TSDJ BUG - Sentencia 761220016720250007801 de 2026

Tribunal Superior de Buga

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Detalles

Título
TSDJ BUG - Sentencia 761220016720250007801 de 2026
Autor
Tribunal Superior de Buga
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Penal
Año
2026

DECISIÓN

SEGUNDA INSTANCIA

Código: GSP-FT-08 Fecha de Aprobación: 31/01/2025

Tribunal Superior Distrito Judicial de Buga

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BUGA

SALA PENAL

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ANDRÉS GUZMÁN DÍAZ

Radicación : 76-122-00167-2025-00078-01 (AC-219-26) Procesado : JHON HAROLD YEPES ARRUBLA Delitos : Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego Procedencia : Juzgado 1 Penal del Circuito de Sevilla Asunto : Sistema acusatorio, Ley 906 de 2004, 2ª. Instancia Motivo : Apelación sentencia anticipada Decisión : Confirmar y modificar

Aprobado Acta No. : 716

Guadalajara de Buga, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

I. ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la defensa de confianza de JHON HAROLD YEPES ARRUBLA, contra la sentencia anticipada del 20 de febrero de 2026, emitida por el Juzgado 1 Penal del Circuito de Sevilla, Valle del Cauca, a través de la cual lo declaró penalmente responsable por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

II. HECHOS ATRIBUIDOS

El 24 de abril de 2025, a las 6:10 am, en una diligencia de allanamiento y registro realizada a la vivienda ubicada en la Carrera 12

II. HECHOS ATRIBUIDOS

El 24 de abril de 2025, a las 6:10 am, en una diligencia de allanamiento y registro realizada a la vivienda ubicada en la Carrera 12 No. 10 -56, barrio Las Américas, en Caicedonia, Valle del Cauca, se encontró un (1) arma de fuego tipo revólver marca Colt, modelo Peacemaker .22, calibre 22 LR, con número serial G97847, con seis (6) cartuchos, al interior de un nochero de la habitación número uno.76-122-00167-2025-00078-01 (AC-219-26)

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Según la Fiscalía, JHON HAROLD YEPES ARRUBLA tenía en ese lugar el arma de fuego, sin permiso de la autoridad competente.

III. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

1. El 24 de abril de 2025, en audiencia preliminar concentrada celebrada ante el Juzgado 1 Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Caicedonia, se declaró la legalidad del procedimiento de allanamiento y registro, de la captura en flagrancia del señor JHON HAROLD YEPES ARRUBLA y de la incautación de los elementos materiales probatorios.

En la continuación de esa diligencia, el 25 de abril de 2025, la Fiscalía le formuló imputación como autor del injusto de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, pa rtes o municiones, de acuerdo con el artículo 365, inciso 1°, del Código Penal.

El procesado no aceptó los cargos 1. A solicitud de la Fiscalía, se le

tenencia de armas de fuego, accesorios, pa rtes o municiones, de acuerdo con el artículo 365, inciso 1°, del Código Penal.

El procesado no aceptó los cargos 1. A solicitud de la Fiscalía, se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia. Además, se le prohibió comunicarse con su hermano, Luciano Yepes Arrubla2.

2. El 2 de julio de 2025, antes de que se radicara el escrito de acusación, las partes suscribieron un preacuerdo. Posteriormente, el 2 de septiembre de 2025, se realizó la audiencia para la verificación de su legalidad.

3. En esa audiencia, se expusieron los términos del preacuerdo.

Sobre el particular, la Fiscalía señaló que 3, a cambio de que JHON HAROLD YEPES ARRUBLA aceptara los cargos, se variaría su grado de participación de autor a cómplice, conforme al artículo 30 del Código Penal, solo para efectos punitivos, por lo que la sanción sería determinada en 54

1 Registro 1:23:37. Audiencia de 25 de abril de 2025. 2 En esa misma audiencia, el juez de control de garantías le prohibió al procesado comunicarse con su hermano, Luciano Yepes Arrubla. Este, en entrevista FPJ -14 del 28 de marzo de 2025, había manifestado que el procesado lo agredió y que temía por su vida, porque lo amenazaba constantemente con matarlo. 3 Audiencia de 2 de septiembre de 2025.76-122-00167-2025-00078-01 (AC-219-26)

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3 Audiencia de 2 de septiembre de 2025.76-122-00167-2025-00078-01 (AC-219-26)

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meses de prisión, es decir, la mitad de los 9 años de prisión que contempla el artículo 365 del Código Penal.

