TSDJ IBE - Sentencia 73001310300420230011002 de 2026

Verbal – Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual Radicación: 73001-31-03-004-2023-00110-02 Apelación sentencia

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUÉ

SALA CIVIL – FAMILIA

Magistrada Ponente: DIANA MARÍA LÓPEZ AGUIRRE

Ibagué - Tolima, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Asunto discutido y aprobado mediante acta de sesión virtual Nro. 064 del veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

SENTENCIA Nro. 075

Radicación 73001-31-03-004-2023-00110-02

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué el 6 de noviembre de 2025 , dentro del proceso verbal de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, promovido por Blanca Cecilia Castaño Quintero, Jefersson Enrique Corral Castaño y Juan Camilo Corral Castaño, contra La 60 Inversiones Inmobiliarias S.A.S, Inversiones Parferi S.A.S y Román Fernando Correa Buitrago.

ANTECEDENTES

1. La demanda

Actuando a través de vocero judicial, los señores Blanca Cecilia Castaño Quintero, Jefersson Enrique Corral Castaño y Juan Camilo Corral Castaño promovieron

ANTECEDENTES

1. La demanda

Actuando a través de vocero judicial, los señores Blanca Cecilia Castaño Quintero, Jefersson Enrique Corral Castaño y Juan Camilo Corral Castaño promovieron demanda verbal contra La 60 Inversiones Inmobiliarias S.A.S, Inversiones Parferi S.A.S y Román Fernando Correa Buitrago , con el fin que se les declare civilmente responsables por los daños y perjuicios materiales que les fueron causados; las dos primeras sociedades, a título de responsabilidad contractual y, el tercero, a título de responsabilidad extracontractual.1

Como consecuencia de ello, solicitaron se ordene a los demandados a pagar la suma de $2.098.244.537 por concepto de lucro cesante como perjuicios patrimoniales causados, con su respectiva indexación a la fecha de emisión de la sentencia.

Los hechos jurídicamente relevantes en los que se estructura el petitum 2 se concretan en que los demandantes Blanca Cecilia Castaño Quintero, Jefersson Enrique Corral Castaño y Juan Camilo Corral Castaño adquirieron progresivamente, a partir del 10 de abril de 2019, participaciones accionarias en la sociedad Zona Picnic Ibagué S.A.S., hasta alcanzar conjuntamente el setenta y cinco por ciento (75%) de su capital social, sociedad que había sido constituida el 7 de marzo de 2019 por Héctor Mauricio Gaitán Hernández como accionista único.

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7 de marzo de 2019 por Héctor Mauricio Gaitán Hernández como accionista único.

1 73001310300420230011000 – 01PrimeraInstancia – C01Principal – 0002DemandaAnexos.pdf pag. 16 2 73001310300420230011000 – 01PrimeraInstancia – C01Principal – 0002DemandaAnexos.pdf pags. 7-15Verbal – Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual Radicación: 73001-31-03-004-2023-00110-02 Apelación sentencia

www.ramajudicial.gov.co sscftribsupiba@cendoj.ramajudicial.gov.co Se señaló que e l 15 de abril de 2019 Zona Picnic Ibagué S.A.S., representada por Héctor Mauricio Gaitán Hernández, celebró contrato de arrendamie nto con las sociedades La 60 Inversiones Inmobiliarias S.A.S. e Inversiones Parferi S.A.S. respecto del inmueble ubicado en la avenida 60 con carrera 10 esquina de Ibagué, destinado al funcionamiento del restaurante Zona Picnic; que el contrato se pactó por un término de cinco (5) años, comprendido entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2024, con un canon mensual de $10.000.000 más IVA; que el establecimiento abrió sus puertas al público el 14 de marzo de 2020 y que el restaurante registró resultados financieros favorables y distribución de utilidades entre sus accionistas a partir del año 2021.

