TSDJ BUG - Sentencia 761266000168201700475 de 2026

Tribunal Superior de Buga

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Detalles

Título
TSDJ BUG - Sentencia 761266000168201700475 de 2026
Autor
Tribunal Superior de Buga
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Penal
Año
2026

DECISIÓN

SEGUNDA INSTANCIA

Código: GSP-FT-08 Fecha de Aprobación: 31/01/2025

Tribunal Superior Distrito Judicial de Buga

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BUGA

SALA PENAL

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ANDRÉS GUZMÁN DÍAZ

Radicación : 76-126-6000-168-2017-00475 (AC-524-25)

Procesado : JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA

Delitos : Hurto Calificado y Agravado Procedencia : Juzgado 1 Penal Promiscuo de Restrepo Asunto : Sistema acusatorio, Ley 906 de 2004, 2ª. Instancia Motivo : Apelación sentencia anticipada Decisión : Declara extinción de la acción penal y precluye

Aprobado Acta No. : 717

Guadalajara de Buga, veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

I. ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la defensa de confianza de JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA, contra la sentencia condenatoria proferida en virtud de preacuerdo del 20 de agosto de 2025, emitida por el Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Restrepo, a través de la cual, lo declaró penalmente responsable por el delito de hurto calificado y agravado.

II. HECHOS ATRIBUIDOS

El 23 de diciembre de 2017, a las 7:53 a. m., en el municipio de Restrepo Valle del Cauca, el señor JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA ingresó al

II. HECHOS ATRIBUIDOS

El 23 de diciembre de 2017, a las 7:53 a. m., en el municipio de Restrepo Valle del Cauca, el señor JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA ingresó al establecimiento comercial de manera arbitraria por el techo del baño, utilizó un artefacto punzante tipo “destornillador” y momentos después fue sorprendido cuando salía de este establecimiento comercial con unos elementos de los que se había apoderado previamente, con un valor comercial de 2.710.000 pesos Colombianos.76-126-6000-168-2017-00475 (AC-524-25)

JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA

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III. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

1. La Fiscalía formuló imputación a JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA, el 24 de diciembre de 2017, ante el Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Buga, como autor del injusto de hurto calificado y agravado, de que tratan los artículos 239 inciso 2, 240 numeral 1 y 241 numeral 11 del Código Penal.

El imputado no aceptó los cargos. El Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Buga le impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad al señor JUAN CARLOS LÓPEZ

CARDONA.

2. Se radicó el escrito de acusación el día 20 de febrero de 2018 ante el Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Restrepo. La audiencia de acusación se llevó a cabo el 8 de julio de 2024.

3. La audiencia preparatoria se iba a desarrollar el 4 de junio del

el Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Restrepo. La audiencia de acusación se llevó a cabo el 8 de julio de 2024.

3. La audiencia preparatoria se iba a desarrollar el 4 de junio del 2025, pero la Fiscalía solicitó exponer los términos de un preacuerdo.

Sobre el particular, La Fiscalía señaló que 1, a cambio de que JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA aceptara los cargos, recibiría la pena de la complicidad, para efectos punitivos, por lo que la sanción sería determinada en 54 meses.

El juzgado de primera instancia examinó que la aceptación de cargos fuera libre, consciente y voluntaria y, por tanto, aprobó el preacuerdo.

4. Luego, el 4 de junio de 2025 se realizó el traslado previsto en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004. La defensa 2 postuló la posibilidad de la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena o en su descarte en una detención domiciliaria , en atención a que no tenía

1 Registro 27:48. Audiencia de 4 de junio de 2025. 2 Registro 1:08:24. Audiencia de 4 de junio de 2025.76-126-6000-168-2017-00475 (AC-524-25) JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA 3 antecedentes y, además, contaba con un arraigo, para lo cual trasladó algunos documentos.

5. El 20 de agosto de 2025 se emitió y leyó la sentencia, decisión en contra de la cual el abogado de JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA interpuso el

algunos documentos.