El juzgado de primera instancia verificó la aceptación de responsabilidad por parte del acusado, sin encontrar vicios en el consentimiento y, por tanto, aprobó el preacuerdo.

4. Luego, a solicitud de la defensa 4, se suspendió la audiencia del artículo 447 de la Ley 906 de 2004, la cual se realizaría el 20 de febrero de

2026.

En esa fecha, la defensa postuló la concesión de la prisión domiciliaria por su condición de “jefatura de hogar”, en atención a que era el único proveedor de su núcleo familiar, conformado por su esposa, quien padecía una limitación funcional en sus miembr os inferiores, y su hijo, quien adelantaba estudios superiores en Cali, para lo cual trasladó algunos documentos.

5. El 20 de febrero de 2026 se emitió y leyó la sentencia, decisión en contra de la cual el defensor de confianza de JHON HAROLD YEPES ARRUBLA interpuso el recurso de apelación, el cual fue concedido el 6 de abril de

2026.

6. Por último, el recurso de apelación fue repartido por la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga el 8 de abril de 2026, a las 3:00 pm5.

IV. SENTENCIA APELADA

El juzgado de primer grado consideró que los elementos materiales

de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga el 8 de abril de 2026, a las 3:00 pm5.

IV. SENTENCIA APELADA

El juzgado de primer grado consideró que los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía, junto con la aceptación de cargos libre, consciente y voluntaria del procesado soportaban su responsabilidad

4 Audiencia de 2 de septiembre de 2025. 5 El proyecto fue sometido a conocimiento de la Sala el 20 de octubre de 2026.76-122-00167-2025-00078-01 (AC-219-26)

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penal. Asimismo, considerando que el procesado se sometió a un preacuerdo, determinó la pena en 54 meses de prisión como fue convenido con la Fiscalía.

En consecuencia, lo condenó por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, a título de autor, a las siguientes penas: (1) 54 meses de prisión; (2) inhabilitación para el ejercicio de derechos y f unciones públicas, por un lapso igual al de la pena principal; y (3) prohibición de tenencia y porte de armas de fuego, por el mismo lapso. Igualmente, ordenó el comiso del arma de fuego y de los seis cartuchos a favor del Ejército Nacional.

Ahora bien, en relación con la suspensión condicional de la ejecución de la pena, precisó que no se cumplía con el requisito objetivo previsto en el artículo 63 del Código Penal, en tanto que la sanción impuesta superaba los 48 meses de prisión. Por su par te, frente a la prisión domiciliaria,

de la pena, precisó que no se cumplía con el requisito objetivo previsto en el artículo 63 del Código Penal, en tanto que la sanción impuesta superaba los 48 meses de prisión. Por su par te, frente a la prisión domiciliaria, señaló que el artículo 38B del mismo código exige que el mínimo punitivo previsto para la conducta punible sea de 8 años de prisión, mientras que la del delito descrito en el artículo 365 es de 9 años.

En cuanto a la prisión domiciliaria por la condición de jefe de hogar, a partir del artículo 1 de la Ley 750 de 2002, indicó que quien la solicita tiene la carga de demostrar, con certeza, que tiene hijos menores de edad u otras personas discapacitadas bajo su exclusivo cuidado, por ausencia permanente de otros familiares que cumplan tales funciones.