En el escrito génesis de esta acción también se afirmó que , desde el inicio de la relación contractual, los demandantes habrían sido informados que el servicio de energía eléctrica del restaurante se encontraba conectado de manera

En el escrito génesis de esta acción también se afirmó que , desde el inicio de la relación contractual, los demandantes habrían sido informados que el servicio de energía eléctrica del restaurante se encontraba conectado de manera compartida con el inmueble donde operaban un establecimiento de comercio de canchas sintéticas V&V, razón por la cual su costo era asumido de forma conjunta; que el 7 de mayo de 2022 fue interrumpido el suministro de energía eléctrica del inmueble donde funcionaba el restaurante, situación que, según los demandantes, obedeció a una actuación realizada por instrucciones de Román Fernando Correa Buitrago, administrador de las mentadas canchas sintéticas.

Sostuvieron que la situación fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional, consignándose en el respectivo libro de población que el referido señor manifestó haber ordenado el corte por una su puesta mora en servicios públicos y cánones de arrendamiento; que los demandantes formularon requerimientos a las sociedades arrendadoras para obtener el restablecimiento del servicio, sin obtener una solución efectiva; que una de las arrendadoras sostuvo que el inmueble no contaba con servicio de energía eléctrica desde la celebración del contrato de arrendamiento; que posteriormente Celsia informó que no había emitido orden alguna para la suspensión del suministro; y que también se promovieron actuaciones policivas relacionadas con los hechos, las cuales, según se aduce, no condujeron al restablecimiento del servicio ni a la solución de la situación denunciada.

Finalmente, expusieron que la interrupción del servicio de energía eléctrica produjo el cierre definitivo del restaurante Zona Picnic, ocasionó la pérdida de productos

condujeron al restablecimiento del servicio ni a la solución de la situación denunciada.

Finalmente, expusieron que la interrupción del servicio de energía eléctrica produjo el cierre definitivo del restaurante Zona Picnic, ocasionó la pérdida de productos que requerían cadena de frío e impidió la continuidad de la actividad comercial; que los demandantes atribuyen a tales circunstancias la quiebra de la compañía y la imposibilidad de c ontinuar explotando el establecimiento hasta la fecha prevista para la terminación del contrato de arrendamiento y que, posteriormente, Héctor Mauricio Gaitán Hernández, actuando como representante legal de la sociedad, suscribió un contrato de transacción de fecha 8 de julio de 2022 con las sociedades arrendadoras, mediante el cual se dio por terminado el contrato de arrendamiento y se efectuó la entrega material del inmueble.

Para sustentar los perjuicios , alegaron que el negocio había generado utilidades significativas durante el año 2021 y que, conforme a un dictamen pericial aportado con la demanda, dejaron de percibir utilidades durante el período comprendido entre mayo de 2022 y abril de 2024; y que, p or concepto de lucro cesante, estimaron los perjuicios patrimoniales reclamados en la suma de $2.098.244.537.

2. La contestación de la demanda

Las sociedades La 60 Inversiones Inmobiliarias S.A.S. e Inversiones Parferi S.A.S., al contestar conjuntamente la demanda, se opusieron a la prosperidad de la totalidad de las pretensiones de la demanda.Verbal – Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual Radicación: 73001-31-03-004-2023-00110-02 Apelación sentencia

totalidad de las pretensiones de la demanda.Verbal – Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual Radicación: 73001-31-03-004-2023-00110-02 Apelación sentencia

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En cuanto a los hechos, afirmaron que no les constaba los relacionados con la composición accionaria, administración interna y situación financiera de Zona Picnic Ibagué S.A.S., que el contrato de arrendamiento fue celebrado con dicha sociedad y no con los demandantes a título personal y que, el inmueble arrendado fue entregado sin los servicios de energía, agua, acueducto y alc antarillado, conforme a lo estipulado contractualmente . Asimismo, negaron cualquier participación en los hechos relacionados con la suspensión del servicio de energía eléctrica y rechazaron que el señor Cristóbal Antonio Parga Rojas , representante legal de La 60 Inversiones Inmobiliarias S.A.S. hubiera impartido instrucciones para ello o realizado las manifestaciones que le atribuye la demanda.