5. El 20 de agosto de 2025 se emitió y leyó la sentencia, decisión en contra de la cual el abogado de JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA interpuso el recurso de apelación, el cual fue concedido el 28 de agosto de 2025.

6. Por último, el recurso de apelación fue repartido por la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga el 15 de septiembre de 2025, a las 15:05 horas3.

IV. SENTENCIA APELADA

El juzgado de primera instancia consideró que existían suficientes medios de prueba para soportar la hipótesis acusatoria y, partió de 6 años4, aplicó el aumento de la mitad por el agravante5 y obtuvo 9 años; luego, por el preacuerdo, la redujo a 54 meses, y aplicó una rebaja del 75% por reparación integral6, quedando en 13 meses y 15 días de prisión.

En consecuencia, lo condenó por el delito de hurto calificado y agravado, a título de autor, a la pena de 13 meses y 15 días, así como a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por ese mismo tiempo.

Ahora bien, en relación con la suspensión condicional de la ejecución de la pena, precisó que, a pesar de que la pena impuesta no fue mayor a 4 años, la sanción prevista, sin el preacuerdo, para el hurto calificado y agravado, superaba aquel monto, razón p or la cual no se cumplía con el requisito objetivo previsto en el artículo 63 del Código Penal. Situación similar ocurría con la prisión domiciliaria, institución jurídica que requería

agravado, superaba aquel monto, razón p or la cual no se cumplía con el requisito objetivo previsto en el artículo 63 del Código Penal. Situación similar ocurría con la prisión domiciliaria, institución jurídica que requería que la pena del delito no superara 8 años, según el artículo 38B del mismo código.

3 El proyecto fue sometido a conocimiento de la Sala el 26 de octubre de 2026. 4 Código Penal, Ley 599 de 2000, Art. 240. 5 Art. 241. 6 Art. 269.76-126-6000-168-2017-00475 (AC-524-25)

JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA

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V. LA APELACIÓN

Con fundamento en el artículo 179 de la Ley 906 de 2004, el defensor de confianza de J UAN CARLOS LÓPEZ CARDONA sustentó el recurso respectivo, el cual fue concedido por el juzgado de primera instancia.

Argumentos del apelante

El apelante sostuvo que debía concederse la suspensión condicional de la ejecución de la pena, porque la sanción impuesta fue de 13 meses y 15 días de prisión, es decir, inferior al límite de cuatro años previsto en el artículo 63 del Código Penal, modific ado por la Ley 1709 de 2014. Argumentó que el juez no aplicó correctamente esta norma ni valoró que el condenado podía beneficiarse de la posibilidad de examinar sus antecedentes personales, sociales y familiares para determinar si era innecesaria la ejecución efectiva de la pena.

Además, afirmó que existía una antinomia entre la regulación anterior y la Ley 1709 de 2014, por lo que debía prevalecer la ley posterior.

innecesaria la ejecución efectiva de la pena.

Además, afirmó que existía una antinomia entre la regulación anterior y la Ley 1709 de 2014, por lo que debía prevalecer la ley posterior. Según su tesis, los numerales 2 y 3 del artículo 29 de dicha ley derogaron tácitamente o limitaron el inciso primero del artículo 68A del Código Penal, permitiendo conceder el subrogado pese a tratarse de un delito de hurto calificado, siempre que los antecedentes personales, sociales y familiares demostraran que no era necesaria la ejecución de la pena. Para respaldar su posición, invocó cierta jurisprudencia sobre la evolución y aplicación del artículo 68A del Código Penal.

Argumentos de no recurrentes

No se presentaron argumentos por parte de los no recurrentes.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Conforme con el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga es competente para resolver el76-126-6000-168-2017-00475 (AC-524-25) JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA 5 recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 2 0 de agosto de 2025, emitida por el Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Restrepo.