Bajo ese entendido, concluyó que la defensa no logró acreditar esa carga exclusiva de cuidado en cabeza del procesado, por cuanto: (1) el diagnóstico de su esposa, Viviana María Ortega Osorio6, consistente en un trastorno de meniscos en las rodillas, no la declaraba como persona discapacitada y la limitación a la movilidad no era equiparable a una discapacidad que le generara una dependencia total o una necesidad de cuidado exclusivo; (2) no se aportó información ni pruebas sobre menores

6 La juez la identificó como Viviana María Ortega Osorio y, al referirse al certificado de matrimonio, como Viviana María Vega Osorio. Sin embargo, su nombre es Bibiana María Ortega Osorio.76-122-00167-2025-00078-01 (AC-219-26)

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Viviana María Vega Osorio. Sin embargo, su nombre es Bibiana María Ortega Osorio.76-122-00167-2025-00078-01 (AC-219-26)

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de edad a su cargo; (3) su hijo, Giovanni Andrés Yepes Ortega 7, de 24 años8, es mayor de edad y la constancia académica aportada correspondía a un estudio complementario en Lord English9, en el primer nivel10, lo que no permitía tener certeza de que no pudiera valerse por sí mismo y necesitara del cuidado exclusivo de su padre; (4) no se trajo información sobre la red familiar de la pareja; y (5) la circunstancia de que su otro hijo resida en El Salvador11 no lo excluía de colaborar económicamente con su madre.

Por tanto, dispuso que el procesado cumpliera la pena en el establecimiento carcelario que determine el INPEC, descontando el tiempo que ha permanecido en detención preventiva en su lugar de residencia.

V. LA APELACIÓN

Con fundamento en el artículo 179 de la Ley 906 de 2004, el defensor de confianza de JHON HAROLD YEPES ARRUBLA sustentó el recurso respectivo, el cual fue concedido por el juzgado de primera instancia.

Argumentos del apelante

La defensa planteó, por un lado, con apoyo alguna decisión de otro tribunal, que los subrogados debían analizarse a la luz del delito resultante del preacuerdo y no del inicialmente imputado. Explicó que, conforme al artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, el preacuerdo hace las veces de acusación, por lo que constituye e l marco fáctico -jurídico de la

del preacuerdo y no del inicialmente imputado. Explicó que, conforme al artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, el preacuerdo hace las veces de acusación, por lo que constituye e l marco fáctico -jurídico de la sentencia, en preservación del principio de congruencia.

7 La juez lo identificó como Giovanni Andrés Yepes Ortega. Sin embargo, su nombre es Giovanny Andrés Yepes Ortega. 8 La juez indicó que contaba con 24 años y que su registro civil tenía el indicativo serial 37741916. Sin embargo, según el registro civil de nacimiento aportado, con indicativo serial 34741916, nació el 26 de septiembre de 2002, por lo que, para la fecha de la sentencia, contaba con 23 años. 9 La juez se refirió al instituto como Lord English. Sin embargo, según la constancia aportada, se trata del instituto Learn English. 10 Según la constancia expedida por el instituto Learn English, Giovanny Andrés Yepes Ortega se encuentra activo en el Ciclo Básico Uno del Programa de Inglés Conversacional para Adultos desde octubre de 2025. 11 La juez indicó que el otro hijo del procesado, Jhon Harold Yepes Ortega, residía en El Salvador. Sin embargo, según el carné de extranjero residente aportado, con fecha de vencimiento del 17 de diciembre de 2026, reside en Honduras. El sello de El Salvado r que aparece en su pasaporte, del 13 de septiembre de 2025, corresponde a un transbordo.76-122-00167-2025-00078-01 (AC-219-26)

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Agregó que el preacuerdo aprobado obligaba al juez de conocimiento,

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Agregó que el preacuerdo aprobado obligaba al juez de conocimiento, según el artículo 352, inciso 4, del mismo código, y que sus términos eran derroteros no solo para la imposición de la pena, sino también para “la forma de ejecución de la pena” 12. Por tanto, dijo que sí se estaría cumpliendo con el requisito objetivo de la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38B del Código Penal.

Ahora bien, frente a la prisión domiciliaria por la condición de jefe de hogar, explicó que el juzgado pasó por alto la edad de Bibiana María Ortega Osorio, esposa del procesado, pues por esa razón su limitación funcional en las extremidades inferiores era más grave que en el común de las personas. Además, señaló que esa situación debía valorarse junto con el hecho de que el núcleo familiar subsistía de labores del campo. Precisó que no se referiría al arraigo ni a los antecedentes sociales y familiares, ya que la juez se centró únicamente en la dependencia económica y funcional.