Sostuvieron, además, que al momento de la entrega material del inmueble y de la suscripción del contrato de trans acción de 8 de julio de 2022, Héctor Mauricio Gaitán Hernández figuraba como representante legal de Zona Picnic Ibagué S.A.S. en el registro mercantil, por lo que su actuación era oponible a terceros y válida frente a las arrendadoras.

Por lo anterior, presentaron las excepciones de mérito que denominaron (i) falta de legitimación en la causa por activa; (ii) carencia de acción y cobro de lo no debido; e (iii) inexistencia de obligaciones por pagar.3

Por lo anterior, presentaron las excepciones de mérito que denominaron (i) falta de legitimación en la causa por activa; (ii) carencia de acción y cobro de lo no debido; e (iii) inexistencia de obligaciones por pagar.3

El señor Román Fernando Correa Buitrago guardó silencio durante el término de traslado de la demanda, por lo que no presentó escrito de contestación ni formuló excepciones de mérito.4

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia proferida el 6 de noviembre de 2025 5, la Juez Cuarta Civil del Circuito de Ibagué negó las pretensiones de la demanda.

Como respuesta al primer problema jurídico que planteó en audiencia , concluyó que los demandantes sí se encontraban legitimados en la causa por activa para reclamar los perjuicios p retendidos, pese a no haber sido parte del contrato de arrendamiento, al ostentar la calidad de accionistas de Zona Picnic Ibagué S.A.S. y fundar sus reclamaciones en las utilidades que, según afirmaron, dejaron de percibir como consecuencia de los hechos debatidos.

Al desarrollar el segundo problema jurídico , en el cual correspondía analizar si concurrían los presupuestos para determinar la configuración de la responsabilidad contractual frente a las sociedades arrendadoras y de la responsabilidad extracontractual respecto del señor Román Fernando Correa Buitrago , consideró que no se encontraban demostrados los elementos estructurales de la responsabilidad contractual ni extracontractual invocadas.

Efectuando la valoración probatoria, estimó acreditada la existencia del daño alegado, representado en el lucro cesante derivado de las utilidades que los

responsabilidad contractual ni extracontractual invocadas.

Efectuando la valoración probatoria, estimó acreditada la existencia del daño alegado, representado en el lucro cesante derivado de las utilidades que los actores afirmaron haber dejado de percibir; sin embargo, concluyó que no se demostró el incumplimiento de obligación contractual alguna po r parte de La 60 Inversiones Inmobiliarias S.A.S. e Inversiones Parferi S.A.S. Para ello, precisó que el contrato de arrendamiento establecía expresamente que el inmueble se

3 73001310300420230011000 – 01PrimeraInstancia – C01Principal – 0019ContestacionDemanda.pdf pags. 8-11 4 73001310300420230011000 – 01PrimeraInstancia – C01Principal – 0021ControlTerminosNotificacion.pdf 5 73001310300420230011000 – 01PrimeraInstancia – C01Principal – 0164GrabaciónAudienciaArt.373CGP(fallo)Parte1.mp4 min 3:09:00 en adelante, 165GrabaciónAudienciaArt.373CGP(fallo)Parte2.mp4 min 00:01 a 17:35 y 163ActaAudienciaArt.373 CGP (emisión fallo).pdfVerbal – Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual Radicación: 73001-31-03-004-2023-00110-02 Apelación sentencia

www.ramajudicial.gov.co sscftribsupiba@cendoj.ramajudicial.gov.co entregaba sin los servicios de energía, agua, acueducto y alcantarillado, sin que existiera cláusula u otro sí que impusiera a las arrendadoras el deber de suministrar energía eléctrica. Añadió que tampoco se acreditó la existencia de una obligación

existiera cláusula u otro sí que impusiera a las arrendadoras el deber de suministrar energía eléctrica. Añadió que tampoco se acreditó la existencia de una obligación tácita en tal sentido, ni que el contrato de transacción y la entrega del inmueble celebrados el 8 de julio de 2022 constituyeran un incumplimiento contractual atribuible a las demandadas.

