTO: Por Secretaría, NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito.

QUINTO: Dentro del término legal, REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Los Magistrados,

HAROLD HUMBERTO GÓMEZ GALLEGO 76111-31-07-001-2026-00065-01 (T-2155-26)

ANA MILENA DÍAZ GONZÁLEZ 76111-31-07-001-2026-00065-01 (T-2155-26)

76111-31-07-001-2026-00065-01 (T-2155-26)

JUAN FERNANDO DOMÍNGUEZ MEJÍA

76111-31-07-001-2026-00065-01 (T-2155-26)

JUAN FERNANDO DOMÍNGUEZ MEJÍA

Secretario

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