Según el objeto de la apelación y en razón al principio de limitación, conforme al cual el funcionario judicial solo puede pronunciarse respecto de lo que es materia de inconformidad y aquello que esté inescindiblemente vinculado, la Sala se ocupará de est ablecer si es posible conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

La Sala solo examinará la prisión domiciliaria en cuanto fue objeto

vinculado, la Sala se ocupará de est ablecer si es posible conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

La Sala solo examinará la prisión domiciliaria en cuanto fue objeto de pronunciamiento en la sentencia y se encuentra jurídicamente vinculada con la prohibición prevista en el artículo 68A del Código Penal.

I. Sobre la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

La suspensión condicional de la ejecución de la pena, prevista en el artículo 63 del Código Penal7 requiere de los siguientes requisitos:

-. La pena impuesta no exceda de cuatro años;

-. Si el sujeto carece de antecedentes penales y no se trata de alguno de los delitos señalados en el inciso 2° del artículo 68A Código Penal, no es necesario realizar más valoraciones;

-. En cambio, si la persona tiene antecedentes penales por un delito doloso, dentro de los 5 años anteriores, todavía se podrá conceder aquel subrogado, siempre y cuando “los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena”.

La norma contempla dos hipótesis diferenciadas. La primera corresponde a la persona condenada que carece de antecedentes penales y cuyo delito no se encuentra incluido en el inciso segundo del artículo

7 Código Penal, Ley 599 de 2000, Art. 63.76-126-6000-168-2017-00475 (AC-524-25)

JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA

6 68A. En ese evento, si la pena impuesta no excede de cuatro años, procede la concesión de la medida con fundamento en el requisito objetivo.

JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA

6 68A. En ese evento, si la pena impuesta no excede de cuatro años, procede la concesión de la medida con fundamento en el requisito objetivo.

La segunda se refiere a la persona condenada que tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los cinco años anteriores. En tal supuesto, el juez puede conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado i ndiquen que no existe necesidad de ejecutar la pena.

Sin embargo, ambas hipótesis están condicionadas a que el delito por el cual se profiere condena no se encuentre incluido en el inciso segundo del artículo 68A. La Sala de Casación Penal ha explicado que la interpretación sistemática de los artículos 63 y 68A permite concluir que la suspensión procede cuando la pena es inferior a cuatro años, el delito no está excluido y se cumplen los demás requisitos legales8.

Por ello, la pena inferior a cuatro años constituye un requisito necesario, pero no suficiente, cuando la conducta punible se encuentra expresamente excluida por el artículo 68A.

El artículo 68A del Código Penal dispone que no se concederán la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión ni otros beneficios judiciales o administrativos cuando la persona haya sido condenad a, entre otros delitos, por hurto calificado.

La prohibición se determina a partir del delito objeto de condena y no exclusivamente por el monto de la pena finalmente impuesta. Así lo ha reconocido la Sala de Casación Penal, al precisar que el hurto calificado se encuentra expresamente excluido, aunque la pena concreta resulte inferior

exclusivamente por el monto de la pena finalmente impuesta. Así lo ha reconocido la Sala de Casación Penal, al precisar que el hurto calificado se encuentra expresamente excluido, aunque la pena concreta resulte inferior a cuatro años9.

8 CSJ AP8413-2016, 30 nov. 2016, rad. 47.438 9 CSJ AP7164-2017, 25 oct. 2017, rad. 51.006.76-126-6000-168-2017-00475 (AC-524-25)

JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA

7 En esa medida, una vez establecido que la condena corresponde a hurto calificado, no es necesario acudir a la valoración de factores subjetivos para superar la prohibición legal, pues esta opera de manera objetiva.

En el presente caso, el preacuerdo permitió degradar la participación del procesado de autor a cómplice para efectos punitivos. Como consecuencia de ello, se pactó una pena reducida, que finalmente fue fijada en trece (13) meses y quince (15) días de prisi ón, además de la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.

No obstante, el preacuerdo no modificó la base fáctica ni el delito por el cual se profirió la condena. El procesado fue declarado responsable por el delito de hurto calificado y agravado, y la degradación de la participación operó únicamente como mecanismo de reducción punitiva.