En relación con la responsabilidad extracontractual atribuida a Román Fernando Correa Buitrago, consideró que no se acreditó que este hubiera ordenado o ejecutado el corte del servicio de energía eléctrica, ni que hubiera actuado con la culpa que exige ese régimen de responsabilidad. A partir de los documentos aportados, de las actuaciones surtidas ante las inspecciones de policía y de la información proveniente de Celsia y de la sociedad Vargas y Virviescas Futbol Club, concluyó que la suspensión del servicio obedeció a actuaciones relacionadas con esta última sociedad, ajena al extremo pasivo del litigio.

4. La apelación

Frente a la sentencia de primera instancia, la parte demandante interpuso recurso de apelación6 y al fundamentar su inconformidad, señaló que el juzgado realizó una indebida valoración del acervo probatorio al concluir que no se encontraba acreditado el hecho generador del daño ni el nexo causal exigidos para estructurar la responsabilidad contractual de las sociedades La 60 Inversiones Inmobiliarias S.A.S. e Inversiones Parferi S.A.S., y la responsabilidad e xtracontractual de Román Fernando Correa Buitrago.

Afirmó que las pruebas practicadas demostraban que, pese a lo estipulado en el contrato de arrendamiento, desde el inicio de la relación negocial existió un

Fernando Correa Buitrago.

Afirmó que las pruebas practicadas demostraban que, pese a lo estipulado en el contrato de arrendamiento, desde el inicio de la relación negocial existió un acuerdo según el cual el restaurante Zona Picnic compartía el servicio de energía eléctrica con las canchas V&V, circunstancia conocida y aceptada por las arrendadoras, lo que configuró una modificación tácita de las condiciones contractuales.

Asimismo, adujo que el libro de población de la Policía Nacional, las declaraciones rendidas en el proceso y la respuesta de Celsia acreditaban que el corte del servicio de energía eléctrica fue ordenado por Román Fernando Correa Buitrago y obedeció a supuestas deudas por energía y cánones de arrendamiento resp ecto de inmuebles pertenecientes a las sociedades demandadas, lo que evidenciaba la participación de estas en los hechos que ocasionaron el cierre definitivo del establecimiento.

En tal virtud, insistió en que sí se encontraban demostrados los presupuest os de la responsabilidad civil invocada, por lo que solicitó revocar íntegramente la sentencia y acceder a las pretensiones resarcitorias formuladas en la demanda.

CONSIDERACIONES

1. Presupuestos procesales

Constatado que concurren los presupuestos procesales exigidos para proferir decisión de mérito en segunda instancia, referidos a la competencia de la Sala, la capacidad de las partes, la capacidad procesal y la aptitud formal de la demanda, y al no advertirse irregularidad alguna que genere nulidad de lo

6 73001310300420230011000 – 01PrimeraInstancia – C01Principalcapacidad de las partes, la capacidad procesal y la aptitud formal de la demanda, y al no advertirse irregularidad alguna que genere nulidad de lo

6 73001310300420230011000 – 01PrimeraInstancia – C01Principal165GrabaciónAudienciaArt.373CGP(fallo)Parte2.mp4 min 17:42Verbal – Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual Radicación: 73001-31-03-004-2023-00110-02 Apelación sentencia

www.ramajudicial.gov.co sscftribsupiba@cendoj.ramajudicial.gov.co actuado, corresponde desatar el recurso de apelación formulado por la parte demandante.

Asimismo, examinada la actuación procesal en ambas instancias, la Sala no advierte impedimentos formales para dictar sentencia de segunda instancia.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar (i) si el comportamiento desplegado por las sociedades demandadas durante la ejecución del contrato de arrendamiento celebrado el 15 de abril de 2019 permite concluir que asumieron, expresa o tácitamente, alguna obligación contractual respecto de la conexión de energía eléctrica al inmueble arrendado y (ii) si la interrupción de dicho servicio configuró un incumplimiento contractual generador de responsabilidad civil.