En ese sentido, con fundamento en sentencia CSJ SP, 13 nov de 2019, rad. 53863, la defensa explicó que la prisión domiciliaria también procedía cuando el condenado era “el único soporte de otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, bien por su edad o por problemas graves de salud” 13. Por ello, indicó que la edad era un criterio para considerar, y que la señora Ortega Osorio tenía 57 años, lo que agravaba su situación para desempeñar labores del campo, “independientemente de si su discapacidad es relativa o absoluta”14.

considerar, y que la señora Ortega Osorio tenía 57 años, lo que agravaba su situación para desempeñar labores del campo, “independientemente de si su discapacidad es relativa o absoluta”14.

Asimismo, explicó que, a partir de la sentencia C -184 de 2003 de la Corte Constitucional, esa posibilidad se extendió a los hombres, pues las personas a su cargo no podían ser discriminadas por depender exclusivamente de un hombre y no de una mujer. Finalm ente, solicitó revocar la decisión en cuanto negó el subrogado, atendiendo al análisis

12 Ibidem 13 CSJ SP 13 nov. de 2019, rad. 53863. 14 En el escrito, la defensa se refirió a “la edad de la procesada”. Del contexto se entiende que alude a la edad de Bibiana María Ortega Osorio, esposa del procesado.76-122-00167-2025-00078-01 (AC-219-26)

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conjunto de la edad¹¹, la actividad económica y no únicamente al tipo de discapacidad.

Argumentos de no recurrentes

Ningún sujeto procesal se pronunció sobre el escrito de apelación dentro del traslado.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Conforme con el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 20 de febrero de 2026, emitida por el Juzgado 1 Penal del Circuito de Sevilla.

Según el objeto de la apelación y en razón al principio de limitación,

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 20 de febrero de 2026, emitida por el Juzgado 1 Penal del Circuito de Sevilla.

Según el objeto de la apelación y en razón al principio de limitación, conforme al cual el funcionario judicial solo puede pronunciarse respecto de lo que es materia de inconformidad y aquello que esté inescindiblemente vinculado, la Sala se ocupará de est ablecer: (1) si es posible conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, prevista en el artículo 63 del Código Penal, o la prisión domiciliaria, prevista en el artículo 38B del mismo código; y (2) si el procesado ostenta la condición de jefe de hogar, de manera que proceda la prisión domiciliaria con fundamento en el artículo 461 del Código de Procedimiento Penal, el cual remite a las causales del artículo 314, numeral 5, de esa misma normativa y a la Ley 750 de 2002.

1. De la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria

1.1. Sobre la prisión domiciliaria

El artículo 38B del Código Penal establece diferentes requisitos para acceder a la prisión domiciliaria:76-122-00167-2025-00078-01 (AC-219-26)

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-. La sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista por la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos;

-. Que el delito no se encuentre previsto en el inciso 2° del artículo 68A del Código Penal;

-. Se demuestre arraigo familiar y social;

-. Se garantice, mediante caución, una serie de obligaciones.

-. Que el delito no se encuentre previsto en el inciso 2° del artículo 68A del Código Penal;

-. Se demuestre arraigo familiar y social;

-. Se garantice, mediante caución, una serie de obligaciones.

Sobre el primer requisito, que el juzgado de primer nivel consideró no superado, hay que recordar que, en virtud de un preacuerdo, no es posible asignar a los hechos una calificación jurídica que no corresponda, como cuando se pretende reconocer una forma de participación en la conducta punible distinta a la realmente acreditada o sin ninguna base fáctica, como ya fue examinado por la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión CSJ SP 16 feb. de 2022, rad. 5453515.

Ahora bien, sí es viable tomar como referente una calificación jurídica discrepante con la adecuación típica que se ajusta a los hechos objeto de acusación, pero ello sólo es admisible a fin de otorgar beneficios punitivos, como contraprestación de la aceptación de los cargos, en la medida que “la alusión a una calificación jurídica que no corresponde, «sólo se orienta a establecer el monto de la pena a imponer»”16.