La Sala de Casación Penal ha diferenciado entre la calificación jurídica de la conducta y el beneficio punitivo otorgado en virtud del preacuerdo. En ese sentido, ha señalado que la alusión a una calificación

La Sala de Casación Penal ha diferenciado entre la calificación jurídica de la conducta y el beneficio punitivo otorgado en virtud del preacuerdo. En ese sentido, ha señalado que la alusión a una calificación jurídica menos gravosa en el acuerdo puede inci dir en la pena, pero no necesariamente modifica la declaratoria de responsabilidad por el delito realmente atribuido10.

Por consiguiente, para examinar la procedencia de los subrogados debe atenderse al delito por el cual se profirió la condena , en este caso, hurto calificado y agravado , y no únicamente al monto de la pena resultante del preacuerdo.

La Corte Suprema ha reiterado que las circunstancias de tentativa, atenuación, complicidad, reparación integral o reducción punitiva no convierten el hurto calificado en un delito diferente ni eliminan la prohibición del artículo 68A. En particular, ha señalado:

10 CSJ AP1979, 12 jul. 2023, rad. 56.202, en la que se cita la AP de 28 sep. 2016, rad. 48.46776-126-6000-168-2017-00475 (AC-524-25) JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA 8 “(…) El comportamiento en el que incurrió el actor no deja de ser un hurto calificado por el hecho de reconocérsele el grado de tentativa, o la rebaja en razón de la cuantía, o bien la disminución por reparación integral”11.

La sentencia condenatoria estableció que JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA ingresó al establecimiento comercial mediante violencia sobre las cosas y que la conducta se ejecutó en un establecimiento abierto al público.

integral”11.

La sentencia condenatoria estableció que JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA ingresó al establecimiento comercial mediante violencia sobre las cosas y que la conducta se ejecutó en un establecimiento abierto al público. Por ello, la conducta fue calificada como hurto calificado y agravado, conforme a los artículos 239, 240 y 241 del Código Penal.

La pena finalmente impuesta fue de trece (13) meses y quince (15) días de prisión. En consecuencia, se cumple el requisito cuantitativo previsto en el numeral 1 del artículo 63 del Código Penal. Sin embargo, dicho cumplimiento no permite conceder la suspensión condicional, porque la condena se profirió por hurto calificado, delito expresamente incluido en el inciso segundo del artículo 68A.

Por otro lado, la defensa sostuvo que los numerales 2 y 3 del artículo 29 de la Ley 1709 de 2014 derogaron tácitamente o limitaron la prohibición del artículo 68A.

No obstante, en opinión de la Sala, l a Ley 1709 de 2014 modificó tanto el artículo 63 como el artículo 68A del Código Penal. Por tanto, ambas disposiciones integran el mismo régimen normativo y deben interpretarse de manera armónica.

El artículo 63 establece los requisitos generales de la suspensión condicional, mientras que el artículo 68A contempla exclusiones específicas por razón de la naturaleza del delito. No existe una antinomia que obligue a escoger entre ambas disposiciones.

La Corte Suprema ha explicado que el artículo 68A introdujo un criterio adicional al de los antecedentes penales: la naturaleza del delito

que obligue a escoger entre ambas disposiciones.

La Corte Suprema ha explicado que el artículo 68A introdujo un criterio adicional al de los antecedentes penales: la naturaleza del delito objeto de condena. Dentro de ese catálogo se encuentra el hurto calificado,

11 CSJ AP6557-2016, 28 de sep. 2016, rad. 48.467.76-126-6000-168-2017-00475 (AC-524-25) JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA 9 respecto del cual la exclusión opera aunque la pena concreta haya sido reducida12.

En consecuencia, la aplicación de la Ley 1709 de 2014 confirma que el hurto calificado se encuentra dentro de las conductas excluidas de la posibilidad de suspensión condicional de la ejecución de la pena.