Asimismo, deberá establecerse (iii) si el señor Román Fernando Correa Buitrago incurrió en una conducta culposa relacionada con la interrupción de dicho servicio, de la cual pueda derivarse responsabilidad extracontractual por los perjuicios reclamados.

3. Marco jurídico aplicable

3.1. Fuerza obligatoria del contrato, buena fe e incorporación de obligaciones derivadas de comportamientos concluyentes

servicio, de la cual pueda derivarse responsabilidad extracontractual por los perjuicios reclamados.

3. Marco jurídico aplicable

3.1. Fuerza obligatoria del contrato, buena fe e incorporación de obligaciones derivadas de comportamientos concluyentes

Conforme al artículo 1602 del Código Civil, todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. A su turno, el artículo 1603 ibidem dispone que los contratos deben ejecutarse de buena fe , y, por consiguiente, obligan no solo a lo expresamente pactado , sino también a todas aquellas consecuencias que emanan de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenecen a ella.

A partir de tales disposiciones, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia7 ha señalado de manera reiterada que el contenido obligacional del contrato no se agota en sus cláusulas expresas, pues también comprende aquellas prestaciones o deberes que surgen de la buena fe objetiva y de los comportamientos desplegados por los contra tantes durante la ejecución negocial. Sin embargo, la incorporación de obligaciones derivadas de actos concluyentes o de acuerdos tácitos exige la acreditación de conductas inequívocas, objetivamente reveladoras de una voluntad común orientada a modificar o complementar el contenido originalmente convenido.

Bajo los anteriores términos, ha sostenido el Máximo Órgano de la jurisdicción ordinaria:

“[C]uando el pensamiento y el querer de quienes concertaron un pacto jurídico quedan escritos en cláusulas claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene que presumirse que esas estipulaciones así

ordinaria:

“[C]uando el pensamiento y el querer de quienes concertaron un pacto jurídico quedan escritos en cláusulas claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene que presumirse que esas estipulaciones así concebidas son el fiel reflejo de la voluntad interna de aquellos, y que, por lo mismo, se torna inocuo cualquier intento de interpretación. Los jueces tienen facultad amplia para interpretar los contratos oscuros, pero no pueden olvidar que dicha atribución no los autoriza, so pretexto de interpretación, a distorsionar ni desnaturalizar pactos cuyo

7 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia SC170-2018 del 15 de febrero de 2018.Verbal – Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual Radicación: 73001-31-03-004-2023-00110-02 Apelación sentencia

www.ramajudicial.gov.co sscftribsupiba@cendoj.ramajudicial.gov.co sentido sea claro y terminante, ni muchísimo menos para quitarles o reducirles sus efectos legales.”8

En ese sentido, si bien el ordenamiento jurídico reconoce eficacia a las manifestaciones tácitas de voluntad, su configuración no puede fundarse en inferencias meramente subjetivas o en la sola percepción de una de las partes, sino en hechos demostrados que permitan establecer, con suficiente grado de certeza, la existencia de una modificación o adición al régimen obligacional inicialmente pactado.

3.2. Presupuestos de la responsabilidad civil contractual

Sabido es que la responsabilidad civil contractual supone la existencia de un vínculo jurídico previo entre las partes y la demostración concurrente del

pactado.

3.2. Presupuestos de la responsabilidad civil contractual

Sabido es que la responsabilidad civil contractual supone la existencia de un vínculo jurídico previo entre las partes y la demostración concurrente del incumplimiento de una obligación derivada de dicho vínculo, la producción de un daño cierto y la existencia de una relación causal entre el incumplimiento y el perjuicio cuya reparación se reclama.