Concretamente, en decisión CSJ AP744 -2022, 23 feb. 2022, rad. 59529, la Corte Suprema de Justicia, recordando lo dicho en CSJ SP22952020, 8 jul. 2020, rad. 50659, precisó que, si bien las partes pueden

15 CSJ SP 16 feb. de 2022, rad. 54535: “el debate gira en torno a dos ideas centrales: (i) si la Fiscalía puede

2020, 8 jul. 2020, rad. 50659, precisó que, si bien las partes pueden

15 CSJ SP 16 feb. de 2022, rad. 54535: “el debate gira en torno a dos ideas centrales: (i) si la Fiscalía puede optar por una calificación jurídica que no corresponda a los hechos incluidos en la imputación o la acusación; y (ii) si en el ámbito de los preacuerdos y a través del cambio de calif icación sin ninguna base fáctica la Fiscalía puede conceder cualquier tipo de beneficio al procesado. Lo anterior, sin perder de vista otros aspectos relevantes, entre ellos: (i) la forma como, bajo esas condiciones, podría garantizarse la igualdad de trato y la seguridad jurídica, pues una discrecionalidad desmedida implica que cada funcionario pueda optar por la solución que considere más conveniente, sin más sujeción que su propio criterio frente a cada caso; (ii) la posibilidad de que, por esa vía, se eludan las prohibiciones legales de conceder beneficios frente a algunos delitos; y (iii) ese tipo de acuerdos suelen generar debates sobre la procedencia de los subrogados penales, lo que se acentúa cuando la calificación jurídica real tiene aparejadas prohibiciones legales, que eventualmente dejarían de operar a raíz de los cambios realizados en virtud del acuerdo.” (cursiva propia). 16 CSJ AP 23 feb. de 2022, rad. 59529.76-122-00167-2025-00078-01 (AC-219-26)

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utilizar como herramienta de negociación una calificación jurídica diversa a la que legalmente corresponde, “ello ha de verse reflejado en la imposición

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utilizar como herramienta de negociación una calificación jurídica diversa a la que legalmente corresponde, “ello ha de verse reflejado en la imposición de la sanción penal, donde se concreta el beneficio, pero no en la declaratoria de responsabilidad penal”17.

De esta forma, aunque se aplicó la rebaja de la pena prevista para el cómplice en el artículo 30 del Código Penal, únicamente se hizo para efectos punitivos, pero se mantuvo la calificación jurídica por la cual aceptó los cargos, a saber, tenencia de armas de fuego en calidad de autor, como fue propuesto por la Fiscalía en el acta de preacuerdo, en la que se precisó que la variación del grado de participación t enía “el único propósito de obtener el descuento de 50% de que trata el artículo 30 del C.P. en la pena a imponer”18.

Entonces, JHON HAROLD YEPES ARRUBLA aceptó la calificación jurídica inicial y, a cambio, se le reconoció una compensación punitiva, sin que, de ninguna manera, pueda entenderse que su grado de participación varió, mucho menos cuando en los términos del preacuerdo se dejó claro que sería condenado como autor de la conducta endilgada. Es más, según los hechos jurídicamente relevantes, el arma de fuego fue hallada al interior de un nochero de la habitación número uno de la vivienda en la que él fue ubicado.

Para efectos de la prisión domiciliaria, se debe tener en cuenta la participación real y efectiva del individuo en la comisión del delito y no la compensación por la suscripción del preacuerdo. Así, en el caso bajo

ubicado.

Para efectos de la prisión domiciliaria, se debe tener en cuenta la participación real y efectiva del individuo en la comisión del delito y no la compensación por la suscripción del preacuerdo. Así, en el caso bajo estudio, ha de tenerse a JHON HAROLD YEPES ARRUBLA como autor del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, el cual prevé una pena mínima de nueve (9) años.