II. Sobre la prisión domiciliaria

El artículo 38B del Código Penal establece diferentes requisitos para acceder a la prisión domiciliaria:

-. La sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista por la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos;

-. Que el delito no se encuentre previsto en el inciso 2° del artículo 68A del Código Penal;

-. Se demuestre arraigo familiar y social;

-. Se garantice, mediante caución, una serie de obligaciones.

En relación con la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la pena finalmente impuesta a Juan Carlos López Cardona fue de trece (13) meses y quince (15) días de prisión, por lo que se satisface el requisito cuantitativo previsto en el numeral 1 del artículo 63 del Código Penal.

la pena finalmente impuesta a Juan Carlos López Cardona fue de trece (13) meses y quince (15) días de prisión, por lo que se satisface el requisito cuantitativo previsto en el numeral 1 del artículo 63 del Código Penal.

No obstante, dicho presupuesto no resulta suficiente para conceder el subrogado, porque la condena se profirió por el delito de hurto calificado y agravado, conducta expresamente incluida en el inciso segundo del artículo 68A del Código Penal. En consecuen cia, la exclusión opera de manera objetiva y hace innecesario realizar un análisis adicional sobre las condiciones personales, sociales o familiares del condenado.

12 CSJ AP948-2024, 28 feb.2024, rad. 61.100.76-126-6000-168-2017-00475 (AC-524-25)

JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA

10 La degradación de la participación de autor a cómplice, acordada en el preacuerdo, así como la reparación integral reconocida, tuvieron efectos exclusivamente punitivos. Es decir, incidieron en la determinación de la pena, pero no modificaron el delito por el cual se profirió la condena ni eliminaron la prohibición prevista en el artículo 68A.

En cuanto a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la reclusión carcelaria, tampoco se satisface el requisito previsto en el numeral 1 del artículo 38B del Código Penal, pues la pena mínima legal correspondiente al hurto calificado y agravado es de nueve (9) años, superior al límite de ocho (8) años establecido en dicha disposición.

De esta forma, aunque se aplicó la pena de la complicidad,

al hurto calificado y agravado es de nueve (9) años, superior al límite de ocho (8) años establecido en dicha disposición.

De esta forma, aunque se aplicó la pena de la complicidad, únicamente se hizo para efectos punitivos, pero se mantuvo la calificación jurídica por la cual aceptó los cargos, a saber, el delito de hurto calificado y agravado.

Entonces, JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA aceptó la calificación jurídica inicial y, a cambio, se les reconoció una compensación punitiva, sin que, de ninguna manera, pueda entenderse que la adecuación del tipo varió, mucho menos cuando no existía una base fáctica para considerar que el delito de hurto calificado y agravado se realizó en grado de complicidad.

III. Sobre el principio de favorabilidad en la reparación integral

Sin embargo, a unque la aplicación de la Ley 2477 de 2025 no fue planteada expresamente por el apelante, la Sala debe examinarla oficiosamente en virtud del principio de favorabilidad, pues se trata de una regulación posterior que puede producir un efecto sustancial más beneficioso para el procesado, consistente en la extinción de la acción penal por reparación integral13.

13 La Corte Suprema de Justicia ha precisado que dicho principio no es absoluto, pues el juez de segunda instancia tiene la potestad y el deber oficioso de intervenir cuando se trate de garantizar los derechos fundamentales del procesado o aplicar normas sustanciales imperativas (CSJ AP4412-2022, 28 sep. 2022,

rad. 53167, CSJ SP4643-2021, 8 sep. 2021, rad. 54693, CSJ STP11710-2023, 10 oct. 2023, rad. 132403 y CSJ AP4412-2022, 28 sep. 2022, rad. 53167)76-126-6000-168-2017-00475 (AC-524-25)

JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA

11 Esto en razón a que, se evidenció una reparación integral durante el proceso14, pero esta última conllevó a un beneficio totalmente distinto de la extinción penal, lo que otorgó fue disminuir la pena del preacuerdo.