Por ello, se ha entendido que la responsabilidad civil contractual resulta de la inejecución parcial o total, o de la ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un contrato válido. Presupone por lo tanto la existencia de un contrato válido celebrado entre las partes y el incumplimiento o cumplimiento imperfecto de alguna de las obligaciones estipuladas en él.9

La Corte Suprema de Justicia10 ha precisado que la sola acreditación del daño no resulta suficiente para declarar la responsabilidad contractual, pues es indispensable demostrar que aquel constituye una consecuencia directa e inmediata de una obligación contractual incumplida por el de mandado. De ahí que la determinación del contenido obligacional adquiera carácter previo y necesario frente al análisis del incumplimiento y del nexo causal, puesto que no puede predicarse la infracción de un deber cuya existencia no se encuentre acreditada.

Por consiguiente, cuando la controversia versa sobre la existencia misma de la obligación cuya infracción se atribuye al demandado, corresponde verificar, en primer término, si dicha carga prestacional fue efectivamente asumida dentro de la relación co ntractual, sea de manera expresa o excepcionalmente mediante comportamientos concluyentes jurídicamente relevantes.

3.3. Presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual y carga de la prueba

la relación co ntractual, sea de manera expresa o excepcionalmente mediante comportamientos concluyentes jurídicamente relevantes.

3.3. Presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual y carga de la prueba de la culpa

De conformidad con los artículos 2341 y 23 43 del Código Civil, quien ha cometido un hecho culposo o doloso que cause daño a otro se encuentra obligado a indemnizarlo. Bajo esta modalidad de responsabilidad, corresponde acreditar la conducta atribuible al demandado, el factor de imputación subjetivo, el daño y el nexo causal existente entre ambos.

Respecto de la culpa, la doctrina moderna ha explicado que esta constituye una desviación frente al comportamiento jurídicamente exigible, de suerte que su determinación supone comparar la conducta efectivamente desplegada por el agente con aquella que raz onablemente debía observar en las circunstancias

8 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 8 de febrero de 1983. G.J., t. CLXXII 9 Tamayo Lombana, Alberto. La Responsabilidad Civil Extracontractual y la Contractual. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 2005, p. 28. 10 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 27 de Julio de 2007, radicado 00718Verbal – Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual Radicación: 73001-31-03-004-2023-00110-02 Apelación sentencia

www.ramajudicial.gov.co sscftribsupiba@cendoj.ramajudicial.gov.co concretas. Desde esta perspectiva, ha prevalecido la concepción de la culpa como error o falla de conducta, entendida como el apartamiento del modelo de

www.ramajudicial.gov.co sscftribsupiba@cendoj.ramajudicial.gov.co concretas. Desde esta perspectiva, ha prevalecido la concepción de la culpa como error o falla de conducta, entendida como el apartamiento del modelo de comportamiento que el ordenamiento jurídico impone en una situación determinada. Así se ha explicado:

“La idea más realista es entonces caracterizar la culpa como un error o una falla de conducta. Se trata de comparar dos actitudes: aquella que tuvo el autor del perjuicio y aquella que hubiera debido tener. De esto se concluye: está en culpa quien no se comportó como debería hacerlo.” (…)

Se vio también que un sector de la doctrina prescindió de la noción de culpa como elemento estructurante de la responsabilidad civil, para hablar más bien de hecho generador de la responsabilidad civil. En tal noción puede fundamentarse todos los tipos de responsabilidad, inclusive la objetiva.

(…)

No hay duda de que en el sistema jurídico colombiano cabe perfectamente la tesis del carácter genérico de la noción de culpa, que engloba tanto el dolo propiamente dicho como la culpa propiamente dicha. Es así como en los artículos 2341 y 2356 del Código Civil en materia de responsabilidad civil extracontractual, establecen la obligación general de indemnizar cuando se ha ocasio nado un perjuicio, bien sea por “haber cometido un delito o culpa” o haber actuado con malicia o negligencia”.11

En consonancia con lo anterior , la jurisprudencia civil 12 ha sostenido que la culpa constituye un elemento estructural de la responsabilidad extracontractual subjetiva, razón por la cual no basta demostrar la ocurrencia del daño para atribuir

En consonancia con lo anterior , la jurisprudencia civil 12 ha sostenido que la culpa constituye un elemento estructural de la responsabilidad extracontractual subjetiva, razón por la cual no basta demostrar la ocurrencia del daño para atribuir responsabilidad a una persona determinada. Resulta además indispensabl e establecer que el perjuicio provino de una conducta atribuible al demandado y que existe una relación causal jurídicamente relevante entre dicha conducta y el daño producido.