Esa interpretación fue reiterada por la Corte Suprema de Justicia, que, mediante decisión CSJ SP, 16 feb. 2022, rad. 54535, puntualizó lo siguiente:

17 Ibídem 18 Acta de preacuerdo del 24 de junio de 2025.76-122-00167-2025-00078-01 (AC-219-26)

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“Por tanto, como se condenó como autor a quien ostentaba tal condición y así lo aceptó por vía del preacuerdo, deben aplicarse en su respecto todas las consecuencias jurídicas, especialmente si se trata de subrogados penales, así se le haya impuesto la sanción del cómplice la cual fue referida exclusivamente para fines punitivos y no como un cambio de la tipicidad”19.

Entendemos que algunas de las salas, no todas, de otros tribunales puedan tener tesis distintas. Sin embargo, el máximo tribual de la justicia ordinaria ha asumido una posición uniforme sobre el punto. De hecho, en reciente decisión, CSJ SP 8 jul. de 2026, rad. 62987, la Corte Suprema de Justicia precisó el alcance de aquel pronunciamiento, en los siguientes

ordinaria ha asumido una posición uniforme sobre el punto. De hecho, en reciente decisión, CSJ SP 8 jul. de 2026, rad. 62987, la Corte Suprema de Justicia precisó el alcance de aquel pronunciamiento, en los siguientes términos:

“(...) el estudio efectuado en esa providencia se refirió, única y exclusivamente, a la prisión domiciliaria, mecanismo sustitutivo que, para su procedencia, impone como requisito objetivo ‘que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos’”20.

Conforme con lo anterior, optar por una calificación jurídica que no corresponde a los hechos jurídicamente relevantes objeto de juzgamiento tiene el objetivo, únicamente, de modificar la pena a imponer, más no la sanción prevista en la norma.

En este sentido, en el caso bajo examen, no se supera el requisito establecido en el numeral 1 del artículo 38B del Código Penal, en la medida que, de acuerdo con el artículo 365 del Código Penal, el mínimo de la pena prevista sería de nueve (9) años. Por tanto, en este punto, se confirmará la decisión del juzgado de primera instancia.

1.2. Sobre la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

La suspensión condicional de la ejecución de la pena, prevista en el artículo 63 del Código Penal requiere de los siguientes requisitos:

-. La pena impuesta no exceda de cuatro años;

19 Véase también: CSJ AP, 23 feb. 2022, rad. 59529.

artículo 63 del Código Penal requiere de los siguientes requisitos:

-. La pena impuesta no exceda de cuatro años;

19 Véase también: CSJ AP, 23 feb. 2022, rad. 59529. 20 CSJ SP 8 jul. de 2026, rad. 62987.76-122-00167-2025-00078-01 (AC-219-26)

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-. Si el sujeto carece de antecedentes penales y no se trata de alguno de los delitos señalados en el inciso 2° del artículo 68A, no es necesario realizar más valoraciones;

-. En cambio, si la persona tiene antecedentes penales por un delito doloso, dentro de los 5 años anteriores, todavía se podrá conceder aquel subrogado, siempre y cuando “los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos d e que no existe necesidad de ejecución de la pena”.

Nótese que, a diferencia de lo señalado en el artículo 38B del Código Penal, en el cual se planteó que la pena mínima por el delito no puede exceder ocho años, la lectura del artículo 63 del Código Penal es clara al sostener que, para analizar la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, basta con examinar la sanción impuesta.

Esa lectura fue reiterada recientemente por la Corte Suprema de Justicia, que, mediante decisión CSJ SP 8 jul. de 2026, rad. 62987, puntualizó lo siguiente:

“De esta manera, resultaba totalmente irrelevante determinar si el preacuerdo suscrito por el procesado implicaba una readecuación de la

puntualizó lo siguiente:

“De esta manera, resultaba totalmente irrelevante determinar si el preacuerdo suscrito por el procesado implicaba una readecuación de la calificación jurídica de las conductas endilgadas o una simple degradación de responsabilidad, pues, para el estudio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, no se debe acudir a la “pena mínima prevista en la ley”, sino que se requiere la determinación de la pena efectivamente impuesta -luego de concretada la dosificación punitiva, aplicar la rebajas de pena por fenómenos postdelictuales o las diminuentes por la aplicación de las figuras propias de la justicia premial, etc.”21.