La Sala de Casación Penal15. ha reconocido que la aplicación oficiosa de dicha normativa procede en procesos en curso cuando se acreditan sus presupuestos, incluso respecto de condenas por hurto calificado agravado:

“(i) se procede por un específico conjunto de delitos. Además de aquellos cuya querella admita desistimiento, se encuentran los siguientes:

homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los derechos de autor, en el delito de inasistencia alimentaria y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico, excepto el hurto calificado por la violencia contra las personas y extorsión.

(ii) la víctima haya sido reparada integralmente por los perjuicios (materiales y morales) causados con el delito.

(iii) la reparación se produzca antes de proferirse el auto que

violencia contra las personas y extorsión.

(ii) la víctima haya sido reparada integralmente por los perjuicios (materiales y morales) causados con el delito.

(iii) la reparación se produzca antes de proferirse el auto que inadmita la demanda de casación o la sentencia que decida de fondo el recurso extraordinario.

(iv) el procesado, dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la(s) conducta(s) punible(s) atribuida(s), no hubiese sido favorecido con preclusión de la actuación o cesación de procedimiento por el mismo motivo (extinción de la acción penal por reparación integral”16.

Comprendido esto, la Sala verificó los requisitos para aplicar el articulo 78A de la Ley 2477 de 2025 a este caso en concreto:

  1. El procesado fue condenado por hurto calificado y agravado.

Sin embargo, la calificación obedeció a la violencia ejercida sobre las cosas para ingresar al establecimiento comercial y no a violencia o intimidación desplegada contra las personas. Por tanto, la conducta no se encuentra dentro de la exclusión

14 Registro 25:50. Audiencia del 4 de junio de 2025. 15 CSJ SP1189-2026, 9 sep. 2026, rad. 65588 16 Ibídem. pág. 7-8.76-126-6000-168-2017-00475 (AC-524-25) JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA 12 específica prevista en el artículo 78A.

  1. Como se afirmó anteriormente, se encontró acreditado que la víctima, la señora Luz Piedad Torres Vasquez , fue reparada integralmente durante el trámite de la primera instancia y que

específica prevista en el artículo 78A.

  1. Como se afirmó anteriormente, se encontró acreditado que la víctima, la señora Luz Piedad Torres Vasquez , fue reparada integralmente durante el trámite de la primera instancia y que dicha reparación fue reconocida en la sentencia17.
  1. La reparación integral se dio antes de variar la audiencia preparatoria por la verificación de un preacuerdo.
  1. Por último, se encuentra suficientemente probado que el procesado no cuenta con antecedentes penales . Así se dijo en la audiencia de medida de aseguramiento por parte del ente acusador18, mientras que en la audiencia prevista en el artículo 447 C.P.P la fiscalía no mencionó la existencia de antecedentes penales y, en cambio , el defensor hizo alusión a que el procesado carecía de ellos19.

Por tanto, se observan satisfechos los requisitos para declarar que se ha producido la indemnización integral de los perjuicios causados. En consecuencia, es completamente viable dar aplicación al principio de favorabilidad, por lo que se deberá dar por precluido el proceso por imposibilidad de continuar con la acción penal.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Buga, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

VII. RESUELVE

Primero: Declarar la extinción de la acción penal, por reparación integral, a favor de JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA. En consecuencia, precluir

17 Sentencia del 20 de agosto del 2025 18 Registro 1:41:24. Audiencia del 24 de diciembre de 2017.

integral, a favor de JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA. En consecuencia, precluir

17 Sentencia del 20 de agosto del 2025 18 Registro 1:41:24. Audiencia del 24 de diciembre de 2017. 19 Registro 1:07:39. Audiencia del 4 de junio de 2025.76-126-6000-168-2017-00475 (AC-524-25) JUAN CARLOS LÓPEZ CARDONA 13 la actuación seguida en su contra por el delito de hurto calificado y agravado.

Segundo: Indicar que contra esta decisión procede el recurso de reposición.

Tercero: Una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase la actuación al juzgado de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase,

JUAN CARLOS SANTACRUZ LÓPEZ

Magistrado

JOSÉ JAIME VALENCIA CASTRO

Magistrado

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