Precisamente sobre el alcance de la imputación en materia de responsabilidad civil, la Corte Suprema de Justicia ha señalado:

“La atribución de un resultado lesivo a un sujeto, en suma, no depende en todos los casos de la producción física del perjuicio, porque el hecho de que una persona ocasione directamente un daño a otra no siempre es necesario y nunca es suficiente para cargárselo a su cuenta como suyo. Aunque la relación causal aporta algo a la fórmula de imputación en la medida en que constituye una conexión frecuente o probable entre la conducta del agente y el daño sufrido por la víctima, no explica satisfactoriamente por qué aquél puede ser reputado artífice.”13

Por esta razón, la responsabilidad extracontractual no puede edificarse sobre hipótesis, deducciones contingentes o referencias indirectas acerca de la posible

11 Tamayo Lombana, Alberto. La Responsabilidad Civil Extracontractual y la Contractual. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 2005, p. 75 y 81 12 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia SC13925-2016 del 30 de septiembre de 2016. 13 Id.Verbal – Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual

Doctrina y Ley Ltda. 2005, p. 75 y 81 12 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia SC13925-2016 del 30 de septiembre de 2016. 13 Id.Verbal – Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual Radicación: 73001-31-03-004-2023-00110-02 Apelación sentencia

www.ramajudicial.gov.co sscftribsupiba@cendoj.ramajudicial.gov.co intervención de una persona en los hechos dañosos. Antes bien, la imputación exige que el material probatorio permita establecer, con el grado de certeza propio del proceso civil, la participación del demandado en la conducta que se reputa causante del daño , así como la correspondiente relación de causalidad entre dicha actuación y el perjuicio reclamado.

4. Caso concreto

Cumple señalar de entrada que, como la sentencia fue apelada solo por una de las partes en litigio, conforme a lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, esta Sala únicamente se pronunciará sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deban adoptarse de oficio.

Por consiguiente, con miras a desatar el remedio vertical que ahora transita por esta sede jurisdiccional, la Sala se ocupará de examinar los reparos formulados por la parte recurrente a fin de establecer si se encuentran acreditados los presupuestos estructurales de la responsabilidad civil invocada.

Para ello, abordará, en primer término, los cuestionamientos dirigidos a demostrar la configuración de la responsabilidad civil contractual atribuida a las sociedades La 60 Inversiones Inmobiliarias S.A.S. e Inversiones Parferi S.A.S., particularmente en

Para ello, abordará, en primer término, los cuestionamientos dirigidos a demostrar la configuración de la responsabilidad civil contractual atribuida a las sociedades La 60 Inversiones Inmobiliarias S.A.S. e Inversiones Parferi S.A.S., particularmente en lo concerniente a la existencia de las obligaciones que se afirman incumplidas y su relación con el daño cuya reparación se reclama.

Posteriormente, analizará los argumentos orientados a sustentar la responsabilidad extracontractual endilgada al señor Román Fernando Correa Buitrago , con el propósito de establecer si, contrario a lo concluido por la juez de primera instancia, el material probatorio permite tener por acreditada una conducta culposa atribuible a dicho demandado, así como la existencia del nexo causal entre las actuaciones que se le reprocha, particularmente la interrupción del servicio de energía eléctrica del establecimiento de comercio Zona Picnic Ibagué y los perjuicios cuya reparación reclaman los demandantes.

Como se sabe, para que tenga lugar la acción de responsabilidad civil contractual, que es la que se solicita declarar respecto de las sociedades demandadas La 60 Inversiones Inmobiliarias S.A.S. e Invers iones Parferi S.A.S., se deben reunir como elementos (i) la acreditación de un vínculo jurídico previo entre las partes, (ii) el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones derivadas de dicho vínculo,