En el presente caso, aunque el artículo 68A no contempla alguna prohibición para el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, la pena impuesta es de 54 meses de prisión, esto es, cuatro años y seis meses, por lo que supera el límite de cuatro años previsto en el numeral 1 del artículo 63 del Código Penal.

21 CSJ SP 8 jul. de 2026, rad. 62987.76-122-00167-2025-00078-01 (AC-219-26)

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Ahora bien, según la información otorgada por la Fiscalía, durante el traslado de que trata el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, el procesado no reporta antecedentes o anotaciones judiciales. Sin embargo, al no superarse el requisito objetivo relacionado con el monto de la pena impuesta, no hay lugar a examinar los demás presupuestos del artículo 63 del Código Penal.

procesado no reporta antecedentes o anotaciones judiciales. Sin embargo, al no superarse el requisito objetivo relacionado con el monto de la pena impuesta, no hay lugar a examinar los demás presupuestos del artículo 63 del Código Penal.

Por tal motivo, no se concederá la suspensión condicional de la ejecución de la pena y, en este punto, se confirmará la decisión del juzgado de primera instancia.

2. La prisión domiciliaria por la calidad de madre o padre cabeza de familia.

Según el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 1232 de 2008, es mujer cabeza de familia:

“quien, siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permane nte o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.”

Esta condición, y los beneficios que de ella se derivan, se extienden al padre que se encuentre en la misma situación de hecho, conforme lo ha precisado la Corte Constitucional22.

Bajo este panorama, conforme a la sentencia SU -389 de 2005, la Corte Constitucional señaló que le corresponde a quien reclama la condición de cabeza de familia demostrar los siguientes presupuestos fácticos: i. que las personas objeto de cuidado “vivan con él, dependan económicamente de él”; ii. que las obligaciones de apoyo, cuidado y

condición de cabeza de familia demostrar los siguientes presupuestos fácticos: i. que las personas objeto de cuidado “vivan con él, dependan económicamente de él”; ii. que las obligaciones de apoyo, cuidado y

22 Sentencia C-184 de 2003, en relación con la prisión domiciliaria prevista en la Ley 750 de 2002; sentencia C-964 de 2003, en relación con los beneficios de la Ley 82 de 1993.76-122-00167-2025-00078-01 (AC-219-26)

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manutención sean efectivamente asumidas y cumplidas por el procesado; iii. “que no tenga alternativa económica, es decir, que se trate de una persona que tiene el cuidado y la manutención exclusiva” del menor de edad o, en general, de la persona puesta en su custodia y; iv. que haya una deficiencia sustancial “de ayuda de los demás miembros de la familia”, a saber, que se acredite que tiene una “responsabilidad solitaria”.

Además, la Corte Suprema de Justicia, en la decisión CSJ SP, 13 nov de 2019, rad. 53863, invocada por el apelante, estableció que la finalidad de la norma no era otorgarles beneficios a las personas privadas de la libertad, sino “evitar que los hijos menores, ante la privación de la libertad del padre o de la madre, queden bajo una situación de completo abandono o desprotección”.

Por lo tanto, si no se presenta el abandono y desprotección de sujetos de especial protección constitucional, como los menores de edad u otras personas incapaces o con incapacidad para trabajar, no es posible otorgar

o desprotección”.

Por lo tanto, si no se presenta el abandono y desprotección de sujetos de especial protección constitucional, como los menores de edad u otras personas incapaces o con incapacidad para trabajar, no es posible otorgar la sustitución de la pena, por cuanto lo que se protege es el interés superior de ese sujeto no la mera calidad de madre o padre cabeza de familia del procesado.

Por esta razón, contrario a lo expuesto por el apelante, quien solicitó atender al análisis conjunto de la edad, la actividad económica y no únicamente al tipo de discapacidad, con atención a la sentencia C -184 de 2003, el análisis que debe ejecutar el funcionario judicial para la concesión del subrogado penal supone observar, entre otras cosas, que sea “manifiestamente necesaria, en razón al estado de abandono y desprotección a que quedaría

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